La presente Tesis busca desarrollar la problemática de la unipersonalidad, tomando como referencia el rol de las EIRL en nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido, partiendo del análisis de la realidad respecto a cómo se desenvuelve este fenómeno jurídico en el Perú, detallamos cuáles son sus limitantes y cómo deben plasmarse realmente. En definitiva, esta investigación nace como consecuencia de la necesidad de contar con mecanismos legales que reflejen conceptos consecuentes y congruentes con la realidad; que atiendan a la necesidad jurídica que pretenden regular; y que sean constructos que coadyuven al desarrollo del sistema jurídico como tal. Asimismo, responde a la relevancia que atañe el poder articular correctamente a la unipersonalidad como noción general y a la EIRL como tipo social y como posibilidad para reafirmar conceptos tales como la personalidad jurídica. Ahora bien, es importante tener en consideración que, a través de la presente Tesis logramos proponer una real y factible solución a la problemática existente en nuestro ordenamiento jurídico respecto al modo en el que se regula la unipersonalidad, a través de las EIRL. Para satisfacer dicho objetivo principal, cumplimos, además, con analizar los principales referentes del concepto de unipersonalidad en los diferentes ordenamientos; revisar la historicidad del concepto y su arribo a la definición a través de EIRL; demostrar que tal conceptualización es errada; analizar las posibles formas en las que podría reconceptualizarse la unipersonalidad; determinar el modo en el que debiera reconducirse la definición de las EIRL y proponer la modificación del sustrato normativo de esta figura. Todo esto nos lleva a plantearnos que existe una disociación entre la concepción jurídicoformal de la EIRL y su desarrollo práctico en la realidad que exige la revisión de dicha figura. Para el correcto desarrollo de la presente tesis, empleamos una metodología de la investigación de tipo cualitativo, de corte dogmático, con orientación hacia otras disciplinas (básicamente, la economía). El método de desarrollo es analítico – aplicado. Dicho de otro modo, si bien partimos de la explicación fáctica de la realidad, establecemos cuáles son los conceptos jurídicos y las normas de aplicación que se encuentran en el campo de acción estudiado y efectuamos la comparación respectiva con otros sistemas jurídicos, de modo que se descubra el fenómeno de la “unipersonalidad” y la problemática del mismo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. De lo expuesto, tenemos que el resultado de esta investigación no solo demuestra que, en efecto, existen deficiencias en la regulación, sino que, además, nos permite mostrar soluciones concretas. De modo tal que la problemática de la unipersonalidad enfocada en el rol de las EIRL en nuestro sistema jurídico ha encontrado en esta un buen cauce que soliviante la situación actual.

La presente investigación tiene como propósito solucionar un problema ocasionado por la falta regulación de los grupos de empresas en la Ley General de Sociedades. Este vacío genera inconvenientes desde la perspectiva de diversos agentes, como la misma sociedad, los accionistas, los administradores y terceros. En la presente tesis, nos centramos en buscar una solución al problema de la responsabilidad de los administradores en los grupos de empresas, teniendo como presupuesto que la legislación societaria está pensada para ser aplicada a una sociedad independiente, y no a una sociedad parte de un grupo. La aplicación directa de la Ley General de Sociedades responsabiliza a los administradores de una sociedad por cualquier perjuicio generado a esta, a sus accionistas o terceros, inclusive cuando los administradores se encuentran cumpliendo políticas o lineamientos del grupo de empresas sin tener poder decisión o un margen de actuación respecto del acuerdo, como sí lo debe tener un administrador de una sociedad independiente. Es por ello que buscamos demostrar que debe existir una alternativa al sistema de responsabilidad para el caso de administradores de sociedades que forman parte de un grupo. Para llegar a encontrar una solución, analizamos la doctrina nacional y extranjera relacionada a los deberes de responsabilidad de los administradores, así como a los grupos empresariales. Adicionalmente estudiamos lo dispuesto por legislaciones de países en donde los grupos de empresas han sido materia de regulación. Como resultado de la investigación, se comprobó que existen alternativas de protección a los afectados por este problema, sin que se impongan mayores trabas a la formación de grupos empresariales. Así, proponemos el reconocimiento de los grupos de empresas, del interés grupal y del administrador de hecho como un primer intento de propuesta para una regulación societaria sobre grupos empresariales.

