En los proyectos de infraestructura y/o de construcción públicos y privados se producen algunos de los fenómenos más complejos para el derecho cuando alguna de las partes realiza un reclamo considerando eventos que generan impactos en plazo o costo que no son de su responsabilidad. Para resolver esta situación, cada vez es más común que intervengan Expertos que realicen un análisis imparcial e independiente. Ante ello, el presente trabajo de investigación busca analizar los aspectos relevantes de los informes de expertos en proyectos de construcción y ofrecer un protocolo con la finalidad de superar o gestionar los retos que se generan por la presencia de un “no especialista en derecho” que realiza una evaluación del contrato y de los hechos para determinar qué parte debe responder por el impacto de los eventos. Para ello ofrecemos un Protocolo en diez puntos que permitirá la gestión de riesgos vinculados a los retos epistemológicos, de generación de confianza en el Experto y de sustento de la evaluación forense. / Trabajo de investigación

La Ley 29497, trajo consigo un cambio favorable al sistema procesal laboral, toda vez que tanto empleadores como trabajadores se han visto beneficiados, de tal forma que el proceso se ha convertido en una herramienta célere y sencilla, primando la oralidad. Sin embargo, ello no quiere decir que no se hayan evidenciado deficiencias y detalles a lo largo del proceso, por ende, la presente investigación tiene como objetivos demostrar mediante jurisprudencia la vulneración al principio de socialización para una propuesta de modificatoria en la Audiencia única del Proceso Abreviado Laboral entorno a la NLPT con énfasis en el principio de socialización, analizar desde la normativa nacional y comparada, la Audiencia Única del Proceso Abreviado laboral para evidenciar las deficiencias que de la misma devienen, explicar la importancia del principio socialización en el proceso Laboral desde el derecho Nacional y comparado, finalmente determinar en qué etapa se manifiesta la vulneración al principio de socialización. En ese sentido, se ha empleado el método cualitativo que se adecuó a un tipo documental, teórico y bibliográfico. Asimismo, para lograr el objeto de estudio se dispuso el análisis de las bases teóricas y conceptuales que se profundizan en los contenidos encontrados mediante la técnica del Fichaje. Por otro lado, del análisis de resultado y conclusiones se ha visto reflejado en las resoluciones citadas el criterio diferenciado de los Magistrados de diversos departamentos judiciales, en relación a la notificación previa del escrito de contestación de demanda, puesto que en otros casos no sucede. Se concluye que, al existir vulneración al principio de socialización dentro de dicha Audiencia, es necesario una propuesta de modificatoria el artículo 49 inciso 1. de la Ley N° 29497.

El presente Informe Jurídico analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional recaía en el Expediente N° 00655-2010-PHC/TC, el cual resuelve el recurso de Hábeas Corpus interpuesto por la defensa de Alberto Químper Herrera, miembro del directorio de la empresa estatal Perúpetro, quién habría participado en negociaciones junto a Rómulo León, ex ministro aprista, a fin de favorecer la entrega de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petrolum. Dichas negociaciones se dieron a conocer debido a interceptaciones telefónicas que sufrieron los suscritos. A pesar que, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, tuvo a bien pronunciarse respecto al manejo de dichos audios provenientes de “chuponeo” por parte de la justicia, los cuales son considerados prueba prohibida. Asimismo, el Tribunal advierte que el uso de interceptaciones telefónicas ilícitas por parte de los medios de comunicación puede acarrear responsabilidad penal. En ese sentido, se buscará analizar y tomar posición frente a lo esbozado por el Tribunal Constitucional, de cara a la normativa, jurisprudencia y doctrina jurídica respecto a la improcedencia de un Hábeas Corpus contra una resolución judicial, la prueba prohibida y la censura previa. / This Legal Report analyzes the decision of the Constitutional Tribunal in the Case No. 00655-2010-PHC/TC, which resolves the Habeas Corpus appeal filed by the defense of Alberto Químper Herrera, member of the board of directors of the state company Perúpetro, who allegedly participated in negotiations together with Rómulo León, former minister from APRA. This in order to take advantage of the delivery of oil lots to the Norwegian company Discover Petrolum. These negotiations became known due to telephone interceptions suffered by the subscribers. Despite the Constitutional Court declared the lawsuit inadmissible, it was kind enough to pronounce on the handling of such audios coming from "tapping" by the justice system, which are considered prohibited evidence. Likewise, the Court warns that the use of illicit telephone interceptions by the media may entail criminal liability. In this sense, we will to analyze and take a position on what was outlined by the Constitutional Court, in view of the regulations, jurisprudence and legal doctrine regarding the inadmissibility of a Habeas Corpus against a judicial decision, the prohibited evidence and the prior censorship.

