En este trabajo examino diversas controversias suscitadas dentro un proceso constitucional de hábeas corpus promovido contra la formalización de denuncia penal ejercida por un Fiscal contra un árbitro por actos ejercidos durante el desempeño de su cargo. La relevancia jurídica apreciada en los diversos actuados del presente expediente – el cual culmina con una sentencia del Tribunal Constitucional – nos permite abordar un abanico de aspectos relacionados al Arbitraje, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Al haber identificado cuatro problemas jurídicos, en primer lugar, analizo cuáles son los derechos del investigado que le asisten en la etapa prejurisdiccional y los mecanismos de tutela con los que cuenta frente a una eventual transgresión del Fiscal en dicha fase. Asimismo, abordo el caso en concreto para determinar si el hecho denunciado contra el árbitro era lícito o no, y si durante la investigación fiscal se afectó el debido proceso del investigado. En tercer lugar, planteo que en el presente caso no correspondía amparar la demanda de hábeas corpus, partiendo de una evaluación previa en cuanto a la posibilidad de procedencia de dicha garantía constitucional contra los actos del representante Ministerio Público. Finalmente, procedo a valorar si es trascendente la teoría sobre la naturaleza del arbitraje que sea adoptada en nuestro ordenamiento para determinar la procedencia de una demanda de amparo contra un laudo arbitral. La conclusión alcanzada en este último punto es que la teoría que sea recogida no tiene repercusión respecto a la posibilidad de que un laudo pueda ser sometido a control constitucional.

En el marco de la etapa de ejecución contractual en el sector público existen distintos mecanismos e instrumentos legales que pueden ser utilizados tanto por la Administración Pública como por el particular, de tal manera que se requiera proteger los derechos e intereses involucrados. Ello cobra especial importancia al tratarse de contrataciones públicas que implican la satisfacción de un interés general particularmente sensible como es la erradicación de la desnutrición crónica infantil en el territorio peruano. En tal sentido, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA fue un intento para procurar implementar acciones conforme las políticas públicas en línea con lo antes indicado. Sin embargo, a partir del análisis de la normativa de Contrataciones del Estado y los términos y condiciones particulares respecto de la ejecución del Contrato N° 010-2012- MIDIS-PRONAA para la adquisición del producto “papilla”, se observa una considerable responsabilidad por parte del PRONAA en relación a la falta en el deber de procura y garantía del interés general involucrado, tras haber generado desabastecimiento, ineficiencia en el uso de los recursos públicos, riesgo a la salud, entre otros. Dicha responsabilidad involucra, entre otros factores, acciones o inacciones en el uso de mecanismos legales a disposición de la Entidad para poder satisfacer las necesidades de la población, así como procurar e instar el cumplimiento de la empresa Consorcio de Alimentos S.A.C. para cumplir con la finalidad pública de la contratación. / Within the scope of the contractual execution stage in the public sector there are different mechanisms and legal instruments that could be used both by the Public Administration and by the private part regarding the rights and interests involved and required to be protected. This is particularly important when dealing with public contracts that involves the satisfaction of a particularly sensitive general interest, such as the eradication of chronic child malnutrition in the Peruvian territory. Therefore, the National Food Assistance Program – “PRONAA” was an attempt to attempt to take actions in accordance with public policies in line with the abovementioned. However, based on the analysis of the regulations of Public Procurement and the particular terms and conditions regarding the execution of Contract No. 010-2012-MIDIS PRONAA for the acquisition of the product "papilla", a significant responsibility of PRONAA is noted regarding the duty to seek and guarantee the general interest involved, after having generated shortage, inefficiency in the use of public resources, risk to health, among others. Such responsibility involves, among other factors, actions or inactions related to the use of legal mechanisms available to the Entity to fulfill the needs of the population, as well as to seek and encourage the compliance of the company “Consorcio de Alimentos S.A.C.” in order to satisfy the public purpose of the contract.

