El presente trabajo busca comprender por qué la política para el mantenimiento de los patrulleros (renting) propuesta por el MININTER (Ministerio del Interior) no ha tenido los resultados esperados. Para ello, se han recopilado y clasificado fuentes académicas, primarias y secundarias además de haber realizado una serie de entrevistas semi estructuradas con la finalidad de averiguar si este mal funcionamiento se debe a un caso de malas prácticas o a un caso de corrupción. Mediante las estrategias de investigación anteriormente nombradas también se han registrado cronológicamente los hechos ocurridos tanto antes de la política como durante su desarrollo, también se ha investigado sobre casos similares y sus resultados por parte de municipalidades en Lima y en Estados Unidos, además de las interacciones y posturas de los altos cargos de Estado. Dentro de los resultados se encontró que existen factores tanto internos como externos que han afectado al desempeño de la política. En los factores internos se encontraron trabas burocráticas, el déficit de unidades vehiculares, poca regulación hacia la política y como una consecuencia de ello corrupción. Los factores externos eran aquellos problemas que escapaban del control del ministerio y estos son: poco mercado para el alquiler de patrulleros, los problemas en las contrataciones y las pugnas internas en el Ministerio del Interior.

En el presente artículo, se aborda la discusión relacionada a la admisión de la participación del extraneus en el delito de negociación incompatible y se sostiene que esta sí es posible en determinados supuestos. Para ello, se realiza previamente una breve revisión sobre los elementos del delito en cuestión, advirtiéndose que el medio comisivo indirecto del mismo constituye un primer acercamiento al tema de atañe a este artículo. Ello, en tanto pone sobre la mesa el escenario en el que el funcionario público competente realiza la conducta delictiva a través de otros sujetos. Posteriormente, se procede a analizar los pronunciamientos de la Corte Suprema y trabajos de la doctrina nacional que estudian el delito de negociación incompatible, encontrándose así lo siguiente: un primer grupo posturas que no descarta expresamente la participación del extraneus en el referido delito, un segundo grupo que no la admite y un tercer grupo, que, admitiéndola, lo hace con determinadas particularidades. Habiendo revisado lo anterior, se formulan respuestas y observaciones a cada una de las objeciones y argumentos contrarios o a favor de la postura del artículo. Finalmente, se presenta una propuesta personal sobre los supuestos en los que es posible admitir tranquilamente la participación en el delito de negociación incompatible: aquellos escenarios en los que el extraneus no es el sujeto con el que el Estado negocio en el marco de un proceso de contratación estatal. / In this article, the discussion related to the admission of the participation of the extraneus in the crime of incompatible negotiation is addressed and it is argued that this is possible in certain cases. To do this, a brief review of the elements of the crime in question is previously carried out, noting that its indirect commission constitutes a first approach to the subject of concern to this article. This, because it puts on the table the scenario in which the competent public official carries out the criminal conduct through other agents. Subsequently, the pronouncements of the Supreme Court and works of the national doctrine that study the crime of incompatible negotiation are analyzed, thus finding the following: a first group of positions that does not expressly rule out the participation of the extraneus in the aforementioned crime, a second group that does not admit it and a third group, that admitting it, does so with certain particularities. Having reviewed the above, responses and observations are made to each of the objections and arguments against or in favor of the position of the article. Finally, a personal proposal is presented on the cases in which it is possible to calmly admit participation in the crime of incompatible negotiation: scenarios in which the extraneus is not the subject with whom the State negotiates within the framework of a process state contracting. / Trabajo académico

