El tema de la presente investigación surge al observar deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para resolver sus problemas legales. El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que brindan las instituciones privadas.

Desde la elaboración del Protocolo de Palermo (2000) se ha consolidado un movimiento global anti-trata que responde a las definiciones y contenidos de ese documento, con énfasis en la persecución penal del delito. En el centro de la persecución penal aparece “la víctima”, como fuente de información para incriminar las conductas delictivas. Esto se ha traducido en política criminal que, en el Perú, ha implicado una construcción jurídica y social de la víctima, muchas veces idealizada como una mujer explotada sexualmente, caracterizada por su inocencia, falta de agencia, vulnerable y que colabora con el sistema de justicia. Este estudio muestra una aproximación a este fenómeno a través del análisis exhaustivo de la literatura especializada y la exploración cualitativa a través de entrevistas a quince operadores del sistema de justicia y otros actores en Lima realizadas durante el 2016. Los resultados muestran: i) un discurso idealizado de la víctima ii) que contrasta con el reconocimiento de una amplia y compleja fenomenología del delito de trata de personas, donde las victimas que no siempre se identifican como tales, ejercen diversas formas de agencia, asumen comportamientos de riesgo, demandan y se resisten a colaborar durante el proceso penal. El análisis de datos da cuenta de un mecanismo de focalización penal concentrado en víctimas que cumplen las características de la figura ideal y se identifica la aplicación de mecanismos de distinción y discriminación que descuidan la protección de los derechos de las víctimas. / Tesis

Esta investigación se inscribe en torno a una problemática de inseguridad en la ciudad de Otuzco en la cual las rondas urbanas obtienen principal incidencia en participación. Por tanto, se centra en las rondas urbanas de Otuzco. Se plantea que el objeto de estudio para esta investigación será el proceso de legitimación de las rondas urbanas de Otuzco. Por tanto, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las rondas urbanas se legitiman en un contexto de inseguridad ciudadana en la zona urbana en la ciudad de Otuzco – La libertad? El abordaje de esta investigación es de naturaleza mixta; es decir, de carácter cuantitativo y cualitativo con aplicación de encuestas y entrevistas semi estructuradas. Por ello, se determina el contexto de inseguridad de la ciudad de Otuzco. En segundo lugar, se determina la organización de las rondas urbanas de Otuzco para la prevención de delitos comunes y se determina la manera en que se organizan y qué elementos utilizan. En tercer lugar, se identifican las diferentes circunstancias en que las rondas urbanas de Otuzco se legitiman través de los diferentes elementos sustantivos y simbólicos. Además, se determina la manera en que las rondas urbanas de Otuzco resuelven contingencias de la vida cotidiana mediante la denominada “cadena ronderil. Se concluye entonces que el considerar insegura la ciudad de Otuzco y la ineficiencia de las autoridades genera un espacio latente de acceso a aquellos elementos que encuentran un vacío y lo más importante se genera a partir de la intervención de las rondas urbanas en este aspecto. Por otro lado, las rondas urbanas de Otuzco se enmarcan en las políticas de seguridad ciudadana compartiendo funciones en materia de colaboración y/o coordinación con el Estado. El Estado reconoce esta participación y favorece en algunos momentos la coordinación y la colaboración en los elementos de provisión de seguridad. En tanto, las rondas urbanas resuelven sus problemas a través del dialogo, la sanción y/o el castigo / Tesis

Esta investigación se inscribe en torno a una problemática de inseguridad en la ciudad de Otuzco en la cual las rondas urbanas obtienen principal incidencia en participación. Por tanto, se centra en las rondas urbanas de Otuzco. Se plantea que el objeto de estudio para esta investigación será el proceso de legitimación de las rondas urbanas de Otuzco. Por tanto, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera las rondas urbanas se legitiman en un contexto de inseguridad ciudadana en la zona urbana en la ciudad de Otuzco – La libertad? El abordaje de esta investigación es de naturaleza mixta; es decir, de carácter cuantitativo y cualitativo con aplicación de encuestas y entrevistas semi estructuradas. Por ello, se determina el contexto de inseguridad de la ciudad de Otuzco. En segundo lugar, se determina la organización de las rondas urbanas de Otuzco para la prevención de delitos comunes y se determina la manera en que se organizan y qué elementos utilizan. En tercer lugar, se identifican las diferentes circunstancias en que las rondas urbanas de Otuzco se legitiman través de los diferentes elementos sustantivos y simbólicos. Además, se determina la manera en que las rondas urbanas de Otuzco resuelven contingencias de la vida cotidiana mediante la denominada “cadena ronderil. Se concluye entonces que el considerar insegura la ciudad de Otuzco y la ineficiencia de las autoridades genera un espacio latente de acceso a aquellos elementos que encuentran un vacío y lo más importante se genera a partir de la intervención de las rondas urbanas en este aspecto. Por otro lado, las rondas urbanas de Otuzco se enmarcan en las políticas de seguridad ciudadana compartiendo funciones en materia de colaboración y/o coordinación con el Estado. El Estado reconoce esta participación y favorece en algunos momentos la coordinación y la colaboración en los elementos de provisión de seguridad. En tanto, las rondas urbanas resuelven sus problemas a través del dialogo, la sanción y/o el castigo

