En el presente informe se desarrollará el análisis de la naturaleza del procedimiento de aplicación de penalidades en los Contratos de Concesión suscritos en el Perú, centrándose en el caso concreto del laudo emitido en el caso Arbitral No. 0072-2016-CCL en el marco del Contrato de Concesión suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Metro de Lima Línea 2 S.A. En ese sentido, se repasará la naturaleza de las penalidades en los Contratos de Concesión, el rol de OSITRAN, entre otros, para finalmente llegar a una conclusión que determine los criterios que deben considerarse para la imposición de penalidades derivadas de incumplimientos o cumplimientos parciales, tardíos o defectuosos de obligaciones del Concesionario. De este modo, se concluirá que el procedimiento de imposición de penalidades en los acuerdos de concesión responde a una naturaleza contractual, motivo por el cual la impugnación de la aplicación de penalidades responde también a una vía contractual, de modo que, ante el surgimiento de disputas, puede ser controvertido a través de la activación de la cláusula de resolución de disputas del contrato. Finalmente, a la luz de lo previamente expuesto, se analizará la decisión emitida por el Tribunal Arbitral en el Caso Arbitral No. 0072-2016-CCL, a través del cual se redujo las penalidades impuestas por OSITRAN a un 25% de su valor De esta manera, el informe culminará con la verificación del cumplimiento del principio de motivación en la decisión del Tribunal Arbitral, respecto a la reducción de las penalidades solicitada por el Concesionario. / This report will develop the analysis of the nature of the procedure for the application of penalties in the Concession Contracts signed in Peru, focusing on the specific case of the award issued in Arbitration Case No. 0072-2016-CCL in the framework of the Concession Contract signed between the Ministry of Transport and Communications and Metro de Lima Linea 2 S. A. In this regard, the nature of the penalties in the Concession Contracts, the role of OSITRAN, among others, will be reviewed to finally reach a conclusion that determines the criteria to be considered for the imposition of penalties derived from noncompliance or partial, late or defective compliance with the obligations of the Concessionaire. In this way, it will be concluded that the procedure for the imposition of penalties in the concession agreements responds to a contractual nature, which is why the challenge to the application of penalties also responds to a contractual route, so that, in the event of disputes arising, it can be controverted through the activation of the dispute resolution clause of the Main contract. Finally, in light of the above, the decision issued by the Arbitral Tribunal in Arbitration Case No. 0072-2016-CCL will be analyzed, through which the penalties imposed by OSITRAN were reduced to 25% of their value. In this way, the report will culminate with the verification of compliance with the principle of motivation in the decision of the Arbitral Tribunal, regarding the reduction of the penalties requested by the Concessionaire.

El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL, de fecha 21 de agosto (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se resuelve sancionar a la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, “CLARO”), por incumplir en 31 acciones de supervisión con la entrega de constancias de arribo a sus centros de atención. En este mismo informe, pretendemos analizar si la sanción impuesta a CLARO por medio de la Resolución de OSIPTEL se encuentra conforme a los principios de la potestad sancionadora, a efectos de manifestar si fue razonable, proporcional y debidamente motivada

El presente caso se basa en la demanda contencioso administrativa presentada por la empresa Luz del Sur S.A.A. contra el entonces Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y la empresa de generación de energía eléctrica Electroperú S.A. En la demanda, Luz del Sur S.A.A. solicita la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERG N° 005-2005-TSC del 22 de abril de 2005, mediante la cual el referido órgano colegiado resuelve que los retiros de energía que exceden los límites pactados en un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica se rigen por la autonomía de las partes y, por tanto, pueden acordarse penalidades que excedan la Tarifa en Barra regulada para el servicio. El objetivo del presente informe es determinar la naturaleza jurídica de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica y la libertad o restricciones que tienen las partes que lo suscriben. Así mismo, el presente informe busca determinar qué tarifa debe cobrarse por los retiros de energía en exceso, tomando en consideración la naturaleza y los principios de los servicios públicos y la actuación del Estado para garantizar la continuidad de los mismos. Luego de analizar las normas aplicables al caso, los principios básicos y la doctrina al respecto, llegamos a la conclusión que la única tarifa que puede ser cobrada por una empresa generadora a una distribuidora de energía eléctrica es la regulada por el Estado Peruano, considerando que esta tarifa forma parte de la tarifa final que paga el usuario regulado y, que aun cuando las partes que conforman los contratos analizados son personas jurídicas de derecho privado, deben ceñir su actuación a las normas regulatorias que le sean aplicables, ya que prestan un servicio público.

