Memoria de título para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / En el último tiempo, se han incorporado y modificado distintas legislaciones destinadas a regular y circundar los nuevos flancos que el mundo moderno ha traído al Derecho del Consumo (“DDC”). La relevancia de dicha disciplina dice relación con que la mayoría de los contratos que una persona firma durante su vida se encuentran amparados en este ámbito del derecho, por lo que gran parte de los conflictos contractuales entre dos particulares también habrán de darse en esta sede. La presente investigación tuvo como finalidad determinar cuáles han sido los principales lineamientos y tendencias de las I. Cortes de Apelaciones (“Corte de Apelaciones”) y la Excma. Corte Suprema (“Corte Suprema”) de nuestro país en materia del DDC, a la luz del impacto de la LDC y sus reformas más importantes. Para ello, se consideró una muestra de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Superiores de Justicia (“TSJ”) desde 1997, fecha de promulgación de la LDC original hasta el año 2017 con el objetivo de determinar cuál fue, en términos empíricos, el comportamiento de la jurisprudencia en relación con la LDC y sus diversas modificaciones durante sus primeros veinte años de aplicación (1997-2017)1. A partir de dicha base de datos, se hicieron análisis de 7 aspectos de la base de datos, a saber: (i) la evolución de la judicialización en los TSJ de las causas referidas al DDC; (ii) el análisis de la aplicación de la LDC y sus principales modificaciones a través del tiempo; (iii) la tendencia de las revocaciones y confirmaciones de los TSJ por año; (iv) la posición 1 Para definir el número de sentencias a analizar, se hizo un primer cálculo relativo a la cantidad de sentencias totales que hicieron mención directa a la aplicación de la Ley Nº 19.496, la Ley Nº 19.955 y la Ley Nº 20.555. A partir de ese resultado, se hizo un primer filtro relativo a solo aquellas sentencias que hayan sido pronunciadas por TSJ. De ese total, se hizo una exploración de sentencias relevantes mediante una metodología que consideraba tres etapas diferentes: Primero, se hizo una búsqueda con menciones expresas a cada ley examinada, según su periodo de vigencia predominante. Así la Ley Nº 19.496 en su redacción original fue examinada entre los años 1997 y 2004; la Ley Nº 19.955 fue inspeccionada desde el 2004, año en que fue promulgada, hasta el año 2010 y la Ley Nº 20.555, analizada desde su promulgación, en febrero del 2011, hasta el año 2017. Posteriormente, y para evitar la omisión de sentencias que hayan aplicado un artículo adicionado por una reforma a la LDC, se pesquisaron de manera independiente los principales artículos incorporados por la Ley Nº 19.955 y Nº 20.555 a la LDC. Para terminar, y en pos de la rigurosidad del ejercicio, se examinaron las principales modificaciones que las leyes recién mencionadas hicieron a la LDC, en cuanto a redacción de preceptos ya existentes, sin nuevas incorporaciones de artículos. Este ejercicio dio como resultado una base de datos que contiene 655 sentencias o, en términos estadísticos, observaciones. Por motivos metodológicos que serán expuestos oportunamente y que se encuentran relacionados con la integridad de la información expuesta, se utilizó la base de datos del buscador Vlex. 6 predominante de las cortes respecto a la figura del consumidor; (v) las tendencias de las revocaciones y confirmaciones respecto a la figura del consumidor; (vi) los pronunciamientos de los TSJ según mercado; (vii) El desempeño del SERNAC en las sentencias a favor del consumidor

El presente informe jurídico tiene como objetivo realizar un análisis acerca de la sentencia N° 778/2020, emitido por el Tribunal Constitucional, a la luz de la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, ante el menoscabo de sus competencias, contra el Congreso de la República, quien, en aplicación a sus atribuciones constitucionales, intentó, en un primer momento, vacar del cargo al presidente de la República y, en un segundo momento, logró dicho objetivo. Esta sentencia representa una oportunidad para lograr un análisis acerca de la institución de la vacancia presidencial bajo la causal de la permanente incapacidad moral, la cual, en los últimos años, ha sido constantemente mencionada y utilizada, sin detenerse a determinar su contenido de una manera tal, que sea de ayuda a la continuidad política y social del país. Para ello, se analizan los principales conceptos que el caso amerita como la permanente incapacidad moral y la vacancia presidencial, así como determinar si existe una garantía procedimental para, finalmente, desarrollar un análisis acerca de la sentencia en estricto, precisando, las consecuencias que ha traído la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral en nuestro país en la búsqueda de concientizar a la opinión pública acerca de la relevancia de esta figura y, de esa manera, pueda concluirse en un uso adecuado de la institución jurídica de la vacancia presidencial siempre considerando el bienestar institucional y jurídico del país.

