El presente trabajo tiene por finalidad analizar la sentencia recaída en el expediente 01126-2011-HC/TC “Caso Tres Islas”, la cual analiza la afectación a la propiedad del territorio comunal, y la vulneración de la autonomía comunal. Se estudian los problemas surgidos, tanto en la parte procesal, como en la parte sustancial, y así se propone una visión con un enfoque pluricultural que tienda a brindar una mayor protección a las comunidades. En ese sentido, se critica la falta de argumentación que pueden incurrir en graves vicios que nos pueden llevar a entender un razonamiento arbitrario del Tribunal Constitucional. Se cuestiona el avance “retórico” que hace este respecto a la protección de la propiedad del territorio indígena. Asimismo, se analiza por qué existe una afectación a la jurisdicción indígena y a la autonomía comunal. Finalmente, se brinda el alcance de un análisis que incluya el contexto concreto del caso, la importancia del mismo para generar una igualdad sustancial, dejando de la lado la igualdad formal, y por lo tanto brindar mejores respuestas que eviten vulneraciones futuras sobre los mismos derechos. / The purpose of this paper is to analyze the sentence issued in file 01126-2011-HC/TC "Caso Tres Islas", which analyzes the affectation of the property of the communal territory, and the violation of communal autonomy. The problems that have arisen will be studied, both in the procedural part and in the substantive part, and thus a vision will be proposed with a multicultural approach that tends to provide greater protection to the communities. In this sense, the lack of argumentation that can incur in serious vices that can lead us to understand an arbitrary reasoning of the Constitutional Court will be criticized, likewise, the "rhetorical" advance made by the Constitutional Court regarding the protection of property will be questioned. of the indigenous territory. In the last place, it will be analyzed why there is an affectation to the indigenous jurisdiction and in this way the affectation to the communal autonomy. And finally, a scope of an analysis will be provided that includes the specific context of the case, the importance of it to generate substantial equality, leaving formal equality aside, and therefore provide better responses that avoid future violations of the same rights.

El presente trabajo académico tiene como objetivo analizar, a través de la redacción de un informe jurídico, la Resolución N°4035-2014/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, aplicando el método de análisis síntesis, aplicación de la norma en el tiempo y derecho comparado. La resolución en cuestión versa sobre una denuncia de parte formulada por la madre de un menor de edad cuya dignidad y tranquilidad se habría visto afectada por un proveedor, infringiendo de ese modo el deber de idoneidad contenido en el Art.19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. El producto académico concluye que, en efecto, se habría infringido el deber de idoneidad que, en el caso analizado, abarca no solo las características intrínsecas de los bienes y servicios ofrecidos, sino también a los servicios conexos y condiciones vinculadas a la prestación principal, como lo son la tranquilidad, seguridad y buen trato que los consumidores esperan al encontrarse dentro de las instalaciones de un proveedor. Adicional a ello, se precisa algunas acciones que no fueron tomadas en cuenta por la autoridad administrativa de protección al consumidor al momento de resolver el caso y que, de haberlo hecho, habrían dado pase a la aplicación de una sanción más representativa de la que se terminó imponiendo a la denunciada, todo ello en atención a que el presente es un caso donde se contravinieron los derechos fundamentales de un niño. / This academy work aims to analyze, through a legal report, the Resolution N°4035-2014/SPC-INDECOPI, issued by the Specialized Court in Consumer Protection of INDECOPI, applying the synthesize analysis method, application of the law through the time and comparative law. This abovementioned resolution is about a complaint issued by the mother of an under-age child which dignity and peace would have been affected by a supplier, breaking that way the duty of suitability included within Article 19th of the Consumer Protection and Defense Code. This academy work concludes that, actually, there was a breach of the suitability principle that, in this case, covers not only the intrinsic characteristics of goods and services offered, but rather also related services and conditions linked to the enforcement to the core service, such as the peace, security and friendly treatment that customers should receive and they wait for when attending to a supplier store. Likewise, it is specified some actions that were not taken into account for the administrative authority in terms of customer protection when dealing with this case and that, if it had been another way, it could allow a more severe and representative sanction than the one that was imposed to the defendant. All this in attention that this case was about a breach of an under-age child fundamental rights.