La relación que existe entre las contrataciones con el Estado y el arbitraje en el Perú supone una cuestión de suma importancia. Para lograr el cumplimiento de la finalidad pública inmersa en dichos contratos, y con ello la satisfacción del interés general, no solo se requiere la realización de un proceso de contratación óptimo en todas sus etapas, sino que de existir alguna controversia la misma sea resuelta de forma idónea. En virtud de lo expuesto, el presente informe jurídico tiene como propósito analizar distintas instituciones jurídicas, como consecuencia de lo resuelto en la Resolución N° 7 del Expediente Judicial N° 00134-2021-0-1817-SP-CO-01, con énfasis en lo relativo a las implicancias de la naturaleza jurídica del acto de conformidad de servicio dentro de un proceso de contratación con el Estado y la problemática generada por los defectos en la motivación de los laudos arbitrales en nuestro país. Con la finalidad de lograr dicho objetivo, se realizará un análisis exhaustivo de diversa doctrina calificada, normativa aplicable y jurisprudencia nacional que brindará mayores alcances jurídicos y prácticos en contraste con el recurso de anulación contra el laudo presentado y el pronunciamiento efectuado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima / The relationship that exists between contracts with the State and arbitration in Peru is a matter of the utmost importance. In order to achieve the fulfillment of the public purpose immersed in said contracts, and with it the satisfaction of the general interest, it is not only required to carry out an optimal contracting process in all its stages, but also that if there is any controversy, it must be resolved accordingly. suitable way. By virtue of the foregoing, the purpose of this legal report is to analyze different legal institutions, as a consequence of what was resolved in Resolution No. 7 of Judicial File No. 00134-2021- 0-1817-SP-CO-01, with emphasis in relation to the implications of the legal nature of the act of conformity of service within a contracting process with the State and the problems generated by the defects in the motivation of arbitration awards in our country. In order to achieve this objective, an exhaustive analysis of various qualified doctrine, applicable regulations and national jurisprudence will be carried out that will provide greater legal and practical scope in contrast to the annulment appeal against the award presented and the pronouncement made by the First Civil Chamber. with Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima

En el presente trabajo se analiza la controversia suscitada entre el Gobierno Regional del Callao y el Consorcio Nueva Gambetta, la cual fue resuelta en el proceso arbitral N° 2728-2013-CCL. El argumento principal del Consorcio (demandante) se basó en que por razones imputables al Gobierno Regional del Callao (demandado), hubo atrasos en la ejecución de obras, generando una modificación en el plazo contractual y, por lo tanto, consecuencias en el aspecto económico del Contrato. Es así que, se presentan cinco pretensiones, siendo la cuarta sobre el pago de los Costos Directos que se habrían computado por la inactividad y/o paralización de equipos empleados en obra, a raíz de que la Entidad no entregó los terrenos en los que se realizaría la obra, liberados, sin interferencias y de acuerdo al plazo pactado en el Contrato. A partir de ello, se analizan las cláusulas del Contrato, la metodología para el cálculo de los Costos Directos, la regulación de este concepto en la Ley de Contrataciones aplicable, así como de las posteriores modificaciones hasta la fecha. De igual manera, se estudia la preservación del Equilibrio Económico Financiero del Contrato, el respeto al Principio de Equidad, la modificación a la figura de la entrega parcial de terrenos y el sistema de contratación elegido. Finalmente, el trabajo concluye que el deber de motivación en el laudo es imprescindible para fundamentar las decisiones adoptadas por el Tribunal Arbitral y con ello, evitar que se generen causales de anulación de laudo / This paper analyses the controversy between the Regional Government of Callao and the Nueva Gambetta Consortium, which was resolved in arbitration process No. 2728-2013-CCL. The main argument of the Consortium (plaintiff) was based on the fact that, due to the Regional Government of Callao's (defendant) attributable reasons, there were delays in the execution of works, resulting in a modification of the contractual deadline and, therefore, economic consequences under the Contract. As a result, five claims are presented, with the fourth one concerning the payment of Direct Costs that would have been incurred due to the inactivity and/or immobilization of equipment used in the project, as a result of the Entity not delivering the lands where the works would take place, cleared, without interference, and according to the agreed deadline in the Contract. Based on this, the clauses of the Contract, the methodology for calculating Direct Costs, the regulation of this concept in the applicable Contracting Law, as well as subsequent amendments up to the date, are analysed. Likewise, the preservation of the Economic and Financial Equilibrium of the Contract, respect for the Principle of Equity, the modification to the partial delivery of lands, and the chosen contracting system are studied. Finally, the paper concludes that the duty of motivation in the arbitral award is essential to substantiate the decisions made by the Arbitral Tribunal and thereby prevent grounds for annulment of the award