El despido por rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador está tipificado en el artículo 23° literal b) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR (LPCL). Sin embargo, y a pesar de su estrecha vinculación con la productividad (y todo lo que ello significa), se trata de una causal de despido con un desarrollo normativo insuficiente, incompleto e impreciso que, indefectiblemente, genera problemas jurídicos al momento de su aplicación. En atención lo señalado, se ha determinado que la regulación del despido por rendimiento deficiente acaece de problemas de interpretación e integración jurídica, que requieren una adecuada solución a fin de propiciar su correcta aplicación en concordancia con los principios jurídicos vigentes. Por ello, esta investigación se propone desentrañar el trasfondo jurídico de la normativa actual, y partir de ello, plantear las soluciones jurídicas más adecuadas, para lo cual, creemos que los principios jurídico laborales tienen un rol preponderante. A la vez, y en atención a lo estudiado, creemos importante generar una propuesta de cambio normativo que acoja las soluciones a las que arribemos. Para alcanzar estos fines, primero, se debe entender que la causal de despido por rendimiento no es un hecho aislado, por lo que es fundamental entender el lugar y función que tiene dentro del marco de una relación laboral. En segundo lugar, se deben reconocer las instituciones jurídicas vinculadas a la figura del despido, y además, los requisitos o presupuestos necesarios para su aplicación, como lo es la evaluación de rendimiento. En tercer lugar, se debe identificar los criterios y principios jurídicos vigentes en cada una de las etapas en que se desarrolla el despido. Para ello, nos valdremos de una metodología de investigación, principalmente, cualitativa. Al finalizar el presente estudio, veremos el rol medular que tiene la evaluación de rendimiento como presupuesto de aplicación la causal de despido por rendimiento deficiente, y además la impronta que tienen los principios jurídico laborales en la aplicación adecuada de la norma laboral más allá del mero texto legal. En virtud de ello, se podrán observar los aspectos relevantes que la normativa debe incorporar para una adecuada regulación lega

El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis de los problemas jurídicos encontrados en la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00655- 2010PHC/TC, la cual establece que las interceptaciones telefónicas realizadas a Alberto Quimper constituían prueba prohibida y que los medios de comunicación se encontraban prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, sin autorización previa. En ese sentido, para comprender los problemas planteados y resolver los mismos, el informe jurídico desarrolla dos apartados. En el primero, se analiza la admisión de la prueba prohibida frente al derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y al principio de buena administración y la lucha contra la corrupción para concluir que las intercepciones telefónicas obtenidas con vulneración del derecho fundamental al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones debieron ser admitidas, basándonos en la excepción de ponderación de intereses. En el segundo, se analiza el rol de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, para concluir que el Tribunal no podía establecer una suerte de censura previa ni sanción penal por la divulgación o difusión de las conversaciones interceptadas y grabadas. Por último, la metodología empleada para realizar el análisis de la resolución fue la revisión de los principios constitucionales, la normativa nacional e internacional y los conceptos dogmáticos y jurisprudenciales sobre prueba prohibida. / The purpose of this legal report is to carry out an analysis of the legal problems found in the Judgment of the Constitutional Court Exp. No. 00655-2010-PHC / TC, which establishes that the telephone interceptions carried out on Alberto Quimper constituted prohibited evidence and that the The media were prohibited from disclosing or broadcasting wiretaps and recordings of telephone conversations, without prior authorization. In this sense, to understand the problems raised and solve them, the legal report is divided into two chapters. In the first chapter, the admission of the prohibited test against the right to secrecy and the inviolability of communications and the principle of the fight against corruption is analyzed to conclude that the telephone interceptions obtained in violation of the fundamental right to secrecy and the inviolability of the communications had to be admitted, based on the exception of weighting of interests. In the second chapter, the role of the media and the fight against corruption is analyzed, to conclude that the Court could not establish a kind of prior censorship or criminal sanction for the disclosure or dissemination of the intercepted and recorded conversations. Finally, the methodology used to carry out the analysis of the resolution was the review of constitutional principles, national and international regulations, and dogmatic and jurisprudential concepts on prohibited evidence.

