Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis muestra un camino posible para la configuración del Poder Constituyente Originario en el contexto democrático del Chile actual. Para lo cual, se recurre a las Actas de las sesiones de La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, en donde quedaría plasmada la visión de constituir a la nueva institución del presidente de la República como el conductor de la vida nacional en diversos plano, uno de ellos, el plano social. Para lograr aquel objetivo, se establecería la ampliación de la potestad presidencial por intermedio del Reglamento Autónomo, el cual pasaría a comprender todas aquellas materias que no son propias del dominio legal. Es esa nueva configuración de la autoridad presidencial y la concepción doctrinaria del Poder Constituyente, lo que permitiría crear un nexo entre ambas figuras. Y donde las concepciones doctrinarias mismas del Poder Constituyente desde su vertiente democrática, permiten configurar una serie de criterios para un uso no arbitrario de una atribución que bien podría de desembocar en autoritarismos, como bien lo enseña nuestra historia nacional. Junto a aquel análisis doctrinario, se efectúa una serie de referencia a análisis político de la actual situación democrática que viviría el país, y un análisis de las reales posibilidades de materialización de la tesis aquí propuesta

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes

El Estado debe velar para que los derechos fundamentales de niños y adolescentes no se vean conculcados en ninguna situación, procurando que sus derechos a tener una familia y a crecer en un ambiente de afecto y seguridad moral, no se vean menoscabos por sus progenitores tras la ruptura del vínculo matrimonial, más aun, cuando se concede a un padre la tenencia y al otro un régimen de visitas, para garantizar su bienestar en aplicación del principio del interés superior del niño; recogido de forma implícita en el artículo 4° de la Constitución Política, y que establece la obligación del Estado, de los poderes públicos y de la comunidad de proteger al niño y al adolescente, de conformidad con el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Ese marco constitucional protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y al menor que por la vulnerabilidad propia de su edad merece especial protección, por ello, se procura que ante la separación de los padres, este siga en contacto con el padre no custodio; sin embargo, en ocasiones el otro progenitor obstaculiza el régimen de visitas, impidiendo el normal desarrollo de la relación del menor con el padre que no vive. Ello hace necesario el establecimiento de medidas adicionales a las ya establecidas en nuestra legislación para el efectivo cumplimiento de dicho régimen. Nuestro principal resultado es que las medidas a tomarse son: la implementación de casas de encuentro familiar en todo el territorio nacional y ante la persistencia del padre custodio de impedir el régimen de visitas, el pago de una indemnización por daño moral al padre no custodio.

Esta tesis busca comprobar: (i) si los criterios utilizados por los jueces de familia y magistrados del Poder Judicial para resolver los procesos de tenencia coinciden con la regulación legal y aplican el interés superior del menor de edad; y, (ii) si las resoluciones de vista y casaciones presentan deficiencias en desmedro de sus derechos. Como resultado del análisis crítico realizado a una muestra de dieciocho (18) resoluciones de vista y casaciones elegidas de manera aleatoria, se verifica que los jueces de familia y magistrados resuelven los procesos de tenencia utilizando criterios legales y extra-legales en los que no necesariamente se aplica el interés superior del niño. Para ello, se desarrolla la tesis en cuatro (4) capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de normativa, doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. En el primero se define y se explica el interés superior del niño y qué se entiende por “niño, niña y adolescente”. En el segundo, por un lado, se definen y se exponen las instituciones jurídicas de Derecho de Familia: patria potestad, tenencia y régimen de visitas; por otro lado, se desarrolla la propuesta del Comité de los Derechos del Niño para la aplicación del interés superior del niño y sus garantías procesales. En el tercero se efectúa un análisis de la muestra exponiendo los principales criterios utilizados por el sistema de justicia para resolver un proceso de tenencia y sus deficiencias. Finalmente, en el cuarto, se busca hacer efectiva la participación de un grupo de menores de edad a fin de conocer su definición sobre el interés superior del niño y los criterios que proponen para determinar la tenencia en un caso hipotético.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto determinar la procedencia del recurso de protección como mecanismo de control de las potestades con elementos discrecionales de los órganos ambientales, en particular, en lo que se refiere a las potestades discrecionales técnicas del Servicio de Evaluación Ambiental, a partir de lo resuelto por la Corte Suprema en los casos de Puerto y Central Castilla y Central Hidroeléctrica Aysén. Para ello, se analizan diversos aspectos del problema, partiendo de la procedencia del control judicial de las potestades discrecionales, en especial, las potestades con elementos discrecionales técnicos; posteriormente se analiza las potestades del Servicio de Evaluación Ambiental y la posibilidad de control de sus facultades, examinando los argumentos presentados en los casos de Central y Puerto Castilla e Hidroaysén; finalmente, se analizará las diferentes características del recurso de protección, cuando el derecho vulnerado es el medio ambiente libre de contaminación y si es una vía idónea para revisar el ejercicio de la potestad discrecional. El trabajo sostiene como conclusión que el recurso de protección es procedente para el control judicial de las potestades discrecionales, puesto que en esta acción se permite analizar los elementos entregados por las normas jurídicas. Sin embargo, en lo que se refiere a revisión de las potestades discrecionales técnicas, el recurso de protección no sería apropiado, puesto que el procedimiento no permite un análisis mayor de los elementos técnicos del SEA. / 24/04/2019

