Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio buscó determinar la eficacia de la ley 19.325, orientando sus capítulos iniciales a la identificación de los objetivos perseguidos por la ley 19.325, para posteriormente con el estudio de su aplicación determinar en que medida éstos se han satisfecho. Así, el trabajo se inicia con una exposición de los antecedentes históricos del tratamiento de la violencia en el ámbito familiar, la consideración de ésta como problemática social en Chile, siguiendo con una síntesis de conceptos ya asentados en la materia, tendientes a facilitar la comprensión de su naturaleza y factores que en ella inciden. Finalizando, el análisis teórico de la problemática, con el estudio de la historia de la ley 19.325. A continuación se desarrolla la investigación empírica de la aplicación de la citada ley, caracterizada en su primera fase por la definición del objeto a analizar, correspondiendo éste a un total de 357 causas, ingresadas a tramitación en 11 Juzgados de Letra con competencia en materia civil de la jurisdicción de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en el periodo comprendido entre los años 1997 y 1999, concluidas por avenimiento o sentencia definitiva. A esto siguió la determinación de la metodología a utilizar, que posibilitara la recolección de la información y el procesamiento de la misma. La información recopilada permitió obtener una caracterización de las partes en conflicto, de la agresión misma, en cuanto a su periodicidad, tipo de agresión, factores que incrementan su peligrosidad y medios probatorios que acreditan la agresión. Lo anterior, muestra con que antecedentes cuenta generalmente el tribunal al momento de definir cual será el mecanismo de resolución de conflicto adecuado, avenimiento o sentencia definitiva, los que a su vez, se examinaron en cuanto a su número, contenido y mecanismos destinados a obtener su ejecución. Finalmente en función de los resultados obtenidos se analizaron las modificaciones implementadas en la materia en estudio

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis pretende abordar una de las temáticas de mayor impacto en el mundo deportivo, como son las Federaciones Deportivas en Chile. Como es de conocimiento general, el deporte mundial, en los últimos años, ha adquirido un grado substancial de desarrollo y profesionalización, por lo que el papel que las Federaciones están llamadas a cumplir en el desarrollo de una disciplina deportiva en particular es de gravitante importancia. De lo mencionado resulta consecuencialmente necesario un estudio de las Federaciones Deportivas para abordar ciertos problemas que actualmente existen en el deporte chileno. En el presente trabajo se propone efectuar un análisis de las Federaciones Deportivas chilenas en cuanto a la regulación jurídico-institucional que actualmente las rige, como se puede observar en el capítulo tercero, y que pretende realizar una exposición de las mismas en relación a su regulación en la ley 19.712 (LDD) promulgada el año 2001 y sus restantes fuentes normativas, su orgánica interna, su naturaleza jurídica, las funciones, potestades y obligaciones a las que se les atribuyen a las Federaciones nacionales, su relación con el mundo público y privado, sus fuentes de financiamiento y el control y fiscalización a las que deben someterse. Sin embargo, esta tesis encuentra su fundamento para hacer frente las dificultades federativas vigentes en nuestro país, en la recopilación de experiencias comparadas exitosas relativas a la regulación de las Federaciones Deportivas, centrándose, como se establece en el capítulo segundo, en las legislaciones de España, Argentina e Italia. De la reunión del análisis tanto de las legislaciones comparadas como de la actual normativa chilena, es plausible aseverar que las Federaciones Deportivas nacionales cuentan con una serie de problemáticas institucionales que aquejan su desarrollo, como se señalan en el capítulo cuarto, y que permite concluir la existencia de una crisis jurídico-institucional que repercute directamente en la imposibilidad de obtener óptimos resultados en la difusión de la propia disciplina deportiva como en la preparación de altos deportistas de alto rendimiento, siendo las problemáticas más trascendentes la falta de claridad en la relación público-privado de las Federaciones, la ausencia de una legislación federativa propia y coordinada, la falta de preparación y remuneración de los dirigentes deportivos y los mecanismos de control y de responsabilidad existentes para el caso verificarse malas prácticas en la gestión y administración de las Federaciones. Es, por lo mencionado, un fin de este trabajo plantear una fórmula para mejorar el modelo federativo nacional, con la intención de que la presente tesis sea más que una radiografía de éstas y su funcionamiento en nuestro país, sino más bien un aporte al Derecho Deportivo nacional. El método o tipo de investigación será orientado al estudio y profundización del modelo deportivo nacional y su legislación a partir de la comprensión e investigación de legislaciones comparadas. La fuente usada en la presente tesis es de tipo documental bibliográfico, toda vez que se centrará en el estudio y análisis de toda clase de documentos en su sentido amplio, esto es impresos como libros, revistas, legislación y virtuales a través de la información contenida en Internet.