A partir de la revisión del Expediente Nro. 23646-2015-0-1801-JR-LA-08 correspondiente al proceso iniciado por el Sr. Carlos Barturen Flores contra la empresa AJEPER sobre reposición por despido fraudulento, en el presente informe se identifican cuatro problemas jurídicos, no necesariamente analizados en el proceso judicial, que abordan los siguientes temas: (i) el uso de cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo, (ii) el hostigamiento sexual laboral (iii) la adecuada valoración de las pruebas testimoniales en el proceso y (iv) la correcta determinación de un despido fraudulento. Tras el análisis de cada problema identificado, se arriba a la conclusión de que en el caso particular no se produjo un despido fraudulento, puesto que los hechos imputados existieron y se sustentaron en pruebas válidas. No obstante, de los medios probatorios actuados en el proceso se advierte que la principal falta imputada al demandante (hostigamiento sexual) no se subsumía completamente en el supuesto de hecho contemplado en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, vigente al momento del despido. Ello pone de relieve cuán necesaria era la modificación del concepto de hostigamiento sexual contenido en dicha norma que, hasta el año 2018, exigía que la conducta sea reiterada y que exista rechazo de la víctima para que califique como hostigamiento sexual. De otro lado, se advierte la existencia de errores en el análisis del caso por parte del juez de primera instancia, respecto a la valoración de las pruebas actuadas y el análisis de la pretensión principal (reposición por despido fraudulento). Esto demuestra que los jueces, en tanto seres humanos, no están exentos de equivocarse en el ejercicio de su actividad y, precisamente, por ello el derecho a la pluralidad de instancias es una garantía en el marco de un debido proceso.

Este informe jurídico tiene por finalidad realizar un análisis crítico de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, las cuales culminaron con la Casación Laboral N° 10956- 2017-TACNA; a través de la cual, la Corte Suprema asumió un criterio de defensa en cuanto al derecho al pago del lucro cesante y de la indemnización por daño moral, a consecuencia del despido incausado que disolvió el vínculo laboral entre el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna – PET y la demandante Marisol Calisaya. En los últimos años los juzgados han emitido diversos pronunciamientos que han ido delimitando las pretensiones de lucro cesante y daño moral, con imprecisiones o conclusiones contradictorias de los administradores de justicia, generando una inestabilidad con las decisiones y pronunciamientos jurisprudenciales. Por ello, el caso de Marisol Calisaya reviste no menor importancia y corresponde analizar si los fundamentos de las instancias judiciales se sustentan en razones jurídicas y lógicas. De igual manera, resulta necesario entender cuáles fueron los argumentos utilizados a lo largo del proceso y cómo el presente caso debería garantizar la uniformidad de criterios que apliquen los órganos jurisdiccionales, debiendo estos ser los más acertados a fin de asegurar predictibilidad en futuros casos similares.

Este trabajo busca establecer si la regla de aplicación inmediata de normas en el tiempo que contempla el artículo 103° de la Constitución Política del Perú, resulta ser suficiente para resolver los problemas de sucesión de normas en materia de pensiones que suscitó y viene suscitando las reformas implementadas en los regímenes pensionarios a cargo del Estado. Para ello se ha analizado la variedad de criterios jurisprudenciales que ha emitido el Tribunal Constitucional, así como los que fueron asumidos por la Corte Suprema de Justicia de la República. Encontrando que ante la urgencia de aplicar de forma inmediata esas reformas se ha recurrido a la regla de retroactividad que nuestro ordenamiento permite exclusivamente en materia penal y cuando ésta es benigna, criterio equívoco que no contempló el tracto sucesivo de las prestaciones que se otorgan con regularidad periódica mensual. Por otro lado, también hemos encontrado que se ha recurrido a la regla de ultraactividad que estuvo permitida en el texto primigenio de la Constitución antes de su reforma en el año 2004, pero que hoy resulta necesaria por razones de justicia cuando se encuentra en riesgo el contenido esencial del derecho a la pensión, postura que encuentra aval en la propia naturaleza de este derecho y que la doctrina apoya. / This paper seeks to establish whether the rule of immediate application of norms in time contemplated in Article 103 of the Political Constitution of Peru is sufficient to solve the problems of succession of norms in pension matters that the reforms implemented in the pension regimes in charge of the State have raised and continue to raise. For this purpose, the variety of jurisprudential criteria issued by the Constitutional Court has been analyzed, as well as those assumed by the Supreme Court of Justice of the Republic. We have found that in view of the urgency to immediately apply these reforms, the rule of retroactivity that our legal system allows exclusively in criminal matters and when it is benign has been resorted to, an erroneous criterion that did not contemplate the successive tract of the benefits that are granted on a regular monthly basis. On the other hand, we have also found that the rule of ultraactivity has been used, which was allowed in the original text of the Constitution before its reform in 2004, but which today is necessary for reasons of justice when the essential content of the right to a pension is at risk, a position that finds support in the very nature of this right and which the doctrine supports. / Trabajo académico

