Hace algunos años el mercado peruano se viene adaptando a prácticas corporativas internacionales. Esto ha generado una necesidad de adaptación también del derecho corporativo peruano, lo que, lamentablemente, no se ha dado con la celeridad merecida. Prueba de ello es la existencia de normas que traban operaciones que en otras partes del mundo ya no se entienden -o nunca se entendieron- perniciosas. Una de estas normas, que precisamente da lugar a este trabajo, es el artículo 106 de la LGS, que regula la llamada asistencia financiera prohibida, fenómeno que históricamente ha restringido de manera poco razonable la operación de toma de control de empresas predilecta de los private equity, el leveraged buyout. Este trabajo de investigación tiene dos objetivos: determinar si una prohibición como la contenida en el artículo 106 de la LGS tiene justificación en nuestros días y determinar cómo es que la norma debe ser interpretada. Sobre lo primero, estamos convencidos de que no existe ninguna justificación su existencia, pues atiende a finalidades que no son necesarias o si atiende necesidades necesarias, lo hace de manera poco razonable. Sobre lo segundo, creemos que lamentablemente la norma, tal y como existe en nuestra regulación, restringe bastantes más estructuras de adquisición de acciones que las que un amplio sector de la doctrina y de los operadores jurídicos quisieran reconocer.

La Ley General de Sociedades vigente en el Perú (en adelante, la LGS) permite en forma expresa aumentar el capital social de una compañía con cargo a la cuenta excedente de revaluación. La norma es bastante clara y precisa y, en principio, parece no admitir argumento en contrario. Sin embargo, las normas internacionales de contabilidad (IFRS por sus siglas en inglés) vigentes y de aplicación obligatoria en nuestro país desde el 7 de enero de 2012, impiden capitalizar el referido excedente de revaluación hasta que se haya realizado1, sea a través de la depreciación del activo revaluado o mediante su venta. Como se aprecia, existe un aparente punto de desencuentro entre la norma societaria y las normas contables, que no permite tener claridad respecto de la viabilidad de aumentar el capital social de una compañía con cargo a la cuenta excedente de revaluación. Hasta la fecha, dicho conflicto no ha sido resuelto, lo que afecta seriamente la seguridad jurídica que el ordenamiento peruano debe garantizar. Atendiendo a que el conflicto es reciente (se ha generado a partir de la entrada en vigencia de las IFRS), existe escasa doctrina sobre el tema. Tampoco existe jurisprudencia al respecto. Si bien algunos abogados especialistas en la materia han dado su opinión sobre el tema en diversos artículos publicados en revistas y diarios de circulación nacional, y algunos estudios de abogados han elaborado informes legales sobre el particular, no existe consenso sobre el tema y, en ese sentido, las opiniones vertidas han sido casi siempre discrepantes entre sí. En definitiva, nadie ha podido dar una respuesta categórica y bien fundamentada hasta el momento (tan sólo opiniones o aproximaciones generales al tema, o simples planteamientos de un eventual conflicto). Por su parte, los notarios tienen posiciones discrepantes sobre el tema y los registradores públicos, facultados por ley para calificar la legalidad de los actos, han resuelto a favor de la capitalización del excedente de revaluación en algunos casos, y en contra en algunos otros.