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / La publicidad puede ser analizada desde varios puntos de vista: Psicológico, sociológico, económico, jurídico, etc. En el presente trabajo abordaremos el aspecto jurídico de la publicidad en relación con la Ley 19.496 de Protección a los Derechos de los Consumidores, régimen constitucional, jurisprudencia nacional con relación a esta materia y legislación comparada. La principal arma de lucha entre los competidores y el gran puente de unión entre empresarios y sus potenciales clientes, a quienes informan sobre los bienes y servicios que ofrecen, es la publicidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Este trabajo, en primer lugar, tratará sobre el concepto de Contrato de Adhesión, desde un punto de vista doctrinario y los aspectos que ésta toma en cuenta para poder elaborar un concepto propio. Luego investigaremos si existe un concepto en materia civil, para luego analizar el concepto que da la Ley del Consumidor. Finalizaremos determinando la naturaleza jurídica de los Contratos de Adhesión, si efectivamente es o no un contrato, y las consecuencias practicas de una u otra teoría. En segundo lugar, analizaremos el Contrato de Adhesión dentro de nuestra legislación civil y comercial, si nuestros códigos, que datan del siglo XIX, tratan sistemática o esporádicamente este tipo de contrato. En tercer lugar, analizaremos el Contrato de Adhesión dentro de la Ley del Consumidor, cómo están reguladas las situaciones que pueden darse cuando nos encontramos con este tipo de contrato, cuáles son los requisitos señalados en tal caso, para luego examinar qué se entiende por Cláusulas Abusivas, norma general que se da en estos contratos y su importancia y aplicación práctica. 10 Luego, haremos una revisión a ciertas legislaciones comparadas, con la intención de conocer el verdadero alcance que puedan tener las leyes de protección a los consumidores, en cada uno de sus países, y obtener como resultado, una posible “legislación ideal”, relativa a los Contratos de Adhesión, tanto en su ámbito de aplicación y contenido, como en todo lo concerniente a su aplicación. En el último capítulo revisaremos someramente una nueva figura que ha irrumpido con el auge de la tecnología y los medios electrónicos: los contratos de adhesión ON-LINE. Esperamos terminar estableciendo algunas conclusiones, primero en lo que se refiere a si los Contratos de Adhesión son esenciales para nuestra sociedad, es decir, si existen o no otras formas, aparte de las establecidas en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, para regular las situaciones entre ellos y sus proveedores, ya sea de bienes o de servicios y, en segundo lugar, si la protección de los consumidores, en uno u otro caso, es consecuente con los principios generales de nuestro derecho o si, por lo menos, se logra una protección, aunque sea sólo en lo teórico, de quienes adquieren bienes o 11 requieren la prestación de servicios, en situaciones conflictuales, en lo relativo a su perfeccionamiento, interpretación de cláusulas abusivas, ejecución, incumplimiento, etc.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Concebimos el mercado de capitales como el lugar en que oferentes y demandantes transan los valores. La ley 18.045 regula de forma muy férrea este mercado, de manera que casi ningún aspecto de él escapa a su estatuto. Podría ser esta la única apuesta posible ante el increíble volumen y velocidad que configura hoy por hoy a las transacciones de valores pero, no obstando lo anterior, de poco y nada sirve esta regulación exhaustiva si los órganos llamados por ley a ejercer la fiscalización de estas transacciones no pueden o pudiendo deber ejercer estas atribuciones y mecanismos exagéticos, no lo hacen o lo hacen a medias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, Chile ha experimentado cambios importantes en materia laboral, buscando dar respuesta a demandas históricas sobre todo por parte de trabajadores, quienes precisan de instancias jurisdiccionales y normas especializadas que les permitan dar solución efectiva y oportuna a sus conflictos. En la actualidad la doctrina reconoce lo que se ha denominado “ciudadanía en la empresa”, es decir, la aceptación de que el espacio privado donde se desarrollan las relaciones laborales no es un ámbito marginado del respeto, protección y ejercicio de las garantías propias de todo ser humano, y en consecuencia, se ha dado paso a la tutela de derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito del trabajo. Con el reconocimiento de estos derechos fundamentales dentro de las relaciones laborales, se ha buscado conciliar los intereses privados, con los principios que han inspirado la Constitución Política de nuestro país, a saber, la integridad física y psíquica, el derecho a la intimidad, libertad de expresión, entre otros.