El objetivo central de la tesis es proponer la implementación de mecanismos de aseguramiento ético en Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Para ello se utiliza la metodología “Integrity Management Toolbox” de la Caja de Herramientas de Water Integrity Network donde de acuerdo a principios de Integridad y evaluando la organización a través de un conjunto de criterios, se identifican los riesgos y herramientas que ayudarán a mitigar los impactos. Se ha realizado una comparación de las metodologías acá señaladas y se ha seleccionado la Caja de Herramientas, la cual es metódica ya que cuenta con un proceso secuencial, deductivo y probatorio. De esta forma, se busca potenciar los actuales procesos de transparencia que ya cuenta SEDAPAL. Incorporar en las organizaciones mecanismos de aseguramiento ético toma relevancia en los últimos años en contextos complejos donde aparecen escándalos de corrupción. La investigación contiene una aproximación teórica de los fundamentos que guían la gestión de la integridad. Por ejemplo, de la teoría organizacional decantan los procesos que conducen a las organizaciones a incorporar prácticas de control de gestión como los mecanismos en anticorrupción. De acuerdo a Alvarado (2019), las decisiones dentro del comportamiento alcanzan “una visión de la estructura y del funcionamiento” (p. 152) de la misma. Esto nos muestra también cómo se relacionan “los motivos personales y los objetivos que orientan a la organización” (Alvarado, 2019, p. 154), cómo se involucran y alinean internamente. Asimismo, la investigación relata políticas anticorrupción a nivel global con organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), International Monetary Fund (IMF), Oficina Federal Anticorrupción (BAK, por sus siglas en alemán), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuáles marcan la pauta en cuanto a las reglas y prácticas que hay que tener en consideración al momento de introducir mecanismos de gestión en anticorrupción. En cuanto a las políticas a nivel regional, se puede identificar la aplicación de la Caja de Herramientas a otros contextos también latinoamericanos como Honduras, la cual enseña a tener en consideración una diversidad de riesgos e instrumentos que pueden ser factibles de aplicación a contextos como el peruano. Finalmente, a nivel local se tiene el marco normativo nacional, las normativas del FONAFE y de la SIP, así como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; las cuales indican las restricciones y posibilidades de la labor de la lucha contra la corrupción en el país y, por último, estas deben estar de acuerdo al reglamento interno en SEDAPAL también. A continuación, se realizó una evaluación de las siguientes 8 metodologías: Content Analysis of Annual Reports for Corporate Strategy and Risks (1984); Fortune’s Most Admired Corporations (1987); Kinder, Lydenberg, Domini (KLD) (1989); Multidimensional Ethics Scale (MES) (1990); Ethical Climate Index (ECI) (Arnaud, 2010) (citados en Cahn, 2014); Modelo de Gestión de Cambio (Kotter & Cohen, 2012); Aquarating (BID, 2008) y Water Integrity Network IM Toolbox o Caja de Herramientas [CdH] (WIN, CEWAS y SIWI, 2016). Esta evaluación ha supuesto enfoques cuestionadores sobre qué tipo de mecanismos son los más adecuados para SEDAPAL, en qué medida puede funcionar y cuáles son los elementos claves que pueden potenciar las medidas con las que se cuentan actualmente. En general, se observa que la metodología presente actualmente de Aquarating del BID facilita un control y gestión de la integridad. Al respecto, se ha determinado que la metodología que colabora en una dimensión más específica en temas de transparencia, propicia la participación y la cual cuenta con todo un soporte por medio de workshops y de expertos de Water Integrity Network es la Caja de Herramientas o IM Toolbox. Entre las ventajas se encuentran: cuenta con un análisis multidimensional, es teóricamente lógica, indica cómo las múltiples dimensiones deberían ser sopesadas, indica un sentido y propósito de cambio o mejora organizacional, es objetiva, orienta en la evaluación y monitoreo de los riesgos de integridad, SEDAPAL tiene como referencia a esta metodología, es flexible y adaptable, existe una participación del personal monitoreado por expertos, se tiene una consideración estratégica organizacional; trabaja con brechas, prioridades e indicadores netamente sobre integridad y se realiza una preparación y adaptación de la organización para una efectiva aplicación de la herramienta.