El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código de Registro N° E 2414 y con número 2005-00035238, en virtud del cual la Asociación de Transportistas en Camionetas Rurales José Abelardo Quiñonez Gonzáles presentó una apelación a una tacha sustantiva emitida por el Registrador Público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Zona Registral II, Sede Chiclayo, que impedía la transformación de una asociación a una sociedad anónima. La relevancia del presente caso radica principalmente en analizar la compatibilidad de la naturaleza de la asociación regulada en el Decreto Legislativo N° 295 – Código Civil - con el proceso de transformación (en este caso a sociedad anónima) que se regula en la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades. Ello es especialmente relevante en tanto la normativa del ordenamiento jurídico peruano no se pronuncia respecto de la aplicabilidad de los procesos de transformación a las asociaciones, por lo que, a lo largo de los años, los casos prácticos han llevado al desarrollo de numerosas posturas doctrinarias y jurisprudencia controversial. A efectos de poder analizar las controversias materializadas a raíz del Expediente, se discutirán los siguientes puntos: (i) las distintas naturalezas de las asociaciones y las sociedades (con especial énfasis a las sociedades anónimas); (ii) la regulación de las transformaciones en el ordenamiento jurídico peruano; (iii) la disposición del patrimonio de una asociación en el marco de un proceso de transformación; y, (iv) las lagunas del derecho y sus soluciones prácticas. Ello para defender la hipótesis de que la transformación de una asociación a una sociedad anónima se encuentra amparada por las normas aplicables, así como promover el trabajo hacia una regulación específica que solucione de manera definitiva los problemas jurídicos planteados. La metodología utilizada para cumplir con este objetivo aborda la problemática desde un análisis dogmático, enfocando en la revisión de la normativa aplicable, la jurisprudencia correspondiente y la bibliografía jurídica relevante. Lo anterior desde la aplicación y el análisis de las instituciones del derecho mercantil – especialmente aquellas relacionadas con la naturaleza de las sociedades y la transformación -, así como también del derecho registral y el derecho civil – atendiendo particularmente a la sección de personas jurídicas.

El derecho, como ciencia dinámica, debe ajustarse a la realidad de la sociedad que regula; sin embargo, este es un escenario utópico en el Perú cuyo caótico sistema legal complica la realización de un seguimiento constante de las normas. Esta situación genera que la dinámica social se rija por reglas desfasadas que ya no aportan los beneficios de otra época. Este es el caso del Decreto Ley 21621, Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que teniendo más de 40 años de existencia ya no consigue adaptarse a la realidad socioeconómica siendo restrictiva con la actividad del empresario y limitando su crecimiento económico. A lo largo de este trabajo se pretende abordar el impacto de esta norma en el sistema registral peruano analizando la problemática de la Resolución N°2231-2016- SUNARP-L en torno a la flexibilización del criterio interpretativo del Tribunal Registral. En este sentido, se comenzará presentando los principales hechos y problemas identificados para después realizar un análisis que permita evaluar la naturaleza de la EIRL en contraposición a la Sociedad Unipersonal con la intención de confirmar la actual ineficacia del Decreto Ley 21621, la innegable extensión de la figura por parte del Tribunal Registral y la necesidad de una modificación o sustitución de este instrumento legal. / Law, as a dynamic science, must adjust to the reality of the society it regulates; however, this is a utopian scenario in Peru whose chaotic legal system complicates constant monitoring of regulations. This situation causes social dynamics to be governed by outdated rules that no longer provide the benefits of another era. This is the case of Decree Law 21621, Law of the Individual Limited Liability Company, which, having been in existence for more than 40 years, no longer manages to adapt to the socioeconomic reality, being restrictive with the activity of the entrepreneur and limiting its economic growth. Throughout this work, it is intended to address the impact of this rule on the Peruvian registry system by analyzing the problem of Resolution No. 2231-2016-SUNARP-L regarding the relaxation of the interpretative criterion of the Registry Court. In this sense, it will begin by presenting the main facts and problems identified and then carry out an analysis that allows evaluating the nature of the EIRL as opposed to the One Man Company with the intention of confirming the current ineffectiveness of Decree Law 21621, the undeniable extension of the appears by the Registry Court and the need for a modification or substitution of this legal instrument.