La presente investigación está relacionada con la teoría del levantamiento del velo societario en grupos empresariales en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, garantizándose el efectivo cumplimiento del pago de los beneficios sociales del trabajador que labora para un grupo empresarial y además podrá servir para incentivar a los empresarios a cumplir con sus obligaciones laborales para evitar perjuicios a nivel económico- empresarial. Uno de los objetivos del presente estudio es demostrar que la aplicación de la teoría del levantamiento del velo societario resulta eficiente para los intereses del trabajador de un grupo empresarial así como resulta necesario que los empleadores promuevan mecanismos de prevención de riesgos, para evitar estas situaciones. Se puede decir que la teoría del levantamiento del velo societario es el mecanismo para prescindir de la personalidad jurídica o de la forma externa de una sociedad, para ingresar en el interior de un grupo empresarial y tener la capacidad de poder identificar a cada uno de los accionistas y consecuentemente conocer su patrimonio personal con el que se harán responsables en caso de que exista incumplimiento en el pago de beneficios sociales será aplicada es caso de abuso de derecho, fraude a la ley, es decir de manera excepcional siempre que exista las condiciones antes mencionadas. El juez laboral a través de sus facultades de independencia será quien aplique la teoría en un caso particular de cobro de beneficios sociales en un grupo empresarial debidamente fundamentado. Con todo lo expuesto se llegó a la conclusión de que sí puede aplicarse la Teoría del Levantamiento del Velo Societario, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que le permitan al juzgador ejercer su labor de impartir justicia, siendo necesario invocarla en un proceso laboral, de igual forma será importante que exista una pretensión concreta, en el presente caso, incumplimiento de beneficios sociales, en un determinado grupo empresarial así se delimita la aplicación de manera específica. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación desarrolla la hipótesis de la conveniencia de la regulación permisiva de la sociedad unipersonal en el Perú, argumentando su utilidad para aquellas personas individuales que no quieren ni tienen la necesidad de asociarse con otra persona (natural o jurídica) a fin de gozar de la organización corporativa y financiera que ostenta la sociedad comercial; asimismo, su importancia en la solución del supuesto de disolución como consecuencia de la perdida de pluralidad de socios (caso de sociedad unipersonal sobrevenida) contemplada en nuestra vigente Ley General de Sociedades. La regulación de la sociedad unipersonal no presenta obstáculos, más aun cuando la exigencia de la pluralidad de socios admite excepciones, a entender: no se exige pluralidad cuando el único socio es el Estado, en el caso de sociedades con propósitos especiales o en el caso de subsidiarias de las empresas de los sistemas financiero y de seguros. Asimismo, nuestra actual normatividad permite la figura de sociedad unipersonal sobrevenida de forma temporal. Si bien la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - E.I.R.L. es una opción a adoptar por parte del empresario individual, a la fecha ha perdido protagonismo ya que se encuentra desfasada en su regulación, lo que ha originado mayor presencia de las denominadas "sociedades de favor", aquellas que formalmente cumplen con la pluralidad de socios, sin embargo, en la realidad, el affectio societatis le corresponde a un solo socio. En ese sentido, y respondiendo a las necesidades actuales del socio individual, es que esta investigación ha concluido que es conveniente regular permisivamente a la sociedad unipersonal, entendida como aquella que ha sido constituida por un solo socio, ya sea persona natural o jurídica, o que aun siendo constituida por una pluralidad de socios, ha perdido tal condición, quedando la totalidad de las acciones en manos de un socio único. / Trabajo de investigación

La determinación de la naturaleza jurídica de las Cajas Municipales en la actualidad es un problema que está acarreando un manejo deficiente de las Cajas Municipales, lo cual está generando una inestabilidad dentro de su administración puesto que al no estar reconocido su ámbito jurídico la encontramos envuelta en una serie de confusiones, pues bien el inicio de su falta de determinación se debe a la contraposición de normas, leyes y reglamentos que se dan en nuestra legislación, debido que al existir dicho cuestionamiento por su ámbito acarrea en la actualidad aspectos negativos que afectan el normal funcionamiento de una Caja Municipal, es por ello que nuestro objetivo principal es la determinación de su naturaleza jurídica y que ésta sea considerada una empresa de derecho privado, amparándonos para ello en la influencia que recibimos desde su creación por parte de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, la cual consideraba a la Caja Municipal como empresa privada, derivando de ello la reducción de la injerencia de los Concejos Municipales dentro de su administración, pues al ser reorganizada y transformada en sociedad anónima adquiere tal condición, asimismo porque el Estado se encuentra según nuestra Constitución Política prohibido de realizar actividad financiera, es por ello que gracias a estas consideraciones proponemos que se realice un reconocimiento expreso de las Cajas Municipales, es decir la determinación de su naturaleza jurídica considerándola una empresa de derecho privado, por ende como objetivo pretendemos la persecución del cumplimiento de la finalidad de dichas entidades que ha sido olvidada para seguir brindando subsidio a las personas que no cuentan con acceso al Sistema Financiero, así como brindar el apoyo social a la sociedad para su bienestar y mejora. / Trabajo de investigación

