Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El objetivo central de esta investigación es analizar el quebrantamiento de condena como institución jurídica en sus diversas aristas. El quebrantamiento pertenece al ámbito de ejecución de penas, es por ello que en el primer capítulo abordamos las normas constitucionales, internacionales e internas que la configuran; para posteriormente construir un concepto de quebrantamiento y exponer la discusión doctrinaria acerca de su naturaleza jurídica y la aplicación de los artículos 90 y 91 del Código Penal, los cuales se refieren en forma concreta a esta temática. Para lograr un análisis sistemático del tema, analizamos además del Código Penal, otras leyes especiales que lo tratan como: la Ley N°20.084 sobre Responsabilidad Adolescente, la Ley N°18.216 que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar. Finalmente, se realiza un estudio a la normativa comparada que nos generó mayor interés en esta materia, con el propósito de obtener una visión global acerca del quebrantamiento de condena en sus distintos ámbitos.

Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo de investigación analiza el artículo 195bis de la Ley del Tránsito, introducido por la ley Emilia (2014). Este artículo incorpora un nuevo delito; la negativa injustificada a someterse a exámenes corporales y otras pruebas científicas con el objeto de determinar la presencia de alcohol y sustancias sicotrópicas o estupefacientes en el organismo. El objeto de este análisis es determinar si este artículo contraviene a ciertos principios constitucionales como la garantía de no autoincriminación, y también si está en concordancia con los principios básicos del derecho penal como lo es la responsabilidad, culpabilidad y causalidad, detectar si presenta problemas en este análisis y plantear una solución al respecto. Para esto, primero analizare el artículo en cuestión, identificando inquietudes que se puedan presentar; luego revisare la concordancia del artículo con el principio de no autoincriminación y; por último, analizare la concordancia de este artículo con principios relevantes del derecho penal chileno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El contenido de la presente memoria está dirigido al análisis de la responsabilidad parental en la filiación adoptiva, esto es, al exámen de los derechos y deberes asumidos por quienes adquieren la calidad de padres e hijos en razón de la adopción, a través de las diversas formas que esta institución ha revestido en nuestra legislación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende analizar y sistematizar las soluciones que aporta la regulación ante las principales vulneraciones a las que se ven expuestos los compradores de una vivienda en verde. Uno de los ejes normativos de la investigación es el binomio legal compuesto por las leyes 19.932 y 20.007 que establecieron y perfeccionaron el régimen de garantías para afianzar los dineros adelantados por los consumidores en este tipo de negocios. El otro eje es la ley 19.496, ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, a partir de la cual proponemos una comprensión global de la relación de consumo, para hacer plenamente aplicables las garantías de dicha normativa a la compra de viviendas en verde, en contraste con la práctica comercial de las empresas del rubro

