Ingeniera Civil / En muchas instalaciones, con diversos usos, se utilizan estructuras livianas con cubierta de membrana, las cuales ofrecen baja resistencia al fuego. Este tipo de construcciones no está abordado de manera específica en la reglamentación chilena de prevención de incendios, por lo habrían de satisfacer los mismos requisitos que cualquier otro tipo de edificación. Dichos requisitos apuntan fundamentalmente a la resistencia al fuego de la estructura (NCh 935/1), sin considerar otros aspectos del comportamiento al fuego. Bajo este contexto, las edificaciones estudiadas no cumplen con las exigencias mínimas de resistencia al fuego. Por lo tanto, su uso queda limitado a casos que no requieren resistencia al fuego: edificaciones con destino de equipamiento, realizadas con elementos de construcción no combustible, carga de ocupación inferior a cien personas y baja carga combustible, entre otros requisitos. Sin embargo, debido a la naturaleza de estas edificaciones especiales, las características del desarrollo de un incendio y el comportamiento ante el mismo diferirían de los edificios comunes. En algunos códigos de construcción y estándares de prevención de incendios extranjeros se abordan de manera específica las edificaciones especiales y los requerimientos que estas deben cumplir. En este trabajo se realiza una revisión de la normativa de países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y los estándares de una compañía especialista en prevención de pérdidas, y se los compara con la reglamentación vigente en Chile. Con ello, se proponen bases para una normativa chilena de prevención de incendios en edificaciones especiales. Se concluye que la normativa chilena se encuentra desactualizada en lo que se refiere al comportamiento al fuego de edificaciones especiales. Se deben revisar y modificar los requerimientos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para garantizar un comportamiento óptimo que cumpla con los objetivos de la seguridad contra incendios. Para ello, se generan las propuestas pertinentes en cuanto a resistencia y reacción al fuego, disposición de salidas, usos de la edificación, entre otros. De manera general, se debe dar especial importancia a la reacción al fuego de los materiales de la cubierta, para lo cual se recomienda que se exija una reacción al fuego equivalente a C-s2,d0 de las Euroclases. La resistencia al fuego de la estructura no debería cumplir con ninguna clasificación en base a la norma NCh 935/1, mientras se asegure la evacuación de los ocupantes en su interior.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Explica y argumenta, si es realmente importante mantener la potestad discrecional del juez y de ser así cuales son los criterio que deberá utilizar en el ejercicio de dicha potestad. Realiza un estudio preliminar, avocado a presentarnos conceptos generales referidos a la teoría de la prueba y el sistema procesal penal, antes de entrar en detalle al estudio de la prueba prohibida y sus diversas implicancias. Se desarrolla el concepto de prueba prohibida, a partir de las diversas posiciones sentadas por la doctrina, asumiendo una postura restrictiva de la misma, sosteniendo que estamos frente a prueba prohibida cuando ésta ha sido obtenida mediante la violación de derechos fundamentales y no de otro tipo de garantías ni de normas con rango de ley, delimitándose además la naturaleza jurídica y el fundamento de la prueba prohibida; desarrollándose además, el concepto de derechos fundamentales y del contenido esencial de los mismos, todo esto en el contexto de la prueba prohibida. Se desarrolla la doctrina referida a la prueba prohibida cuando ha sido directamente obtenida de la vulneración de derechos fundamentales y cuando ha sido obtenida por derivación de una prueba prohibida, desarrollándose las consecuencias jurídico-procesales generadas por la prueba prohibida, entre ellas fundamentalmente la exclusión de la prueba y asimismo las excepciones que a dicha exclusión la doctrina reconoce. Se analiza brevemente a la prueba prohibida en el sistema procesal penal peruano, verificando sus implicancias tanto desde la óptica de la Constitución Política de 1993 como de las normas propias del Código Procesal Penal del 2004, vigente en gran número de distritos judiciales del país, asimismo, se analiza el rol que debe cumplir el juez en los supuestos de prueba prohibida, centrándonos en la potestad discrecional que debe mantener dicho operador jurídico, para decidir en su oportunidad sobre la exclusión de prueba prohibida del acervo probatorio, utilizando como criterios delimitadores, el método de ponderación y el principio de proporcionalidad a fin de delimitar el contenido esencial de los derechos fundamentales, se ha desarrollado en forma complementaria un acercamiento a la legislación comparada y casuística referida al tema, en el cual se puede observar los diferentes tratamientos que le ha brindado la doctrina extranjera a la prueba prohibida así como los diversos pronunciamientos que sobre la materia han tenido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, se consignan las conclusiones y recomendaciones en la cual se propone de lege ferenda una modificación a las normas contenidas en el Código Procesal Penal del 2004. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra busca abordar el problema de la indeterminación de un estándar de prueba aplicable a los distintos procedimientos para la defensa de los derechos de los consumidores, procediéndose a revisar cómo otras legislaciones han tratado el tema. En el primer capítulo se tratará el marco de referencia sobre los estándares probatorios, estableciendo ciertas definiciones y distinciones conceptuales utilizadas a lo largo del trabajo, para luego buscar estándares de prueba a lo largo del proceso civil y penal en Chile, distinguiendo estándares aplicables a decisiones provisionales y a las decisiones de término. Posteriormente se analizará la regulación procesal de la Ley N° 19.496 para los distintos procedimientos judiciales contenidos en ella. En el segundo capítulo se procede con el análisis comparado de los estándares de prueba aplicables a los juicios de defensa de los consumidores en distintos países de Iberoamérica, estudiando principalmente la regulación legal que establece dichos procedimientos, junto con la revisión de doctrina y jurisprudencia atingente al tema. Finalmente se estudiará la regulación para la defensa de los consumidores en Estados Unidos de América, país perteneciente a la tradición jurídica del Common Law que cuenta con largo desarrollo sobre estándares de prueba.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente investigación pretende desentrañar el alcance del deber de motivación de las sentencias penal, con el objeto de explicar la importancia y las implicancias de esta exigencia. El trabajo se inicia con una reflexión en torno a la relevancia del deber de motivación de las sentencias, primero como garantía constitucional, y luego como consecuencia lógica de la naturaleza cognoscitiva del proceso penal. Conjuntamente, repasamos cómo el recurso de nulidad es la principal garantía de esta garantía, toda vez que se presenta como principal arma de impugnación de los fallos que adolecen de este vicio. Posteriormente, el trabajo delimita histórica, teórica y jurídicamente qué significa exactamente fundamentar una sentencia, con el objeto, primero, de definir el alcance de esta exigencia dentro de nuestro sistema jurídico, y segundo, para remarcar aún más la diferencia, que en el primer capítulo se explica, entre valorar la prueba y motivar una sentencia. Por último, esta tesis de grado exhibe los resultados, cuantitativos y cualitativos, del análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de la configuración del vicio de falta de fundamentación de la sentencia, previa exposición de las bases metodológicas de la investigación