A través del presente trabajo, se busca hacer un análisis de una figura muy controversial en nuestro ordenamiento jurídico: el amparo contra resolución judicial. Es importante entender sus implicancias y la forma en que nuestro ordenamiento ha decidido regularla. Dentro de nuestro sistema de justicia, además de los ya conocidos problemas de ineficiencia y lentitud, tenemos que en muchas ocasiones los jueces vulneran los derechos fundamentales de las personas. Es por ello importante que, a través del amparo, se puedan corregir estas irregularidades para tener cada vez más un sistema rápido, eficiente, transparente y justo. El cual no vulnere los derechos fundamentales de las personas a través de sentencias injustas. De esta manera tendremos que realizar un análisis exhaustivo de si la figura cumple con el rol para el que fue creada, si de verdad se evita con ello el tener sentencias que causen un daño al momento de pretender impartir justicia. En conclusión, queremos demostrar la utilidad de una figura que muchas veces se suele atacar por ser utilizada como una instancia más de apelación por los abogados. Como una forma de evitar la cosa juzgada ordinaria.

El 11 de setiembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 1124-2001-AA/TC la misma que marcó un quiebre en el modo de entender el derecho a la estabilidad laboral en el Perú. Dicha sentencia enervó a los empresarios, significó un enfrentamiento con gran parte de la doctrina laboral nacional y puso una cuota de esperanza de humanidad en las relaciones laborales. Hasta ese momento se entendió, en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia laboral, que la única protección posible contra el despido arbitrario era la indemnización. Nunca la reposición, salvo que se tratase de la figura del despido nulo (aquel lesivo de otros derechos constitucionales como la igualdad o el debido proceso). El efecto multiplicador de la sentencia del Tribunal Constitucional contribuyó para que, desde ese momento, se reduzca dramáticamente la utilización del despido arbitrario sin invocación de causa como el modo corriente de poner fin a las relaciones laborales en el país. ¿Para qué invocar causas si la legislación, la doctrina y la jurisprudencia laboral venían admitiendo la indemnización como la adecuada protección frente al despido arbitrario?

El presente trabajo examinará la identificación y el abordaje brindado por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial respecto al control económico en las relaciones de pareja como forma de violencia contra las mujeres basada en género, en la atención de denuncias judicializadas por violencia física y psicológica en la ciudad de Arequipa, en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y a la luz del derecho de acceso a la justicia. A partir de la teoría de la rueda del poder y control de E. Pence y M. Paymar y los estudios de género, se explicará las dinámicas en las que se presenta el control económico y su interacción con otros tipos de violencia, como parte de los contextos de violencia sufridos por las mujeres, cuyo abordaje trasciende la mera clasificación aislada de los hechos en cuatro tipos de violencia; para posteriormente analizarlo desde el punto de vista jurídico y, en ese marco, plantear y fundamentar que el control económico, como forma de violencia económica o patrimonial, atenta y vulnera múltiples derechos humanos, cuyo goce y protección deben ser garantizados por el Estado, a través del acceso al sistema de justicia. / This thesis will examine the identification and approach provided by the National Police of Peru, the Public Ministry and the Judiciary regarding economic control in intimate relationships as a form of gender-based violence against women, in the attention of judicialized complaints for physical and psychological violence in the city of Arequipa, within the framework of Law No. 30364, Law to prevent, punish and eradicate violence against women and members of the family group and in light of the right of access to justice. Based on the theory of the wheel of power and control by E. Pence and M. Paymar and gender studies, the dynamics in which economic control is presented and its interaction with other types of violence will be explained, as part of the contexts of violence suffered by women, whose approach transcends the mere isolated classification of the events into four types of violence; to later analyze it from the legal point of view and, in that framework, propose and substantiate that economic control, as a form of economic or patrimonial violence, attempts and violates multiple human rights, whose enjoyment and protection must be guaranteed by the State, to through access to the justice system.

