El presente informe jurídico se fundamenta en el caso arbitral N°0265-2017- CLL de fecha 22 de julio de 2019 en el que se detalla el incumplimiento de la obligación esencial de entrega oportuna de terrenos de Provías Nacional que generó un desequilibrio contractual y requirió, por lo tanto, una modificación contractual. Este caso evidencia la importancia de cumplir oportunamente los tiempos de entrega de los acordado por la entidad pública para mantener el equilibrio económico financiero del contrato y las ampliaciones de plazo como medio para restaurar dicho equilibrio. La presente investigación, por tanto, se centrará en estudiar las obligaciones de los contratos administrativos, el equilibrio contractual y las causales de modificación contractual y las ampliaciones de plazo como alternativa para mantener el equilibrio económico del contrato administrativo. Tras este proceso, se plantea que existió incumplimiento de la entrega oportuna de terrenos, incumpliendo con una obligación esencial para la ejecución del contrato que llevaría a requerir una modificación contractual para mantener el equilibrio contractual por lo que, las ampliaciones de plazo eran necesarias. El caso en mención, se analiza utilizando el Decreto Legislativo N° 1057 Ley de Arbitraje, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo general, opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y textos doctrinarios pertinentes. / The present law report is based in the arbitration case N°0265-2017-CLL dated July 22th 2019, which details the breach of the essential obligations of an appropriate timely delivery of the lands by “Provias Nacional”. This resulted in a contractual imbalance that needed a contractual modification. This case puts in evidence the importance of adhering to the delivery timelines agreed upon by the public entity to uphold the financial equilibrium of the contract and the use of deadline extensions as a way to restore that equilibrium. Therefore, this investigation will be focus on the study of the obligations of the administrative contracts, the contractual equilibrium and the grounds for a contractual modification, as well as the use of a deadline extension as an alternative to maintain the financial equilibrium of an administrative contract. Through this review process, it is asserted that there was a failure from the entity side in the timeline of the lands delivery, this constitutes a mayor breach of the essential contract obligation, thereby the request of contract modification to preserve the contract equilibrium and a deadline extension was necessary. This case of study has been analyzed in this inform under the Legislative Decree N. 1057 of the Peruvian Arbitration Law, the Peruvian State Contracting Law, the Peruvian General Administrative Procedure Law, diverse opinions from the Peruvian Supervisory Agency for State Contracting (OSCE) and relevant doctrinal texts.

El presente informe jurídico está destinado a determinar si la resolución que declara fundado el recurso de anulación fue emitida conforme a las normas que regulan el arbitraje y el recurso de anulación de laudo en el ordenamiento jurídico peruano. Para ello se emplearán principalmente el Decreto Legislativo N°1071 que norma el arbitraje, el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima del año 2017, así como la jurisprudencia de las Salas Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional al respecto. Asimismo, se empleará la doctrina pertinente respecto al recurso de anulación de laudo arbitral y sus límites, así como respecto a la prueba extemporánea en arbitraje. El análisis efectuado de dichos instrumentos permitirá concluir que la resolución emitida no es conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Esto se debe a que se ha declarado fundado un recurso de anulación que desde el inicio era improcedente y, además, atendiendo a que la Sala ha calificado la motivación expuesta por los árbitros en el laudo, lo cual se encuentra expresamente prohibido por ley. De esta forma, la resolución materia del presente informe resulta en una intervención indebida de la judicatura en el arbitraje. / The purpose of this legal report is to determine whether the court ruling declaring the action for annulment was issued in accordance with the rules governing arbitration and the action for annulment of an award in the Peruvian legal system. For this purpose, the Legislative Decree N°1071, which regulates arbitration, the Arbitration Rules of the Lima Chamber of Commerce of 2017, will be used as well as the case law of the Commercial Chambers of the Superior Court of Justice of Lima, the Supreme Court and the Constitutional Court in this regard. The relevant doctrine shall also be used with respect to the arbitral action for annulment and its limits, as well as with respect to extemporaneous evidence in arbitration. The analysis of these instruments will allow us to conclude that the court ruling is not in accordance with our legal system. This is due to the fact that an application for annulment that was inadmissible from the outset has been declared well founded and, moreover, on the grounds that the Chamber has qualified the grounds set out by the arbitrators in the award, which is expressly prohibited by law. In this way, the court ruling subject matter of this legal report results in undue intervention by the judiciary in arbitration.