Las reformas económicas impulsadas desde los años noventa implicaron la constitución del rol regulador del Estado el cual exige ciertas condiciones para su adecuado funcionamiento. Una de estas condiciones es la autonomía de los organismos reguladores como instituciones eminentemente técnicas, y por ello, separados de las influencias políticas y privadas que pueda haber sobre ellos. Es sobre dicha autonomía que se enfoca la presente investigación. Para ello, se emplea una metodología cualitativa y exploratoria, y comienza con una búsqueda de la literatura a dos niveles. El primer nivel se enfoca en el desarrollo de un marco teórico que fundamente el rol regulador del Estado. Y, en un segundo nivel, en el desarrollo de un marco conceptual para identificar y caracterizar los factores organizacionales que se relacionan con la autonomía de los organismos reguladores. Adicionalmente, se validan los mismos para el contexto peruano mediante entrevistas semiestructuradas a expertos. Luego de ello, en la investigación se plantea analizar cómo se manifiestan los factores más relevantes para un organismo regulador peruano. Por ello, se desarrolla un método de recojo de información basado en un índice de independencia reguladora y adaptado para el caso peruano de acuerdo a los resultados obtenidos con las entrevistas a expertos. Esto permitirá recoger estructuradamente la información referida a los factores organizacionales y analizarlos en un regulador de servicios públicos peruanos. Los aportes de la investigación son dos principalmente. El primero corresponde a la construcción de un marco conceptual para el análisis de factores organizacionales relacionados con la autonomía de los organismos reguladores. Además de ello, se identificó a los más relevantes en el contexto peruano: el mandato independiente, el directorio estable e idóneo, el presupuesto autónomo y las políticas de recursos humanos. El segundo aporte nace de la contrastación del marco conceptual construido y su análisis en OSINERGMIN, cuyos resultados demuestran que a pesar de ser uno de los organismos reguladores que posee mayor reconocimiento internacional y una mayor tradición autónoma, los factores analizados muestran ciertas restricciones que hacen al regulador vulnerable de las influencias, principalmente políticas. Estas restricciones existen a pesar de contar con un marco normativo regulatorio que establece expresamente a OSINERGMIN como entidad autónoma. Cabe resaltar que este análisis se centra en la agencia reguladora estudiada (OSINERGMIN) pero los resultados iniciales aquí encontrados se pueden complementar con una investigación más profunda que, ampliando la muestra, produzca resultados generalizables a la totalidad de organismos reguladores de servicios públicos en el país.

La presente tesis busca analizar la situación actual de la regulación de la calidad de los servicios públicos de electricidad - calidad de suministro -, y plantear un marco regulatorio que ayude a obtener mejores niveles de calidad. La Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, promulgado mediante Decreto Ley Nº 25844, se definieron las características más representativas del modelo regulatorio peruano actual, en las actividades de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Mediante Decreto Supremo Nº 020-1997-EM, se promulgó la ‘Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos’ (en adelante NTCSE) para zonas urbanas, donde se establecieron los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos. La NTCSE es de aplicación obligatoria para las actividades de servicios relacionados con la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Para las zonas rurales, se promulgó, la Ley Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 025- 2007-EM. Desde la promulgación de las Normas que regulan la Calidad de los Servicios Eléctricos en el país hasta la fecha, el estado ha hecho poco o casi nada referente a mejorar este marco regulatorio. En los últimos años, la calidad del servicio ha empeorado. En la presente tesis, se propone que la razón es que el Costo vigente de la Energía no Servida vigente “e”, para compensar el incumplimiento en la calidad de suministro y considerada en su oportunidad, es muy baja, en comparación con los costos de países vecinos (0,35 US $/kW.h). Por lo tanto, no es disuasiva; lo que origina que las empresas eléctricas prefieran pagar las compensaciones a los usuarios y no efectuar inversiones para reducir las fallas que se producen en sus instalaciones. Esto, acompañado de restricciones gubernamentales al gasto e inversión. Se presenta una metodología de investigación que establece un marco normativo, donde se pretende relacionar un Costo Óptimo de Calidad con una Costo de Compensación más disuasiva. Mediante un análisis estadístico en tres escenarios: Pesimista, conservador y optimista y una variable en función del Costo de la Compensación. Donde se pretende demostrar el costo - beneficio que tendrán las empresas con los nuevos valores de compensación. Considerando que la aplicación de estos planteamientos, resolverán la deficiente calidad del servicio eléctrico en el Perú. / This thesis seeks to analyze the current situation of the regulation of the quality of public electricity services - supply quality - and to propose a regulatory framework that helps to obtain better levels of quality. The Electric Concessions Law of 1992, promulgated by Decreto Ley No. 25844, defined the most representative characteristics of the current Peruvian regulatory model, in the activities of generation, transmission and distribution of electrical energy. By Decreto Supremo No. 020-1997-EM, the ‘Technical Standard for the Quality of Electrical Services’ (hereinafter NTCSE) was promulgated for urban areas, where the minimum levels of quality of electrical services were established. The NTCSE is of imperative application for service activities related to the generation, transmission and distribution of electricity. For rural areas, through Law No. 28749, General Law of Rural Electrification and its Regulations, approved by Supreme Decree No. 025-2007-EM, regulations were issued for the development of electrification projects in rural areas by the State. Since the promulgation of the Standard that regulates the Quality of Electric Services in the country to date, the state has done little or almost nothing to improve this regulation. In recent years, the quality of service has worsened. In this study, it is proposed that the reason is that the current Cost of Energy not Served in force “e”, to compensate for the breach in the quality of supply and considered in its opportunity, is very low, compared to the costs of neighboring countries (US $ 0.35 / kWh). Therefore, it is not a deterrent; which means that electricity companies prefer to pay compensation to users and not make investments to reduce failures that occur in their facilities. This, accompanied by government restrictions on spending and investment. A research methodology that establishes a regulatory framework is presented, where it is intended to relate an Optimal Cost of Quality with a more dissuasive Compensation Cost. Through a statistical analysis in three scenarios: Pessimistic, conservative and optimistic and a variable based on the Cost of Compensation. Where it is intended to demonstrate the cost - benefit that companies will have with the new compensation values. Considering that the application of these approaches will resolve the poor quality of the electrical service in Peru.