En el presente informe jurídico se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0023-2009-PI/TC que corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad planteada por el Señor Gonzalo Tuanamá Tuanamá, en representación de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo Nº 1079, que establecemedidas que garanticen el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas. Es por ello que se analizará la importancia, creación, zonificación y procedimiento de aprobación de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú, las competencias del Ministerio del Ambiente, específicamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, para lograr el Estado cumpla con el mandato constitucional de preservación y uso sostenible de los recursos naturales. A pesar de que, al momento de los hechos del presente caso, el ordenamiento peruano no contaba con la Ley de Consulta Previa, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo ya había entrado en vigor, por lo cual implicaba una serie de obligaciones para el Estado en la gestión de políticas públicas que involucren a los pueblos indígenas. En ese contexto, se evaluará como la obligación del Estado en materia ambiental se puede llevar a cabo sin afectar los derechos de los pueblos indígenas que se encuentren en dichas áreas protegidas. / This legal report analyzes the Constitutional Tribunal's Decision Nº 0023-2009-PI/TC which corresponds to the Unconstitutionality Action filed by Mr. Gonzalo Tuanamá Tuanamá, on behalf of 5000 citizens against Legislative Decree Nº 1079, which establishes measures to guarantee the patrimony of Natural Protected Areas. Therefore, we will analyze the importance, creation, zoning and approval procedure of the Natural Protected Areas in Peru, the competencies of the Ministry of the Environment, specifically the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP, and the disposition of natural resources to achieve the State's compliance with the constitutional mandate of preservation and sustainable use of natural resources. Despite the fact that, at the time of the facts of this case, the Peruvian legal system did not have the Prior Consultation Law, Convention No. 169 of the International Labor Organization had already entered into force, which implied a series of obligations for the State in the management of public policies involving indigenous peoples. In this context, we will evaluate how the State's obligation in environmental matters can be carried out without affecting the rights of the indigenous peoples located in these protected areas.

El presente trabajo busca cuestionar los argumentos utilizados por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Sentencia Casatoria N° 1888-2012- CUSCO para impedir que una hipoteca sea transferida vía cesión de derechos junto con la no caducidad adquirida en su constitución. La postura que adopta la Sala Suprema se basa esencialmente en que el cesionario no es una empresa del Sistema Financiero y en que la no caducidad es una facultad de las empresas del Sistema Financiero y no un privilegio de la hipoteca. Sobre los argumentos planteados por la Sala Suprema, en el trabajo se desarrollan contraargumentos sólidos, en los que se sustenta la relevancia de la situación jurídica de crédito por sobre la persona posicionada y la nula razón jurídica para denominar facultad a algo que técnicamente no lo es. Asimismo, se explora la posibilidad de actualizar el concepto de privilegio dentro del ordenamiento peruano a fin de que esta institución no se limite al orden de prelación de cobro. En suma, la conclusión principal es que los argumentos dados por la Sala Suprema carecen de justificación externa en las premisas normativas correspondientes a la cesión de derechos, por lo que la Sentencia Casatoria N° 1888-2012-CUSCO vulnera el derecho fundamental a la debida motivación judicial

El informe sobre la Resolución N.º 2135-2012/SC2-INDECOPI recopila y analiza diferentes fuentes del derecho a la luz del caso Céliz contra la empresa de seguros Rímac, donde se le sanciona por incurrir en actos de discriminación en contra de la señorita Sandra Paloma Céliz Rossi debido a su condición de tener el síndrome de Down. La presente investigación se consigna bajo el criterio del modelo económico vigente y los derechos fundamentales de los consumidores reconocido en la Constitución Política. Se considera que Rímac incurrió en actos de discriminación de acuerdo al primero criterio adoptado por el Indecopi sobre la figura de la discriminación. Asimismo, se analiza las distintas posturas que se argumentó en la resolución en mención, siendo que se considera que el Indecopi hizo correcto en optar por la figura de la discriminación y no por la figura del tipo base de selección injustificada de cliente o trato diferenciado ilícito. El objetivo principal se determina en que si la empresa Rímac incurrió en un acto discriminatorio. Por medio de identificar si es que su accionar se encontró dentro de los límites del modelo económico y determinar si se encuentra en la figura agravada de la discriminación o el trato diferenciado ilícito, se conseguirá responder a la interrogante. Se concluye que Rímac incurrió en un acto de discriminación en su figura agravada