El presente análisis dilucida la interrogante respecto a si un sujeto puede ser imputado por una prueba que no fue presentada a tiempo, en específico a Homero Gonzales Duárez Sáenz se le absolvió como coautor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio, en agravio de María del Carmen Requejo Chaname, pero el Superior Jerárquico se pronunció sobre una prueba documental que no fue invocada en el recurso de apelación, en específico un reporte de llamadas entrantes y salientes entre los involucrados, de la cual, el imputado no tuvo la oportunidad ni la circunstancia para hacer uso de su derecho de defensa, por esa razón se realizó el estudio de las instituciones jurídicas como el de parricidio y prueba. Además, con ayuda de normas legales nacionales e internacionales pudo ser posible confirmar la importancia de la salvaguarda del derecho a la defensa y con jurisprudencia nacional fue posible conocer casos similares que sirvieron de ayuda para reforzar mi postura. Por esa razón, después de analizar las normas nacionales, internacionales, jurisprudencia y doctrina en general, mi postura se encuentra totalmente ligada con el fallo de la sentencia N°413-2014 – LAMBAYEQUE en la cual confirman la sentencia de primera instancia en donde se absolvió al imputado Homero Gonzalo Sánchez de la imputación por el delito de parricidio.

En la presente investigación sobre “La validez probatoria de las testimoniales en juicios orales ante juzgados penales colegiados”, se planteó como objetivo de estudio el análisis sobre la utilización de la videoconferencia en las audiencias virtuales en el proceso penal. La metodología de la investigación consistió en un estudio cualitativo - descriptivo, en el que se realizó el análisis documental de diferentes artículos científicos y de doctrina relacionada al tema. En ese sentido, se concluyó que, el sistema de videoconferencia favorece al sistema judicial en aspectos como la rapidez, eficiencia de comunicación y efectividad de llevarse a cabo el juicio oral para evitar gastos innecesarios. Además, se concluyo que el aplicar este sistema, conlleva a aspectos negativos en cuanto a la vulneración de los principios del juicio oral; especialmente, en el principio de inmediación, defensa del imputado y debido proceso. / The present investigation on "The probative validity of the testimonials in oral trials before collegiate criminal courts", raised as an objective of study the analysis of the use of videoconference in virtual hearings in the Criminal Process. The research methodology consisted of a qualitative - descriptive study, carrying out the documentary analysis of different scientific articles and doctrine related to the subject. Concluding that the videoconferencing system favors the judicial system in aspects such as speed, communication efficiency and effectiveness of carrying out the oral trial to avoid expenses. In addition, there would be negative aspects regarding the violation of the principles of the oral trial; especially, in the principle of mediation, defense of the accused and due process.

La presente investigación busca describir las características de la autopercepción en pacientes que a consecuencia del cáncer han sufrido una serie de desfiguraciones a nivel facial. Para conseguir los objetivos del estudio, 15 pacientes en tratamiento por cáncer fueron entrevistados y evaluados con el Psicodiagnóstico de Rorschach a la luz del Sistema Comprensivo de Exner. Además, para fines de comparación estadística se utilizó un grupo conformado por 15 personas no hospitalizadas y no enfermas con las mismas características socio-demográficas. Para comparar los datos obtenidos, se utilizaron estadísticos descriptivos así como la U de Mann Whitney como análisis estadístico principal. Los resultados dan cuenta de diferencias significativas en algunos contenidos Rorschach que hacen referencia a una percepción de daño ligada al cuerpo percibida con suficiente fuerza como para ser un factor que desorganiza la experiencia y la percepción que tienen los sujetos de su entorno. Finalmente se propone un nuevo índice dentro del análisis del Psicodiagnóstico de Rorschach que engloba las características del grupo antes mencionadas, así como líneas de intervención terapéutica con sujetos que han pasado por una situación traumática que implica la reestructuración del self a partir del duelo de un objeto perdido, el rostro.

