La presente investigación tiene como objetivo identificar las vulneraciones a los derechos fundamentales de la Comunidad Nativa Tres Islas a través de los actos administrativos que fueron expedidos por el Gobierno Regional de Madre de Dios y a Autoridad Nacional del Agua, afectando el territorio, dañando la autonomía comunal, medio ambiente sano de sus integrantes, entre otros. Se enunciará cuáles fueron los fundamentos de la primera y segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios para resolver la demanda de amparo interpuesta, en virtud de la interpretación de unidad de la Constitución y el principio in dubio pro homine. Del mismo modo, se buscará comprobar la viabilidad de un proceso de amparo como la vía pertinente constitucional interpuesta para la protección de los derechos debido a un latente peligro de irreparabilidad. Ello, ante un análisis dificultoso debido a la omisión normativa del derecho a la consulta previa existente por responsabilidad estatal excluyente, al no elaborar una regulación interna oportuna para la implementación de procedimientos adecuados, viéndose perjudicados, a su vez, los derechos de los miembros de esta. Finalmente, como conclusión principal obtenida se visualiza las consecuencias de las competencias conferidas en materia de minería al Gobierno Regional de Madre de Dios al no haber sido adecuados, así como se identifica y sostiene la preponderancia del autogobierno comunal frente a los derechos de los mineros en virtud de la libertad de empresa del caso en concreto. / The objective of this research is to identify the violations of the fundamental rights of the Comunidad Nativa Tres Islas through the administrative acts that were issued by the Gobierno Regional de Madre de Dios and the Autoridad Nacional del Agua affecting its territory, damaging its community autonomy, healthy environment of its members, among others. It will state what were the grounds of the first and second instance of the Corte Superior de Justicia de Madre de Dios to resolve the petition for amparo filed, by virtue of the interpretation of the unity of the Constitution and the principle in dubio pro homine. Likewise, it will seek to verify the viability of an amparo process as the ideal constitutional path interposed for the protection of rights due to the danger of irreparability. This ocurred, facing a difficult analysis due to the existing normative omission of the right of prior consultation due to an exclusive responsibility of the State, by failing to draw up a timely internal regulation for the implementation of adequate procedures, which led to harm the rights of the native community members. Finally, as the main conclusion obtained, the consequences of the competences conferred on mining matters to the Gobierno Regional de Madre de Dios are visualized as they were not adequate, as well as the preponderance of communal self-government over the rights of miners in virtue of the freedom of enterprise of the specific case.

La presente investigación tiene el propósito de fundamentar que la incorporación de la categoría “género” en el razonamiento de los tribunales de justicia como método de análisis de los derechos de las mujeres en casos de feminicidio, es un imperativo jurídico derivado del principio de igualdad y no discriminación, es además una necesidad en la justicia penal para responder adecuadamente a la violencia contra la mujer. En ese sentido, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis del feminicidio es una propuesta de método que impacta en la garantía de imparcialidad como la propuesta liberadora de estereotipos, útil para identificar asimetrías de poder entre victimario y víctima en un delito que es expresión de la violencia estructural contra la mujer. El objetivo es concretizar el deber de no discriminar, no estereotipar, para efectos de garantizar la imparcialidad en sentido contemporáneo en el interior del proceso penal, por ende, contribuir a desterrar la concepción errónea de inferioridad de las mujeres.

