En el año 2003 se creó el régimen especial de las micro y pequeñas empresas a través de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (en adelante MYPE), norma que fuera modificada en más de una oportunidad y que tiene como última modificación la Ley N° 30056. Dicho régimen desde su promulgación, ha tenido como finalidad la reducción de la informalidad laboral mediante una serie de incentivos que reducen los costos laborales de los empleadores, a través de los beneficios sociales de los trabajadores. No obstante la significativa reducción de los costos a favor del empleador, el 70% de los trabajadores peruanos siguen perteneciendo al sector informal. Por ello, se hace imprescindible analizar cuales pueden haber sido las causas por las que el Perú se encuentra dentro de los países con los mayores índices de informalidad de la región. Para ello, se ha realizado el análisis de la regulación y su compatibilidad con la Constitución, la descripción y comparación de diferencias entre el régimen MYPE en sus dos modalidades (micro y pequeña empresa) con el régimen general a fin de tener claras las diferencias existentes. Finalmente se realizará el análisis y descripción de algunas políticas específicas implementadas en la región con muy buenos resultados, y que no necesariamente implican la reducción de los beneficios laborales. Esto nos permitirá apreciar, que existen incentivos alternativos, así como la implementación de políticas integrales como en el caso de la educación, que podrían tener mejores resultados respecto de la formalización laboral. / Tesis

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El objetivo de esta tesis es medir el impacto económico que tendría el proyecto de ley de seguridad minera que modifica la actual normativa, mostrando la importancia que tiene la seguridad laborad para esta actividad económica en Chile. Para esto nos planteamos la Hipótesis de que sería muy difícil para la minería a pequeña escala de producción poder soportar los costos adicionales. La Metodología que utilizamos para afirmar o rechazar nuestra hipótesis fue evaluar los diversos ítems de costos en la pequeña minería y en particular todos los relacionados con aspectos de seguridad, para poder estimar la variación que provocaría la nueva normativa. Para esto nos apoyamos en información estadística, entrevistas con expertos y bibliografía especializada en el tema. Dentro de los resultados que obtuvimos lo más destacado fue comprobar que a largo plazo la ley dejaría fuera de mercado a la gran parte de la Pequeña Minería, si estos fuesen implementados de manera abrupta y sin el apoyo necesario de las autoridades correspondientes. Por ello destacamos la importancia de las autoridades competentes y mecanismos adecuados para prestar soporte a los pequeños productores

