Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo central de esta memoria es exponer el conflicto en la distribución de competencias entre la potestad reglamentaria de ejecución y la potestad legislativa según la práctica constitucional chilena, desde el año 1990 en adelante. Este conflicto tiene como telón de fondo un principio constitucional, de siglos de desarrollo histórico. Se trata del principio de reserva legal, que garantiza que las materias más relevantes para los ciudadanos sean discutidas y ordenadas desde el órgano con mayor grado de deliberación democrática, esto es, el Parlamento. Este principio se encuentra reconocido en forma dispersa en la Constitución Política, y fundamenta el ámbito de competencia de la potestad legislativa, pero no determina, necesariamente, la relación entre esa potestad y el reglamento. Sin embargo, para exponer adecuadamente la relación entre esas fuentes normativas, es necesario tomar como marco el principio constitucional de la reserva de ley. La idea de esta tesis es exponer el problema de manera de dar luces acerca de los criterios que se utilizan o deberían utilizarse para armonizar la relación entre la ley y el reglamento. Por eso, parte fundamental de esta memoria será sistematizar los criterios jurisprudenciales que se han diseñado para abordar el problema en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 1990 hasta el año 2007, y analizar críticamente las tesis que la doctrina constitucional chilena ha diseñado para enfrentar la materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La incobrabilidad de las cotizaciones previsionales, si bien no es un problema reciente ni único en el sistema previsional chileno, es un problema que afecta tanto a los trabajadores como al sistema en sí y aún cuando se ha tratado de evitar de muchas formas sigue siendo de difícil solución. La promulgación de la Ley 19.631, también conocida como Ley Bustos, ni las modificaciones realizadas a la Ley 17.322, de Cobranza Judicial de Cotizaciones Previsionales, y las demás modificaciones legales enmarcadas dentro de la reforma laboral, han logrado terminar con la incobrabilidad de las cotizaciones dentro del sistema, que si bien ha disminuido por la existencia de las leyes ya citadas, aún deja lugar a que exista un porcentaje de las cotizaciones que son retenidas por los empleadores y que nunca son enteradas en las cuentas individuales de los trabajadores. Existen una serie de situaciones por las cuales las cotizaciones retenidas por el empleador nunca llegan a ingresar a los fondos de los afiliados al sistema, y que siendo de poca monta no poseen gran ingerencia en los ahorros previsionales de los afiliados ni en el sistema previsional en su conjunto, pero en caso de tornarse en una situación mas cotidiana podría llegar a derrumbar todo el sistema, o bien debilitarlo de tal manera que su funcionamiento sea menos eficaz o bien que los costos de dineros que han sido apropiados indebidamente por el empleador deban ser asumidos por el Estado, lo que significa que son asumidos por toda la sociedad en definitiva. Por todo lo señalado lo que cabe preguntarse es ¿Cuáles son las situaciones que permiten que aún exista un margen de incobrabilidad en el sistema?, ¿En quien recae el costo de esta incobrabilidad?, ¿Cuáles son los efectos de la incobrabilidad en los ahorros previsionales de los afiliados?, ¿Cual puede ser el efecto en el sistema previsional en su conjunto en caso de aumentar el porcentaje de incobrabilidad previsional?, ¿Cuáles son y quienes deben ejercer las acciones para evitar la incobrabilidad? y aún más, ¿pueden considerarse como suficientes y efectivas las medidas para evitar los problemas derivadas de la incobrabilidad previsional?. Comenzaremos este trabajo haciendo una breve reseña a la creación y causas del actual sistema previsional chileno, realizando un estudio y análisis del los principios formadores de este y de cómo se ven plasmados en el D.L. 3500 y las legislación complementaria del tema, especialmente la Ley 19.631 y la Ley 17.322. Luego estudiaremos y analizaremos como funciona el sistema, sus bases y pilares fundamentales, especialmente la cotización obligatoria, la obligación que tiene el empleador de retener y enterar en la Administradora de Fondos de Pensiones, y realizaremos un análisis de la Declaración y no pago de cotizaciones previsionales. Posteriormente estudiaremos y analizaremos el sistema de cobranza previsional vigente, deteniéndonos especialmente en la Ley 17.322 de cobranza judicial de cotizaciones previsionales, los sujetos involucrados, posibles inconvenientes relacionados con el tema derivados del procedimiento de cobranza, el actuar de la administradora en la cobranza de cotizaciones, estudiando y analizando las herramientas con las que cuenta el trabajador para procurar, por parte de la administradora, el cobro de las cotizaciones previsionales que no han sido enteradas por el empleador; para terminar el tema de la cobranza previsional, analizando la posible negligencia de la Administradora en el cobro de estas, sus alcances, efectos y limitaciones. A continuación, trataremos en especifico la incobrabilidad de las cotizaciones previsionales, señalando sus motivos, sus posibles efectos en el trabajador y en el sistema, para abocarnos especialmente en las razones por la cuales se puede llegar a declarar incobrable