He considerado que en estos momentos en que se celebran los 10 años de entrada en vigor del TREBEP, era el momento adecuado para realizar una reflexión de conjunto sobre de mis trabajos de investigación que abarcan un largo periodo de evolución del empleo público, también contrastar como muchas de mis consideraciones y propuestas han sido recibidas y aceptadas tanto por la doctrina como por la legislación vigente como expondré con detalle en un posterior apartado, y asimismo, reflexionar sobre la actual situación, y en especial, si este último instrumento de desarrollo normativo (TREBEP) ha permitido cumplimentar adecuadamente los mandatos constitucionales con relación al empleo público. Asimismo, otro objetivo de esta tesis se centra en la detección y delimitación de los problemas y conflictos que presenta el actual régimen jurídico del empleo público, tras haber transcurrido 10 años desde la aprobación del TREBEP, formulando al respecto propuestas concretas que entendemos pueden aportar soluciones jurídicas y operativas a la actual situación, incorporando también las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales sobre: - La selección, en concreto, me refiero a la evolución de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que se está produciendo desde el año 2014, con relación al alcance y funcionalidad de la "discrecionalidad técnica", la incorporación del principio de transparencia, y asimismo, la importancia que puede tener en el futuro la incorporación de los medios electrónicos reconocidos por la Ley 39/2015 LPACAP, y en especial, la Ley 40/2015 LRJSP, con relación a la posibilidad de grabación de la realización de ejercicios orales o prácticos (no escritos) o la celebración de video sesiones de los órganos de selección, en la línea de la obligación de motivación detallada de la valoración recogida en la última doctrina del Tribunal Supremo sobre la discrecionalidad técnica. - La desviada utilización de sistemas de provisión de puestos de trabajo que ha supuesto una desprofesionalización del empleo público y su politización. - El Problema de la temporalidad el empleo público y las consecuencias de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. - Las consecuencias del nuevo marco normativo de las entidades locales como consecuencia de la reforma de la LRBRL originada por la aprobación de la Ley 27/2013 LRSAL.

En la empresa Salud-able se desarrolló un portafolio de proyectos en el cual se concibió el proyecto de Modelamiento de Proyectos Empresariales para una Entidad Médica I-3, la cual sirvió para definir los procesos core, estratégicos y de apoyo de un Centro de Salud de categoría I-3 del MINSA. Tomando como base los resultados obtenidos, el presente proyecto, denominado Sistema de Control de Recursos Físicos o SISCONFI, se centra en los procesos de apoyo para un Centro de Salud de categoría I-3. Los procesos de apoyo con los que cuenta dichotipo de entidad son: Procesamiento de información estadística, Administración de documentación, Administración de recursos humanos, Elaboración de certificados de salud, Administración de recursos físicos y Administración de recursos contables. Debido al incremento de la demanda para el MINSA para brindar mayores servicios a la población, la mencionada entidad requirió soluciones para optimizar sus esfuerzos, mejorar la calidad del servicio a la medida que incrementara su alcance hacia la población y, así mismo, aumentar la productividad de sus trabajadores. Es así quedentro de la empresa Salud-able nace como propuesta de solución un Sistema Integral de Salud(SIS), el cual permitiría automatizar los procesos nuevos optimizados para ser ejecutados por los trabajadores dentro de cada área del centro de salud. Dicho sistema contaría con diversos módulos para el apoyo de cada labor en las diferentes áreas de servicio. El presente proyecto, SISCONFI, se ha enfocado en los procesos de Apoyo, y representa un módulo cuyas funcionalidades están pensadas para el uso del personal de almacén y distribución del centro de salud, en las labores de control de stock, distribución, entradas y salidas de bienes muebles del centro de salud. De esta manera, SISCONFI se desarrolla e integra en su totalidad al Sistema Integral de Salud(SIS) para lograr el objetivo de brindar soluciones para todos los procesos existentes: core, estratégicos y de apoyo. / Tesis