Objetivo: Determinar la protección jurídica de parte del Estado a la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, hasta la obtención de medidas de protección en el distrito Tacna, enero - julio 2016. Estudio cuantitativo-cualitativo; descriptivo, retrospectivo, transversal. La muestra cuantitativa: 263 mujeres mayores de edad, víctimas de violencia, nivel de confiabilidad del 95%, muestreo probabilístico. Muestra cualitativa: se entrevista 20 mujeres víctimas de violencia. Resultados: La mujer víctima de violencia, no cuenta con una sólida red familiar de apoyo, no tiene un nivel de racionalidad para percibir que vive en una situación de riesgo grave; siente miedo a las agresiones, vergüenza; experimenta sentimiento de culpabilidad, justificando a su agresor. Asimismo, recibe las medidas de protección, pero en tiempos muy prolongados, existiendo riesgo inminente de ser violentadas nuevamente. Únicamente el 99,6% de las mujeres que realizan una denuncia, reciben las medidas por parte de los operadores correspondientes y el 15,7% en el tiempo adecuado (72 horas de efectuada la denuncia), el 79,3% restante, las reciben, pero en un periodo de hasta 30 días. Tipo de violencia: psicológica (38,2%); física (34,9%); física- psicológica (26,9 %.%). La ruta se inicia en la Comisaría de la zona donde vive, que deriva a medicina legal e informa del caso a fiscalía de familia. La respuesta de los organismos del Estado, no es la más adecuada; dificultades y barreras: falta de infraestructura, personal y capacitación del personal, para implementar la Ley N° 30364. El grado de articulación de las diversas instituciones, no es óptimo. Existe revictimización. / Objective: Determine the legal division from the State, to the woman who denounces gender violence in the familiar scope, until obtaining protection measures in the district of Tacna, January - July 2016. Quantitative-qualitative study; descriptive, retrospective, transversal. Quantitative sample: 263 women of legal age, victims of violence, 95% level of reliability, probabilistic sampling. Results: A woman who is victim of violence, does not have a solid support from her family network, does not have a level of rationality to perceive that she lives in a situation of serious risk; feels fear of aggression, shame; she experiences feelings of guilt, justifying his aggressor. Likewise, she receives the measures of protection, but in very long times, existing an imminent risk of being violated again. Only 99.6% of women who make a complaint receive the measures by the corresponding operators and, 15.7% in the appropriate time (72 hours after the complaint was made), the 79.3% remaining receive it, but in a period up to 30 days. Type of violence: psychological (38.2%); physical (34.9%), physical-psychological (26.9%). The itinerary begins at the police station, of the area where he lives, which derives into legal medicine and reports the case to Family Prosecution Office. The response of the State’s organizations is not the most appropriate; difficulties and barriers: lack of personal infrastructure and staff training to implement the Law No. 30364. The articulation degree of different institutions is not optimal. There is a revictimization. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Plantea soluciones viables para evitar vulneraciones al derecho a la vida del concebido. Las soluciones, desde la perspectiva jurídica, se adecúan con el Estado Constitucional de Derecho, cuyo eje es la defensa de la vida en primer término y los demás derechos fundamentales. En la presente investigación, el derecho a la vida del concebido es abordado desde la perspectiva jurídica, pero tomando en consideración que ese enfoque debe estar provisto de una adecuada raigambre ética. Los principios jurídicos son los llamados a otorgar los instrumentos normativos que garanticen una adecuada protección al derecho a la vida del concebido frente a los diversos ataques y vulneraciones contra este derecho. El presente estudio considera brindar los respectivos aportes a la doctrina ya que realiza un adecuado análisis jurídico de las respectivas posturas doctrinarias referidas a la tutela del derecho a la vida del concebido. / Tesis

Tesis

La presente investigación versa sobre el arbitraje potestativo como mecanismo de resolución de conflictos económicos, institución controvertida que se encuentra en permanente evolución, mediante modificaciones normativas como a través de los laudos que emitidos en su práctica. Con la promulgación del Decreto Supremo No. 014-2011-TR, que modifica el artículo 61° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LCRT), se formaliza el establecimiento del arbitraje potestativo, abriendo paso a una nueva discusión: ¿el arbitraje potestativo del artículo 61º es de origen causado o incausado? A partir de este contexto, es necesario realizar un análisis constitucional y crítico que reafirme la naturaleza potestativa e incausada del arbitraje contemplado en la LRCT, así como resaltar algunos problemas prácticos en su procedimiento y, a su vez, proponer soluciones para ellos. El trabajo contiene tres capítulos. El Capítulo I tiene como objetivo establecer el marco teórico en el que se desarrolla el trabajo de investigación, esto es, los conflictos colectivos de derecho del trabajo en el sector privado. El siguiente capítulo busca plantear diversos aspectos respecto a los antecedentes del arbitraje potestativo en nuestro país, llegando a la conclusión de que el mismo siempre tuvo naturaleza potestativa e incausada desde la promulgación de la LRCT. Así, este capítulo se ocupa de analizar la constitucionalidad de esta institución con respecto a la normativa internacional y de la normativa interna. El tercer capítulo trata –básicamente- de analizar el procedimiento del arbitraje potestativo. En ese sentido, a través del análisis del procedimiento en base a los dispositivos normativos sobre la materia, así como de lo verificado en casos reales, se realizan ciertas propuestas de mejora. Finalmente, se concluye con ciertas reflexiones en torno al uso del arbitraje potestativo incausado, y la necesidad de una regulación del mismo. / Tesis