El presente trabajo de investigación jurídica aborda la controversia (proceso arbitral) iniciada por NOVA PERU SAC en contra de Carlos Milanovitch y DEXIM SRL al suscribir éstos un Memorando de Entendimiento, figura atípica en el ordenamiento jurídico peruano que tiene su génesis en el derecho anglosajón. En el documento denominado Memorando de Entendimiento es donde surgen las discusiones acerca de la verdadera naturaleza jurídica de este documento (si es un Memorando de Entendimiento o un contrato de compromiso de contratar), si es que realmente se ha activado la cláusula penal (artículo 1341 del código civil) y si es que DEXIM SRL a pesar de no haber firmado el Memorando de Entendimiento debe ser parte del proceso arbitral (exigibilidad a partes no signatarias). La justificación del presente trabajo de investigación jurídica radica en la falta de uniformidad y consenso en la doctrina acerca de la naturaleza jurídica del Memorando de Entendimiento, así como si éste genera obligaciones entre las partes y el alcance de las partes no signatarias respecto al convenio arbitral. Asimismo, utilizare un enfoque doctrinario y pragmático, puesto que es la única manera de poder distinguir, delimitar y clarificar los problemas antes expuestos. A modo de conclusión, sostengo que el presente documento llamado Memorando de Entendimiento no es tal, por el contrario, es un contrato de compromiso de contratar, así como efectivamente se activó la cláusula penal y, por último, DEXIM SRL sí es parte del proceso arbitral pese a no haber firmado el Memorando de Entendimiento.

El presente informe consiste en el análisis de lo resuelto en el laudo arbitral emitido en el expediente N° 20513/ASM. Este arbitraje se originó a raíz de la suscripción del Contrato de Préstamo JBIC/PE-P25, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (en adelante, PNSU) y el Consorcio Nippon Koei -Oist (en adelante, el Consorcio) para la ejecución del contrato de consultoría de obra para la implementación del proyecto “Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades de Piura- Castilla y Chimbote” (en adelante, el Contrato de Consultoría), en marco de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, LCAE) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, RLCAE) aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM, normas vigentes en ese momento. La controversia radica en que, tras la culminación de sus prestaciones, el Consorcio presentó su liquidación del Contrato de Consultoría; sin embargo, la Entidad remitió un pronunciamiento por medio de la cual rechazaba dicha liquidación; no obstante, el Consorcio consideraba que no resulta válida la mencionada liquidación, ya que no habría cumplido con los requisitos para conformar un acto administrativo. Por su parte, el PNSU consideró que sí cumplió con los requisitos de validez, en tanto, estimaba que se trataba de un acto administrativo válido, oportuno y eficaz. Según lo expuesto, en el presente informe jurídico se pretende analizar la naturaleza de la liquidación realizada por el PNSU, si es un acto administrativo o no, y determinar los requisitos de validez para su emisión, si la Entidad cumplió o no con elaborar la liquidación conforme a la normativa aplicable al caso. Para ello se contrastará los alegatos presentados por parte del Consorcio, la Entidad y el Tribunal Arbitral. Además, se abordará la implicancia de la liquidación respecto a la aplicación de las penalidades, sobre su naturaleza y procedimiento en el contrato. Finalmente, se abordará lo concerniente a la emisión del certificado de conformidad de servicio / This report consists of an analysis of the arbitration award issued in Case No. 20513/ASM. This arbitration arose from the execution of Loan Agreement JBIC/PEP25, between the National Urban Sanitation Program (hereinafter, PNSU) and the Nippon Koei -Oist Consortium (hereinafter, the Consortium) for the execution of the works consultancy contract for the implementation of the project "Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the cities of Piura- Castilla and Chimbote" (hereinafter, the Consultancy Contract), within the framework of Law No. 26850, Law of Contracts of the National Urban Sanitation Program (hereinafter, the Consultancy Contract), The Consulting Contract), under Law No. 26850, State Contracting and Procurement Law (hereinafter, LCAE) and the Regulations of the State Contracting and Procurement Law (hereinafter, RLCAE) approved by Supreme Decree No. 039-98-PCM, rules in force at that time. The controversy lies in the fact that, after the completion of its services, the Consortium submitted its settlement of the Consulting Contract; however, the Entity sent a pronouncement rejecting said settlement; however, the Consortium considered that said settlement was not valid, since it did not comply with the requirements to constitute an administrative act. On the other hand, the PNSU considered that it did comply with the requirements of validity, since it considered that it was a valid, timely and effective administrative act. According to the above, the purpose of this legal report is to analyze the nature of the settlement made by the PNSU, whether it is an administrative act or not, and to determine the validity requirements for its issuance, whether the Entity complied or not with the preparation of the settlement in accordance with the regulations applicable to the case. To this end, the allegations presented by the Consortium, the Entity and the Arbitral Tribunal will be contrasted. In addition, the implications of the liquidation regarding the application of penalties, their nature and procedure in the contract will be discussed. Finally, the issue of the certificate of conformity of service will be discussed.