En el año 2008, la Facultad de Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas establece la empresa virtual Salud-able cuyo giro de negocio es elaborar tecnologías de información para entidades de salud. La empresa se dedicó, en primer lugar, al estudio de los procesos de centros de salud de nivel I-3 del Ministerio de Salud del Perú. Se identificaron 3 procesos macro, los cuáles son: estratégicos, asistenciales y de apoyo. Como proyecto inicial se ejecutó el “Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 de Complejidad” que investigó los procesos asistenciales de un centro de salud I-3 y como resultado se definió una cartera de proyectos de software para la automatización de estos procesos. Además, se realizó el proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3” que investigó los procesos estratégicos y de apoyo de las entidades de salud. Como consecuencia de la definición de la cartera de proyectos se iniciaron, en paralelo, los proyectos “Diseño de una Arquitectura Orientada a Servicios para un Establecimiento de Salud de Nivel I-3 de Complejidad” y “Diseño de una Arquitectura de Datos para Salud de Nivel I-3”. La primera investigó las diferentes tecnologías actuales del mercado de software, las evaluó y concluyó que los sistemas a realizarse deberían estar orientados a servicios (SOA) y hacer uso de herramientas libres para su implementación. El segundo proyecto establece la arquitectura de datos según el análisis de las entidades de negocio identificadas en los procesos del centro de salud. El presente proyecto tiene como objetivo general la implementación de un sistema que automatice los procesos asistenciales de Atención de Servicios Clínicos y Control de Exámenes Médicos en una entidad de salud de Nivel I-3 de complejidad para solucionar el principal problema de gestión de la información del paciente. Teniendo como base los proyectos anteriores en donde se definieron los procesos de negocio del centro de salud y la arquitectura tanto del software como de datos se puede iniciar la ejecución de las actividades para la implementación del sistema. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido desde la entrega del resultado del primer proyecto y, en aras de mitigar el riesgo de haberse modificado los procesos dentro del centro de salud, se decidió, como parte del plan del proyecto, realizar actividades de reevaluación de las fases de conceptualización del problema de los centros de salud y de elaboración de las arquitecturas tanto de software como de datos. Esto conllevó a asistir a por lo menos 2 entidades de salud y establecer reuniones con los actores de los procesos en estudio, solicitar documentación de los mismos y consultar normas técnicas del estado peruano así como resoluciones ministeriales. Para una buena gestión del ciclo de vida del software, y al tratarse de un proyecto académico, se optó por el uso de una metodología de desarrollo estandarizada. Esta fue la metodología RUP (Rational Unified Process) debido a que es un modelo iterativo que se adapta de manera natural al proyecto, pero por sobretodo, debido a que los proyectos base usaron la metodología EUP que es la extensión de RUP. / Tesis

The concept of the project is a functional change in land use on the public nature of private space, with a defined time period návštěv.Projekt addresses the design of new building - office buildings,'fitness centes and park.

El presente trabajo se enfoca en cómo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA ha resuelto ciertos procedimientos administrativos sancionadores analizando, en primer lugar, el real estrato minero de un minero o mineros que, en la práctica, pertenecían a la pequeña minería o minería artesanal, es decir, esta fiscalización en principio pertenece a los respectivos Gobiernos Regionales. La facultad que utilizó el OEFA se justifica en el Artículo 17 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Ley del SINEFA, el cual fue modificado el 26 de abril de 2013. Este artículo citado otorga al OEFA la posibilidad de aplicar la prueba indiciaria para determinar el verdadero estrato minero de aquellas actividades que supuestamente están dentro de la pequeña minería y minería artesanal, para que de esta manera, luego de verificar que en la práctica pertenecen a la mediana o gran minería, puedan fiscalizarlos, y posteriormente sancionarlos. El objetivo del presente trabajo es analizar si, en efecto, la facultad que se desprende del Artículo 17 de Ley del SINEFA no afecta las facultades ya otorgadas a los Gobiernos Regionales. Para ello, se estudiará el proceso de descentralización y las competencias en materia de minería, para que, finalmente, se desarrolle la posición que se adoptó en el desarrollo del trabajo.

El objeto de este artículo académico es poner a la vista el frágil sistema de salud y, además, el inconcluso proceso de descentralización en materia de salud específicamente hacia los niveles de gobierno local, pues, ello ha generado cuestiones como las que se plantea en el presente artículo, es así que, las municipalidades a través de ordenanzas imponen medidas o exigencias dentro de este contexto de pandemia, las cuales serán analizadas a la luz de las normas municipales y de salud, entre ellas: la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 26842, Ley General de Salud; a fin de determinar que las municipalidades no tienen competencias exclusivas ni compartidas en materia de salud, específicamente, sobre la regulación de la aplicación de pruebas Covid- 19, y el uso de desinfectantes de las superficies de todos los espacios de atención al público. / The purpose of this academic paper is to bring to light the fragile health system and, in addition, the unfinished process of decentralization in health matters, specifically towards local government levels, as this has raised issues such as those raised in this academic paper, i.e., municipalities through ordinances impose measures or requirements within this context of pandemic that in light of municipal and health regulations, Among them, Law No. 27972, Organic Law of Municipalities, Law No. 27783, Law on the Bases of Decentralization and Law No. 26842, General Health Law, they have no exclusive or shared competences in sanitary matters, specifically on the requirement of the application of Covid-19 tests, and the use of disinfectants from the surfaces of all public service spaces.

Desde marzo de 2020, el mundo está viviendo una crisis producto de la pandemia del COVID-19. No solo la crisis, sino las medidas tomadas por los diferentes Estados para controlarla han tenido un impacto directo en la industria musical y demás industrias culturales a nivel mundial. Es necesario identificar cuál ha sido el impacto que la crisis ha tenido en la industria musical peruana y evaluar si la pandemia ha acrecentado un problema ya existente o ha creado uno nuevo. Asimismo, una vez identificado el impacto, se deben de evaluar qué medidas son las más adecuadas para sostenerla durante la crisis y fortalecerla cuando esta termine. Se recalcará la importancia de la actividad de fomento del Estado como el mecanismo de intervención adecuado para mitigar los efectos económicos adversos en las industrias culturales. Se demostrará que en el Perú será necesario la elaboración de un marco general que regule la actividad pública de fomento y que las medidas adoptadas deben de estar pensadas a largo plazo y no solo en el contexto de la crisis, ya que las que fueron implementadas durante el estado de emergencia no tienen como objetivo principal fortalecer a las industrias culturales una vez terminado el estado de emergencia

