En el presente informe se analizan los aspectos más importantes del proceso de amparo por despido fraudulento iniciado por el Sr. Wilder Rojas Soto contra la Corporación Pesquera Inca S.A.C. con la finalidad de emitir opinión sobre la resolución final del caso. Para ello, tomamos en consideración la normativa laboral vigente al momento de los hechos recogidos en el expediente bajo análisis, doctrina especializada y diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el despido fraudulento. Luego del análisis efectuado, hemos determinado que las ausencias del Sr. Rojas son injustificadas en tanto no responden a hechos ajenos a su voluntad y no se han justificado conforme a ley, por lo tanto, se configuran como faltas graves de i) “...las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario”, y ii) “El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral”. Asimismo, concluimos que el Sr. Rojas no ha sufrido un despido fraudulento por parte de la Corporación Pesquera Inca S.A.C. ya que no se ha comprobado la existencia de ánimo perverso auspiciado por el engaño de parte de la empresa al imputar las faltas graves; menos aún se ha verificado la presencia de hechos inexistentes, faltas no previstas legalmente, alteración a la voluntad del Sr. Rojas o fabricación de pruebas. De igual manera, hemos verificado que durante el procedimiento interno de despido no se ha vulnerado ni limitado el derecho de defensa del Sr. Rojas. Por otro lado, se ha determinado, en razón al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del caso Baylón Flores, que la tutela exigida por el Sr. Rojas era atendible por la vía constitucional, en tanto el Proceso Ordinario Laboral no era una vía igualmente satisfactoria que el proceso de amparo. Finalmente, con la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como del Nuevo Código Procesal Constitucional y el establecimiento de nuevos criterios constitucionales por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Elgo Rios, se ha determinado que, hoy en día, la pretensión del Sr. Rojas, de acuerdo a los argumentos recogidos en el expediente bajo análisis, no hubiera sido atendible en la vía constitucional en tanto existe una vía igualmente satisfactoria en la vía ordinaria laboral.

En el presente informe, se realiza un análisis crítico de la STC No. 01735-2008-PA/TC, por el cual se declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Shougang y, en consecuencia, inaplique la Ordenanza Municipal No. 006-2007-A/MPN, aprobado por la Municipalidad Provincial de Nasca. Mediante dicha ordenanza, se aprobó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Marcona (Nasca, Ica), a través de la cual se calificó determinadas áreas – donde se encontraban ubicadas concesiones mineras de titularidad de Shougang – como urbanas, lo cual significó una restricción a Shougang de realizar cualquier actividad minera en dichas áreas. Sin embargo, se advierte que el referido PDU no cumplió con el procedimiento preestablecido por ley para su aprobación, tomando en cuenta lo regulado, principalmente, en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27015, modificada por la Ley 27560 y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Pero, además, la Ordenanza significaría una vulneración al derecho de propiedad de Shougang y, concretamente, un supuesto de expropiación indirecta el cual se encuentra proscrito. Pese a ello, el TC no resolvió en virtud de los derechos invocados por Shougang, sino que optó por declarar que existió una afectación a la libertad contractual (pese a que no fue alegado). Si bien la decisión del TC fue correcta al declarar fundada la demanda, lo cierto es que se basó en una afectación a la libertad contractual, que, si bien es afectada en este caso, en realidad las consideraciones señaladas por el TC son incorrectas. / In this report, a critical analysis of STC No. 01735-2008-PA/TC es carried out, by which the amparo lawsuit filed by Shougang was declared founded and, consequently, the Municipal Ordinance No. 006-2007, approved by the Provincial Municipality of Nazca, is not applied. Through said ordinance, the update of the Urban Development Plan of Marcona’s District (Nazca, Ica) was approved, through which certain areas - where mining concessions owned by Shougang were located - were classified as urban, which meant a restriction on Shougang from carrying out any mining activities in such areas. However, it is noted that the aforementioned PDU did not comply with the procedure pre- established by law for its approval, taking into account what is regulated, mainly, in the Organic Law of Municipalities, Law 27015, modified by Law 27560 and the Regulation of Territorial Conditioning and Urban Development. But, in addition, the Ordinance meant a violation of Shougang's property right and, specifically, a case of indirect expropriation which is outlawed. Despite this, the TC did not decide by virtue of the rights invoked by Shougang, but instead chose to declare that there was an affectation of contractual freedom (despite the fact that it was not alleged). Although the decision of the TC was correct in declaring the claim founded, the truth is that it was based on an affectation of contractual freedom, which, although it is affected in this case, the fact is that the considerations indicated by the TC are incorrect.