Como bien es sabido, la población LGBTIQ+ ha sido histórica y estructuralmente discriminada en nuestro país. Por tal motivo, la presente investigación surgió como respuesta a las recientes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú (casos Óscar Ugarteche, Andree Martinot y Susel Paredes) y la falta de deliberación parlamentaria sobre dicha materia. Razón por la cual, se tiene como objetivo respaldar la teoría de que el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para realizar un control fuerte de constitucionalidad —mas aún si se encuentra frente a una población en especial situación de vulnerabilidad—, el cual permita el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú. De ahí que, a través del presente trabajo académico, se propone realizar un análisis de las diferentes estrategias jurídicas empleadas por las Cortes Constitucionales del derecho comparado (Estados Unidos, Colombia y Ecuador), respecto del reconocimiento del matrimonio igualitario. Así como, un estudio que contraste las sentencias emitidas por el Poder Judicial —en primera instancia— y el Tribunal Constitucional, correspondiente a la referida materia. Finalmente, se expondrán cada uno de los argumentos por los cuales, la autora considera que no resulta aplicabla la tesis waldroniana —contraria al control judicial o judicial review— en el caso peruano. / As is well known, the LGBTIQ+ population has been historically and structurally discriminated against in our country. For this reason, this investigation arose in response to the recent rulings issued by the Constitutional Court on the recognition of equal marriage in Peru (Óscar Ugarteche, Andree Martinot and Susel Paredes cases) and the lack of parliamentary deliberation on said matter. For this reason, the objective is to support the theory that the Constitutional Court is empowered to carry out a strong control of constitutionality —even more so if it is faced with a population in a particularly vulnerable situation— which allows the recognition of the equal marriage in Peru. Hence, through this academic work, it is proposed to carry out an analysis of the different legal strategies used by the Constitutional Courts of comparative law (United States, Colombia and Ecuador), regarding the recognition of equal marriage. As well as, a study that contrasts the sentences issued by the Judiciary —in the first instance— and the Constitutional Court, corresponding to the aforementioned matter. Finally, each of the arguments will be presented for which the author considers that the Waldronian thesis —contrary to judicial review— is not applicable in the Peruvian case. / Trabajo académico

El presente trabajo académico tiene la finalidad de analizar algunos de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto del “internamiento involuntario” de personas con discapacidad mental; tomando como base principal la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y la normativa peruana vigente. Como bien sabemos, la discriminación hacia este grupo vulnerable ha sido y es una realidad inherente a las sociedades de todo el mundo; y presente históricamente en diversos ámbitos de la vida de quien la padece. Es mucho mayor, cuando hablamos de aquellos a los que se les ha diagnosticado una enfermedad mental, pues sufren una mayor marginación basada en estigmas y prejuicios que se tienen respecto de estas; como lo son el que representan un “peligro para terceros”. Así, la restricción de su libertad queda amparada con el propósito de garantizar la no afectación de los derechos de los demás, olvidando que esas restricciones han dado paso a una serie de abusos para con ellos y dejando de lado la protección de sus derechos humanos. Asimismo, se ha podido advertir en las sentencias del Tribunal Constitucional la lógica de asumir que las personas con discapacidad mental no están en la capacidad de poder tomar decisiones ni siquiera respecto de un derecho tan esencial como lo es el derecho a la salud; pues son “internadas” sin su consentimiento y peor aún sin que si quiera se les realice la consulta respectiva lo que niega su autonomía a poder determinarse. Y que inicia en la familia, pues son estos los que se atribuyen el decidir por ellos amparándose en sesgos, que como veremos también forman parte de la lógica que trasciende a nuestros operadores de justicia; y que mellan en derechos que les asisten como lo son la libertad, salud, integridad y dignidad humana. / The purpose of this academic paper is to analyze some of the latest judicial rulings issued by the Peruvian Constitutional Court regarding the “involuntary commitment” of people with mental disabilities, taking as its main basis the “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” and current Peruvian regulations. As we well know, discrimination against this vulnerable group has been and is an inherent reality in societies around the world and historically present in various aspects of the life of those who suffer from it. It is much bigger when we talk about those who have been diagnosed with a mental illness, because they suffer marginalization based on stigmas and prejudices that exist around them, as they represent danger for others. Thus, the restriction of freedom of people with mental disabilities is allow with the purpose of guarantee that the rights of others don’t be affected. But, forgetting that these kinds of restriction unleash many types of abuses toward them unguarded and leaving aside the protection of their human rights. Also, it has been possible to notice in the rulings of the Peruvian Constitutional Court the logic that assume that people with mental disabilities have not the capacity to take their own decisions, even if it is related to an essential right like health. And that begins in the family because these are the ones who attribute the power of take decisions instead of them and this happen by the biases that exist there and in our justice operators and that affect their rights such as freedom, health, integrity, and human dignity. / Trabajo académico

La procedencia de la acción de garantía constitucional, hoy calificada de proceso constitucional de hábeas corpus, constituye un tema clave del Derecho contemporáneo. Sin embargo, el hábeas corpus durante la fase de la investigación preliminar del proceso penal peruano es uno de los problemas más acuciantes en la práctica constitucional penal de nuestros días. La procedencia o improcedencia del hábeas corpus contra actos de investigación preliminar es una cuestión no sólo importante para los derechos subjetivos de las personas sino también para el propio sistema jurídico. Esto por cuanto que, al afirmar derechos objetivos y valores, se apuesta por la consolidación del Estado Constitucional de Derecho. Actualmente asistimos a la vigencia de dos sistemas procesales penales. El nuevo sistema procesal penal, de corte acusatorio, se sustenta en la clara diferenciación de los roles de las partes y del juzgador. El Fiscal acusará, la defensa rechazará dicha acusación, y el Juez actuará en calidad de tercero o árbitro del conflicto penal. El antiguo sistema procesal penal, sobre la base del Código de Procedimientos Penales de 1940 –de clara inspiración inquisitiva–, y normas modificatorias de corte acusatorio, han generado un sistema procesal penal mixto. La etapa de la investigación preliminar en este sistema mixto está a cargo del Fiscal, según el diseño constitucional de la Carta Política de 1993. El Juez carece de control jurisdiccional de los actos de investigación directos, mas interviene cuando se trata de actos de investigación indirectos, a petición del fiscal. En buena cuenta, en la investigación preliminar del antiguo sistema procesal penal, no se configura control jurisdiccional de todos los actos de investigación preliminar, sino de actuaciones en estricto excepcionales.