La reforma de descentralización en el Perú ha derivado en una baja capacidad del gobierno central para realizar cambios y ajustes en ella; variando la conducción de esta, desde instituciones de carácter nacional con alta autonomía, importancia institucional y participación, como el Consejo Nacional de Descentralización (CND), que fue desactivado en el 2007; hasta instituciones de con baja autonomía, dependientes del gobierno central, como la Secretaria de Descentralización (SD), que sigue con su trabajo hasta ahora. En ese marco, surge la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), en el año 2009, siendo una organización formada por parte de los gobernadores regionales que tenía como objetivos: (i) impulsar y promover la defensa del proceso de descentralización, desde los gobierno regionales, (ii) ser un espacio de concertación y diálogo entre las entidades del gobierno central y los gobiernos regionales y (iii) representar los intereses comunes de los gobiernos regionales. En ese sentido, la presente tesis analiza el devenir de esta organización en base a cuatro variables: (i) el liderazgo de la asamblea, (ii) la capacidad organizativa, (iii) los escenarios políticos para plantear demandas y (iv) la capacidad de monopolizar las demandas de los diferentes gobiernos regionales. En base al análisis de estas cuatro variables, se muestra un devenir inestable de la asamblea, con un periodo de inicio y formación (2009-2012) que permitió alcanzar un periodo de relevancia pública y política entre el 2012-2015 y, finalmente, del 2012 hasta la actualidad, con una pérdida de capacidad organizativa, liderazgos y monopolio de representación de intereses que minan su relevancia pública y política en la reforma de descentralización.

El presente artículo académico aborda desde un enfoque jurídico penal material a la negociación colectiva dentro de la Administración Pública, ello a fin de determinar si la misma bajo supuesto de fraudulencia e ilicitud puede ser sancionada bajo el delito de colusión (art.384° CP). El estudio contempla un desarrollo acerca los elementos configurativos de este delito y la adecuación del suceso fáctico antes descrito, haciendo especial énfasis en dos de ellos: el interesado y el contexto típico. El principal objetivo de este trabajo académico consiste, por un lado, el visibilizar esta nueva modalidad de corrupción inmersa dentro de la Administración Pública, a efectos de formularse nuevos mecanismos de prevención y detención para contrarrestar los posibles espacios de riesgos dentro de la misma; y, por otro lado, lograr la sanción efectiva y adecuada de estos actos ilícitos, para así reducir los niveles de corrupción dentro de nuestro país. Todo ello con el propósito trascendental de luchar contra la impunidad y la corrupción, toda vez que ello representa una vulneración a los derechos humanos.

El delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 400 del Código Penal Peruano ha sido objeto de diversas discusiones en el Derecho, en principio por la literalidad del artículo mencionado, así como las consecuencias que podría conllevar a los agentes que se encuentran dentro de la estructura del delito. Al respecto, como es sabido, este delito se configura cuando una persona acepta la invocación de influencias propuesta por el traficante de influencias, elemento del tipo penal al que conocemos como “pacto de intercesión”, por lo cual el presente informe se enfocará en otorgar una propuesta de calificación al tercero interesado como cómplice primario. En razón de lo mencionado, en primer lugar, hablaremos de los delitos contra la administración de manera general; en segundo lugar, desarrollaremos los elementos del delito tráfico de influencias, a través de lo cual probaremos que este delito corresponde a un delito de peligro abstracto. En consecuencia, de ello, en tercer lugar, procederemos a desarrollar algunos puntos de vista en torno al tercero interesado en este delito finalizando con nuestra postura frente al Acuerdo Plenario N° 3-2015/CIJ-116, en el que se dispone que este tercero interesado solo podría responder a título de instigador y de cómplice en el caso ayude a la realización de alguno de los verbos rectores; es decir, colabore directamente con el autor del delito y no necesariamente con el hecho punible. / The crime of influence peddling, contemplated in the article 400 of the Peruvian Criminal Code has been the subject of various discussions in the Law, in principle due to the literalness of the aforementioned article, as well as the consequences that could lead to the agents who are within the structure of the crime. In this regard, as is known, this crime is configured when a person accepts the invocation of influence proposed by the invocation of influence proposed by the influence peddler, an element of the criminal type that we know as an “intercession pact”, for which this report will focus on granting a proposal to qualify the interested third party as a primary accomplice. Due to the aforementioned, in the first place, we will talk about crimes against the administration in general way; secondly, we will develop the elements of the influence peddling crime, through which we will prove that this crime corresponds to a crime of abstract danger. Consequently, in third place, we will proceed to develop some points of view regarding the third party, interested in this crime, ending with our position regarding Plenary Agreement N° 3-2015/CIJ-116, which provides that this third party could only respond as an instigator and an accomplice in the case that helps to carry out any of the guiding verbs; that is, collaborate directly with the perpetrator of the crime, and not necessarily with the punishable act.