Memoria para optar al título de periodista

El presente artículo científico tiene como finalidad proponer una correcta aplicación de la resolución contractual con el motivo de la no superación del periodo de prueba, la cual solo se lograra a partir de la modificación del artículo 10 del DL N° 728 y la incorporación de criterios objetivos que puedan justificar el accionar del empleador y evitar conductas irregulares que se originan en la falta de criterios evaluativos. Sin embargo, para lograr este objetivo previamente se debe analizar la situación del periodo de prueba en España y Colombia, para tener una perspectiva distinta en la forma de operar esta institución, su naturaleza jurídica y sus límites. Es así, que se pudo determinar que en España los convenios colectivos juegan un papel importante al regular esta institución, respecto a plazos y condiciones resolutorias; por otro lado, se evidencia la participación de los tribunales de justicia al proscribir actos de discriminación, fraude ante la ley o vulneración de derechos durante el periodo de prueba. Por otro lado, en Colombia se llegó a evidenciar que con la entrada en vigencia del Decreto 989 del 2020 se incorporó una evaluación en base a un instrumento de desempeño dentro de la fase de prueba que determinaría la continuidad del trabajador en el puesto de trabajo. Finalmente, se concluye que con la incorporación de estos criterios se garantiza protección al trabajador frente al despido arbitrario, al ser necesario acreditar la causa que justifique la no superación de este periodo.