El presente trabajo tiene por finalidad realizar el estudio de la “Resolución 19 – Exp. 1768-2017”, expedido por la Sala Civil de Cusco, respecto a una pretensión de reivindicación. El presente informe está divido en dos capítulos: el primero de ellos, referido al estudio de la motivación empleada en la sentencia materia de estudio; el segundo capítulo, referido al estudio de la prueba de oficio y su tratamiento en el ordenamiento nacional. Finalmente, habiendo culminado el estudio de ambos capítulos, se concluye que, en la sentencia sometida a estudio, no existió una adecuada motivación incurriendo en una motivación aparente y una falta de motivación interna. Asimismo, se estudiará la figura de la prueba de oficio y como dicha institución procesal debió aplicarse en la precitada sentencia. / The purpose of this work is to carry out the study of "Resolution 19 - Exp. 1768-2017", issued by the Civil Chamber of Cusco, regarding a claim for vindication. This report is divided into 2 chapters: the first one refers to the study of the motivation used in the sentence under study; the second chapter, referred to the study of the ex officio test and its treatment in the national legal system. Finally, having completed the study of both chapters, it is concluded that, in the sentence under study, there was no adequate motivation, incurring in an apparent motivation and a lack of internal motivation. Likewise, the figure of the ex officio test will be studied and how said institution should be applied in the aforementioned sentence.

Las cargas probatorias dinámicas, surgen como una herramienta que ayuda a cumplir la finalidad de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, tiene como énfasis buscar la verdad de un caso y la obtención de justicia a través del traslado de la carga de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones. Es importante resaltar que opera como excepción a la regla general, conocida como el deber de probar de quien alega hechos que configuran su pretensión. La parte que aporta las pruebas, es la encargada de solucionar el caso, siempre que no se le cause indefensión, se le otorgue un plazo razonable y se encuentre en condiciones técnicas, científicas, económicas, suficientes para aportar pruebas. En ese sentido la autora propone a través de una serie de criterios, que deben cumplirse de manera concurrente, para que el Juez, pueda admitir las cargas probatorias dinámicas, de manera excepcional y sobre todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual.

La noción de prueba ilícita refuerza el conflicto de antaño entre el telos del proceso penal que, para la teoría tradicional, radica en la búsqueda de la verdad, y el interés superior de respeto de derechos fundamentales, principio rector básico de nuestro actual modelo de Estado Constitucional de Derecho. Es pues aquí que cobra plena vigencia el adagio jurídico que respecto a la verdad recita “no podrá ser obtenida a cualquier precio, sino dentro de los causes regulares establecidos por ley”. La principal consecuencia de ésta prescripción deviene en el hecho que el órgano persecutor del delito se encuentra impedido de probar sus pretensiones dentro del proceso penal mediante el uso de medios probatorios que atenten contra derechos fundamentales, por existir criterios mínimos legales (también llamados, prohibiciones probatorias) establecidos para la postulación, admisión, actuación y valoración de la prueba; siendo uno de éstos el parámetro de la licitud. La principal consecuencia de ésta prescripción deviene en el hecho que el órgano persecutor del delito se encuentra impedido de probar sus pretensiones dentro del proceso penal mediante el uso de medios probatorios que atenten contra derechos fundamentales, por existir criterios mínimos legales (también llamados, prohibiciones probatorias) establecidos para la postulación, admisión, actuación y valoración de la prueba; siendo uno de éstos el parámetro de la licitud. El valor de la licitud dentro de la concepción principialista de nuestro actual modelo de Estado Constitucional de Derecho es de transcendencia tal que tiene como efecto directo la inadmisibilidad y exclusión de medios probatorios que fueron obtenidos e introducidos al proceso con vulneración de derechos fundamentales de la persona, por considerarse desde ya que son de entera connotación ilícita. Sin perjuicio de lo anterior, es de precisar que al ser el Derecho una ciencia social epistémica, cuyo principal objetivo es la regulación de la conducta humana, sus instituciones no son producto de un conocimiento logrado y final, sino que se encuentran sujetas a constantes cambios. Siendo esto así, resulta válido cuestionar la vigencia de la tradicional regla de exclusión procesal de medios probatorios ilícitos en escenarios criminológicos de alta complejidad y dificultad probatoria y con ello la necesidad de reestructuración de viejos conceptos (categorías jurídicas), que aun cuando resultan ser conciliadores con el orden jurídico formal no logran dar efectiva solución al problema de dificultad probatoria esbozado.Frente a este escenario, cobra especial importancia las teorías forjadas desde la epistemología jurídica, las que, lejos de aplicar conceptos de forma rígida, proponen una nueva forma de alcanzar los fines legítimos del proceso. La epistemología jurídica postula la necesidad de declinación de las teorías de exclusión o inutilización del medio probatorio ilícito, y sitúan su principal objeto en la construcción de una teoría procesal de admisión y valoración del medio probatorio ilícito en el proceso. A modo de resumen, la presente investigación se propone la reestructuración de los conceptos que fundamentan la exclusión del proceso del medio probatorio ilícito, desde los fundamentos de la epistemología jurídica, a efectos de lograr arribar a la concreción de una teoría procesal que atienda a la necesidad, bajo determinados parámetros y en congruencia con los postulados del Estado Constitucional de Derecho, de admisibilidad del medio probatorio ilícito.

