La presente investigación se centra en el análisis del principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú de 1993 y su alcance en una Economía Social de Mercado. Además, se aborda la relación de este principio económico con la actividad empresarial del Estado, en particular, su aplicación en el Sector Hidrocarburos; actividad que es materializada a través de la empresa Petróleos del Perú S.A. El objetivo de la tesis es determinar si dicha empresa como agente económico estatal, y en observancia del ordenamiento jurídico vigente, cuenta con habilitación legal para desarrollar las actividades de exploración y explotación de lotes petroleros (fase upstream del Sector Hidrocarburos). El enfoque del presente trabajo se orienta a exponer, en base al correcto entendimiento del principio de subsidiariedad, la actividad empresarial del Estado y su concreción en el sector económico en estudio, la fórmula legal que permita la participación de la empresa estatal en el upstream del Sector Hidrocarburos. Para ello, se resalta las principales características del Contrato de Licencia como figura representativa de la contratación petrolera peruana, así como los demás regímenes contractuales aprobados por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En ese sentido, se profundiza en el uso de técnicas de colaboración empresarial que permitan la presencia de Petróleos del Perú S.A. en el mercado hidrocarburífero, particularmente, el modelo de Asociación Público Privada y el mecanismo de Joint Venture. Finalmente, se concluye que el esquema idóneo para permitir la participación de la empresa nacional de hidrocarburos en la exploración y explotación de lotes petroleros, y, que, no transgreda el principio de subsidiariedad, es la modalidad de Joint Venture. / Tesis

La presente investigación se centra en comprobar que la regulación actual de la publicidad para los empaques de los productos con altos contenidos en grasas, sodio y azúcares, no logra desincentivar el consumo de los mismos, generando únicamente mayores costos al mercado. El enfoque del presente trabajo parte de un análisis descriptivo que permite entender la toma de decisiones de los consumidores frente a la forma elegida para su alimentación. Para ello, el presente trabajo se funda en las teorías del Análisis Económico del Derecho, la Economía Conductual, la Psicología Evolutiva y las Neurociencias, para realizar un análisis costo beneficio de las regulaciones propuestas por el Estado en materia publicitaria de alimentos. Este análisis descriptivo se realiza a partir de una serie de conceptos de la teoría económica clásica y las neurociencias y también mediante el uso de herramientas propias de la economía conductual, mediante la cual se analizarán las conductas de los consumidores en su toma de decisiones, para determinar la eficiencia de la regulación actual. Así, se determina que las restricciones de la regulación publicitaria en empaques de alimentos no alcanzarán los fines regulatorios, y que, por el contrario, generarán mayores costos al mercado y al consumidor mismo. / Tesis

La seguridad social es el mecanismo más avanzado de protección contra las contingencias sociales; abarca prestaciones en salud y pensiones. La presente tesis se limita al segundo aspecto y, específicamente, trata la problemática subyacente en la relación alternativa entre el sistema público y el privado. Los distintos cambios demográficos, económicos, políticos y sociales, con relevancia previsional, son los justificantes de la investigación. La población mundial está envejeciendo rápidamente debido, principalmente, al decrecimiento de la tasa de fertilidad y al aumento de la esperanza de vida. La reducida fertilidad genera, en el corto plazo, un bono demográfico, ya que el peso relativo de los jóvenes disminuye y la proporción de personas en edad productiva aumenta, creándose el escenario económico apropiado para realizar una reforma estructural del sistema de seguridad social pensionario. Frente a ello, algunos países de la región han realizado reformas integrales, mientras que el Estado peruano se ha limitado a ejecutar cambios parciales manteniendo un modelo alternativo en pensiones. En el contexto latinoamericano, la pensión social está presente en muchas de las reformas contemporáneas, constituyéndose en uno de sus principales componentes y obteniendo resultados positivos. / Tesis