El presente artículo tiene como finalidad determinar si es viable el otorgamiento de autonomía presupuestal de los Consejos Regionales. (i) Desde el 2002, nuestro país se encuentra en constante y progresivo desarrollo de la descentralización. La Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización, determinan que los gobiernos regionales como organismos cuentan con autonomía política, administrativa y económica. Sin embargo, los Consejos Regionales son un órgano regional, los cuales ejercen funciones de carácter normativo y fiscalizador. Los Consejos Regionales están constituidos por consejeros regionales quienes representan a cada una de las provincias de una región. (ii) La función fiscalizadora permite que se realicen los controles necesarios al ejecutivo regional con la finalidad de determinar el cumplimiento de sus labores. Para el cumplimiento de dicha función, los recursos que le son asignados a los Consejos Regionales se encuentran supeditados a la disponibilidad y discrecionalidad de los gobernadores de turno, lo cual podría ser un factor limitante para la potestad fiscalizadora (iii) La normativa vigente requiere de reformas de carácter constitucional y legal, lo que se permitiría tener una independencia presupuestaria a los Consejos Regionales a fin de potenciar sus facultades fiscalizadoras a través de la contratación de servicios y adquisición de bienes. / The purpose of this article is to determine if the budgetary autonomy of the Regional Councils is necessary. (i) Since 2002, our country has been in constant and progressive development of decentralization. The Political Constitution of Peru and the Decentralization Bases Law determine that regional governments as organizations have political, administrative and economic autonomy. However, the Regional Councils are a regional body which exercise normative and supervisory functions towards the Regional Governments. The Regional Councils are made up of regional councilors who represent each of the provinces of a region. (ii) The supervisory function allows the necessary controls to be carried out by the regional executive in order to determine compliance with its tasks. In order to fulfill this function, the resources assigned to the Regional Councils are subject to the availability and discretion of the governors on duty, which could be a limiting factor for the supervisory power (iii) Current regulations require reforms of a constitutional and legal nature, which would allow the Regional Councils to have budgetary independence in order to strengthen their supervisory powers through the contracting of services and acquisition of goods. / Trabajo académico

Esta investigación tiene como objetivo demostrar que la aplicación del principio Valor por Dinero en cada etapa de la contratación pública, especialmente durante la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, permite a las Entidades públicas seleccionar al postor que se encuentra en mejor capacidad de cumplir con el requerimiento de forma eficiente. Si bien es cierto que el principio Valor por Dinero puede ser aplicado en cualquier modalidad de contratación, esta investigación se enfoca en el concurso oferta debido a que, en esta contratación, el postor que obtenga la Buena pro deberá realizar el Expediente Técnico de Obra y ejecutar la obra sobre la cual ha elaborado dicho Expediente. En consecuencia, la Entidad debe emplear todas las herramientas disponibles para seleccionar de forma informada al postor con mayor idoneidad para cumplir con ambas obligaciones. En ese sentido, se desarrollarán las características de la modalidad concurso oferta, el concepto propuesto por la doctrina sobre el principio valor por dinero y el marco normativo que recoge dicho principio en el ordenamiento peruano; así como la interpretación propuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado al respecto. Finalmente, se plantean algunas alternativas que las Entidades Públicas podrían tomar en cuenta al elaborar las Bases del procedimiento; específicamente, al establecer los Factores de Evaluación, de forma que se garantice que la selección del postor se ha realizado de forma informada, diligente y de acuerdo al principio valor por dinero

Las normas de simplificación cumplen un rol importante en nuestro sistema administrativo, puesto que busca que este sea eficiente, célere y justo en la ejecución de la normativa nacional, estableciendo, entre otras medidas, la prohibición a las administraciones públicas de imponer trabas como cobros irrazonables y requisitos innecesarios, los cuales afectan a la ciudadanía y empresas. En ese sentido, el presente trabajo expone y analiza los problemas jurídicos suscitados en el Expediente No. 0321-2016/CEB, procedimiento de eliminación de barreras burocráticas iniciado ante el Colegio de Abogados de Lima por el supuesto quebrantamiento de normas de simplificación administrativa en su trámite de incorporación de abogados. Para ello, atendiendo los hechos del caso, abordaremos como problemáticas la figura de los colegios profesionales en nuestro ordenamiento y su relación con el concepto de Administración pública según la Ley No. 27444, los límites y alcances de la competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB), el examen de legalidad aprobado en el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución No. 182-97-TDC del Tribunal de Defensa del Consumidor del Indecopi, así como también el principio del debido procedimiento. Tras un desarrollo doctrinario, estudio de la jurisprudencia constitucional e interpretación normativa, concluiremos que el Colegio de Abogados de Lima es una Administración pública, bajo el artículo I.6 del Título Preliminar de la Ley No. 27444, que realiza la función administrativa de habilitar a los abogados para realizar la representación judicial, por lo que la CEB sí era competente para analizar la legalidad de las barreras burocráticas mediante un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas que respete los derechos de defensa y debida motivación como parte del principio del debido procedimiento en sede administrativa