En una empresa familiar no bastaría el Protocolo Familiar para lograr un acuerdo consensuado que permitan a sus miembros definir las políticas familiares frente al negocio de la familia y con ello fomentar su desarrollo y continuidad. Consideramos necesario que caso por caso se evalúe la necesidad de acompañar a dicho Protocolo con otros instrumentos que permitan la “oponibilidad” de dichos acuerdos a accionistas, a terceros y a la misma sociedad utilizando en algunos casos la implementación de herramientas reguladas por la normas societarias vigentes que le den eficacia jurídica. Consideramos que de no realizar la implementación, algunos de los acuerdos arribados por la familia empresaria (sobre todo los que tienen relevancia societaria), podrán ser meros pactos de caballeros o acuerdos morales, sin la eficacia jurídica esperada por la familia empresaria, por más que el Protocolo Familiar haya tomado mucho tiempo en gestarse o se haya logrado acuerdos por unanimidad. En esa preocupación, constatamos que las cláusulas comunes relacionadas a propiedad, poder y trabajo, que señalan los protocolos familiares, pueden ser analizadas desde el enfoque societario y muchas herramientas que las empresas familiares pueden usar para su desarrollo se encuentran reguladas por nuestra ley. En el caso de las cláusulas relacionadas a la propiedad, definitivamente abarcarían acuerdos para la entrada y salida de accionistas, con el objetivo de mantener en la empresa el rasgo familiar y/o garantizar que los porcentajes de acciones que corresponden a cada rama familiar, se mantengan en las cuotas acordadas. También dentro del tema de propiedad, se considera en el Protocolo políticas de salida de accionistas, para ello, será importante detenernos en los mecanismos que la Ley General de Sociedades establece para la salida de los mismos tales como el derecho de separación y la exclusión de accionistas. Con respecto a los acuerdos relacionados al poder a favor de la familia empresaria que den respuesta al peligro de perder el control a manos de la familia empresaria o mantener el porcentaje de cada rama familiar, consideramos importante la incorporación en la estructura de estas empresas de acciones sin derecho a voto y tomar en cuenta algunas particularidades que se presentan ante decisiones tan importantes como la modificación de capital social y reorganización de sociedades. Finalmente, respecto a las cláusulas relacionadas al poder y relaciones de trabajo en la empresa familiar, analizaremos los mecanismos que garanticen que se ejecuten en el seno de la sociedad, los acuerdos del Protocolo Familiar relacionados a requisitos para promoción de miembros de familia en cargos de dirección y gestión de la empresa siendo de gran importancia para ello el análisis de los acuerdos o convenios entre socios familiares así como analizaremos las particularidades de los órganos de gobierno de la empresa familiar.

La presente investigación tiene como objetivo identificar las buenas prácticas de valorización dentro del proceso de fusiones y adquisiciones de tres empresas representativas del sector industrial peruano y que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Estas compañías referentes son Arca Continental, Backus - AB InBev y Grupo Gloria. Se inicia el trabajo describiendo las propuestas y objetivos específicos que se esperan lograr en la investigación, además de mencionar las limitaciones como las políticas de confidencialidad corporativa o empresarial y la delimitación temporal correspondiente al período de análisis entre los años 2013 al 2018. Para complementar se valida la literatura relevante sobre buenas prácticas empresariales y sistemas de valorización que son utilizados frecuentemente por las corporaciones en sus procesos de fusiones y adquisiciones. Al realizar las valorizaciones de las empresas analizadas bajo la metodología de Flujos de Caja descontado con los criterios inherentes a la naturaleza de la actividad y operaciones de cada empresa, obtenidos en las entrevistas con los funcionarios de cada una de ellas, se encontró que en los tres casos el valor fundamental de sus acciones listadas supera ampliamente a sus cotizaciones vigentes en la BVL, por lo que se puede indicar que las compañías se encontrarían subvaluadas en el mercado local para para fines del año 2018. Dentro de las conclusiones más relevantes, tenemos la que indica que el éxito en las negociaciones de fusiones y adquisiciones que han desarrollado las tres empresas estudiadas se debe fundamentalmente a las buenas prácticas de valorización que aplican como parte de una gestión financiera sostenible. / The objective of this research is to identify good valuation practices within the mergers and acquisitions process of three companies representing the Peruvian industrial sector and which list their shares on the Lima Stock Exchange. These reference companies are Arca Continental, Backus - AB InBev and Grupo Gloria. The work begins by describing the proposals and specific objectives that are expected to be achieved in the research, in addition to mentioning the limitations such as corporate or business confidentiality policies and the temporal delimitation corresponding to the period of analysis between the years 2013 to 2018. To complement validates the relevant literature on good business practices and valuation systems that are frequently used by corporations in their mergers and acquisitions processes When carrying out the valuations of the companies analyzed under the discounted Cash Flow methodology with the criteria inherent to the nature of the activity and operations of each company, obtained in the interviews with the officials of each of them, it was found that in the In three cases, the fundamental value of their listed shares widely exceeds their current prices on the BVL, so it can be indicated that the companies would be undervalued in the local market by the end of 2018. Among the most relevant conclusions, we have the one that indicates that the success in the M&A negotiations carried out by the three companies studied is fundamentally due to the good valuation practices that they apply as part of sustainable financial management. The answers provided showed that companies use financial valuation tools comparable to each other, measuring the value generated by each one of them, the main source of success being the Market Share Ranking, the sales ranking they lead nationwide, and the strategies they use to list on the Lima stock exchange. Finally, it was identified that the valuation practices of the three companies are a determining factor to achieve success in mergers and acquisitions at a highly competitive level, interviews were conducted with representatives of companies such as Arca Continental and Backus - AB InBev and Gloria, analyzing and interpreting the results, to emphasize the answers to the questions generated in the research work.