Tesis

Ingeniero Civil Eléctrico / La evolución de los sistemas eléctricos de potencia hacia una estructura de mercados competitivos se basa fuertemente en el acceso abierto y no discriminatorio a los sistemas de transmisión. De esta forma, la regulación de este segmento en temas como el acceso y su remuneración es particularmente relevante para los actores del sistema debido su rol en la modificación de los precios finales a clientes. Tras un período sin una legislación concreta al respecto, en marzo del año 2004 se promulgó en nuestro país la ley 19.940 que estructuraba los sistemas de transmisión en tres segmentos y definía específicamente los agentes de pago y las proporciones por las que eran responsables, a la vez que precisaba los procedimientos para la expansión del sistema. Con la futura interconexión eléctrica sin embargo, en julio de 2016 se promulga la nueva ley de transmisión, la cual reformula, entre otros aspectos, la remuneración del sistema de transmisión basándose en el modelo de estampillado y especificando las reglas de tránsito entre ambos regímenes de pago. En este contexto, el presente trabajo pretende analizar los impactos sobre los pagos por peajes de inyección considerando el régimen de pago transitorio durante el período comprendido entre los años 2017 y 2021, para las cuatro empresas generadoras más relevantes del país; AES Gener, Colbún, Enel y Engie comparando sus proyecciones con aquellas asociadas a la ley 19.940. Los resultados evidencian que, para todas las empresas, la mayor variación en los peajes de inyección se tiene desde el momento de la interconexión de los sistemas eléctricos, en julio de 2018, y a lo largo del año 2019, estabilizándose en los años posteriores en valores por debajo o en torno a los observados de forma previa a la interconexión. A su vez, se determinó que los resultados quedan en gran parte sujetos a los supuestos del sistema eléctrico simulado, principalmente las fechas de entrada en operación de los proyectos de interconexión e ISA, y la disponibilidad de gas natural considerada. Se constata además que la alta penetración de centrales ERNC desplaza principalmente energía de las empresas mayoritariamente térmicas como AES Gener y Engie, con lo cual sus peajes se ven más afectados. Para las empresas Enel y Colbún en tanto, los efectos se observan principalmente en los períodos de deshielo. El régimen de pago transitorio logra efectivamente evoluciones más graduales de los peajes de inyección de las empresas estudiadas, en contraste con lo que se hubiese observado mediante la aplicación de la ley 19.940, sin embargo resta estudiar en detalle la evolución de pagos asociados al concepto de transmisión en los distintos segmentos de demanda, así como la introducción de los polos de desarrollo y la planificación con holguras definida en la nueva ley.

La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado. Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal. La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse. / Tesis

La regulación de los mercados financieros tal como se lleva a cabo en la actualidad no resulta ser suficiente para asegurar un funcionamiento óptimo de estos, particularmente de cara a la satisfacción y bienestar de los consumidores. Existe por tanto una brecha deseable de cerrar entre el outcome efectivo y el potencial. Teniendo este desafío en mente, el presente trabajo busca enriquecer el debate frente al cambio de paradigma regulatorio, realzando la importancia de la protección al consumidor, aportando visiones sobre la necesidad y limitaciones de mejorar la educación financiera dentro de la sociedad, como también de incorporar aportes desde la economía del comportamiento, principalmente en lo que hace referencia al rol que juega el discutido supuesto de racionalidad dentro de la teoría microeconómica.