Con la presente Tesis se han identificado diversas críticas a la labor del Tribunal Constitucional, las cuales lo califican como un ente jurisdiccional esencialmente formalista al momento de resolver los procesos de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales y locales que fueron expedidas para proteger el derecho al medio ambiente, toda vez que antes de apelar al principio de protección a los derechos humanos se sirve del principio de competencia para declarar la invalidez de las mismas. Frente a ello, la presente Tesis identifica el problema implícito en lo señalado, bajo la siguiente pregunta:¿Debe el Tribunal Constitucional tutelar el derecho al medio ambiente declarando la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscan proteger el mencionado derecho pero que contravienen el principio de competencia? Ante tal pregunta, la hipótesis del presente trabajo es que el Tribunal Constitucional ejerce un rol de tutela del derecho al medio ambiente, al declarar la invalidez de las ordenanzas regionales y/o locales viciadas de incompetencia que buscan proteger el mencionado derecho cuando –adicionalmente- exhorta a las entidades competentes para actuar a favor del mismo. Para demostrar la referida hipótesis, bajo una visión jurídica y de las ciencias políticas, con la presente Tesis se desarrolla el correspondiente Objetivo General, el cual consiste en demostrar que el Tribunal Constitucional debe ejercer el rol de garante del derecho al medio ambiente al declarar la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscaban proteger el referido derecho pero que se encontraban viciadas de incompetencia, siempre y cuando exhorte a los entes competentes para que cumplan con su labor de tutela del derecho al medio ambiente en el marco de sus competencias. Para llegar a tal fin general, en el desarrollo del presente trabajo se abordan los siguiente Objetivos Específicos: Específico 1: Demostrar que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen repercusiones en la resolución de conflictos sociales al resolver controversias relacionadas al derecho al medio ambiente. Específico 2: Demostrar que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad iniciados entre los años 2005 al 2016 contra ordenanzas regionales y/o locales expedidas para proteger derechos humanos en general y, en específico, el derecho al medio ambiente, en algunos casos resolvió la controversia únicamente apelando al principio de competencia y en otros apelando también al principio de garantía de los derechos humanos. Específico 3: Demostrar que el hecho que el Tribunal Constitucional haya apelado al principio de competencia al analizar la validez de las ordenanzas regionales y locales que buscan proteger el derecho al medio ambiente tiene tanto una justificación jurídica como también una explicación política. Específico 4: Demostrar que resulta correcto que el Tribunal Constitucional no deje de aplicar el principio de competencia, por más que la norma viciada de incompetencia busque proteger el derecho al medio ambiente. Específico 5: Demostrar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios que permiten hacer compatible el principio de garantía de los derechos humanos con el principio de competencia tanto a nivel argumentativo como a nivel decisorio. Sobre esto último, se busca demostrar que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ordenanza regional o local también podrán proteger el derecho al medio ambiente si es que se exhorta a los entes a cumplir con sus competencias sobre la materia.