La hipótesis principal que se formula en la presente tesis es que en realidad el capital social no cumple una función de garantía a favor de los acreedores, sino que dicha función la cumple más el bien el patrimonio neto.

Este trabajo expone los problemas que afronta una S.A.C. sin directorio y una S.R.L. cuando el gerente general cesa o se ve imposibilitado temporalmente para ejercer sus funciones y la junta general no puede instalarse con carácter de universal por la inasistencia de la totalidad de sus integrantes, en ese escenario, los accionistas tienen que recurrir a la vía notarial o judicial para convocar válidamente a una junta general con el objeto de nombrar al nuevo gerente general, sin embargo, estas vías suelen ser muy costosas y demandan mucho tiempo, en ese lapso, la sociedad corre el riesgo de paralizar sus operaciones al encontrarse acéfala por la falta de un representante con facultades suficientes que le permita desarrollar con normalidad su objeto social. Estudiaremos los distintos tipos de representación, expondremos la forma en la que se encuentra regulada en la LGS y en el ALGS la administración y representación en una S.A., S.A.C. sin directorio y una S.R.L., analizaremos legislación comparada sobre la materia, los precedentes de observancia obligatoria y resoluciones del Tribunal Registral, y dos casos prácticos. Finalmente, sustentaremos la necesidad de implementar una estrategia de política legislativa tendiente a lograr la modificación de la LGS y del DS N° 006-2013-JUS, a efectos de permitir que los socios o accionistas otorguen a uno o más apoderados las mismas facultades que al gerente general.

La investigación parte de la observación de diversos conflictos jurídicos que surgen a raíz del normal desenvolvimiento de una empresa (sociedad), premisa por la que nos enfocamos en aquellos relacionados a la manifestación de voluntad societaria emitida por los órganos sociales, toda vez que, éstos, muchas veces no son acertadas y ocasionan perjuicio (económico, patrimonial, entre otros) a los socios, a la sociedad en sí, e incluso a terceros; razón por la que, la Ley Nº 26887, dispone que los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas pueden ser impugnados ante el órgano jurisdiccional, a través de un proceso abreviado, o un proceso sumarísimo, conforme a las estipulaciones del artículo 143° de la referida Ley. En mérito a ello, el Objetivo de la presente investigación es determinar la forma en la que se puede solucionar la existencia de diferentes vías procedimentales en los procesos de impugnación de acuerdos societario; apoyándonos, por ende, en las diversas opiniones de juristas, doctrinarios, en la ley societaria vigente, y otras leyes sustantivas y procesales de aplicación supletoria. Utilizando consecuentemente, el Método universal científico, y, el método general Inductivo y Descriptivo, los cuales permitieron descubrir y desentrañar los elementos que ocasionan la demora procesal innecesaria en los procesos de impugnación señalados. Llegando a observar que, la regulación vigente, relacionado a la existencia de diferentes vías procedimentales (abreviado y sumarísimo), afecta a la tramitación judicial de los procesos de impugnación, pues los convierte en procesos deficientes, latos, y con una demora procesal excesiva; concluyendo por ende, en la posibilidad de que el proceso de impugnación de acuerdo societario debe ser célere, por lo que, debe tramitarse, únicamente, en la vía del proceso sumarísimo, razón por la que se propone la modificación el artículo 143° de la Ley General de Sociedades.