En el presente informe se analiza el laudo arbitral del arbitraje seguido entre el Consorcio Som Lima Norte y el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA cuyas controversias centrales son el incumplimiento de obligaciones contractuales, la intervención económica de la obra, la resolución de parcial de contrato realizada por SERPAR y la posterior resolución total del contrato realizada por el Consorcio. Así como el consentimiento de esta última al no haberse sometido a controversia dentro del plazo de caducidad establecido en la normativa de contrataciones. Por un lado, SERPAR imputó al Consorcio Som Lima Norte la reducción de recursos de obra y paralización progresiva de ejecución como incumplimiento de obligaciones contractuales. Por ello, primero resuelve intervenir económicamente la obra y luego resolver de forma parcial el contrato respecto al saldo de ejecución pendiente. Por otro lado, el Consorcio Som Lima Norte imputó a SERPAR el incumplimiento de obligaciones de pago y la demora en liberación de terrenos para la ejecución de obra, lo cual se materializó en la resolución total del contrato por parte del contratista. Así, en el presente informe se analiza si las partes cumplieron con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y si el razonamiento del Tribunal Arbitral para tomar la decisión plasmada en el laudo es conforme a la normativa de contrataciones. / This report analyzes the arbitration award of the arbitration followed between Consorcio Som Lima Norte and the Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, whose central disputes are the breach of contractual obligations, the economic intervention of the work, the partial resolution of contract carried out by SERPAR and the subsequent total resolution of the contract carried out by the Consortium. As well as the consent of the latter for not having submitted to controversy within the expiration period established in the contracting regulations. On the one hand, SERPAR charged the Som Lima Norte Consortium with the reduction of work resources and the progressive stoppage of execution as non-compliance with contractual obligations. For this reason, it first resolves to financially intervene in the work and then partially resolve the contract with respect to the balance of pending execution. On the other hand, the Som Lima Norte Consortium charged SERPAR with non-compliance with payment obligations and the delay in releasing land for the execution of the work, which materialized in the total termination of the contract by the contractor. Thus, this report analyzes whether the parties complied with the procedures and requirements established in the State Procurement Law and its regulations and whether the reasoning of the Arbitral Tribunal for making the decision embodied in the award is in accordance with the procurement regulations.

El presente informe analizará exhaustivamente la Resolución Final N° 2758-2019/SPCINDECOPI, Resolución emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, donde se dispone sancionar al restaurante, notoriamente conocido en nuestro país, “La Rosa Náutica S.A”, tras declarar fundada la denuncia interpuesta contra el mismo, por la Asociación de Consumidores Indignados Perú -ASIP, ya que dicho restaurante habría cometido actos discriminatorios en el consumo del servicio, tras haber entregado a las comensales cartas con características distintas a la que se les entregaba a los comensales, ya que en las primeras se omitía información relevante específicamente relacionada a los precios (a las mujeres se les entregaban cartas sin precio cuando se encontraban acompañadas de un hombre), configurándose éste como un acto discriminatorio, toda vez que no contaría con fundamentos basados en motivos racionales y objetivos. Asimismo, en dicho contexto, la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo N° 1 inciso d) reconoce el derecho de todos y cada uno de los consumidor a “un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”, en consecuencia, prohíbe explícitamente todo acto de discriminación hacia los consumidores por parte de los proveedores, señalando que cualquier trato diferenciado debe estar debidamente fundamentado en causas objetivas y razonables; siendo así que no todo trato diferenciado es discriminación, sino únicamente el que no se encuentre fundamentado en las causas establecidas anteriormente. Por lo tanto, el presente informe se delimitará a analizar los fundamentos establecidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, los cuales son desarrollados en aras de resolver la denuncia por causal de discriminación en el consumo, así como también los fundamentos por parte del restaurante la Rosa Náutica S.A, basados en las políticas internas - estereotipadas - establecidas por el mismo, políticas que supuestamente abalarían el acto de entregar cartas diferentes a las comensales. Finalmente, se evaluarán las medidas y sanciones impuestas por la Autoridad competente.