La justicia de paz es una institución de largo arraigo en la historia del Perú. Subsiste desde la primera Constitución Política de 1823. En la actualidad, los jueces de paz conforman el cuerpo de jueces más numeroso de la república. El propósito de este estudio es contribuir al conocimiento de las prácticas de la justicia de los juzgados de paz y de la inserción del fenómeno jurídico (leyes y costumbres) en su quehacer, a partir del análisis de casos en el distrito surandino de Cangallo, provincia del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho. Enmarcado en la antropología jurídica, este estudio muestra la diversidad de prácticas de justicias de paz en contraste con quienes asumen una justicia de paz hegemónica. Analiza la conceptualización de la ley y el uso de la costumbre en la práctica de los juzgados de paz de Cangallo. Muestra que los jueces no actúan de espaldas a la idea de ley y mucho menos en ignorancia de la ley. El estudio demuestra que las prácticas de justicia de los juzgados de paz del distrito de Cangallo se estructuran como proceso de intermediación animado por la persistente búsqueda del consenso entre las contrapartes. Estas últimas son protagonistas de sus juicios en los que, sin embargo, el juez de paz cumple un rol indispensable como actor de reparto. Los hallazgos de este estudio indican que en el imaginario social de Cangallo la idea de ley destaca por el temor que inspira en los usuarios de la justicia. Las costumbres, por su parte, comprenden un amplio número de prácticas generadas por los propios juzgados o importadas de las prácticas generales de las comunidades y del tejido social de Cangallo. El trabajo concluye que la justicia de paz no es solo una institución legal tampoco unívoca, sino que las diferentes localidades urbanas y rurales se la apropian y moldean en respuesta a las condiciones del escenario y sus singulares necesidades de justicia. En ese marco de acción, las justicias de paz se mantienen en constante cambio, unas son más dinámicas y otras cambian al ritmo de los cambios más profundos de la sociedad que las alberga. En todos los casos, el respeto a la idea de ley, la atención a la costumbre y al sentido común compartido, y la búsqueda del sentido de la «conciliación» son una constante.

La presente investigación pretende indagar en el concepto y características del concepto de justicia constitucional dialógica, sobre la base de un estudio de las repuestas del legislador a las sentencias del Tribunal Constitucional en las que, interpretando el artículo 173 de la Constitución, define el delito de función militar y policial. Actualmente, la idea de Estado Constitucional ampliamente aceptada en nuestro medio se asienta sobre la base de que la última palabra sobre asuntos de constitucionalidad la tienen las más altas instancias jurisdiccionales. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional. Las teorías dialógicas proponen quitarle la última palabra en materia de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, toda vez que entienden que la interpretación constitucional es un proceso sostenido en el tiempo en el que participan en plena igualdad varios actores (jueces, legislador el gobierno, el pueblo). Se ha entendido que una manifestación de esta visión de la justicia constitucional permite al legislador emitir una normativa igual a la anteriormente declarada inconstitucional. En el Perú, aunque formalmente se podría entender que la última palabra en materia constitucional la ostenta el Tribunal Constitucional, ha habido varios casos de insistencia legislativa respecto de leyes declaradas inconstitucionales. En el presente trabajo se analizan las respuestas legislativas en materia de definición delito de función militar y se advierte que no cumplen con los estándares de la justicia dialógica.

El tema de investigación surge a partir de las confrontaciones que existen entre el ordenamiento jurídico oficial con la justicia especial, como es la ronderil, especialmente dentro de un escenario en el cual ésta última se encuentra cada vez más presente al momento de administrar justicia, como ocurre en la ciudad de Cajamarca. Esta confrontación conlleva a que en algunos casos los ronderos sean juzgados por delitos graves por transgredir derechos fundamentales al momento de administrar justicia especial, pues muchas de sus sanciones son consideradas violatorias a la integridad de la persona y por ende a su dignidad. La interrogante nace sobre si este sistema de administración de justicia especial puede ser observado desde el punto de vista del derecho estatal, el cual mantiene matices centralistas que dificultan concebir una realidad jurídica totalmente diferente a la designada por la Constitución y a los Tratados Internacionales que proscriben los castigos corporales y la violación al debido proceso, sin embargo, reconoce la pluralidad cultural de nuestro país. Es por ello que la presente investigación consiste en establecer que, las Rondas Campesinas del Caserío Campo Alegre del Distrito de Namora, tienen una apreciación diferente al concepto de Dignidad que regula el artículo 1ro de la Constitución Política del Perú. Para ello se realizaron encuestas a 52 integrantes de la Ronda Campesina en el mes de febrero del año 2018, posteriormente entrevistas a sus dirigentes y un focus group en junio del 2019, obteniendo como conclusión que los campesinos del Caserío de Campo Alegre- Namora, no tienen una definición clara sobre lo que significa dignidad, sin embargo consideran que los azotes propinados y las formas de administración de justicia que imparten no son actos de humillación si no de escarmiento para lograr que la persona se reinserte a la comunidad, lo cual no constituye violaciones a los derechos humanos. Esta apreciación diferente se debe a que aplican castigos físicos como parte de su proceso de resocialización del infractor; sus usos y costumbres; y su sistema de justicia especial se basa en la ética del bien común y en criterios comunitaristas de derechos humanos