El informe presenta un trabajo de investigación en materia de derecho tributario y derecho constitucional, que se justifica en la importancia de las acciones constitucionales que pueden ejercerse en el ámbito tributario, tal como sucede en los casos de creación de normas jurídicas de contenido tributario. El objetivo principal de este informe es identificar la aplicación de los principios tributarios en las obligaciones tributarias asociadas al Impuesto General a las Ventas (en adelante, “IGV”) - particularmente en el ámbito de las importaciones de bienes y el régimen de percepciones del IGV- de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial y doctrinario desarrollado en las controversias acontecidas a raíz de defensa de los derechos constitucionales de los contribuyentes o sujetos obligados al pago frente al ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. En atención a ello, la idea central que planteamos para la resolución del caso en concreto es la aplicación de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución Política y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional frente a la regulación del Régimen de Percepciones del IGV (Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT) aplicable a las importaciones de bienes usados. En esa línea, tenemos que la posición desarrollada en esta informe resulta acorde a la resolución del Tribunal Constitucional, pues consideramos correcto el entendimiento sobre la validez del régimen de percepciones aplicable a las importaciones en materia de IGV, y además, la declaración de inconstitucionalidad por la vulneración a la reserva de Ley. Sin embargo, discrepamos sobre el extremo referido a la vulneración del derecho a la igualdad, ya que sostenemos que la norma en controversia carece de pronunciamiento al respecto, al no establecer una distinción clara entre los grupos sujetos a la percepción para la aplicación de la tasa respectiva (importadores de bienes nuevos e importadores de bienes usados), lo cual no fue debidamente advertido por el Tribunal Constitucional; y, a su vez, repercute en el análisis respecto a la aplicación del principio de no confiscatoriedad en los pagos adelantados en materia de IGV.

El presente Informe Jurídico tiene como objeto analizar el sentido del fallo que arribó por mayoría el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 00225-2017-PA/TC Lima (caso Telefónica del Perú S.A.A.), a la luz del derecho al plazo razonable en el procedimiento contencioso tributario. Teniendo en cuenta el caso concreto, tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT han excedido en demasía los plazos legales para resolver los recursos impugnatorios de reclamación, apelación y cumplimiento; esto es, en total más de cinco años, periodo en el cual los intereses moratorios han incrementado exorbitantemente. Con el propósito de determinar la violación al derecho plazo razonable, implícito del derecho al debido proceso, nos remitiremos a los cuatro criterios fijados por el Tribunal Constitucional: 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad o conducta procedimental del interesado; 3) la conducta de la administración pública; y 4) las consecuencias que la demora produce en la situación jurídica del interesado. En esa línea, sostenemos que el quiebre del plazo razonable se determina analizando los citados cuatro criterios; en caso se verifique una demora injustificada - como ocurre en la sentencia materia de análisis -, la consecuencia directa será la inaplicación de los intereses moratorios generados desde el vencimiento del plazo legal. Aunado a ello, también se replantean las excepciones a la regla del agotamiento de la vía previa, - tal como el riesgo de irreparabilidad o amenaza inminente -, que yacen en el Código Procesal Constitucional, para acceder al proceso de amparo, vía idónea para la tutela urgente de los derechos constitucionales afectados. / The purpose of this Legal Report is to analyze the sense of the decision reached by the majority of the Constitutional Court in Sentence No. 00225-2017-PA/TC Lima (Telefónica del Perú S.A.A. case), in light of the right to reasonable time in the tax litigation procedure. Taking into account the specific case, both the Tax Court and SUNAT have exceeded by far the legal 3 deadlines to resolve the appeals of claim, appeal and compliance; that is, in total more than five years, a period in which the moratorium interests have increased exorbitantly. In order to determine the violation of the right to reasonable time, implicit in the right to due process, we will refer to the four criteria established by the Constitutional Court: 1) the complexity of the matter; 2) the procedural activity or conduct of the individual concerned; 3) the conduct of the public administration; and 4) the consequences that the delay produces in the legal situation of the individual concerned. Along these lines, we maintain that the breach of the reasonable term is determined by analyzing the four criteria mentioned above; in the event of an unjustified delay - as in the case of the judgment under analysis -, the direct consequence will be the nonapplication of the moratorium interest generated since the expiration of the legal term. In addition to this, the exceptions to the rule of exhaustion of prior remedies - such as the risk of irreparability or imminent threat -, which lie in the Constitutional Procedural Code, are also reconsidered in order to access the amparo process, a suitable way for the urgent protection of the affected constitutional rights.