Ante la interrogante de por qué la Administración Tributaria se empecina en cobrar a los contribuyentes intereses moratorios cuando es el propio Estado (Tribunal Fiscal), el que– con su morosidad para resolver las controversias bajo su competencia –origina que dichos intereses se incrementen indebidamente, decidimos realizar el presente trabajo de investigación. Es más, es recién con la entrada en vigencia de la Ley Nº 30230 que por primera vez en el ordenamiento jurídico peruano se establece que el Estado no puede cobrar intereses moratorios por su demora al resolver. Sin embargo, el problema subsiste por la existencia de procedimientos contenciosos tributarios en trámite ante el Tribunal Fiscal anteriores a la entrada en vigencia de la citada ley. En el decurso de la investigación advertimos que la posición de la autoridad fiscal, en los referidos procedimientos, es la de no suspender el cómputo de los intereses moratorios bajo una interpretación antojadiza de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230. Así, el presente trabajo de investigación recoge argumentos y principios constitucionales sobre la base de los cuales podemos concluir y afirmar, de manera categórica, que la posición de la Administración Tributaria es arbitraria e inconstitucional. Al término del presente trabajo, exponemos cuál es la interpretación correcta de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 y cómo debe actuar la Administración Tributaria para no vulnerar derechos constitucionales de los contribuyentes. / Facing the question of why the Tax Administration is obstinate in charging taxpayers monetary interests when it is the State itself (Tax Court), the one that– with its slowness to solve controversies under their competence– cause these interests to increase improperly, we decided to make the present research work. Moreover, it is just after the Law No. 30230 entered into force that for the very first time in the peruvian legal order is established that the State cannot charge interests because of its slowness in resolving. Nevertheless, the problem subsists because of the existence of tax litigation procedures in process before the Tax Court prior to the entrance into force of the aforementioned law. In the course of the investigation we warn that the position of the fiscal authority, in the referred procedures, is not to suspend the computation of the moratorium interests under a fickle interpretation to the Fourth Complementary Transitory Disposition of the Law No.30230. Thus, this research work arguments and constitutional principles on the basis of which we can conclude and affirm, in a categorical way, that the position of the Tax Administration is arbitrary and unconstitutional. At the end of the present work, we expose which is the right interpretation to the Fourth Complementary Transitory of the Law No. 30230 and how the Tax Administration is supposed to act in order to not infringe the constitutional rights of the taxpayers. / Tesis

En el presente trabajo académico se analiza y desarrolla cada una de las condiciones copulativas establecidas en el denominado “test de protección de la jornada máxima de trabajo para los trabajadores mineros”, con el objetivo de comprender a mayor profundidad, la importancia de las condiciones establecida por el Tribunal Constitucional para su correcto cumplimiento y verificación. Además, se aborda los cambios de criterios que ha venido tomando el Tribunal Constitucional a lo largo del tiempo, en relación a qué entidad pública y/o privada le corresponde la verificación del test mencionado, para lo cual, se hizo una investigación recurriendo a las entidades públicas para conocer de cerca la situación actual de las verificaciones que han efectuado las entidades correspondientes, producto de ello, se observó que existe desconocimiento, falta de presupuesto y escazas verificaciones respecto al test de protección indicado / Trabajo académico

La Ley General de Salud en el artículo 29° señala que el establecimiento de salud queda obligado a proporcionar copia de la historia clínica al paciente que lo solicite; sin embargo esta norma no hace referencia alguna sobre los centros de medicina alternativa, los cuales son considerados servicios médicos de apoyo. Por ello, frente al vacío normativo que presenta esta ley, se ha llegado a la conclusión de que los centros de medicina alternativa, así como los establecimientos de salud, tienen la obligación de registrar y brindar copias de historias clínicas a los pacientes que lo soliciten, ya que debemos tomar en cuenta que al encontrarnos frente a un servicio profesional especializado respecto al cual los consumidores no necesariamente tienen conocimiento del diagnóstico, el tratamiento que se les va a realizar y los resultados que van a obtener, estaremos frente a una situación de asimetría informativa, por lo cual la información que se brinde a un paciente será importante y relevante. Es así que teniendo en cuenta que la historia clínica es un documento médico legal, que se encarga de registrar los datos de identificación, los procesos relacionados con la atención del paciente y que además contiene información relevante para el análisis del deber de idoneidad, ya que sirve tanto al consumidor como al proveedor como una primera constancia en el que se establece cómo se llevó a cabo un determinado tratamiento, la intervención y los actos practicados en cada consulta, las indicaciones del médico, las medicinas recetada; corresponderá que estos centros queden obligados a registrar y brindar dichas historias clínicas cuando los pacientes lo soliciten / Trabajo Académico