Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tomando en cuenta lo anterior, es que surge este trabajo de investigación, con el objeto de tratar el impacto de la Reforma Procesal Penal en la Constitución de 1980 y la situación de las Garantías Constitucionales o Derechos Fundamentales de orden procesal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A finales de la década del 2000, el justicia laboral chilena fue completamente reformada, estableciendo un procedimiento de carácter oral y concentrado, dirigido por un juez unipersonal. Tomando como referencia el sistema recursivo del proceso penal reformado, se estableció un recurso de nulidad contra las sentencias definitivas, el cual justifica la revisión de la sentencia definitiva por parte de los Tribunales Superiores (en términos generales) por la infracción del derecho objetivo, y no por el agravio causado a los litigantes. El recurso de apelación se encuentra limitado a cierto tipo de resoluciones, excluyendo las sentencias definitivas, y a ciertos casos establecidos en la ley. En el trabajo se analizará, desde garantismo, si dicha estructura de recursos satisface el derecho al recurso (integrante del Debido Proceso), tomando como referencia principal la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a esta materia

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En la presente memoria se aborda la problemática que plantea la Ley Nº 20.720 en torno al sistema recursivo dispuesto en ella. En la Primera Parte (acápite Nº 1) repasaremos el concepto de insolvencia y haremos una breve referencia a la historia, a fin de contextualizar al lector, reflexionando, a su vez, sobre la relevancia social que envuelve la problemática desde la perspectiva del orden público económico. Por último, nos referiremos al régimen concursal chileno y especialmente a la tendencia que se ha registrado en el último tiempo, tanto a nivel internacional como nacional, consistente en favorecer las fórmulas de reestructuración del pasivo del deudor por sobre la liquidación, lo cual, en definitiva, se traduce en la consagración del reemprendimiento como solución primera ante el mal estado de los negocios del deudor. Continuaremos con una visión crítica a la Ley 20.720 planteada por la doctrina respecto de tres aspectos: error de diagnóstico; falta de neutralidad de la ley ante la solución más idónea frente a cada caso particular; y error de concepto en que incurre la Ley 20.720. (Acápite N°2). En el apartado Nº 3. se tratarán los Principios Procesales Preponderantes en el Procedimiento Concursal dispuesto en la Ley 20.720, a saber, el principio de bilateralidad de la audiencia y el principio de celeridad. Se le dará especial énfasis a este último, dada su estrecha relación e influencia directa en el sistema recursivo materia de la presente memoria. Después de repasar los principios preponderantes, se hará una exposición el Régimen de recursos de la Ley Nº 20.720, específicamente los Recursos de Reposición, Apelación y Casación, dando especial énfasis al Recurso de Apelación (Nº 4) Luego efectuaremos una valoración crítica del artículo 4 de la Ley en comento. (N° 5). 5 Posteriormente se analiza la jurisprudencia relativa a los recursos que los litigantes han interpuesto a fin de esquivar la carencia del sistema recursivo, a saber, el Recurso de Queja, Recurso de Hecho y Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. (Nº 6). A continuación, comentaremos una reciente sentencia de la Corte Suprema, en la cual se declara admisible el recurso de apelación, en el sentido de que ésta significa una excepción a la improcedencia que han declarado los tribunales respecto del recurso en estudio, el cual, como se sabe, se encuentra especialmente restringido en la nueva Ley. Para finalizar, realizaremos una recapitulación de lo expuesto en la memoria y las conclusiones a las que ha arribado la autora (N° 7) y, asimismo, una enunciación de la Bibliografía utilizada en la presente memoria. (N° 8).