El objeto principal de este informe es relatar el proceso de la garantía constitucional de amparo interpuesta por la empresa Minera Servicios Generales S.R.L y otros contra la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del cual se discutió la constitucionalidad de la emisión del Decreto de Urgencia N° 012-2010 y la posible vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad de trato (artículo 2.2), propiedad (artículo 70), irretroactividad de la ley (artículo 103) y libertad de empresa (artículo 59). Esta investigación se realizó mediante el método dogmático, a través de un análisis normativo, jurisprudencial y bibliográfico sobre las características e importancia de la diferenciación de los tipos legales de la pequeña minería y de los límites constitucionales al ejercicio de los derechos antes alegados. Al final del informe concluimos que el Tribunal Constitucional vulnera el derecho a la adecuada motivación, parte del contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por mantener una exposición carente e incongruente en determinados ámbitos de la sentencia. Asimismo, se observa que el dispositivo normativo no cumplía con las exigencias constitucionales para su expedición (excepcional, necesidad, transitoriedad) en concordancia con el artículo 118.19° de la Constitución Política y el artículo 91° del Reglamento del Congreso; no obstante, tras un examen de los alegatos de las partes (demanda y demandante) se determina que no existió contravención a los derechos anteriormente mencionados. / The main purpose of this report is to relate the constitutional guarantee filed by the mining company Servicios Generales S.R.L and others against the Presidency of the Council of Ministers, through which the constitutionality of the issuance of Emergency Decree No. 012-2010 and the possible violation of the fundamental rights to equal treatment (article 2.2), property (article 70), nonretroactivity of the law (article 103) and freedom of enterprise (article 59) were discussed. This research was carried out by means of the dogmatic method, through a normative, jurisprudential, and bibliographic analysis on the characteristics and importance of the differentiation of the legal types of small mining and the constitutional limits to the exercise of the aforementioned rights. At the end of the report, we conclude that the Constitutional Court violated the right to adequate motivation, part of the essential content of the right to effective jurisdictional protection, by maintaining a lacking and incongruent exposition in certain areas of the sentence. Likewise, it is observed that the normative device did not comply with the constitutional requirements for its issuance (exceptional, necessary, transitory) in accordance with article 118.19° of the Political Constitution and article 91° of the Regulations of the Congress; however, after an examination of the allegations made by the plaintiff and the plaintiff, it is determined that there was no violation of the rights.