Initially the exercise of sanctioning powers is contextualized in the field of government procurement in Colombia, regulatory and jurisprudential development of this power and the procedure envisaged by the legislature for the imposition of sanctions is exposed when a violation or breach of it becomes apparent the contractor’s obligations, specifying the scope and gaps that the process involves. Then the consecration of the sanctioning power of the administration is presented in the Peruvian law, marking the differences with the model adopted by the Colombian law, to conclude with some perspectives on the subject. / Inicialmente se contextualiza el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la contratación estatal en Colombia. Se expone el desarrollo normativo y jurisprudencial de esta facultad y el procedimiento que ha previsto el legislador para la imposición de sanciones cuando se evidencie una infracción o incumplimiento de las obligaciones del contratista, precisándose el alcance y los vacíos que el procedimiento comporta. En seguida, se presenta la consagración de la potestad sancionadora de la administración en el derecho peruano, marcando las diferencias con el modelo adoptado por la legislación colombiana, para concluir con algunas perspectivas sobre el tema.

In the first part of this article develops concepts and policy aspects of the right to health, in order to reveal the nature of the interference of the State in the field of health and the content of the law that aims to protect and restore with the exercise of administrative powers to impose penalties; also formulates a brief overview of health reform in the Peru, undertaken with the package of legislative decrees issued by the Executive, published between September 12 and December 07, the year 2013, in accordance with the powers conferred by the legislature through the law N ° 30073, in order to explain the context in which was given powers to impose penalties in the field of health the national Superintendence of health (SUSALUD).The central aspect of the proposal is the administrative penalties procedure for SUSALUD: its background, actors, structure, infractions, sanctions, interim measures and corrective measures; finally, a few lines are dedicated to the transfer of the competence to protect the rights of consumers of health services of INDECOPI to SUSALUD. / En la primera parte del presente artículo se desarrollan conceptos y aspectos normativos del derecho a la salud, a fin de evidenciar la naturaleza de la injerencia del Estado en el ámbito de la salud y el contenido del derecho que se pretende proteger y restituir con el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; asimismo, se formula una breve reseña de la Reformade Salud en el Perú, emprendida con el paquete de decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, publicados entre el 12 de septiembre y el 07 de diciembre del año 2013, conforme a las facultades conferidas por el Legislativo mediante la Ley N° 30073, con la finalidad de exponer el contexto en el cual se confirió la potestad sancionadora en materia de salud a la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). En el aspecto central de la propuestase presenta el procedimiento administrativo sancionador de SUSALUD: Sus antecedentes, actores, estructura, infracciones, sanciones, medidas provisionales y medidas correctivas; finalmente, se dedican unas líneas a la transferencia de la competencia de proteger los derechos de los consumidores de servicios de salud de INDECOPI a SUSALUD.

The right to health is a universal right of second-generation, classified in the setof social, economic and cultural rights of mankind; gaining acceptance worldwide for its programmatic nature. On the verge of reaching 100 years of that recognition, its character of constitutionally recognized, operational, enforceable or subjective right has been consolidated thanks to the development of the jurisprudence of the constitutional courts; subsequent to this legal phenomenon, its enforceability trough protective process of amparo in the constitutional code of procedure is regulated in our country and expands its protection, in both areas, the powers assigned to the regulatory and supervisory body of the health sector at the national level, of administrative sanctioning power. / El derecho a la salud es un derecho universal de segunda generación clasificado en el conjunto de los derechos sociales, económicos y culturales de la humanidad siendo aceptado en el mundo por su carácter programático. A punto de llegar a los cien años de ese reconocimiento, su carácter de derecho operativo, exigible y tutelable o subjetivo constitucionalmente reconocido se ha venido consolidando gracias al desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales; posteriormente a ese fenómeno jurídico, en nuestro país, se regula su exigibilidad vía proceso de amparo en el Código Procesal Constitucional y se amplía su protección, en ambos ámbitos, con las facultades asignadas al órgano regulador y fiscalizador del sector salud a nivel nacional, de potestad administrativa sancionadora.