En el marco de la Constitución de 1993, el cambio de rol del Estado en la economía peruana, y la promulgación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, fue el punto de partida Para que el Indecopi empezara a analizar una situación excepcional en el mercado: la actividad empresarial del Estado. La presente resolución administrativa es una muestra de la diversidad de pronunciamientos que ha tenido la Sala de Defensa de la Competencia al determinar la existencia de una infracción al artículo 14.3 de la normativa especial, en concordancia con el artículo 60 de la Constitución. Producto de ello, el organismo regulador de la competencia planteó una metodología de análisis propia de estos casos, la cual se aplica al caso específico de Clínica Santa Teresa contra el Hospital Cayetano Heredia, y que, posteriormente será establecida mediante el precedente vinculante de Universidad Nacional del Altiplano – Puno contra Pollería El Rancho II. Al respecto, el presente Informe tiene como finalidad determinar si lo resuelto por la Sala en la Resolución N° 2549-2010/SC1-INDECOPI se condice con las condiciones establecidas en la Carta Magna para dicha intervención estatal, lo cual nos permitirá concluir que el servicio médico prestado por el Hospital Cayetano Heredia consistió en una actividad empresarial ilícita al no encontrarse autorizado por una ley expresa. / In the context of the 1993 Constitution, the role change of the Peruvian State in the economy, and the promulgation of Law for the Repression of Unfair Competition, Indecopi began to analyze an exceptional situation: State business activity. This administrative decision is a sample of pronouncements diversity that the Tribunal of Defense of Competition has had in assessing the existence of a violation of article 14.3 of Legislative Decree N° 1044 according to article 60 of the Constitution. As a result, Indecopi proposed an analysis methodology, which applies in the specific case of Clínica Santa Teresa vs. Hospital Cayetano Heredia and will later be established in the binding precedent of Universidad Nacional del Altiplano – Puno vs. Pollería El Rancho II. Thereon, this report's purpose is to define if the judgment of the Tribunal by Resolution No. 2549-2010/SC1-INDECOPI is consistent with Political Constitution requirements to conclude if the service provided by the Hospital Cayetano Heredia is an illicit business activity not authorized by an express law.

En el presente artículo el problema principal abordado es la limitación del uso de objetos religiosos, especialmente el velo integral musulmán, como intervención al derecho a la libertad religiosa protegido en el artículo noveno del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El objetivo de la investigación es examinar cómo los Estados europeos justifican y aplican estas restricciones, así como evaluar la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en estos casos para construir un estándar de la limitación en base a su jurisprudencia. El estudio revela que diversos Estados europeos han implementado prohibiciones del burka y el nicab en espacios públicos, citando razones de laicidad, igualdad de género, seguridad y protección de los derechos y libertades de los demás. A través del análisis de sentencias del TEDH, se observa que el tribunal evalúa estas restricciones aplicando un amplio margen de apreciación en la aplicación del principio de proporcionalidad. Asimismo, a lo largo de su jurisprudencia el TEDH permite que la exclusión cuando se trata de velos usados por mujeres musulmanas y la inclusión cuando se trata de vestimentas usadas por hombres musulmanes y objetos católicos. Finalmente, se realiza un análisis propio basado el en CEDH y la propia jurisprudencia del TEDH donde se concluye que la prohibición de los velos integrales es una medida que vulnera el derecho a la libertad religiosa, no siempre se persigue un fin legítimo, existen medidas menos lesivas y no es necesaria en una sociedad democrática. / In this article, the main issue addressed is the restriction on the use of religious objects, specifically the full-face veil, as an infringement on the right to religious freedom protected under ninth article of the European Convention on Human Rights (ECHR). The research objective is to examine how European states justify and implement these restrictions and to evaluate the stance of the European Court of Human Rights (ECtHR) in these cases to establish a standard for limitations based on its jurisprudence. The study reveals that various European states have imposed bans on burka or nicab in public spaces, citing reasons related to secularism, gender equality, security, and the protection of the rights and freedoms of others. Through the analysis of ECtHR judgments, it is observed that the court assesses these restrictions by applying a broad margin of appreciation in the application of the proportionality principle. Additionally, throughout its jurisprudence, the ECtHR allows for exclusion in the case of veils worn by Muslim women and inclusion in the case of clothing worn by Muslim men and Catholic religious objects. Finally, an independent analysis is conducted based on the ECHR and the ECtHR's jurisprudence, concluding that the prohibition of full-face veils is a measure that violates the right to religious freedom. It is not always pursued for a legitimate purpose, less restrictive measures are available, and it is not necessary in a democratic society. / Trabajo académico