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que a continuación se presenta, tuvo como motivación inicial intentar contestar las siguientes interrogantes: ¿Por qué razón se debe prescribir constitucionalmente que los hombres y las mujeres son iguales? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales se establece en nuestra Carta Fundamental la prohibición de la discriminación arbitraria, como lo es cuando se basa en el sexo?¿A caso los hombres y las mujeres, siendo seres humanos, personas, sujetos de derechos, no son considerados iguales?¿Cuáles han sido las razones que han hecho necesario que se legisle respecto a la igualdad de trato entre ambos sexos y la eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres, en el ámbito nacional como en el internacional?. Por último, ¿cuál es el fundamento de aprobar una ley que garantice el derecho a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por el mismo trabajo?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo comprobar el estado de la legislación chilena en materia de cooperativas, específicamente en lo que dice relación a la naturaleza y, consiguientemente, los principios de la institución. Para este cometido, se realizará una comparación de la legislación nacional con instrumentos internacionales relacionados de diversa naturaleza pero de la más alta importancia, importancia que se intentará justificar en las primeras secciones del trabajo. Estos instrumentos son: la Declaración sobre identidad cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional, establecida en el Congreso de Manchester del año 1995; la Recomendación 193 de la OIT sobre promoción de las cooperativas; el Reglamento N° 1435/2003 del Consejo de la Unión Europea, relativo al estatuto de la sociedad cooperativa europea, y la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina propuesta por la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. Concretamente, se revisarán las definiciones de cooperativa que estos instrumentos aportan y sus disposiciones asociadas, identificando: i) naturaleza jurídica de la institución, ii) naturaleza propiamente tal, y iii) principios o características fundamentales. A partir de esa delimitación, se realizará un contraste de los intereses y lineamientos identificados así como de sus posibles consecuencias, centrando el análisis en rastrear dichas consecuencias en la legislación nacional y haciendo una somera referencia a la forma en que podrían afectar al sector cooperativo. Como objetivo secundario, se buscará proponer una reformulación de la normativa cuando la legislación nacional se considere deficiente, perjudicial para el desarrollo del cooperativismo o lisa y llanamente alejada de la cooperativa entendida como una institución específica enmarcada en un desarrollo histórico determinado, propuesta que pasará por lo observado en las diferentes formulaciones que en aspectos homólogos se establecen en los instrumentos considerados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende dilucidar la naturaleza jurídica continua o discontinua de los plazos de días establecidos en la ley 19.968, que crea los Juzgados de Familia y establece los procedimientos ante ellos, a través de la determinación de la regla de computación aplicable a esta norma. Se postula, como hipótesis investigativa en este sentido, que la regla de computación consagrada en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil resulta inaplicable a los preceptos de la referida ley por tratarse de una norma excepcional, debiendo por tanto llevarse a cabo dicha computación en conformidad a la regla general del artículo 50 del Código Civil. La investigación se ordena de modo tal que pretende adecuarse a la estructura del silogismo, explorándose en primer lugar la temática general de los plazos, su definiciones y clasificaciones, para luego examinar las particularidades de la ley 19.968, tras lo cual se aborda, desde una perspectiva hermenéutica, el problema específico en torno al que gira la investigación. Se incluyen, por último, entrevistas efectuadas a operadores de Derecho, con el propósito de confirmar algunas de las premisas empíricas que justifican la problematicidad del tema indagado. Se concluye, en primer lugar, que la relación de los preceptos relevantes permite sostener la aplicabilidad de la regla de computación del artículo 50 del Código Civil a las disposiciones de la ley 19.968; y, seguidamente, que se vislumbra la necesidad de configurar un sistema general de computación del tiempo en el ordenamiento chileno