El objetivo principal del presente informe jurídico consiste en delimitar el alcance y contenido de los criterios que emplean los jueces al momento de declarar improcedentes las demandas de amparo, sustentando su decisión en la causal referida a la existencia de procesos ordinarios específicos e igualmente satisfactorios, para la tutela del derecho constitucional cuya vulneración o amenaza de vulneración se alega. El análisis del alcance de dichos criterios tendrá como punto de partida la Sentencia Interlocutoria recaída en el Expediente N° 4565-2019-PA/TC. En dicha Sentencia, el Tribunal Constitucional (en adelante “Tribunal Constitucional o TC”) desestimó el recurso de agravio constitucional (en adelante “RAC”) interpuesto por la demandante, en tanto la cuestión de derecho invocada habría contravenido las reglas establecidas como precedente vinculante en el caso “Elgo Ríos Núñez”. Así pues, en el presente estudio se empleará un método de investigación dogmático jurídico (o documental), puesto que analizaremos lo que ya se ha dicho en doctrina y en la jurisprudencia nacional respecto del tema que nos ocupa. A partir de ello, concluiremos que en tanto los criterios empleados por la judicatura constitucional para declarar la improcedencia de una demanda de amparo sobre la base de la causal referida a la existencia de procesos específicos e igualmente satisfactorios al proceso de amparo, establecidos en el caso “Elgo Ríos Núñez”, contienen conceptos generales, indeterminados y abstractos, existe la necesidad de que dichos criterios sean dotados de contenido, cuanto menos, suficiente, a fin de que sean empleados por la judicatura de manera razonable, adecuada y justificada, evitando de esa manera la vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia. / The main objective of this legal report is to delimit the scope and content of the criteria used by judges when declaring amparo suits inadmissible, basing their decision on the cause referred to the existence of specific and equally satisfactory ordinary proceedings for the protection of the constitutional right whose violation or threat of violation is alleged. The analysis of the scope of such criteria will have as a starting point the Interlocutory Judgment issued in Case No. 4565-2019-PA/TC. In said Judgment, the Constitutional Court (hereinafter "Constitutional Court or TC") dismissed the constitutional grievance appeal (hereinafter "RAC") filed by the plaintiff, inasmuch as the question of law invoked would have contravened the rules established as binding precedent in the "Elgo Rios Nuñez" case. Thus, in this study we will employ a dogmatic legal (or documentary) research method, since we will analyze what has already been said in doctrine and national jurisprudence regarding the issue at hand. From this, we will conclude that the criteria used by the constitutional judiciary to declare the inadmissibility of an amparo claim on the basis of the cause referring to the existence of specific and equally satisfactory processes to the amparo process, established in the "Elgo Rios Nuñez" case, contain general, indeterminate and abstract concepts, there is a need for such criteria to be endowed with at least sufficient content, so that they may be used by the judiciary in a reasonable, adequate and justified manner, thus avoiding the violation of the right of access to justice.

El presente trabajo analiza el proceso de amparo iniciado por la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A. contra una ordenanza municipal expedida por la Municipalidad Provincial de Nazca, que aprobó un Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de San Juan de Marcona. A raíz de este instrumento, se desata un conflicto entre la empresa y el gobierno local, vinculado al desarrollo y continuidad de las actividades mineras en el distrito, pues la ordenanza municipal clasificó a los terrenos otorgados en concesión minera como “urbanos” y de “expansión urbana”, y estableció una regulación urbanística particularmente restrictiva al desarrollo industrial minero. Los problemas jurídicos que se desprenden de este caso son analizados desde dos perspectivas. Primero, del análisis abstracto de la constitucionalidad del Plan de Desarrollo Urbano, conforme al marco constitucional, legal y reglamentario al cual se sujetan las competencias de los Gobiernos Locales, el desarrollo de la actividad minera y los instrumentos de planificación urbana. Segundo, del análisis concreto de los efectos de la norma sobre los derechos constitucionales de la empresa minera. De esta forma, se pudo concluir que la ordenanza municipal no cumplió con el procedimiento constitucional, legal y reglamentariamente establecido para la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano; y que, además, su contenido vulneró los derechos constitucionales a la libertad de empresa, libertad de industria y el derecho de propiedad de la empresa demandante. / This work analyzes the action for the protection of constitutional rights initiated by the mining company Shougang Hierro Perú S.A.A. against a municipal ordinance issued by the Provincial Municipality of Nazca, which approved an Urban Development Plan for the city of San Juan de Marcona. As a result of this instrument, a conflict arises between the company and the local government, related to the development and continuity of mining activities in the district. This stems from the municipal ordinance categorizing the lands granted in the mining concession as "urban" and "urban expansion", while simultaneously instituting particularly restrictive urban regulations pertaining to mining industrial development. The legal issues stemming from this case are scrutinized from two perspectives. Firstly, from an abstract analysis of the constitutionality of the municipal ordinance, in accordance with the constitutional, legal, and regulatory framework governing the competencies of Local Governments, the development of mining activity, and the approval of urban planning instruments. Secondly, from a concrete analysis of the norm's effects on the constitutional rights of the mining company. Consequently, it was determined that the municipal ordinance failed to adhere to the constitutionally, legally, and regulatory established procedure for approving an urban planning instrument. Moreover, its content infringed the constitutional rights to freedom of enterprise, freedom of industry, and the right to property of the plaintiff company.