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación es revisar las discusiones y planteamientos que han surgido, principalmente en doctrina, respecto a la tutela procesal de los intereses supraindividuales, a través de las llamadas acciones colectivas. Para el logro de este objetivo se analiza la perspectiva, postura y aportes que otorgan diversos autores, chilenos como extranjeros, al tratamiento de esta problemática, que es relativamente nueva en nuestro país. En la primera parte se exponen conceptualizaciones de los intereses supraindividuales, principalmente identificando y delimitando los escenarios en que actúan, su caracterización como tales, sus clasificaciones, su naturaleza jurídica y la repercusión que originan en la concepción de categorías clásicas de Derecho Civil y Derecho Procesal. La segunda parte se dedica a discurrir en torno a las acciones colectivas, propiamente tal. Así, se hace un recorrido por algunos conceptos básicos de la ciencia procesal, como son la acción, la capacidad procesal y la legitimación activa; con el objeto de determinar de qué manera dichas figuras se adaptan en los procesos de incidencia grupal. Además, se hace mención a conceptos propios de este tipo de procesos, como es la noción de representatividad adecuada. La tercera parte analiza la eficacia que produce la sentencia que se pronuncia en el marco de las acciones colectivas. Al efecto, primero se hace una revisión del concepto de cosa juzgada, para luego señalar y analizar desde una perspectiva crítica las posiciones que han surgido respecto a cómo opera esta institución en los procesos que nos ocupan. Finalmente, la cuarta parte se encarga de hacer una breve reseña de ciertas acciones colectivas que se contemplan en legislaciones comparadas y en el ordenamiento jurídico chileno. Se pone mayor énfasis en las class actions norteamericanas y en el procedimiento para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, contemplado en la Ley N° 19.496. También se hace mención a cómo la Reforma Procesal Civil hace frente a esta materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se centra en realizar un análisis detallado de dos instituciones relevantes para el Derecho Procesal: las Tasas y las Costas Judiciales. Tales instituciones presentan vital importancia no sólo por los efectos que éstas tienen en la aplicación práctica de principios que promueven el libre acceso a la justicia y el derecho a la acción, sino que también por las consecuencias sociales que su tratamiento produce en la población, especialmente en la visión del funcionamiento del poder del Estado que ejerce la jurisdicción. En base a lo anterior, la investigación realizada ha concentrado sus objetivos en efectuar un estudio de la regulación nacional –vigente e histórica- aplicable a ambas instituciones, para luego definir, a través del correspondiente estudio comparativista de legislaciones europeas y americanas, qué elementos, normas, derechos, principios y mecanismos de solución resultarían replicables, adaptables o derechamente dignos de ser implementados en una legislación como la chilena, en estas materias. De esta manera, y tras concluir el estudio previamente indicado, este trabajo ofrece alternativas fundadas en la realidad jurídica, social y económica de nuestro país, con la finalidad última de incorporar la aplicación de tasas judiciales para la prosecución de ciertos procesos en la próxima Reforma Procesal Civil, con la indicación de algunas de sus excepciones; así como también para modernizar y reglamentar de una manera objetiva la tasación de costas procesales y la regulación de aquellas personales que se produzcan en la tramitación de un juicio, intentando reducir en la práctica el número de controversias que, actualmente, resultan innecesarias o disipadoras de recursos para el Poder Judicial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El fenómeno del terrorismo constituye uno de los mayores desafíos para el Estado en la actualidad, debiendo reaccionar con severidad ante un delito de especial gravedad, contrario esencialmente a los derechos humanos y que pretende intimidar enviando un mensaje de violencia con una finalidad política, pero que a la vez debe ser tipificado con especial rigurosidad en la ley penal, de manera que se cumpla con el principio de legalidad y no se confunda con delitos comunes y que a su vez debe ser juzgado respetando las garantías de un debido proceso. A través de un estudio del debido proceso y el terrorismo, el presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, para detectar las deficiencias de la ley antiterrorista y las garantías vulneradas con su aplicación, elaborar propuestas y recomendaciones para su modificación y establecer criterios jurisprudenciales para el juzgamiento de delitos de terrorismo.