Como primera idea, dejar en claro, que el Juez puede admitir la carga de la prueba dinámica en el proceso civil peruano, cuando advierta que a las partes del proceso se le está vulnerado un derecho fundamental y ,como consecuencia de ello, podría inaplicar el artículo 196 respecto a la institución de la carga de la prueba estática que regula el Código Procesal Civil, pudiendo adoptar otro tipo carga como la carga de la prueba dinámica al observarse indefensión, tal como lo establece el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Perú de 1993 “ El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso (…)”. En ese sentido, para que pueda aplicarse otros tipos de instituciones que no están reguladas o reconocidas en un determinado sistema jurídico –como la carga de la prueba dinámica–, es importante establecer que a la fecha nos encontramos ante un Estado Constitucional que protege valores y principios constitucionales: la dignidad de la persona humana, el respeto de los derechos fundamentales, la división de poderes, la primacía de la Constitución sobre la ley, la independencia de los órganos jurisdiccionales, entre otros. Al hablar sobre el Estado Constitucional, involucra a todo el ordenamiento jurídico –sin excepción–cuya finalidad suprema es la de velar por el respeto y la dignidad de los derechos fundamentales de la persona; con relación al estudio del derecho procesal, surge varios tipos de paradigmas (pensamientos adoptadas en una determina época y que paran en constante cambio) que se dieron a raíz de la historia como consecuencia del tipo de estudio en un determinado momento, por lo que, se puede advertir cuatro tipos o etapas de estudio: etapa de practica forense, etapa del procedimentalismo, etapa del procesalismo científico y la etapa de la constitucionalización del derecho procesal. En ese orden de ideas, la primera etapa involucraba el estudio de técnicas de defensa que se realiza ante el Juez o Tribunal, esto es, se enseñaba como preparar la demanda, formular los alegatos, preparar los recursos, entre otros; en cuanto a la segunda etapa, estaba referido al estudio del derecho procesal al estudio de la ley y su método de estudio era el exegesis; la tercera etapa, por su parte, estaba diseñado ya no al estudio de la ley sino más bien estaba referido a los conceptos del derecho procesal como en un primer momento se dio el debate en Alemania sobre la definición del derecho de acción para luego desarrollarse en Italia y otros países; y por última etapa, estaba en función al nuevo estudio de dicha disciplina, esto es, incorporación de los valores y principios constitucionales. En esta nueva forma de estudiar el derecho procesal, se puede citar algunos autores muy importantes que influenciaron dicho movimiento como Gustavo Zagrebrelsky donde a través de su libro “El Derecho Dúctil” hace una clasificación de los tipos de Estado que se ha dado en el historia como el Estado Divino, Estado Absoluto, Estado de Derecho y Estado Constitucional, donde refiere que como nuevo paradigma o revolución científica estamos actualmente bajo la directriz de valores y principios constitucionales y, otro autor es, Peter Haberle mediante la cual expresa en su libro “El Estado Constitucional” que si en la Constitución no se incorpora los valores y principios constitucionales no estamos hablando de un Estado Constitucional a pesar que haya Constitución. Siendo ello así, bajo los valores y principios constitucionales el Juez al advertir que se está afectando derechos fundamentales y va en contra de dichas garantías, el operador de Justicia tendría que inaplicar, para el caso en concreto, la carga de la prueba estática y optar por admitir la carga de la prueba dinámica para resolver la controversia suscitada.