Actualmente, muchos contribuyentes en el Perú han recurrido al Proceso de Amparo con el objetivo de que se les inaplique lo establecido en el artículo 33° del Código Tributario antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 981 y la Ley N° 30230, normas que establecen el plazo legal máximo para resolver un Recurso de Reclamación y de Apelación, respectivamente; con la finalidad de que se les aplique la regla de la no exigibilidad de intereses moratorios, alegando la vulneración del Derecho al Plazo Razonable. Sin embargo, no existe un panorama claro para determinar la imputabilidad del retraso y las situaciones en las cuales el cobro de intereses moratorios vulnera principios y derechos constitucionales, como el Principio de No Confiscatoriedad o el Derecho a un plazo razonable, puesto que el Tribunal Constitucional no establecido un precedente vinculante. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objeto de estudio del cobro de intereses moratorios en el ámbito de un procedimiento administrativo tributario, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, específicamente de la Sentencia N° 04082-2012-PA/TC, el cual buscará discutir y analizar constitucionalmente los aspectos más relevantes del cobro de intereses moratorios y su concordancia con un Estado Constitucional de Derecho. / At present, taxpayers in Peru have resorted to the Proceso de Amparo in order to achieve the non-application of article 33º of the Tax Code, before the entry intro effect of Legislative Decree Nº 981 and Law Nº 30230, both of which establish the maximum legal deadline to resolve a Claim and Appeal, respectively; with the purpose of obtaining the application of the Rule of non-enforceability of default interests, alleging the violation of the right to a reasonable term. However, there is no clear picture to determine the imputability of the delay and the situations where charging default interests violates constitutional principles and rights, such as the principle of non-confiscation and the right to a reasonable term, given the fact that the Constitutional Court has not set a binding precedent. Therefore, this report aims to study the collection of default interests within an administrative and tax procedure, taking into account the jurisprudence of the Constitutional Court and, specifically, of Constitutional Decision Nº 04082-2012-PA/TC, which will seek to discuss and analyze the most relevant aspects of the collection of late payment interests in accordance with a Constitutional State of Law

La hipótesis del trabajo es: “El proceso constitucional de amparo en el Perú presenta un conjunto de problemas, identificables a nivel normativo y a través del desarrollo de la jurisprudencia, que impiden que a través del mismo se pueda obtener una tutela judicial efectiva del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y adecuado”. Tomando como base el objetivo central y la hipótesis de trabajo de la investigación, ésta se encuentra dividida en cuatro capítulos. El Capítulo 1 está dedicado al análisis del fundamento y contenido del derecho al medio ambiente, reconocido en el artículo 2º inciso 22º de la Constitución de 1993, en la perspectiva de evaluar en qué casos procede interponer una demanda de amparo para garantizar su protección, tomando en consideración los presupuestos procesales que deben ser observados en este proceso. En el Capítulo 2 se aborda el contenido y alcance del derecho fundamental a la protección judicial de los derechos fundamentales, que constituye el fundamento de los procesos constitucionales de defensa de tales derechos. En este capítulo se describen los fundamentos del mencionado derecho, su reconocimiento constitucional e internacional, así como se identifican los actos lesivos más frecuentes a su ejercicio y se analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Es objetivo de esta segunda parte demostrar que el proceso de amparo, así como el hábeas corpus y el hábeas data, constituyen una manifestación o concretización del derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales, por lo que deben cumplir determinadas