Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este ensayo intenta resolver -mediante un estudio y razonamiento argumental en base a convenciones internacionales (con especial atención en la Convención Americana de Derechos Humanos), la legislación chilena vigente, la jurisprudencia tanto internacional como nacional y las opiniones de la doctrina más autorizada en el tema; interrogantes muy debatidas en las últimas décadas en América Latina, tales como la existencia o no de un derecho al recurso, la posibilidad de aplicar las garantías judiciales mínimas de las convenciones internacionales a materias extra sancionatorias, la compatibilidad de los valores de la oralidad e inmediación con los recursos ordinarios, o la eventual vulneración de las normas internacionales procesales en nuestros procedimientos reformados, para, finalmente, determinar qué figura recursiva se adapta mejor a las exigencias del debido proceso y el juicio justo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo proceso judicial conduce a que las partes deban incurrir en una serie de desembolsos necesarios para su sustanciación, ya sea que algunos se realicen en cumplimiento de una ley que así lo requiera o se efectúen con el fin de mejorar las expectativas de las partes de obtener un resultado favorable. Sin embargo, si una de las partes resulta totalmente vencida en la litis o en un incidente deberá ser condenada en costas lo que la obligará a pagar a una suma de dinero que podrá ser más o menos equivalente al gasto que incurrió durante la litis. En este sentido, la naturaleza jurídica de la condena en costas ha dado lugar a discusión desde la óptica del Derecho Tributario, en tanto el Servicio de Impuestos Internos comenzó a rechazar el gasto por concepto de condena en costas impuestas a las Instituciones de Salud Previsional en el marco de ciertos los recursos de protección, aplicando sobre dichas sumas el impuesto del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto la Renta, desencadenando una crisis en la industria. En vista de tan relevante cuestión, en el presente trabajo se examinará la regulación de las costas judiciales y la condena en costas bajo el Código de Procedimiento Civil, para posteriormente analizar la acción constitucional de protección con especial énfasis en la condena en costas que se puede imponer en de dicho recurso, y finalmente los aspectos generales del impuesto a la renta de Primera Categoría. Todo ello con el certero fin de dar respuesta al título de esta memoria, esto es, cuál es el tratamiento tributario que reciben las costas y la condena en costas frente a la Ley sobre Impuesto a la Renta, con especial referencia al caso de las Instituciones de Salud Previsional (“ISAPRES”) en los recursos de protección.

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El objetivo del trabajo lo constituye el estudio del principio del proceso debido (due process of law, en su formulación originaria). La investigación trata de determinar el inicial significado y la evolución posterior del principio a lo largo de los varios siglos en los que tiene vigencia. Pero sobre todo, y desde una perspectiva contemporánea, mediante el empleo de materiales legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, se pretende fijar su exacto alcance en los EEUU de norteamérica, la recepción en el derecho europeo, a través de Alemania y, finalmente, tratamos de determinar qué lugar ocupa el principio del proceso debido en el ordenamiento español.

¿Es el Derecho Procesal Constitucional parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo de la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo, para ello, por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinantes para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitiría la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales; ergo, en realidad el Derecho Procesal Constitucional constituye parte del derecho procesal.Para demostrar ello, el autor desarrollará el concepto del proceso y concluirá señalando que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

¿El Derecho Procesal Constitucional es parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo a la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo para ello por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinante para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitirá la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales, por ello, en realidad el Derecho Procesal Constitucional, constituye parte del derecho procesal. Para ello, y desarrollando el concepto del proceso, el autor concluirá que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

This article analyzes the content of the judgment Elgo Rios, to see if really that judgment represents a change of direction before the criteria handled by the Constitutional Court. This will explain the implications of procedural rules implemented for the recruitment in the private system over the previous precedent governing the origin of labor protection, that is, the judgment on the record 206-2005-PA, the precedent Baylon. / El presente artículo tiene como objetivo analizar el contenido de la sentencia Elgo Ríos, para verificar si realmente dicha sentencia representa un cambio de dirección a los criterios antes manejados por el Tribunal Constitucional. Así se explicará las implicancias de las reglas procesales implementadas para el caso de la contratación en el régimen privado con respecto del anterior precedente que regía la procedencia del amparo laboral. Esto es, la sentencia recaída en el expediente 206-2005-PA, el precedente Baylón.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis es un análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de distintas Cortes de Apelaciones desde el año 1990 al año 2005, correspondiente a cuarenta y siete recursos de protección, un recurso de amparo económico, dos recursos de inaplicabilidad, y un fallo del Tribunal Constitucional, en los cuales se han discutido y/o aplicado las disposiciones que se contienen en los artículos 19 nº 8 y 19 nº 24 de nuestra Constitución. Los cincuenta y un fallos analizados intentan mostrar cómo los tribunales han enfrentado la colisión entre el derecho de propiedad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La situación no es diferente en la realidad nacional. De un tiempo a esta parte, varios procedimientos de uso común han sido profundamente modificados por el legislador, específicamente, a través de la reforma en materia procesal penal; las reformas en los procedimientos ante los tribunales de familia y en materia laboral. En su régimen recursivo, las modificaciones han pasado por suprimir el recurso de nulidad (casación) y dejar sólo el de apelación; o viceversa. Inclusive, en los nuevos procedimientos, progresivamente se ha reducido la posibilidad de recurrir de apelación hasta casi suprimirlo, dejando sólo el recurso de nulidad como recursus propiamente tal, y se han creado nuevos recursos en determinados procedimientos (a modo ejemplar, el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral). Así las cosas, el primer objetivo de esta memoria es exponer y contrastar el régimen recursivo de los principales procedimientos de nuestra legislación, circunscrito a la doble instancia y la anulación. Luego de realizado este análisis, revisaremos sí estos cambios en nuestro sistema, cumplen con las garantías procesales consagradas en la constitución que informan a los recursos. Para ello, a fin de alcanzar las respuestas a todas las inquietudes planteadas, resulta imprescindible analizar y comprender cuáles son los fines de los regímenes recursivos en la dogmática procesal: sus fines constitucionales, el principio de certeza jurídica, y el derecho a la defensa técnica. Todo ello será abordado en el primer capítulo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo, fundamentalmente apoyado en las esclarecedoras ideas de Mirjan Damaska, no sólo pretende analizar el sistema de impugnaciones en el nuevo proceso penal, en especial la apelación, sino también, explicar como el diseño del proceso legal se encuentra determinado o prefigurado por condicionantes más generales cuyas raíces se encuentran en la estructura, organización y fines del Estado. Como se explicará a propósito del recurso de apelación, su existencia o no dentro del ordenamiento jurídico no depende de la "afición", "gusto" o "conveniencia" de quienes la defienden como tampoco de una simple decisión de política legislativa restringida al ámbito del proceso legal. Por tal motivo, si bien celebramos el avance sin precedentes que introduce la reforma procesal penal y los principios de garantía que pretende introducir o reforzar, entre otros objetivos, ello no debe descuidar un análisis sobre el verdadero "pedigrí" u origen de los mismos ni de su posibilidad practica de aplicación en un medio legal distinto o incluso hostil.