El presente informe persigue el análisis de la Resolución N.º 2758-2019/SPCINDECOPI, respecto al desarrollo realizado por la autoridad en torno a la determinación de la figura jurídica de la “discriminación en el consumo” respecto del empleo de cartas diferenciadas como estrategia comercial de fidelización. Al respecto, la evaluación a realizarse se enfoca en torno a los derechos presuntamente afectados de las comensales del restaurante como el derecho a la igualdad, vinculado a la dignidad y prohibición de discriminación, y el derecho a la información relevante, por lo cual, se cuestiona si el acceso al conocimiento de los precios realmente se encontró imposibilitado para las comensales, toda vez que, dentro del escenario de un consumo responsable, se demuestra la existencia de otras formas o medios para su acceso e, inclusive, dicha situación podía ser corregida bajo una actuación diligente; asimismo, se destaca la particularidad de la experiencia de consumo brindada por el restaurante así como su notoriedad en el sector, motivo por el que, en atención a las actuales dinámicas comerciales, se plantea la existencia de una presunción razonable sobre un conocimiento previo en torno a un estándar de precios acerca de los servicios y productos brindados por el restaurante. Asimismo, se evalúa la idoneidad y razonabilidad de la multa impuesta, así como de las medidas correctivas ordenadas. Por lo que, en virtud de lo expuesto, se podrá verificar si la conducta se encuentra en infracción de la normativa señalada y, con ello, si el desarrollo de la Sala estuvo debidamente fundamentado. / This report seeks to analyze Resolution N.º 2758-2019/SPC-INDECOPI, regarding the development made by the authority on the determination of the legal figure of "discrimination in consumption" with respect to the use of differentiated menus as a commercial strategy of loyalty. In this regard, the evaluation to be carried out focuses on the allegedly affected rights of the restaurant's diners, such as the right to equality, linked to dignity and prohibition of discrimination, and the right to relevant information, therefore, it is questioned whether the access to knowledge of prices was really impossible for the diners, since within the scenario of responsible consumption, the existence of other ways or means for their access is demonstrated and, even, such situation could be corrected under a diligent action; likewise, the particularity of the consumption experience provided by the restaurant as well as its notoriety in the sector is highlighted, which is why, in view of the current commercial dynamics, the existence of a reasonable presumption of prior knowledge about a price standard regarding the services and products provided by the restaurant is raised. Likewise, the appropriateness and reasonableness of the fine imposed, as well as the corrective measures ordered, are evaluated. Therefore, by virtue of the foregoing, it will be possible to verify whether the conduct is in violation of the aforementioned regulations and, therefore, whether the development of the Tribunal was duly grounded.

Actualmente el despido justificado amparado en la causal de rendimiento deficiente se encuentra regulado mediante el literal b) del artículo 23° del Decreto Supremo No. 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo No. 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en adelante, LPCL) y el artículo 34° del Decreto Supremo No. 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo (en adelante, El Reglamento). Como se evidencia de la redacción de la LPCL y El Reglamento, tenemos que si bien se recoge al “rendimiento deficiente” como causal justa de despido fundamentada en la capacidad del trabajador, la normativa laboral vigente no desarrolla a detalle el procedimiento de despido mediante el cual el empleador – en legítimo ejercicio de su facultad disciplinaria – pueda invocarla. En efecto, la norma no nos da luces sobre estándares que deban seguirse para evaluar el rendimiento promedio del trabajador, ni la capacidad del trabajador, ni define qué es lo que se entiende por “condiciones similares”, haciendo difícil que un empleador pueda ejercer su facultad disciplinaria sin exponerse a un procedimiento judicial de impugnación de despido basado en la poca claridad de la norma. Tomando ello en consideración el presente trabajo académico abordará la regulación del despido por rendimiento deficiente, evaluando resoluciones judiciales, legislación comparada e internacional, con el fin de proponer un procedimiento ajustado a derecho.