El presente informe expone un análisis de determinados problemas jurídicos que se identifican en el arbitraje seguido bajo el Expediente N° 1507-139-2008, el cual fue administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en base a los hechos expuestos y posiciones asumidas por las partes durante todo el proceso arbitral. Dichos problemas jurídicos se encuentran comprendidos en áreas del derecho como el Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y el Arbitraje, los cuales son ramas del derecho que resultan indispensables para resolver los problemas identificados en este caso. Específicamente, este informe tiene el objetivo de abordar los siguientes temas: i) el procedimiento pericial y el tercero integrador; ii) las reglas de interpretación de los contratos, iii) la condición suspensiva y otros. La motivación del presente informe responde principalmente a que algunos temas que se desarrollan no han sido tratados con gran abundancia en nuestro medio, razón por la que este trabajo se justifica en la intención de desarrollar estos temas, los cuales pueden tener un gran impacto a nivel práctico, motivo por la que requieren ser analizados meticulosamente. Una vez realizado el análisis de los problemas planteados, buscaremos dar una opinión respecto a la solución de la controversia, contrastando nuestra opinión con la posición de cada parte del arbitraje y la decisión final de los árbitros

En los últimos años, debido al crecimiento en el mercado de la necesidad de establecer relaciones duraderas y, a la vez, flexibles que permitan asegurar un ritmo producción y actividades comerciales, así como disminuir la inversión de tiempo y dinero en las negociaciones entre las partes, ha surgido en la práctica nuevas figuras jurídicas tales como los denominados “contratos normativos” o “contratos marco”. Teniendo en cuenta ello, en el presente caso nos encontramos frente a una controversia surgida con relación a dos contratos suscritos por YANACOCHA y DON CARLOS (Contratos CV-001/2004 y CV 003/2005), los cuales las partes denominan contratos de “compraventa”. Sin embargo, luego de haberse sometido la controversia sobre dichos contratos a arbitraje, el Árbitro Único - apartándose de la calificación de dichos contratos alegada por ambas partes durante todo el proceso arbitral- determinó en el laudo que su naturaleza no corresponde a la de “contratos de compraventa” sino a la de “contratos normativos de compraventa”, los cuales no generan verdaderas obligaciones para las partes, por lo que resolvió que no se incurrió en incumplimiento contractual alguno. En ese sentido, el objetivo del presente informe es corroborar a raíz del caso presentado, si se han configurado los denominados “contratos normativos” – y/o “contratos marcos”- , así como determinar si de dichos contratos se derivan verdaderas obligaciones para las partes. Asimismo, en cuanto al arbitraje, se analiza si es posible que el Árbitro Único haya aplicado el principio Iura Novit Curia, en tanto resolvió en base a una calificación del derecho que no fue alegada por las partes durante el proceso. El método de investigación aplicado al presente trabajo será uno argumentativo, ya que se centrará en la descripción de las posiciones desarrolladas en doctrina, para así, en un segundo momento, analizar los hechos materia de controversia y determinar la naturaleza de los Contratos CV-001/2004 y CV 003/2005, así como si corresponde la aplicación del principio iura novit curia en el arbitraje. Finalmente, de dicha investigación, concluiremos principalmente lo siguiente: 1. La naturaleza jurídica de los Contratos CV-001/2004 y CV 003/2005 corresponde a la de “contratos marco de suministro”. 2. Es posible aplicar el principio de Iura Novit Curia en el arbitraje.