El presente informe tiene como objetivo analizar el recurso de anulación de laudo, respecto a la causal c) del Decreto Legislativo N°1071, es decir que, por algún motivo, las actuaciones arbitrales no se han llevado a cabo conforme a lo acordado por las partes o al reglamento arbitral aplicable. Para ello, se parte del contenido de la Resolución N° 11, de fecha 27 de agosto de 2020, recaída en el Exp. N° 00677-2018-0-1817-SP-CO-01, emitida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. En dicha resolución se declara fundado el recurso de anulación de Laudo, dado que, conforme al criterio de la Sala, dicho laudo carece de motivación o incurre en motivación aparente lo que genera una vulneración al debido proceso, derecho constitucional continente de la debida motivación. Se ha realizado una investigación multimodal: se han abordado todos los temas fundamentales desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, con la finalidad de establecer la adecuada relación de aquellas instituciones procesales, cuyo origen radica del ordenamiento constitucional y/o procesal civil y que pueden trasladarse, con los adecuados matices, al arbitraje. En ese sentido, se ha revisado tanto, textos académicos elaborados por la doctrina más cercana a las materias analizadas, jurisprudencia y normas pertinentes a fin de responder los principales problemas jurídicos identificados. Finalmente, se ha llegado a la conclusión de la importancia de la motivación, deber transversal por su carácter constitucional, el cual no puede eludir ningún órgano decisor de carácter jurisdiccional. / The objective of this report is to analyze the appeal for annulment of the award, regarding cause c) of Legislative Decree No. 1071, that is to say that, for some reason, the arbitration proceedings have not been carried out in accordance with what was agreed by the parties or the applicable arbitration rules. For this, the content of Resolution No. 11, dated August 27, 2020, falls on Exp. No. 00677-2018-0-1817-SP-CO-01, issued by the First Civil Chamber with Subspecialty Commercial of the Superior Court of Justice of Lima. In said resolution the appeal for annulment of the Award is declared founded, since, according to the criteria of the Chamber, said award lacks motivation or incurs apparent motivation, which generates a violation of due process, a constitutional right containing due motivation. A multimodal investigation has been carried out: all the fundamental issues have been addressed from a qualitative and quantitative approach, in order to establish the appropriate relationship of those procedural institutions, whose origin lies in the constitutional and / or civil procedural order and that can be transferred, with the appropriate nuances, to arbitration. In this sense, academic texts prepared by the doctrine closest to the analyzed subjects, jurisprudence and pertinent norms have been reviewed in order to answer the main legal problems identified. Finally, it has come to the conclusion of the importance of motivation, a transversal duty due to its constitutional nature, which cannot be avoided by any decision-making body of a jurisdictional nature.

El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis de la resolución N° 11 que contiene la sentencia que resuelve el recurso de anulación de laudo arbitral en el proceso recaído en el Expediente N° 00677-2018-0-1817-SP-CO-01, que fue iniciado por el Gobierno Regional de Cusco contra el Consorcio Indusac S.R.L. – Kajachri E.I.R.L. Con esto en mente, se pretende abarcar el problema relacionado a la intervención del Poder Judicial en la revisión de laudos arbitrales y entrar en la discusión sobre los límites de la causal referida a inciso c) del numeral 1 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje. Para ello, se pretende hacer un repaso de los antecedentes del caso, seguido por la identificación del problema jurídico. También se pretende exponer el marco jurídico y el marco conceptual que ayudarán a construir un panorama general a partir del cual se hará el planteamiento de la postura que se tiene frente a la anulación parcial del laudo arbitral en el caso en cuestión. Lo anterior nos servirá para señalar que, si bien la motivación no ha sido recogida expresamente como causal para anular un laudo arbitral, la aparente o inexistente motivación sí puede estar comprendida en el artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071 toda vez que las partes no hayan pactado en contra de su presencia en el laudo.