En la presente investigación, se pretende demostrar que en determinadas supervisiones ambientales realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a los establecimientos de venta al público de combustible líquido en los años 2019 y 2020, la recomendación de procedimientos sancionadores adoptado como único método de Enforcement no resultó ser una medida eficiente para promover el cumplimiento de obligaciones ambientales. Frente a ello, se plantea que en el marco de la supervisión ambiental, con base en el enfoque responsivo que propugna actualmente el Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, el OEFA pueda adoptar herramientas regulatorias alternativas, con la finalidad de alcanzar una fiscalización más eficiente y promover oportunamente el cumplimiento de obligaciones ambientales por parte de los establecimientos de venta al público de combustible líquido.

La Administración Pública cuenta con una serie de herramientas para procurar el cumplimiento por parte de los agentes económicos, como: la actividad de fiscalización, la adopción de medidas administrativas y la aplicación de sanciones administrativas. A través de estas herramientas se busca direccionar su actuar a la adopción de lo prescrito en la normativa. El enfoque dominante en nuestro ordenamiento para cautelar el cumplimiento tiene una orientación sancionadora; sin embargo, existe un enfoque menos punitivo que privilegia la persuasión para salvaguardar lo dispuesto. Ahora bien, existe un enfoque que no privilegia ninguno de los antes mencionados, sino más bien se vale de ambos, así este enfoque adopta la persuasión, educación, incentivos y castigo en función a la respuesta de los agentes regulados, el mismo que se denomina regulación responsiva. La presente investigación tiene como propósito analizar si el mecanismo alternativo al procedimiento administrativo sancionador, aplicado por Osinergmin, en los Grifos y Estaciones de Servicio, ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones referidas a las condiciones técnicas y de seguridad consideradas de criticidad alta (riesgo alto), se encuentra vinculado con el enfoque responsivo y si este resulta efectivo para lograr el cumplimiento normativo (enforcement). En ese sentido, se ha realizado un análisis al cambio normativo establecido por Osinergmin, la recepción de esto por parte de los agentes económicos, su cambio de comportamiento y se propone una estrategia para aplicar propiamente un enfoque responsivo.