El objetivo del presente artículo es desarrollar el concepto y el rol de las “circunstancias relevantes”, como parte del método de delimitación marítima, en base a lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que han resuelto controversias sobre delimitación marítima. Ello, en virtud a que dicho concepto es producto, principalmente, del desarrollo jurisprudencial de los tribunales internacionales anteriormente mencionados, siendo la Corte Internacional de Justicia aquel tribunal que ha enriquecido y aplicado las “circunstancias relevantes” por un tiempo más prolongado. Cabe señalar que, esta situación, no niega ni desmerece la contribución que la jurisprudencia del Tribunal Internacional para el Derecho del Mar haya podido aportar. El estudio de las “circunstancias relevantes” es importante debido a que, como parte del método de delimitación marítima, permiten el establecimiento de límites marítimos acorde a los “principios equitativos” establecidos en la jurisprudencia sobre delimitación marítima. Jurisprudencia que varios estados de la región han contribuido a su desarrollo. Tras dicho análisis, se podrá observar como aquello que se considera “relevante” dependerá, principalmente, de las circunstancias específicas de cada caso y del desarrollo específico que cada tribunal internacional haya realizado sobre el concepto.

En este artículo académico se analiza la problemática de si es factible se aplique el recurso de anulación como mecanismo de revisión de la aplicación del control difuso en la jurisdicción arbitral, a más de 10 años de haberse regulado la figura del control difuso arbitral, vía precedente vinculante, en el Expediente N° 00142-2011-PA/TC., Caso Minera María Julia, con el objetivo de que se instituya dicha causal como supuesto de procedencia del recurso de anulación de laudo, antes que como supuesto del amparo arbitral, a fin de determinar si el recurso de anulación se constituye en la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, más idónea para ejercitar un adecuado control difuso arbitral o si se trata de una vía previa. Así mismo si es legítimo se recurra al amparo cuando un árbitro ha ejercitado control difuso, consciente de que el ejercicio de este por los árbitros aún tiene serios cuestionamientos cuando del control de su constitucionalidad se trata. Con la atingencia de que no existe la posibilidad de recurrir al mecanismo de la consulta, en los extremos de lo prescrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, por remisión, como bien lo hacen los magistrados en la jurisdicción ordinaria cuando se ha ejercitado control difuso, ante el vacío en su regulación en la Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo N° 1071.

El presente trabajo versa sobre la integración del derecho al vuelo como derecho real, teniendo en cuenta las normativas actuales, acuerdos plenarios y doctrina extranjera. La finalidad del presente trabajo es incentivar a la búsqueda de posibles soluciones respecto a tres puntos claves, el primer punto sobre el artículo 881 del código civil peruano y el principio “numerus clausus” como primera barrera para la integración como derecho real del derecho al vuelo, en segundo lugar establecer una posición legalista de cómo debería integrarse en nuestro ordenamiento y en tercer lugar visualizar el panorama práctico de los alcances que está teniendo la facultad de construcción en nuestro ordenamiento en base a la normativas que se vienen dictando como el último acuerdo plenario sobre la independización de aires sobre aires. / The purpose of the present paper deals with the integration of the right to flight as real right, taking into consideration the current regulations, plenary agreements and foreign doctrine. The purpose of this work is to encourage the investigation for possible solutions regarding three key points, the first point based on article 881 of the Peruvian civil code and the principle "numerus clausus" as the first barrier to integration as a real right of the right to flight , secondly, to establish a legalistic position of how it should be integrated into our ordinance and thirdly to visualize the practical panorama of the scope that the construction faculty is having in our ordinance based on the regulations that have been dictated as the last plenary agreement based on the independence of airs on airs.