A propósito de la Ley N° 30424 – la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los cuales puede ser sancionada la persona jurídica, entre ellos y para efectos del presente trabajo, el soborno – el Estado ha promovido la implementación de programas de prevención por parte de las empresas, otorgando el beneficio de atenuación o exención de responsabilidad penal en el caso de que la empresa asuma un modelo de prevención ante la eventual comisión de un delito. Por otro lado, tenemos que, dadas las características propias del desarrollo de sus actividades, las empresas del rubro de la construcción son las más propensas a actos de corrupción y están más expuestas al riesgo del soborno. Ahora bien, la forma como está planteado este incentivo pervierte su finalidad, que es preventiva, toda vez que, en realidad se fomenta el uso de compliance paper o makeup compliance, esto es, las empresas adoptan un modelo de prevención únicamente para verse beneficiadas, ya sea con la atenuación o exención de responsabilidad penal, dado que sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, sin que se mida su eficacia ni verifique su operatividad. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación analizamos los incentivos que podría crear el Estado para que las empresas constructoras implementen protocolos eficaces de prevención del delito de colusión. Para tal efecto hemos distinguido los incentivos de manera externa, esto es, por parte de Estado, e interna, por parte de la misma empresa

En el 2007, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) impulsó un proceso de desconcentración de sus servicios de orientación y atención a usuarios de telecomunicaciones, supervisión al comportamiento de las empresas de los servicios de telecomunicaciones y resolución de los Recursos de Apelación de los Reclamos de usuarios y quejas en cada departamento. Veintitrés (23) Oficinas y nueve (09) Centros de Orientación fueron implementadas. Esta investigación se pregunta ¿cuáles fueron los factores o condiciones que afectaron el proceso de desconcentración del OSIPTEL? e identifica los aspectos que facilitaron y limitaron los cambios entre el 2007 y el 2017. La información ha sido recogida de documentos oficiales, informes y entrevistas semiestructuradas a actores que intervinieron en el proceso. Se concluye que los factores que afectaron positivamente el proceso son: el liderazgo y compromiso de sus líderes, el entorno político favorable, disponibilidad de recursos económicos (presupuesto asignado), el fortalecimiento de capacidades del personal y la gestión de la información. Los factores que limitaron el proceso fueron la resistencia al cambio, las dificultades de adaptación y la burocratización. El trabajo abre la oportunidad a nuevas investigaciones y permite comprender procesos de reformas de gestión institucional en el Perú. / In 2007, the regulatory body for telecommunications (OSIPTEL) initiated a deconcentrating process of its service delivery to consumers (orientation to consumers, oversight to companies, and complaints appeal procedures). Twenty-three (23) offices and nine (09) orientation centres were implemented. This investigation aims to ask the research question ¿which were the factors that affected the deconcentrating process of OSIPTEL? This research seeks to identify the enabling and limiting factors that affected changes between 2007 and 2017. The information has been collected from official documents, reports, and semi-structured interviews to actors involved in the process. Conclusions derived from the analysis identify factors that positively affected change: i) the leadership and commitment of its leaders to processes, ii) the favourable political environment, iii) availability of economic resources (assigned budget), iv) capacity building of staff and information management. Moreover, negative factors were: i) the resistance to change, ii) adaptation difficulties, iii) bureaucratization, and iv) processes delays. This work opens the opportunity for new research and allows to understand processes of institutional management reforms in Peru.