La presente investigación tiene como objetivo analizar la Resolución No. 1928-2011-SUNARP-TR-L, en la cual el Tribunal Registral resolvió inscribir la extinción de una sucursal de sociedad constituida en el extranjero sin cumplir previamente con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades, bajo el argumento que la sociedad extranjera que la constituyo ya se encontraba extinguida. El Tribunal Registral indicó que el supuesto de hecho planteado en el caso que fue materia de la resolución no se encontraba regulado y por tanto, en aplicación de los principios generales del derecho, resultaba admisible la solicitud de inscripción de extinción de la sucursal ya que era imposible que se puedan cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedad. Al respecto, consideramos que el análisis que realizamos en el presente informe es de importante relevancia jurídica dado que abarca distintos aspectos del derecho tales como la teoría general del derecho, el derecho registral y derecho mercantil. A partir del análisis antes indicado concluimos que el Tribunal Registral equivocadamente ha resuelto confundiendo conceptos jurídicos y a su vez excediendo los límites que son impuestos para la calificación registral a partir de los principios registrales y las normas correspondientes.

El Protocolo Familiar como instrumento de planificación de la sucesión del negocio es un tema que no ha tenido una debida atención en nuestro país, a pesar de las ventajas que traería su implementación para las sociedades familiares peruanas, que representan un grupo mayoritario frente a organizaciones no familiares y que tienen un problema con la planificación de la sucesión, pues no logran pasar su proyecto empresarial a las nuevas generaciones. Al contexto descrito, debemos sumar que solo un número reducido de sociedades familiares lo ha implementado, porque hay un desconocimiento generalizado de la existencia y alcances de este documento. Las sociedades que sí lo han implementado lo utilizan como un contrato que recoge valores familiares y recomendaciones, que a veces suelen ser incompatibles con el ordenamiento jurídico, cuyos efectos jurídicos solo se despliegan en la esfera privada de sus otorgantes, careciendo de eficacia jurídica y oponibilidad frente a la sociedad y terceros. Ante la problemática actual del Protocolo Familiar, decidimos abordar la presente investigación para poder determinar cuál es una forma eficaz de dotar de efectos vinculantes y obligacionales a su contenido. La conclusión a la que hemos llegado es que se debe regular el Protocolo Familiar en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, como instrumento jurídico de planificación de la sucesión generacional en el negocio, que debería implementar la familia empresaria que tenga participación mayoritaria en el capital social una persona jurídica societaria, el mismo que debe interesarle mantener, autorizándose por ley, la reserva de derechos de adquisición preferente a favor de quienes lo otorgan, para preservar en manos de ese grupo familiar, la titularidad de las acciones o participaciones sociales por generaciones. Asimismo, a efectos de dar oponibilidad al Protocolo Familiar frente a la sociedad y terceros, proponemos incluirlo en el Reglamento del Registro de Sociedades como acto societario inscribible. Así, su reconocimiento legal garantizará no solo su difusión, sino también su eficacia jurídica y oponibilidad frente a los titulares del capital social, sean o no familiares, la sociedad y terceros. / Trabajo de investigación

La presente investigación trata un tema muy controvertido en el Derecho Societario y en nuestra realidad, el cual es la regularización de las sociedades irregulares sobrevenidas que incurren en causal de disolución de pleno derecho. Es un tema controversial porque existe un conflicto entre la postura doctrinaria y lo establecido por el Tribunal Registral en el primer Acuerdo Plenario del “L” Pleno, además de ser un tema de gran importancia que ha sido dejado de lado por gran parte de la doctrina por varios años. Cabe señalar que, existía un pronunciamiento por parte del Tribunal Registral distinto a la postura de la doctrina, el objetivo de la presente investigación es analizar cada postura, para determinar cuál es más acorde con nuestra realidad en el mundo empresarial o cuál es más beneficioso para las sociedades y finalizar con una postura. Dado que tienen posturas contrarias, una de ellas beneficia a las sociedades irregulares y la otra la perjudica, el supuesto teórico es que una de ellas no está desarrollando su postura conforme a derecho o una de ellas no está tomando en cuenta otras variables que rodean el desarrollo de la actividad empresarial, como son los puestos laborales y los terceros contratantes. Debemos tomar en cuenta que, la regularización de las sociedades irregulares sobrevenidas por causal de disolución de pleno derecho, debe ser conforme a derecho y el acuerdo plenario en cuestión que permite su regularización, también debe serlo, ya que no solo se encuentra en juego la extinción o continuidad de una sociedad, sino también está en juego los puestos laborales, los terceros que contrataron con la sociedad, los consumidores y el sector económico que puede verse afectado con la salida de esta sociedad irregular sobrevenidas por causal de disolución de pleno derecho.