El presente informe analiza la controversia surgida entre Irradia S.R.L. y Transportadora de Gas del Perú S.A. por la negativa de esta a aprobar la cesión de posición contractual de Irradia, en el Contrato de Servicio de Transporte Firme de Gas Natural que mantenían, a favor de Enersur S.A. El caso fue sometido a un arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El Tribunal Arbitral concluyó que la decisión de TGP tenía causa debidamente justificada porque, cuando Irradia solicitó su asentimiento, las cesiones de posición contractual en dicho tipo de contratos estaba prohibida, hasta que no se extinguiera la llamada “Garantía por Red Principal”. El trabajo analiza los antecedentes del marco regulatorio aplicable y concluye que la prohibición de las cesiones de posición contractual no existía, por lo que la negativa de TGP a aprobar la cesión a Enersur no contó con causa debidamente justificada. También se analizan las implicancias civiles-contractuales de dicha situación, concluyendo que, pese a lo anterior, Irradia debió seguir cumpliendo el Contrato del que era parte y que TGP actuó conforme a derecho al ejecutar las garantías otorgadas y resolver la relación contractual por causa imputable a Irradia

La presente investigación versa sobre el análisis del arbitraje potestativo incausado y su compatibilidad con la negociación directa en un conflicto laboral. El arbitraje potestativo es un mecanismo de solución de conflictos regulado en el ámbito legal nacional, y a pesar de la controversia que ha causado, se viene implementando constantemente en la práctica. El arbitraje potestativo causado se configura cuando se presentan alguna de las dos causales descritas en el artículo 61-A° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha inclinado por una postura que establece que el arbitraje potestativo es uno de naturaleza incausada, es decir, no es necesario la configuración de las causales descritas en el artículo citado para su aplicación. Ante dicha controversia, y observándose en la práctica una importante implementación del arbitraje potestativo incausado, surge la interrogante de conocer si es que el arbitraje potestativo incausado genera alguna incompatibilidad con el derecho a la negociación directa. A partir de este contexto, se realiza un análisis de la normativa nacional e internacional que sirve de base para la aplicación del arbitraje potestativo incausado, así como los efectos que ha causado su aplicación práctica en las negociaciones colectivas. La presente investigación contiene dos secciones. La primera sección tiene como objetivo establecer los conceptos relacionados a los conflictos laborales, la negociación colectiva como derecho constitucional y los mecanismos de solución de conflictos. La segunda sección realiza un análisis a la figura del arbitraje potestativo, en base a la normatividad nacional y a la jurisprudencia, haciendo un especial énfasis en el arbitraje potestativo incausado y los efectos que tiene en la negociación directa, utilizando data estadística. Finalmente, se concluye con ciertas reflexiones referentes a la aplicación actual del arbitraje potestativo incausado, y propuestas de regulación del mismo.

En el presente Informe, se realiza un análisis sobre los principales problemas jurídicos que fueron planteados por las partes y que fueron abordados por el Tribunal Arbitral, en el Caso Arbitral No. 1372-004-2008, iniciado por el Sr. Jaime Mur contra Pativilca ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El objetivo de este Informe es realizar un análisis desde el Derecho Civil y Arbitral, a través del método doctrinal, exegético y jurisprudencial, sobre las posiciones planteadas por las partes y las decisiones emitidas por el Tribunal Arbitral. Para analizar los principales problemas jurídicos identificados en el Caso Arbitral, se busca: (i) determinar el alcance subjetivo y objetivo del convenio arbitral estatutario, para así determinar si el Tribunal Arbitral podía o no pronunciarse sobre un contrato distinto al Estatuto, que fue suscrito por el Banco (que no era parte del Caso Arbitral); (ii) determinar cuáles fueron las obligaciones contraídas por el Demandante en el Primer y Segundo Convenio entre Accionistas; (iii) determinar si procedía o no una indemnización por enriquecimiento sin causa a favor del Demandante; (iv) determinar si la Casación No. 215-2005 Lima era vinculante al Tribunal Arbitral; y, (v) determinar si el Tribunal Arbitral debió levantar la medida cautelar arbitral. Nuestra conclusión principal es que (i) el Tribunal Arbitral sí podía pronunciarse sobre un contrato suscrito por el Banco, pero sin calidad de cosa juzgada; (ii) bajo el Primer y Segundo Convenio entre Accionistas, el Demandante no asumió frente a Pativilca la deuda que esta tenía con el Banco; (iii) no correspondía otorgarle una indemnización por enriquecimiento sin causa al Demandante; (iv) la Casación No. 215-2005 Lima no era vinculante; y, (v) el Tribunal Arbitral debió levantar la medida cautelar una vez culminado el plazo para presentar un recurso de anulación o apelación.

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it