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Aunque se suele afirmar que las leyes penales en blanco constituyen, ante todo, una técnica legislativa, pocos autores han intentado extraer consecuencias analíticas de esta aserción. En general, su estudio se concentra en las denominadas leyes penales en blanco “propias”, debido a que son las únicas que tensionan la garantía de la lex scripta. Estudiar estas figuras a partir de la técnica legislativa, sin embargo, obliga a emprender un análisis no directamente sobre ellas, sino que sobre su tertium genus: las remisiones normativas. Soslayar este punto de partida puede conducir a errar sobre la clase de remisión que entraña un determinado tipo penal y, en consecuencia, errar sobre su constitucionalidad. El presente trabajo constituye un análisis crítico de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, entre el 2006 y el 2016, que recayeron sobre aquellos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del delito de incumplimiento de deberes militares del artículo 299 N°3 del Código de Justicia Militar. Desde el primer requerimiento en adelante, en noviembre de 2006, habiendo sobrados motivos para hacerlo, nadie parece haber cuestionado el desacierto de nuestro Tribunal Constitucional al calificar al citado precepto como penal en blanco. Lo particular de este análisis, además de controvertir esa calificación, se ve reflejado en el lugar desde donde se levanta el discurso crítico: la lex certa; ya que aquella es la manifestación del principio de legalidad penal que se ve tensionada con la cada vez más frecuente técnica legislativa de remisión normativa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo general la revisión de la jurisprudencia juridicial de la acción de reparación por daño ambiental, desde el periodo que comprende las demandas ingresadas entre los años 1994 y 2012, en especial, sistematizar los criterios construidos por los tribunales civiles sobre qué han entendido por cada elemento de dicha acción y si éstos han sido uniformes. La importancia de este tópico reside en la futura evaluación que se pueda realizar de la labor de los Tribunales Ambientales, y verificar las diferencias esenciales entre la antigua y la nueva institucionalidad ambiental. En particular, esta investigación tendrá como pilares los siguientes elementos de la acción en comento: 1. La prescripción de la acción y la manifestación evidente del daño. 2. Presunción de culpabilidad del art. 52 de la ley 19.300. 3. Los legitimados activos para la interposición de la acción de indemnización de perjuicios, en especial los fundamentos que suele esgrimir el Consejo de Defensa del Estado para interponerla. 4. Los legitimados pasivos y algunos problemas que pueden suscitarse. 5. El concepto de Medio Ambiente y Daño Ambiental, en particular, el daño “significativo”. Los objetivos específicos se pueden resumir en los siguientes puntos: 1) Sistematizar qué se ha entendido por manifestación “evidente” del daño para determinar desde cuándo comienza a contarse el plazo para la prescripción de las acciones, cómo se determina tal “evidencia” y qué ocurre en los casos de daño continuo. 7 2) Determinar cuál es la forma en que se ha entendido la presunción del artículo 52 de la ley 19.300 y si es necesaria una sentencia condenatoria ejecutoriada previa para su configuración. Por último, si en la práctica se ha logrado desvirtuar esta presunción debido a su carácter simplemente legal. 3) Conocer todos los casos en que el Consejo de Defensa del Estado ha interpuesto acción de indemnización de perjuicios y los fundamentos que ha esgrimido para interponerla; si estos han sido unívocos o diversos; y la respuesta de los tribunales civiles en orden a concederla o rechazarla. 4) Determinar los problemas suscitados a raíz de la legitimación pasiva, en especial, cuando se ha imputado la responsabilidad a más de un sujeto a la vez. De esta forma daremos respuesta a quiénes concurren a la producción de un daño ambiental, cuál es la importancia para efectos de la reparación y cómo ha sido la extensión que han dado los juzgados civiles a este concepto. 5) Conceptualizar qué han entendido los tribunales ordinarios sobre el daño “significativo”, verificar en qué forma este adjetivo ha sido una limitación para la obtención de la reparación del medio ambiente dañado y la tendencia a otorgarle un carácter cualitativo o cuantitativo otorgado a este concepto 6) Por último, elaborar estadísticas en torno a: la duración de la tramitación de las acciones de reparación e indemnización de perjuicios por daño ambiental; el legitimado activo que ha interpuesto la acción; número de causas que terminaron por sentencia judicial; número de causas que terminaron por transacción judicial por parte del Consejo de Defensa del Estado. El objetivo de este último punto, será para utilizarlo como parámetro de comparación con la actividad presente y futura de los nuevos Tribunales Ambientales y verificar los cambios que se puedan producir.

Magíster en Psicología, mención Psicología Comunitaria / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo busca responder si el papel ejercido por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de acuerdo a su diseño como parte de la nueva institucionalidad ambiental, ha sido capaz, en los hechos, de materializar una transversalidad en la gestión ambiental que favorezca y fortalezca la sustentabilidad del desarrollo y la protección ambiental de manera integral. Con este objetivo en mente, elaboramos un marco teórico basándonos en un análisis de los principales instrumentos del marco político ambiental, la historia fidedigna de la Ley N° 20.417 y estudios de autores nacionales entre otras fuentes. Así, pudimos efectuar un análisis en profundidad del Consejo, sustentado en sus Actas de Sesiones y Acuerdos entre el 8 de octubre del 2010 al 14 de junio de 2012, las Leyes N° 19.300 y N° 20.417 y su discusión legislativa. Los resultados del estudio del Consejo son poco alentadores. Si bien ha existido una alta tasa de producción normativa ambiental, existen grandes falencias en el ejercicio de sus funciones, que en definitiva han provocado un desvío de sus fines de sustentabilidad y la mantención del poder de veto implícito de los ministerios sectoriales a la regulación ambiental