características, de modo tal que resulten adecuados y eficaces para alcanzar dicha protección, perspectiva desde la cual debe ser analizado todo el marco normativo y jurisprudencial que desarrolla tales procesos. Luego de haber explicado los fundamentos constitucionales del proceso de amparo, en el Capítulo 3 se analizan las principales instituciones de dicho proceso, de modo particular aquéllas que permitirán evaluar el grado de tutela procesal que a través del mismo se otorga al derecho al medio ambiente. Por ello, el capítulo se centra en evaluar el marco normativo y jurisprudencial actualmente existente sobre determinadas instituciones procesales. Tomando en cuenta lo anterior, en el Capítulo 4 se evalúa el grado de tutela procesal que recibe el derecho al medio ambiente en nuestro país a través del proceso de amparo. Para tal efecto, se toman como referencia las decisiones seleccionadas del Tribunal Constitucional que se relacionan con este derecho. Como corresponde, el trabajo finaliza con la presentación de nuestras conclusiones sobre la investigación realizada y la relación de la bibliografía empleada.

El presente caso se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck contra la resolución de fecha 13 de septiembre de 2010, donde el Colegiado analiza si se han vulnerado los derechos fundamentales del debido proceso, la igualdad ante la ley, de propiedad y a contratar con fines lícitos. Pese a que, dos de los tres procesos ordinarios que originaron el proceso de amparo, ya estaban en etapa de ejecución, el Tribunal Constitucional decide resolver declarado fundada en parte la demanda de amparo, al demostrarse que los pagarés no fueron completados según lo pactado y, además, declaro nulas las resoluciones que estimaron fundadas las demandas interpuestas por el Banco de Comercio. A partir de ello, surgen diferentes interrogantes. En primer lugar, la potestad del Tribunal Constitucional para revisar todo el proceso ordinario, no solo del proceso de amparo, sino de los juicios civiles, sin ningún tipo de cautela al perjudicar al Banco de Comercio que ya contaba con dos sentencias firmes a su favor. En segundo lugar, cómo se podría delimitar el grado de intervención del Tribunal cuando revisa resoluciones judiciales ordinarias. En tercer lugar, si en este caso, el Tribunal Constitucional observó y aplicó dichos límites. Debido a ello, en el presente informe se buscará dar respuesta a las interrogantes anteriormente planteadas, con el objetivo de entender cómo el Tribunal Constitucional debe revisar los procesos judiciales ordinarios en los procesos de amparo. / The present case is about a ruling by the Constitutional Court that resolves the appeal for constitutional grievance filed by Mr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck against the resolution dated September 13, 2010, where the Court analyzes whether fundamental rights are respected due to process, equality before the law, property and contracting for lawful purposes. Although two of the three ordinary processes that gave rise to the amparo process were already in the execution stage, the Constitutional Court decided to declare the amparo claim partially founded, having proven that the promissory notes were not executed as agreed. and, furthermore, I declare void the resolutions that considered the claims filed by the Banco de Comercio to be founded. From this, different questions arise. Firstly, the power of the Constitutional Court to review the entire ordinary process, not only the protection process, but also the civil processes, without any type of caution to the detriment of the Banco de Comercio, which already had two final rulings. . favor. . Secondly, how could the degree of intervention of the Constitutional Court be delimited when reviewing ordinary judicial resolutions? Thirdly, whether in the present case the Constitutional Court respected and applied said limits. Therefore, this report will seek to answer the questions previously raised, with the aim of understanding how the Constitutional Court should review ordinary judicial processes in amparo proceedings.