El problema que se aborda en este artículo es la viabilidad política y constitucional del uso del referéndum como mecanismo de cambio constitucional en el Perú. Esta es una polémica que se reavivó a raíz de la propuesta del ex presidente Pedro Castillo, la cual consistió en la realización de una reforma constitucional por medio de un referéndum para positivar la figura de la Asamblea Constituyente. Asimismo, el marco jurídico constitucional que generó interpretaciones divergentes ha sido el artículo 32, inciso 1 de la Constitución peruana, el cual reconoce que por medio de referéndum puede realizarse la reforma total de la Constitución. Además, aunque parezca una polémica nueva, en realidad, es antigua y ello se observa en las diferentes tendencias interpretativas generadas en el marco del Tribunal Constitucional peruano, las cuales son contrastadas en este artículo. A dicho contraste, se le suma el análisis de esta problemática en base al análisis de un caso latinoamericano: el del uso del referéndum en Venezuela para el cambio constitucional (1999). Por último, se debe mencionar que la finalidad del artículo es visibilizar las tensiones entre la democracia representativa y democracia directa, así como de reflexionar sobre cuál sería la interpretación más acorde con la protección del derecho de participación política ciudadana en el Perú. / The problem addressed in this article is the political and constitutional viability of referendum as a mechanism for constitutional change in Peru. This is a controversy that was revived as a result of the proposal of former president Pedro Castillo, which consisted of carrying out a constitutional reform through a referendum to affirm the figure of the Constituent Assembly. Likewise, the constitutional legal framework that generated divergent interpretations has been article 32, paragraph 1 of the Peruvian Constitution, which recognizes that a total reform of the Constitution can be carried out through a referendum. Furthermore, although it may seem like a new controversy, in reality, it is old and this is observed in the different interpretative trends generated within the framework of the Peruvian Constitutional Court, which are contrasted in this article. To this contrast, we add the analysis of this problem based on the analysis of a Latin American case: the use of the referendum in Venezuela for constitutional change (1999). Finally, it should be mentioned that the purpose of the article is to make visible the tensions between representative democracy and direct democracy, as well as to reflect on what would be the most consistent interpretation with the protection of the right of citizen political participation in Peru. / Trabajo académico

El presente artículo analiza críticamente el fallo dado por el Tribunal Constitucional en el marco del Expediente N° 00001-2022-AI/TC. En ese sentido, se realiza un desarrollo del reconocimiento del referéndum como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano y, posteriormente, se centra de manera específica en la existencia del derecho fundamental al referéndum de iniciativa ciudadana directa. Asimismo, el artículo aborda los métodos de interpretación más favorables para el reconocimiento efectivo de este derecho fundamental: la interpretación sistemática por comparación con otras normas, la interpretación ratio legis y el principio de interpretación pro homine o pro persona. Posteriormente, se expone el contenido del derecho fundamental al referéndum de iniciativa ciudadana directa y se desarrollan sus cuatro características principales: facultativo, decisorio o vinculante, directo o innovativo y, por último, colectivo. Además, se realiza un análisis de la constitucionalidad de la Ley N° 31399 para concluir que, en efecto, incurre en vicios de inconstitucionalidad total, directa, material y formal, por lo que el Tribunal Constitucional debió haber declarado fundada la demanda y, en consecuencia, dicha norma debió haber sido expulsada definitivamente del ordenamiento. Finalmente, se realiza una breve reflexión en torno al sistema representativo en contraposición al participativo en el Perú. / This article critically analyzes the ruling given by the Constitutional Court within the framework of File No. 00001-2022-AI/TC. In this sense, a development of the recognition of the referendum as a fundamental right in the Peruvian legal system is carried out and, subsequently, it focuses specifically on the existence of the fundamental right to the referendum of direct citizen initiative. Likewise, the article addresses the most favorable interpretation methods for the effective recognition of this fundamental right: systematic interpretation by comparison with other norms, ratio legis interpretation, and the principle of pro homine or pro person interpretation. Subsequently, the content of the fundamental right to a direct citizen initiative referendum is explained and its four main characteristics are developed: optional, decisive or binding, direct or innovative, and, finally, collective. Furthermore, an analysis of the constitutionality of Law No. 31399 is carried out to conclude that, in effect, it incurs defects of total, direct, material, and formal unconstitutionality, for which the Constitutional Court should have declared the claim founded and, consequently, said rule should have been definitively expelled from the system. Finally, a brief reflection is made about the representative system as opposed to the participatory system in Peru. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación versa sobre la jurisprudencia del Tribunal Fiscal RTF No. 10923-8-2011, conforme a la cual un contribuyente cuestionó la aplicación de la Norma VIII del Código Tributario (CT) por parte de la SUNAT al recalificar una operación de escisión de un bloque patrimonial conformado por inmuebles acordada por dos empresas de un mismo grupo empresarial por una operación de primera venta de inmueble, exigiéndose el pago de IR e IGV, así como multas aplicables. Al respecto, el Tribunal Fiscal resuelve declarando INFUNDADA la apelación y validando la aplicación de Norma VIII realizada por la SUNAT, sustentando ello en que conforme a una interpretación económica de la escisión acordada por las referidas empresas, se verificaba que dicho acuerdo de reorganización no cumplía ciertos “criterios” para ser considerada como tal. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad abordar desde un enfoque normativo, jurisprudencial y de derecho comparado, si es que la SUNAT aplicó correctamente la Norma VIII en el referido caso, así como analizar si los argumentos que motivan la decisión del Tribunal Fiscal se encuentran conforme a derecho. Así, en la presente investigación se verifica que tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT basan su análisis de interpretación económica a partir de una jurisprudencia anacrónica para el caso materia de análisis, motivo por el cual se postula la aplicación de tan solo algunos de ellos. Adicionalmente, en tanto la norma VIII fue derogada y reemplazada por la Norma Antielusiva General (Norma XVI del CT), el presente trabajo postula un escenario del análisis del caso si es que la referida norma antielusiva se hubiera encontrado vigente, de manera que el presente trabajo sea de utilidad para futuras interpretaciones bajo la nueva norma. / This research work deals with the case law of the Tax Court RTF No. 10923-8- 2011, according to which a taxpayer questioned the application of Rule VIII of the Tax Code (TC) by SUNAT when it reclassified a spin-off operation of a patrimonial block formed by real estate agreed by two companies of the same business group for a first sale of real estate, requiring the payment of IR and IGV, as well as applicable fines. In this regard, the Tax Court ruled that the appeal was UNFAIR and validated the application of Rule VIII made by SUNAT, based on the fact that according to an economic interpretation of the spin-off agreed upon by the referred companies, it was verified that such reorganization agreement did not meet certain "criteria" to be considered as such. The purpose of this research work is to address, from a normative, jurisprudential and comparative law approach, whether SUNAT correctly applied Rule VIII in the referred case, as well as to analyze whether the arguments that motivate the decision of the Tax Court are in accordance with the law. Thus, in the present investigation it is verified that both the Tax Court and SUNAT base their analysis of economic interpretation on an anachronistic jurisprudence for the case under analysis, which is why the application of only some of them is postulated. Additionally, since rule VIII was repealed and replaced by the General Antiavoidance Rule (Rule XVI of the TC), this paper postulates a scenario of the analysis of the case if the referred anti-avoidance rule had been in force, so that this paper may be useful for future interpretations under the new rule.

El objeto del presente informe es analizar la sentencia recaída en el Expediente N.º 01606-2018-PHC/TC en la cual el Tribunal Constitucional ordena la demolición total del muro perimetral construído por la Municipalidad de La Molina en el límite distrital con Villa María del Triunfo bajo la justificación de garantizar la seguridad en su distrito y cumplir con la obligación de protección asumida con la Superintendencia de Bienes Nacionales respecto de la afectación en uso de un terreno con la finalidad de ser empleado para la construcción e implementación del Parque Ecológico Recreativo de La Molina. Ello se debe a que, producto de la construcción del muro, los vecinos de Villa María del Triunfo vieron vulnerados sus derechos al libre tránsito y, de forma conexa, los derechos de igualdad y no discriminación. Ello debido a que el muro tenía una extensión de 4,5 kilómetros y solo contaba con un acceso para el cruce peatonal. En esa línea, y ante la vulneración de sus derechos, Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez interpuso una demanda de hábeas corpus contra el alcalde de la Municipalidad de La Molina. En el informe, se revisarán tres ejes de la sentencia que no se abordaron idoneamente: el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad, el derecho a la igualdad y no discriminación. Para ello, se revisará la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Constitucional, sentencias del Tribunal Constitucional, doctrina nacional internacional y comparada. / The purpose of this report is to analyze the ruling issued in File No. 01606-2018- PHC/TC in which the Constitutional Court orders the total demolition of the perimeter wall built by the Municipality of La Molina on the district boundary with Villa María del Triunfo under the justification of guaranteeing security in its district and complying with the protection obligation assumed with the Superintendency of National Assets regarding the impact on the use of land with the purpose of being used for the construction and implementation of the Recreational Ecological Park from La Molina. This is because, as a result of the construction of the wall, the residents of Villa María del Triunfo saw their rights to free movement and, relatedly, their rights to equality and non-discrimination violated. This was because the wall had an extension of 4.5 kilometers and only had one access for the pedestrian crossing. Along these lines, and given the violation of his rights, Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez filed a habeas corpus lawsuit against the mayor of the Municipality of La Molina. In the report, three axes of the ruling that were not adequately addressed will be reviewed: the right to free movement, the right to security, the right to equality and non-discrimination. For this purpose, the Political Constitution of Peru, the Constitutional Procedural Code, rulings of the Constitutional Court, international and national doctrine will be reviewed.