una cotización previsional, como por ejemplo: la falta de emplazamiento del demandado, y los efectos que tiene esto sobre los medios coercitivos para lograr el pago de lo adeudado; analizaremos asimismo, la acción penal asociada al no pago de cotizaciones, la prescripción tanto de la acción penal como civil de cobro, y analizaremos la situación de incobrabilidad que se produce en la quiebra cuando habiendo oportunamente verificado los créditos en está, se vuelven incobrables, por no ser pagadas con los bienes de la quiebra al aplicarse las normas de la prelación de créditos, principalmente por no haber bienes suficientes dentro de la masa de la quiebra. Por ultimo, se analizaran los efectos que posee la incobrabilidad en los trabajadores y en el sistema, atendida la Indefensión del trabajador, y la posible existencia de un vacío en la Legislación laboral, se pretende estudiar posibles soluciones a los problemas planteados y sus reales efectos en caso de su aplicación, como por ejemplo limitar la cantidad de veces que el empleador puede realizar declaración y no pago de las cotizaciones previsionales, ver formas de desincentivar la declaración y no pago de cotizaciones, aumentando los costos para el empleador al realizarlas, analizaremos la posibles implicancias en las quiebras de empleadores que no posean al día las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, entre otras medidas, y los fundamentos de cada una de ellas. En el presente trabajo, se pretende dilucidar las preguntas que se generan de estos estudios y análisis, ver algunas soluciones como las anteriormente mencionadas, para evitar que tanto los trabajadores como la sociedad toda, se vea perjudicada en sus intereses por la apropiación indebida de dineros, que minan no solo los ahorros previsionales de los trabajadores, si no que el sistema en general, y por sobre todo pretende ser un pequeño aporte al perfeccionamiento del sistema, dando un punto de vista distinto sobre como evitar el daño que produce la incobrabilidad a los trabajadores y al sistema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo investigará y tratará de abordar todo lo relacionado con la carta de aviso de despido por la causal del artículo 161 del Código del trabajo como nuevo título ejecutivo laboral, la historia de la ley que lo crea, el estudio de la causal de terminación de la relación laboral necesidades de la empresa, requisitos de la carta para que tenga dicho mérito, la obligación y la exigibilidad de la misma, además de diversas situaciones que pueden plantearse al momento de demandar ejecutivamente.

El título de la presente investigación “Causas de la infracción de la ley penal, por menores de 14 a 16 años en la localidad de Sicaya”; dentro de todo lo investigado con relación a los menores que cometen infracción a la ley penal de acuerdo a los distintos fundamentos normativos, dogmáticos y jurisprudenciales que existen en la localidad de Sicaya de forma general en el ordenamiento jurídico, permiten que los menores infractores sean considerados como imputables de acuerdo a la edad dentro de los 14 a 16 años de edad; pero para el sistema de menores infractores. Se identificó las causas que impulsan a la comisión de las infracciones penales cometidas por adolescentes en la localidad de Sicaya, que son las siguientes: la falta de familias debidamente constituidas, violencia familiar, falta de economía (pobreza) y el desinterés por la educación. Ya que, por un lado, las causas de la infracción de la ley penal por menores de 14 a 16 años en la localidad de Sicaya, tiene un alto porcentaje en los últimos años, es así que es necesario tomar conciencia sobre los tipos, características y consecuencias que genera esta conducta en los menores de 14 a 16 años. Y de acuerdo a lo desarrollado y establecida las causas, plantear verdaderas soluciones que ayuden a detener la comisión de infracciones de menores de 14 a 16 años, como causas preventivas; y que, según la estadística de menores infractores de ley penal que va creciendo de manera rápida en la sociedad; que finamente, influyen en la delincuencia adulta ¿Los seres humanos se desenvuelven dentro de la sociedad, los comportamientos humanos también son objeto de control, las medidas socioeducativas se parten en no privativas de la libertad y en la internación en un centro juvenil. Pero en el caso que la infracción no requiere internación, se puede ordenar la amonestación, la libertad asistida y también la prestación de servicios a la comunidad, así como la remisión; evitando así que éstos en el futuro se pueden convertirse en verdaderos delincuentes adultos que afecten a la sociedad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Debido a lo contingente que es la expulsión de migrantes dentro de la agenda política actual, es necesario realizar una mirada crítica a nuestra legislación, y así vislumbrar los desafíos pendientes sobre esta materia. Este trabajo pretende analizar la expulsión contemplada en la ley N°18.216 sobre penas sustitutivas, partiendo por la historia de la ley N°20.603, que modifica la ley de penas sustitutivas, e integra la expulsión de migrantes sin residencia legal como sustitutivo penal, su relación y alcance con la expulsión administrativa del D.L. N°1094, siguiendo con un estudio sobre su naturaleza jurídica, y finalmente un análisis jurisprudencial sobre la materia.