This article examines the close relationship between criminal procedure and constitutional law within a democratic State framework as well as the guarantees provided from a constitutional point of view in accordance with the current context of human rights globalization. Then, the author approaches us to criminal procedure main principles and guarantees, procedural models historically formed. Finally, it presents an interesting Criminal Procedural Code analysis describing guarantees, principles and procedural models recognized in our country. / Este artículo reflexiona sobre la estrecha relación entre el proceso penal y el derecho constitucional en el marco de un Estado democrático, así como sobre las garantías que debe brindar desde la óptica constitucional y en el actual contexto de globalización de los derechos humanos. A continuación nos aproxima a los principales principios y garantías del proceso penal, y a los modelos procesales históricamente configurados. Finalmente, el artículo nos presenta un interesante análisis de Código Procesal Penal, describiendo las garantías, principios y modelo procesal reconocido de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo abarca un estudio sistemático de las Acciones y Recursos Procesales ante la Potestad Sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello, se mencionan las esferas de atribuciones de dicha entidad administrativa, con especial referencia a la Potestad Sancionadora, y se analizan cada una de las Acciones y de los Recursos Procesales que pueden hacerse valer ante resoluciones emanadas de dicho organismo. Ahora bien, en cuanto al contenido específico de la obra, podemos mencionar que en el Capítulo I se define a la Superintendencia de Valores y Seguros, se da una pequeña reseña, se señala el ambiente en que se desenvuelve y sus intervinientes, para luego establecer su misión. En cuanto al aspecto funcional, se dice que las potestades de la Superintendencia se pueden clasificar en potestad fiscalizadora, potestad normativa, función de desarrollo y promoción de los mercados, y potestad sancionadora. A continuación, en el Capítulo II se pasa a revisar la potestad sancionadora en particular, la sanción administrativa y su relación con los derechos fundamentales, señalando además, el proceso de investigación que debe seguir la unidad respectiva, para adoptar posteriormente sanciones, las que se enumeran en su momento. Luego, se analizan las críticas que ha dado lugar y se enuncian un par de casos de revuelo nacional. Posteriormente, en el Capítulo III nos referimos a las Acciones y Recursos Procesales que proceden ante la SVS, analizando, primeramente, el contencioso administrativo, para luego analizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, tanto constitucionales como legales, señalando jurisprudencia relevante, en caso que corresponda. En último término, en el Capítulo IV se realiza un breve análisis a la reforma de Mercado de Capitales II, específicamente en cuanto a los recursos, y al desarrollo y seguridad de los mercados. Para concluir y lograr un cabal entendimiento de la materia, se ha añadido un anexo referente a los Actos Administrativos y el Procedimiento Administrativo.

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general establecer el criterio de fiabilidad para la admisión o exclusión de la prueba prohibida en el proceso penal peruano. Ahora bien, con relación a la metodología empleada es aplicada o tecnológica, de revisión documental, teórica y bibliográfica, utilizando las técnicas de la observación, la ficha textual y las pautas de análisis documental. Entre los resultados se comprende que, en ningún momento se pretende alentar la obtención de pruebas prohibidas en el proceso penal peruano, al contrario, la jurisprudencia contradictoria demuestra el desenvolvimiento desordenado e inconsistente de la regla de exclusión y sus excepciones, considerando que, estas últimas pretenden solucionar la problemática que subyace en la aplicación de la primera. Es por ello que, no debe operar la regla de exclusión, cuando sea manifiesta la realidad de los hechos materia de investigación y no exista duda acerca de su verosimilitud, de caber la duda, opera a favor del acusado, partiendo de la premisa que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es garantista no solo para el imputado, sino también para la parte agraviada, toda vez que, ningún Estado Constitucional de Derecho puede exceptuar a la persona de dicha garantía. / The general objective of this research project is to establish the reliability criteria for the admission or exclusion of prohibited evidence in the Peruvian criminal process. However, in relation to the methodology used, it is applied or technological, of documentary, theoretical and bibliographical review, using the techniques of observation, the textual record, and the guidelines of documentary analysis. Among the results it is understood that, at no time is it intended to encourage the obtaining of prohibited evidence in the Peruvian criminal process, on the contrary, the contradictory jurisprudence demonstrates the disorderly and inconsistent development of the exclusion rule and its exceptions, considering that the latter are intended to solve the problem that underlies the application of the first. That is why, the rule of exclusion should not operate, when the reality of the facts that are the subject of investigation is manifest and there is no doubt about its plausibility, if there is any doubt, it operates in favor of the accused, based on the premise that the New Criminal Procedure Code (NCPP) is a guarantee not only for the accused, but also for the aggrieved party, since no Constitutional State of Law can exempt the person from said guarantee.

The reform of the labor process in Uruguay. The return to the autonomous labor processThe reform of the Uruguayan labor process and the return to an autonomous legal regime represent a radical and fundamental change in the national legislation. The simplicity of new procedural structures governed by principles and owns norms of labor discipline give the new regime a dogmatic autonomous space lost for many years. The procedural labor reform is built on the adjectival character of its nature prioritizing the substantive law and adjusting the procedural rule to its characteristics. The principles of Labor Law (substantive and procedural) are the foundation of the new regime / La reforma del proceso laboral uruguayo y la vuelta a un régimen jurídico autónomo constituye un cambio radical y fundamental en la legislación nacional. La sencillez de las nuevas estructuras procesales regidas por principios y normas propias de la disciplina laboral le dan al nuevo régimen un espacio de autonomía dogmática por muchos años perdido. El sistema laboral procesal se construye sobre el carácter adjetivo de su naturaleza priorizando el derecho sustantivo y ajustando la norma procesal a las características del mismo.Los principios del derecho del trabajo (sustantivos y procesales) son labase del nuevo régimen