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que influyen en la intención de uso de una aplicación móvil para solicitar la Clasificación Socioeconómica (CSE) por parte de los ciudadanos peruanos antes de ejecutar su implementación. La CSE es un requisito exigido para acceder a algunos programas sociales y subsidios del Estado Peruano1 . La aplicación móvil para solicitar la CSE formaría parte del marco del gobierno electrónico del Perú, que, si bien no está muy desarrollado en el Perú, tiene un conjunto de aplicaciones para realizar trámites en entidades del Estado Peruano (SUNAT, Pagalo.pe, RENIEC, etc.). Para la investigación se definió una extensión del Modelo de aceptación tecnológica (TAM) (Davis, 1989), añadiendo 3 factores: (a) movilidad percibida, (b) tiempo y (c) conocimiento tecnológico; su enfoque es cuantitativo, su diseño no experimental, del tipo transversal, y de alcance correlacional y explicativo. Para las pruebas de aceptación se usó un video como medio para presentar el prototipo de la aplicación móvil a los participantes de la investigación, y una encuesta como instrumento de medición. Para el análisis e interpretación de los datos se usó el enfoque de mínimos cuadrados parciales (PLS) del modelo de ecuaciones estructurales (SEM). El tamaño de la muestra fue de 395 encuestados, peruanos mayores de edad que cuentan con al menos un teléfono móvil con acceso a internet. Los resultados de la investigación concluyeron que el factor conocimiento tecnológico fue el que tiene más influencia en la intención de uso de la aplicación móvil y que el factor movilidad percibida fue rechazado a pesar de tratarse de una aplicación móvil. La presente investigación contribuye a conocer los factores que influyen en la intención de uso de aplicaciones móviles para el Gobierno electrónico en el Perú por parte de los ciudadanos y de esta manera, contribuir a incrementar los servicios electrónicos de instituciones gubernamentales que se brindan a través de este medio en el Perú. / This research aims to analyse the factors that influence the intention to use a mobile application to request the Socioeconomic Classification (CSE, from the Spanish term Clasificación Socioeconómica) by Peruvian citizens before executing a rollout. The CSE is a requirement to access some social aid programs and subsidies from the Peruvian Government. The mobile application to request the CSE would be part of the e-Government of Peru’s framework, which, despite been not well developed in Peru, has a set of applications to carry out procedures in entities of the Peruvian State (SUNAT, pagalo.pe, RENIEC, etc.). For this research, an extension of the Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) has been defined by adding three factors: (a) perceived mobility, (b) time, and (c) technological knowledge; its approach is quantitative, its design is non-experimental, its type is cross-sectional, and its scope is correlational and explanatory. For the acceptance tests, a video was used to present the mobile app prototype to the research participants, and a survey as a measurement instrument. For data analysis and interpretation, the Partial Least Squares (PLS) method was used to approach of the structural equation model (SEM). The sample size was 395 Peruvian respondents above the legal age, who have at least one mobile phone with internet service. The research results concluded that the technological knowledge factor was the main influencer on the intention to use a mobile application, and the perceived mobility factor was rejected as an influencer even though this research is based on a mobile application. This research contributes to knowing the factors that influence the intention to use mobile applications for e-government in Peru for citizens and thus contribute to increasing the electronic services of government institutions offered through this medium in Peru.

Este estudio de investigación tiene como objetivo analizar la viabilidad de gravar con IGV los servicios de intermediación prestados por empresas no domiciliadas mediante plataformas digitales de taxi a consumidores finales en el territorio peruano. La expansión de la globalización y los avances tecnológicos han impulsado el surgimiento de la economía colaborativa. Este fenómeno plantea desafíos significativos en el ámbito tributario, particularmente en lo relacionado con los servicios ofrecidos por plataformas de taxi. Empresas extranjeras prestas servicios digitales en el Perú, compitiendo con proveedores locales, sin pagar IGV. Estas compañías participan en diversas actividades, ya sea como intermediarios o proveedores directos del servicio. La OCDE y el G-20, en la Acción 1 de BEPS, proponen mecanismos para la recaudación del IVA en los servicios digitales, buscando establecer un marco internacionalmente aceptado para la aplicación del IVA en estas transacciones. Siguiendo esta orientación, varios países de la región y del mundo han o vienen implementado impuestos específicos sobre los servicios digitales. La falta de regulación en este sector afecta los principios tributarios fundamentales de igualdad y neutralidad del IGV. Además, la no imposición de gravámenes a estos servicios representa una pérdida importante de ingresos fiscales, recursos que podrían destinarse a financiar servicios públicos esenciales y programas sociales. Frente a esta problemática y basándonos en un análisis teórico y práctico, se propone la modificación de la Ley del IGV para incluir los servicios de intermediación digital dentro de su ámbito de aplicación. Esta medida busca abordar los vacíos regulatorios existentes y asegurar que estas transacciones sean adecuadamente gravadas, contribuyendo así a mantener la equidad y neutralidad del sistema tributario, además de generar ingresos para el Estado.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar las condiciones que debe verificar el OSIPTEL para la aplicación de medidas correctivas en el marco de un procedimiento administrativo sancionador que haya sido conducido por sus órganos sancionadores. La justificación a esta finalidad se fundamenta en el hecho de que el OSIPTEL, a pesar de tener el deber de valorar la viabilidad de adoptar medidas correctivas para resolver sus procedimientos sancionadores, mantiene una actitud punitiva, pues, sus decisiones han culminado en ese extremo. Por ello, nuestra posición sobre esta situación se sustenta en la afirmación de que el OSIPTEL puede emplear medidas correctivas como mecanismo menos gravoso y que con ello se consolide, del mismo modo, la promoción de una cultura de cumplimiento entre las empresas operadores del sector de las telecomunicaciones. Para alcanzar este propósito, la investigación se estructura en función a tres capítulos, siendo el tercero el que evidencie los resultados del análisis de las estadísticas sobre la práctica regulatoria del OSIPTEL en el ejercicio de su potestad sancionadora y el resultado que esta práctica ha tenido en término de impacto favorable en el cumplimiento de la norma.