El presente informe tiene como objetivo analizar y cuestionar el razonamiento de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación N° 1645-2016 Arequipa, la misma que se inició con un proceso de nulidad de acto jurídico, sobre la compraventa realizada de un local comercial, por las causales de fin ilícito y contravención de orden público. Este caso es particularmente relevante, ya que si bien la doble venta de un mismo inmueble es un supuesto que se ha dado en varias oportunidades y ha sido resuelto a nivel jurisprudencial de distintas maneras, existen fallos contradictorios entre sí. En la asación bajo análisis, se tratan temas como; la aplicación de los supuestos de nulidad de acto jurídico, la aplicación del artículo 2014° del Código Civil y los requisitos para la transferencia inmobiliaria. En el presente informe se analizan los fundamentos jurídicos que fueron planteados por las partes intervinientes en el proceso, contrastándolos a nivel doctrinario y jurisprudencial, con la finalidad de llegar a conclusiones sobre los principales temas tratados en la Casación y en el proceso que llevó a esta.

El expediente que se expone a continuación versa respecto a la formulación de un petitorio minero por parte de Compañía Minera Poderosa S.A., ante el INGEMMET, denominado “Angella 12”, ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo. Lo interesante del referido expediente es que, cuando INGEMMET solicita al SERNANP la emisión de un informe técnico respecto a los petitorios ubicados en áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento, de inicio, son declarados desfavorables y, por ende, los petitorios son cancelados. Sin embargo, tal como se demuestra en el presente caso, mediante recurso de revisión presentado ante el Consejo de Minería, por parte de la empresa minera, es posible ordenarle al INGEMMET, que le solicite al SERNANP una nueva opinión técnica de conformidad con la normativa vigente, analizando así, la compatibilidad respecto del petitorio, y la opinión técnica favorable de los aspectos técnicos de la zona de amortiguamiento para obtener la concesión minera. Por lo tanto, el objetivo del presente expediente es demostrar que es posible que se otorgue una concesión minera en áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento por medio de un adecuado estudio de compatibilidad y un informe técnico favorable por parte de SERNANP. Para ello, el expediente es analizado, mediante una interpretación sistemática y literal, y, se revisa el procedimiento administrativo, la utilización de los medios impugnatorios, la competencia de las instancias administrativas, la naturaleza de los informes técnicos y la posibilidad de la conservación del acto administrativo.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional peruano N° 00032-2021-PI/TC, “Caso de la cuestión de confianza II”, por el cual el Poder Ejecutivo interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú”, la cual fue aprobada por insistencia y promulgada por el Congreso de la República. Tratándose de un proceso de inconstitucionalidad, se requerían cinco votos para declarar la demanda fundada y, consecuentemente, inconstitucional la ley impugnada. Sin embargo, este hecho no se produjo, pues cuatro magistrados emitieron votos singulares declarando infundada la demanda y sólo dos magistrados votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 31355. En ese sentido, en el presente trabajo se sostendrá que, contrariamente a lo decidido por el Tribunal Constitucional, la Ley N° 31355 es inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Para ello, se seguirá la estructura propuesta por el exmagistrado Espinosa-Saldaña en su ponencia, incluyendo las consideraciones expuestas por los demás magistrados en sus votos singulares. Así, en primer lugar, se realizará el examen de constitucionalidad formal de la Ley N° 31355. De un lado, se pondrá de manifiesto que el contenido material de la ley impugnada modifica el marco jurídico - constitucional actual, en virtud de lo cual su aprobación debió darse mediante ley de reforma constitucional y no a través de una ley ordinaria. De otro lado, se analizará el exceso del Congreso de la República en el ejercicio de sus competencias establecidas en el artículo 102.1 de la Constitución, respecto de su atribución para interpretar las leyes. En segundo lugar, se