Por la presente, se realizo el análisis de la Sentencia No. 979/2021 del Expediente No. 00013-2021-PI/TC, en la cual, en primer lugar, se determino si el traslado de los servidores CAS a los regímenes del Decreto Legislativo No. 276 y No. 728, así como la naturaleza de los tres mencionados se ajusta al principio de meritocracia. Para, seguidamente determinar que el traslado no es viable, pues transgreden el principio mencionado, en cada una de sus tres manifestaciones: acceso, ascenso y estabilidad y, extinción. Asimismo, se determino que el carácter indeterminado del que doto el Tribunal a raíz de la sentencia en mención, a un grupo de servidores CAS, específicamente a quienes tendrían contrato vigente al 10 de marzo de 2021, no resolvería el problema. Y más bien, acentuó las diferencias en el acceso, el ascenso y la estabilidad del Empleo Público. En ese sentido, se creyó conveniente considerar como única solución al problema suscitado, el traslado de todos al Régimen del Servicio Civil, un régimen unificado y que respeta los principios del empleo público, entre los cuales, está el de mérito. Acotando, las diversas dificultades que han acaecido para su implementación, como son la supresión del plazo máximo de 6 años para su traslado. / An analysis of Ruling No. 979/2021 of Case No. 00013-2021-PI/TC is hereby made, in which, first, it was determined whether the transfer of CAS employees to the regimes of Legislative Decree No. 276 and No. 728, as well as the nature of the three mentioned, is in accordance with the principle of meritocracy. In order to then determine that the transfer is not feasible, since it violates the aforementioned principle in each of its three manifestations: access, promotion and stability, and termination. Likewise, it was determined that the indeterminate nature that the Court gave to a group of CAS employees, specifically to those who would have a contract in force as of March 10, 2021, would not solve the problem. Rather, it accentuated the differences in the access, promotion, and stability of Public Employment. In this sense, it was deemed convenient to consider as the only solution to the problem raised, the transfer of everyone to the Civil Service Regime, a unified regime that respects the principles of public employment, among which is that of merit. The various difficulties that have arisen for its implementation, such as the elimination of the 6-year maximum term for their transfer, have been noted.

El presente caso es sobre un menor con TDAH al que se le negó la renovación de su matrícula en su colegio. Por ello, se busca responder en qué medida el Tribunal Constitucional ha interpretado su derecho a la educación, y responder si su decisión ha sido correcta o no. Por tal motivo, las herramientas de apoyo en el presente trabajo son: jurisprudencia, leyes, informes y artículos. Como principal objetivo se busca determinar qué preguntas le han faltado responder al Tribunal para lograr obtener una mejor respuesta en el análisis del caso y cómo estas plantean una mejor perspectiva de solución. Los resultados confirman que sí afectó el derecho a la educación del menor al no renovarle la matrícula y que la posición del Tribunal no es la más adecuada porque no hizo énfasis en plantear el concepto de educación inclusiva para el presente caso. Además, no analizó qué otros derechos fueron afectados. Por último, como alternativas de solución es importante que como sociedad busquemos formar parte de la problemática porque si más personas saben qué hacer cuando conviven con una persona que tiene TDAH se estará ayudando a generar un mejor ambiente que permita el respeto de sus derechos. / The present case is about a minor with ADHD who was denied the renewal of his registration at his school. Therefore, it seeks to answer in what extent the Constitutional Court has interpreted their right to education, and answer if its decision has been correct or not. For this reason, the supporting resources in this paper are: jurisprudence, laws, reports and articles. The main objective is to determine which questions the Court has failed to answer in order to achieve a better response in the analysis of the case and how these determinates a better solution. The results confirm that the right to education was affected because the school denied the renewal of his registration and that the Court's position is not the most appropriate because it did not emphasize the concept of inclusive education in the present case. In addition, it didn’t analyze what other rights were affected. Finally, as alternative solutions, it is important that society takes part of the problem because if more people know what to do when they live with a person who has ADHD, they will be helping to create a better environment that allows respect for their rights.

El presente informe jurídico aborda la problemática de la aplicación de la responsabilidad civil en el campo del Derecho Laboral, en específico en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El caso analizado corresponde a una demanda de daños y perjuicios entablada por un ex trabajador, quien fue diagnosticado con incapacidad parcial temporal por lumbalgia. El trabajador alega el incumplimiento del deber de prevención de su empleador; sin embargo, en sede casatoria la Corte Suprema admite la graduación de la indemnización por mediar concausa del trabajador, ello porque a criterio de la Corte, el trabajador ingresó a laborar voluntariamente a un puesto de trabajo que podía ser perjudicial para su salud, en tanto sabía que padecía de una enfermedad preexistente. / This legal report addresses the problem of the application of civil liability in the field of Labor Law, specifically in the area of Occupational Health and Safety. The case analyzed corresponds to a claim for damages filed by a former employee, who was diagnosed with temporary partial disability due to low back pain. The worker alleges the breach of the employer's duty of prevention; however, in cassation proceedings, the Supreme Court admits the graduation of the compensation due to the worker's causation, because in the Court's opinion, the worker voluntarily started working in a job that could be harmful to his health, since he knew that he suffered from a pre-existing disease.