La presente investigación, se basa en la inexistencia de plazo específico para la responsabilidad del contratista en obras públicas, en el periodo de prueba; la cual parte de la línea de investigación, de contrataciones estatales: retos y propuestas para su mejor regulación. Más aún, si consideramos que en la nueva ley de contrataciones del Estado Ley 30225, no existe ninguna norma que establezca un plazo para poder exigir o establecer responsabilidad en el contratista. Por ello, se ha optado por dividir a nuestra investigación, en tres capítulos el primero de ellos, denominado: Los contratos administrativos y, en especial el contrato de obras públicas; el segundo: Proceso de contratación y responsabilidad contractual en los contratos de obras públicas y finalmente el tercer capítulo denominado: Ámbito del plazo de responsabilidad contractual en el contrato de obras públicas. El motivo de nuestra investigación, se basa en que es frecuente escuchar que el desarrollo de un país se puede medir, por el desarrollo de la infraestructura de servicios públicos. Es por eso que el Estado a través de la administración pública, puede celebrar ciertos contratos de carácter público con los privados, para que de esa manera pueda lograr sus fines. Sin embargo, pese a la gran inversión que realizada el Estado, a través de las Entidades competentes, no se ha logrado un resultado adecuado y sobre todo duradero, después de la ejecución, entrega y liquidación de una obra. Con lo que podemos concluir, que es necesario una mejor y específica regulación respecto a la responsabilidad del contratista durante un periodo de prueba, debido a la vida útil del bien y a la finalidad para lo cual fue construido, ya que la ejecución de infraestructuras, son un pilar importante para el desarrollo nacional.

La prueba trasladada llega a la legislación peruana con la finalidad de coadyuvar en el proceso, pero a lo que se enfrenta es a una realidad a la que no puede ser sometida, porque la valoración que se le da es la misma del juicio de la valoración del proceso de la cual es extraída, tornándose de esta forma un tanto subjetiva. Teniendo en cuenta la realidad de la prueba trasladada en cuanto a su valoración, esta investigación plantea determinar de qué forma la aplicación del sistema cuantitativo en la prueba trasladada constituiría una contribución en la valoración del caudal probatorio en los delitos de corrupción funcionarial. Por lo que se propone la utilización del sistema cuantitativo basado en una tabla de contenido de estándar probatorio, en la misma que se le da un peso porcentual a la prueba trasladada para poder ser admitida en el proceso a la que se traslada.

La presente investigación trata sobre criterios para la aplicación de la prueba indiciaria en el delito de cohecho pasivo impropio. Debido a que en el Derecho Penal, la prueba es un elemento esencial para poder determinar la comisión de un hecho delictivo. Por ello, es importante el estudio de las pruebas por indicios, debido a que una correcta valoración, traería consigo un pronunciamiento válido, siempre y cuando se encuentre basado en criterios razonables y con sustento sólido para un pronunciamiento eficaz. En consecuencia, la valoración de la prueba indiciaria en el proceso penal, traería consigo la sanción e inhabilitación a malos funcionarios públicos en el campo penal, provocando una privación de las funciones que ostenta, ya que con la inhabilitación el funcionario se encontraría impedido de realizar funciones que ejercía, a la vez, la prueba indiciaria es de suma importancia, ya que gracias a ella, se puede obtener la veracidad de un acto delictivo; por lo que en la actualidad existen muchos casos, sobre todo en el delito de cohecho pasivo impropio en el que es dificultoso conseguir una prueba directa, por lo tanto, es donde los indicios cumplen un rol muy importante para comprobar la verdad; en conclusión, lo que se pretende es establecer criterios de interpretación del operador jurídico para que se aplique a través de un acuerdo plenario o exista un pronunciamiento de la corte suprema respecto a este tema.

Desde la perspectiva racionalista del análisis probatorio la finalidad institucional del proceso es la búsqueda de la verdad. En este propósito se construyen razones mediante un esquema lógico, cuyo análisis en la prueba por indicios es el propósito de este trabajo, a partir de un conjunto de sentencias. Los hallazgos muestran que, por lo general, se soslaya la prueba por indicios y cuando se recurre a ella no se justifica adecuadamente dicho razonamiento. Develado ello, se formulan algunas sugerencias para mejorar el valor epistemológico del razonamiento acorde a la finalidad del proceso y, la motivación de la decisión que adopta el juez o jueza al dar por probados los hechos.