Uno de los principales problemas en los procedimientos de reconocimientos de créditos en sede concursal es la existencia de abuso de la persona jurídica o fraude por parte de las empresas vinculadas, simulando la existencia de obligaciones con la finalidad de obtener el reconocimiento de derechos políticos y económicos en la Junta de Acreedores. La justificación de la investigación obedece a demostrar que una autoridad administrativa, al evidenciar una situación de fraude, aunque no disponga de funciones jurisdiccionales, puede realizar el levantamiento del velo societario a las empresas participantes del concurso con la finalidad de verificar la realidad de los hechos y cautelar que los acreedores se encuentren debidamente representados, a fin que puedan adoptar decisiones objetivas sobre el destino de la empresa. El método utilizado es descriptivo y se ha tomado como referencia la experiencia internacional. La conclusión principal es que la Comisión del INDECOPI como autoridad administrativa del concurso, en virtud a lo establecido en el Decreto Legislativo 807, dispone de amplias facultades para investigar por todos los medios, la titularidad, cuantía y legitimidad de los créditos que son invocados en el procedimiento, lo cual contempla la posibilidad de realizar el levantamiento del velo societario, de manera excepcional, en la eventualidad que se verifique la existencia de fraude

Los convenios societarios son instrumentos contractuales ampliamente utilizados en el mercado empresarial peruano. No obstante, a pesar de su extendido uso, la doctrina nacional no ha abordado de forma minuciosa distintos aspectos relevantes relacionados a dichos acuerdos. El presente trabajo busca abordar una de las principales problemáticas vinculadas a estos convenios bajo la ley peruana: su exigibilidad y ejecutabilidad en caso de presentarse incumplimientos. Para ello se analiza la aplicación de los distintos remedios civiles y societarios dispuestos en la normativa peruana. Ahora bien, a efectos de hacer el objeto de estudio lo más concreto posible, esta tesis delimita su análisis a los convenios societarios de voto en las sociedades anónimas no cotizadas. Partiendo de dicha delimitación general del objeto de estudio de la tesis, el primer capítulo analiza los convenios societarios como una manifestación de la autorregulación en el derecho de sociedades. En ese sentido, se estudian los convenios societarios como “ordenamientos privados” en el ámbito societario, así como la manera en la que estos convenios pueden ser parte de dichos cuerpos autorregulatorios. Luego, el segundo capítulo de la tesis profundiza respecto de una especie particular de convenios societarios: los convenios de voto. En adición a ello, dicho capítulo se enfoca, principalmente, en la insuficiencia de los distintos remedios civiles y societarios que brinda el ordenamiento para proteger a las partes afectadas en caso de incumplimiento de este tipo de convenios en particular. Finalmente, el tercer capítulo aborda el estudio de los mecanismos privados que los particulares pueden adoptar para mejorar el cumplimiento y ejecutabilidad de los convenios de voto. En dicho apartado se analiza nuevamente el papel de la autorregulación de intereses a través de la contratación de los convenios societarios, así como la forma en la que, mediante una adecuada reglamentación de las obligaciones que se derivan de estos y de la incorporación de mecanismos contractuales adicionales, se puede disminuir en gran medida la desprotección causada por la insuficiencia de los remedios legales.

El informe jurídico realizado versa sobre nulidad de acuerdo de Junta General de Accionista que interpone TALINGO y otros en contra de SIMSA. Su cuestión principal es la indebida convocatoria e indebida toma de acuerdo de la Junta General de SIMSA al decidir recomponer el directorio. Sobre la controversia, en realidad lo que correspondía era la conformación de un nuevo directorio; ya que, se había gatillado el supuesto de vacancia múltiple, el cual ocasionó la inhabilidad del directorio; es por ello que, en el informe jurídico se reconfirmó que, al gatillarse el supuesto de vacancia múltiple, el directorio dejó de tener tal estatus de órgano al carecer de miembros suficientes para poder sesionar válidamente. Asimismo, en el caso materia de análisis, también se cuestionó las labores del Notario encargado del procedimiento de convocatoria a junta, sobre ello se confirmó también que el Notario no actuó de manera diligente en base a las funciones que tenía a cargo, sino, todo lo contrario, actuó desconociendo las obligaciones que se le había impuesto al ser el encargo de realizar el procedimiento no contencioso de convocatoria a Junta. Además, en el análisis también se resuelve la interrogante sobre si el acuerdo tomado por la junta de SIMSA deviene en nulo o impugnable. Finalmente, en el caso materia de análisis se cuestionan aspectos procesales, las cuales también son aclaradas y despejadas de toda duda en el Informe.