La inquietud que dio origen a esta tesis tiene que ver con las incidencias que sobre una sociedad tiene el discurso oficial en torno a diferentes asuntos, en este caso el conflicto armado colombiano. Luego de hacer un rastreo bibliográfico exhaustivo fue necesario aceptar que no existe una definición precisa de la noción de discurso oficial, aunque sí un gran número de estudios que dicen ocuparse de él. Lo común a tales indagaciones es que toman como objeto de análisis decretos, leyes, edictos, pronunciamientos formales emanados de las autoridades estatales, y será siguiendo esa tradición que realizaremos nuestro trabajo. El discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano ha tenido variaciones importantes, en especial en la transición entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014), cuyas intervenciones públicas y políticas de Estado promovidas sobre el tema son marcadamente contrastantes. Muestra clara de esto es que, mientras el primero negó la existencia del conflicto armado y evitó tal nominación en leyes, decretos y pronunciamientos propios y de funcionarios de su gobierno, durante el gobierno de Santos se ha retomado esa categoría y es la que se usa explícitamente en la Ley de Víctimas, una de las principales fuentes de este proyecto de investigación. El trabajo presentado está estructurado en tres capítulos: el primero de ellos, titulado El país de todas las luchas, sirve de contexto general sobre la confrontación armada en Colombia y las múltiples formas que ha ido tomando desde principios del Siglo XX, señalando actores, momentos emblemáticos, diversas posiciones gubernamentales y el surgimiento y uso de nociones como violencia, guerra y conflicto armado para describir las situaciones que enfrenta el país. Pretende ser, en principio, una guía para el lector argentino, pero su construcción sirvió también para que yo misma, como investigadora proveniente de una disciplina diversa de la historia o la sociología, tuviera un panorama claro de los lugares en que se inscriben las interpretaciones actuales sobre el conflicto armado. El segundo capítulo, Del silencio a la evocación, está concentrado fundamentalmente en el Grupo de Memoria Histórica en cuanto tal, teniendo en cuenta su inscripción en las políticas colombianas sobre el deber de memoria del Estado en dos momentos distintos: 2005 y 2011, años en que se promulgaron leyes que lo definieron de manera diversa y permitieron la creación y continuidad del Grupo. Hay allí un recuento que va de las leyes a las posibilidades discursivas que condicionaban, pasando por las características del GMH (integrantes, presupuestos, metodología) y una pregunta en torno a la cual gira todo el capítulo ¿es posible construir una memoria nacional sobre el conflicto armado que no sea una verdad oficial? El tercer capítulo, Las memorias que seremos –nombre que parodia el título de un libro de Héctor Abad Faciolince llamado <i>El olvido que seremos</i>– se ocupa del contenido de los informes del GMH, en especial el informe general sobre el conflicto, <i>¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad</i>. Se examinan allí desde la estructura formal que compone los informes, hasta los sentidos promovidos y los tipos de interpretaciones que se construyen, así como las estrategias discursivas y retóricas y algunas de las críticas que se han formulado sobre la producción del GMH.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre la institución del Amicus Curiae en los procedimientos ambientales, frente a las normas del Debido Proceso Legal

El objetivo es intentar caracterizar y discutir la propuesta del desarrollo indígena con identidad para establecer la viabilidad de su aplicación en el ámbito de los programas y los proyectos que la institucionalidad pública pone a disposición de los grupos de beneficiarios indígenas. Un propósito bastante más acotado, pero que sin embargo puede arrojar luces interesantes sobre una dimensión poco relevada, cómo es el de los instrumentos concretos en que se traducen las orientaciones generales de la actual política indígena gubernamental.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria emprende la tarea de recopilar y sistematizar el conjunto de normas modificatorias que han transformado el sistema de control estatal sobre las armas, a más de 40 años de vigencia de la Ley Nº 17.798. Tras revisar las diversas etapas que han marcado la política legislativa en la materia hasta comienzos del Siglo XXI, la investigación se enfoca en el análisis de la Ley Nº 20.813, la última de las modificaciones que ha experimentado la legislación sobre armas en el año 2015, adentrándose en la historia de su tramitación legislativa, en las enmiendas penales más importantes que propone, y en la política criminal que con ella se ha buscado establecer. / 25/05/2018

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