realizará el examen de constitucionalidad sustantiva de la Ley N° 31355. Para ello se desarrollará un breve repaso sobre la naturaleza, objeto y alcances de la cuestión de confianza en el texto constitucional peruano. Acto seguido, se abordarán los límites que la Ley N° 31355 establece a la cuestión de confianza y cómo estos vulneran el principio constitucional de separación y equilibrio de poderes. Finalmente, se desarrollará la vulneración de las competencias del Tribunal Constitucional frente al desconocimiento de su doctrina jurisprudencial por parte del Congreso de la República. / The objective of this paper is to analyze the sentence of the Peruvian Constitutional Court No. 00032-2021-PI/TC, "Case of the question of trust II", by which the Executive Branch files a claim of unconstitutionality against Law No. 31355, "Law that develops the exercise of the matter of trust regulated in the last paragraph of article 132 and in article 133 of the Political Constitution of Peru", which was approved by insistence and promulgated by the Congress of the Republic. In the case of an unconstitutionality process, five votes were required to declare the claim founded and, consequently, the challenged law unconstitutional. However, this fact did not occur, since four magistrates issued separate votes declaring the lawsuit unfounded and only two magistrates voted in favor of declaring Law No. 31355 unconstitutional. In this sense, in the present work it will be argued that contrary to what was decided by the Constitutional Court, Law No. 31355 is unconstitutional, both in form and substance. To do this, it will follow the structure proposed by Judge Espinosa-Saldaña in his presentation, including the considerations set forth by the other judges in their individual votes. Thus, in the first place, the formal constitutionality examination of Law No. 31355 will be carried out. On the one hand, it will be shown that the material content of the contested law modifies the current legal-constitutional framework, by virtue of which its Approval should have been through a constitutional reform law and not through an ordinary law. On the other hand, the excess of the Congress of the Republic will be analyzed in the exercise of its powers established in article 102.1 of the Constitution, regarding its attribution to interpret the laws. Second, an examination of the substantive constitutionality of Law No. 31355 will be carried out. For this, a brief review of the nature, object, and scope of the question of trust in the Peruvian constitutional text will be developed. Then, the limits that Law No. 31355 establishes to the question of trust will be addressed, and how these violate the constitutional principle of separation of powers, which includes the balance and balance of powers; and, finally, will be addressed the violation of the powers of the Constitutional Court against the lack of knowledge of its jurisprudential doctrine by the Congress of the Republic.

El presente informe versa en torno al Expediente Nº 374-2013-OEFA/DFSAI-PAS, el cual culmina con un Precedente de Observancia Obligatoria contenida en la Resolución Nº 021-2014-OEFA/TFA-SEP1 emitido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En el mencionado precedente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), interpreta las obligaciones contenidas en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 016-93-EM, ya que este tema ha sido materia de cuestionamiento en numerosos expedientes del OEFA. En ese sentido, lo que se analiza es la interpretación dada por la autoridad respecto del mencionado artículo y las obligaciones que contiene, siendo una de ella la de: “(…)adoptar medidas de prevención necesarias para impedir o evitar que los elementos y/o sustancias generados como consecuencia de la actividad minera causen o puedan causar efectos adversos al ambiente1”. Asimismo, se analiza el desarrollo de las resoluciones decisoras que se emitieron a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, al amparo de los principios tanto del derecho administrativo como ambiental, tomando en cuenta la legislación aplicable, jurisprudencia y doctrina. El análisis de este expediente concluye que, en este procedimiento administrativo sancionador se vulneraron principios importantes tales como el de legalidad, tipicidad, razonabilidad y otros. Lo cual trae consecuencias perjudiciales para los titulares mineros en tanto que con el precedente de observancia obligatoria, se podría inferir que en virtud del principio de prevención la autoridad decisora puede sancionar de manera discrecional, en tanto que el precedente dota de un numero indeterminados de hechos que pueden ser sancionados, pues no tiene en cuenta si este hecho configura efectivamente un daño ambiental o no, además tampoco tipifica exhaustivamente los hechos que configura una infracción del Artículo Nº 5 del Decreto Supremo Nº 016-93-EM.