En 1991 fue presentado el primer proyecto de ley sobre paridad y alternancia en Perú. Sin embargo, esta fue aprobada solo casi 30 años después. El objetivo de esta tesis es explicar la aprobación la ley de paridad y alternancia para los cargos de elección popular en dos fases entre los años 2019 y 2020. La investigación propone tres tipos de factores que han interactuado durante las dos fases del proceso de sanción de esta reforma. La tesis argumenta que la aprobación fue posible gracias a 1) la existencia de una ventana de oportunidad política que favoreció la politización de la agenda, 2) el trabajo de larga data de una alianza de promoción multi-actor conformada por organismos de cooperación internacional, servidoras públicas y congresistas., y 3) el cálculo racional de los réditos políticos de su sanción para la imagen de las y los congresistas, el Congreso y las agrupaciones políticas a las que pertenecían. Luego de la sanción de la primera fase de la reforma en junio de 2019, se profundizó su alcance durante la legislatura de 2020. El fortalecimiento de la normativa fue posible por una experiencia previa que ya había posicionado a esta reforma como necesaria y efectiva para la inclusión de las mujeres, sin importar la ideología de las y los políticos involucrados. Los hallazgos contribuyen a la literatura comparada sobre las reformas de paridad en la región, al proponer un marco analítico que reconoce y analiza de manera conjunta los factores que habían sido examinados por separado. La investigación es de un diseño de tipo observacional, de corte cualitativo y consiste de un análisis de caso único. Se utiliza el rastreo de procesos para identificar los factores y mecanismos causales que dieron paso a la reforma. Asimismo, la información empírica proviene de diversos tipos de fuentes, incluyendo casi 30 entrevistas a profundidad con actores involucrados, revisión de actas de sesiones congresales y noticias medios de comunicación.

Bakgrund: Modig Machine Tool AB står inför en tillväxtresa där implementeringen av “Lean” blev relevant för att skapa den organisation som krävs för att bemöta en förväntad ökad efterfrågan på deras produkter. Över tid har “Lean” utvecklats från att enbart vara ett sätt för att organisera produktionen till att numera inkludera hela organisationen, däribland de administrativa stödprocesserna. Syfte: Syftet med denna studie är att skapa ökad kunskap kring hur ekonomiavdelningen behöver anpassa sig vid införandet av “Lean” i Modig Machine Tool AB. Metod: Studien är en enfallsstudie där konsult, redovisningschef och medarbetare på ekonomiavdelningen har intervjuats. Intervjuerna har tagit formen av att vara semistrukturerade med anledning av den kvalitativa forskningsansatsen. Vidare framgår en motivering till den teoretiska materialinsamlingen med anledning av att skapa en djup förståelse till fenomenet att implementera “Lean”. Slutsats: Studien identifierar att ekonomiavdelningen behöver anpassa sig till implementeringen av “Lean” genom ökad kommunikation, att vara en del av att skapa en samlad personalstyrka och flexibel och snabb i sitt arbetssätt för att bemöta framtida ökad efterfrågan. Således konkluderar arbetet att ekonomiavdelningen är i behov av att utveckla åtgärder kopplade till avdelningsöverskridande kommunikation, en informationsplan, ena sig bakom en stark möteskultur, samt att anamma en lärande kultur. / Background and problem: Modig Machine Tool AB is embarking on a growth journey where the implementation of “Lean” has become relevant to create the organization required to meet the expected increased demand for their products. Over time, “Lean” has evolved from being solely a way to organize production to now encompassing the entire organization, including administrative support processes. Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge about how the finance department needs to adapt to the implementation of “Lean” in Modig Machine Tool AB. Method: The study is a single-case study where a consultant, accounting manager, and employees in the finance department were interviewed. The interviews were semi-structured due to the qualitative research approach. Furthermore, a justification for the theoretical data collection is provided in order to gain a deep understanding of the phenomenon of implementing “Lean”. Conclusion: The study identifies that the finance department needs to adapt to the implementation of “Lean” through increased communication, being part of creating a cohesive workforce, and being flexible and agile in their work approach to meet future increased demand. Thus, this paper concludes that the finance department needs to develop measures linked to cross-functional communication, an information plan, unite behind a strong meeting culture, and to embrace a learning culture.