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una respuesta ante la interrogante de si las empresas estatales de generación eléctrica cumplen o no un rol subsidiario en dicho mercado, a la luz del principio de subsidiariedad que se desarrolla en el segundo párrafo del artículo 60° de la Constitución Política del Perú de 1993. Luego de una investigación, confirmando la hipótesis, se concluye que es necesaria una reinterpretación del principio de subsidiariedad, en la medida que una lectura del mismo no debe limitarse a su fase negativa o deber de abstención del Estado, sino también a su fase positiva o deber de intervenir del Estado cuando subsistan razones que así lo requieran. En el caso de la generación eléctrica, las empresas estatales cumplen un rol subsidiario en la medida que complementan y no interfieren con la participación del sector privado. Esto se manifiesta principalmente en el hecho de que pese a todos los esfuerzos del Estado por estimular el desarrollo de la inversión privada en el segmento de la generación eléctrica bajo las pautas de la Ley de Concesiones Eléctricas, este último no ha tenido una respuesta adecuada a tal estímulo, evidenciando la escasa apuesta del sector privado para el desarrollo de grandes proyectos de generación hidroeléctrica. Estos últimos son proyectos de inversión que resultan a largo plazo convenientes para el país pero que no necesariamente son atractivos en el corto y mediano plazo para el sector privado, por lo que han sido asumidos por las generadoras estatales. En ese sentido, las empresas estatales pueden desarrollar un rol subsidiario en la generación eléctrica y, por ende, deben seguir operando en este sector. / Tesis

La tesis elaborada busca determinar el grado de cumplimiento de la Constitución, la Ley No. 27444 (en adelante, “LPAG”) y los criterios del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora de las Municipalidades del Perú, con el objetivo de justificar la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento una Norma Base de Procedimiento Administrativo Sancionadora (en adelante, “Norma Propuesta”) obligatoria y vinculante para todas las Municipalidades peruanas. Como resultado de la investigación, se ha determinado, tomando una muestra de 25 Reglamento Administrativos Sancionadores municipales (en adelante, la “Muestra”), que las Municipalidades del Perú presentan un algo grado de incumplimiento de la Constitución, la LPAG y los criterios del Tribunal Constitucional, por lo que resulta necesaria la aprobación de la Norma Propuesta. Para tales efectos, se ha desarrollado la tesis en 4 capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de la normativa nacional sobre la materia, así como en doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera especializada. En el primero de ellos se define y expone la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y la Infracción Administrativa. En el segundo capítulo, se desarrollan las consecuencias jurídicas aplicables ante la Infracción Administrativa: las Sanciones Administrativas y Medidas de Policía; básicamente, definiéndolas y distinguiéndolas entre sí. En el tercer capítulo, se exponen las particularidades del Municipio peruano: el ejercicio de sus competencias y la autonomía municipal, la Potestad Normativa Municipal, el Poder de Policía y la Potestad Sancionadora Municipal. Finalmente, en el cuarto capítulo, se efectúa, de un lado, el análisis de la Muestra, exponiendo las 8 principales deficiencias detectadas y, de otro lado, los mecanismos disponibles para implementar la Norma Propuesta, así como la necesidad y los beneficios que conllevarían su incorporación en el Perú. / Tesis

De acuerdo a las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, año a año el número de accidentes de trabajo incrementa considerablemente, llegando a considerarse que el trabajo ocasiona actualmente más muertes que un conflicto armado. En el Perú, la alta tasa de informalidad, aunado a la creciente siniestralidad laboral, convierten a la seguridad en el trabajo en un problema latente para la sociedad. Teniendo en cuenta ello, es imperativo analizar el rol del Estado frente a este supuesto a partir de la herramienta más importante y más gravosa con la que cuenta para hacer frente a la afectación de intereses primordiales, el Derecho Penal, y con ello, las obligaciones y responsabilidades que éste asigna al sujeto que ocupa la posición dominante dentro de la relación de trabajo por cuenta ajena, el empleador. Para ello, se desarrolla el contexto histórico en el que surge la preocupación del Estado por las condiciones de trabajo, así como el marco normativo internacional que obliga al Estado en materia de seguridad en el trabajo, a efectos de concluir la necesidad de proteger un bien jurídico tan importante y de recurrir al Derecho Penal para ello. A continuación, se desarrollan los fundamentos del Estado para atribuir responsabilidad penal al empresario, determinando los alcances y límites de la posición de garante del mismo a partir de la libertad como base de la atribución de responsabilidad. Finalmente, se elaboran los criterios a partir de los que se debe evaluar la responsabilidad penal del empleador, teniendo en cuenta la posición de garante del empresario y las necesidades de protección derivadas del artículo 168-­A del Código Penal y del bien jurídico que éste protege. / Tesis