En el presente trabajo de investigación, se tiene como objetivo determinar el rol del mejor derecho de propiedad en los casos de duplicidad de partidas. Para esto, en primer lugar, se analizará Sentencia de Casación N°9706-2017-Lima-Sur, en dónde la Corte Suprema se analizó un caso de duplicidad de partidas, en el que ambas partes afirmaban tener la titularidad de la propiedad del inmueble y era necesario determinar cuál de los dos títulos se debía preferir sobre el otro. De esta manera, para realizar dicho análisis, primero se revisará los antecedentes del caso, así como el análisis que realizó originalmente la Corte Suprema. A partir de dicha revisión, se procederá a analizar la duplicidad de partidas, el por qué se considera una patología del registro, y por qué no son aplicables los derechos registrales en estos casos. Por último, se analizará el mejor derecho de propiedad y el criterio que se debe emplear ante los casos en que se haya generado un conflicto de derechos debido a la existencia de la duplicidad de partidas. / In this research work, the objective is to determine the role of the best property rights in cases of duplication of items. For this, in the first place, the judgment of Cassation N ° 9706-2017-Lima-Sur will be analyzed, where the Supreme Court analyzed a case of duplication of items, in which both parties claimed to have ownership of the property of the property and it was necessary to determine which of the two titles should be preferred over the other. In this way, to carry out said analysis, the background of the case will first be reviewed, as well as the analysis originally carried out by the Supreme Court. From this review, we will proceed to analyze the duplication of items, why it is considered a registration pathology, and why registration rights are not applicable in these cases. Finally, the best property rights and the criteria to be used in cases where a conflict of rights has been generated due to the existence of duplication of items will be analyzed.

El presente trabajo, analiza la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 19º de la “Ley Nº 30230” (2014). El mencionado artículo modificó de manera sustancial y temporal la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, convirtiéndose en una medida excepcional, con el afán de privilegiar un enfoque correctivo en materia ambiental. Al respecto, el objetivo principal del presente trabajo académico es evidenciar los problemas que trae consigo la sentencia, en términos de administración ambiental y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental en el Perú. Ciertamente, durante la vigencia de la norma se evidenció un incremento del incumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los administrados. Nuestra hipótesis de investigación sostiene que, el artículo en mención de la Ley Nº 30230 elevó el número de infracciones, debido a que el OEFA ya no contaba con instrumentos disuasivos. En ese propósito, analizaremos los argumentos presentados tanto por los demandantes como por el Tribunal Constitucional, para lo cual resulta importante el estudio de normativa nacional así como la internacional en materia ambiental y constitucional. Asimismo, reflexionaremos sobre el análisis de la sentencia a la luz de los principios del Buen Gobierno y sus principales consecuencias. / The present research work is based on the analysis of the sentence of the Constitutional Court on article 19 of Law No. 30230. The mentioned article substantially and temporarily modified the processing of the administrative sanctioning procedure, turning it into an exceptional measure, with the purpose of favoring actions oriented to the prevention and correction of the infringing conduct in environmental matters. In this respect, the main objective of this academic work is to show the problems brought about by the sentence, in terms of environmental management and the weakening of environmental institutions in Peru. Certainly, during the enforcement of the rule, there was an increase in the non-compliance of environmental obligations by the administered parties. Our hypothesis of investigation sustains that article 19 of Law No. 30230 increased the number of infractions, due to the fact that the OEFA no longer had the dissuasive effect that the sanction itself has. For this purpose, we will analyze the arguments presented both by the plaintiffs and by the Constitutional Court, for which the study of national and international environmental and constitutional regulations is important. Likewise, we will reflect on the analysis of the sentence in the light of the principles of Good Governance and its main consequences.