La controversia materia del presente laudo arbitral es la resolución contractual dentro del marco de las contrataciones con el Estado. En este caso, la resolución contractual se rige bajo el cumplimiento de causales tipificadas en la normativa, tal es así que para que pueda proceder la misma basta que exista un incumplimiento de obligaciones contractuales o el haber llegado al monto máximo de penalidades. En ese sentido, la presente trata de la resolución que efectúa el PSI al Consorcio Santa Rosa por supuestamente haber incurrido en 2 causales normativas distintas tales como un supuesto incumplimiento de obligaciones por el hecho de no haber subsanado las observaciones detectadas al informe final previo a la liquidación y por el hecho de haber llegado a tener una penalidad por encima del 10% del monto del contrato principal. Ante ello, bajo el primer supuesto, en el laudo no se llega a acreditar fehacientemente que las observaciones fueron correctamente subsanadas sino más bien el árbitro en su posición de dirimente, se pronuncia sobre este tema sin ser materia controvertida y sin tomar en consideración la afectación de principios y derechos al consorcio. Por otro lado, no se aprecia un análisis exhaustivo al momento de motivar, por parte del árbitro, la aplicación del monto máximo de penalidades que efectúa la Entidad y sin tener en consideración diversos principios que salvaguardan la seguridad jurídica y la razonabilidad del plazo excesivo otorgado por el PSI para subsanar observaciones. / The controversy that is the subject of this arbitration award is the contractual resolution within the framework of contracts with the State. In this case, the contractual resolution is governed by the fulfillment of causes typified in the regulations, so much so that for it to proceed, it is enough that there is a breach of contractual obligations or that the maximum number of penalties has been reached. In that sense, this is about the resolution that the PSI makes to the Santa Rosa Consortium for allegedly having incurred in 2 different regulatory grounds such as an alleged breach of obligations due to the fact of not having corrected the observations detected in the final report prior to the liquidation and the fact of having come to have a penalty above 10% of the amount of the main contract. Given this, under the first assumption, the award does not reliably establish that the observations were correctly corrected, but rather the arbitrator, in his position as settler, pronounces on this issue without being a controversial matter and without taking into account the affectation. of principles and rights to the consortium. On the other hand, an exhaustive analysis is not appreciated at the time of motivating, by the arbitrator, the application of the maximum number of penalties that the Entity carries out and without taking into consideration various principles that safeguard legal certainty and the reasonableness of the excessive term granted. by the PSI to correct observations.

El presente trabajo de investigación expone uno de los diversos escenarios en donde dos ramas del derecho internacional, las inversiones y los derechos humanos se interrelacionan. Para ello, se parte del supuesto de una demanda interpuesta ante el CIADI por un inversionista extranjero contra un Estado alegando violación del estándar de trato justo y equitativo, ante lo cual, el Estado responde con argumentos relativos a obligaciones referentes al derecho al agua en cabeza del mismo Estado o del inversionista. A partir de ello, se establecen tres supuestos principales, que dichos argumentos sirvan para determinar que no existió violación del estándar, que si bien los mismos no logren ser suficientes para ello, si puedan fungir como un factor mitigante de la compensación a pagar al inversionista, y en ultima ratio, que ante la gravedad de los argumentos y pruebas, los mismo sirvan como base de una demanda reconvencional, en la cual el Estado no solo busque que se le nieguen las pretensiones al inversionista, sino incluso una compensación propia. El trabajo se basa en doctrina y jurisprudencia que permite analizar y determinar de que manera la invocación de obligaciones sobre el derecho al agua pueden incidir en el caso que se adelante ante este centro de arbitraje, partiendo de la identificación de la fuente de dichas obligaciones, el análisis de los elementos relevantes para la determinación de la violación del estándar TJE, la influencia y repercusión que estas obligaciones pudieran tener en la reducción de la compensación, y las reflexiones sobre la viabilidad de plantear demandas de reconvención, con lo cual se logra poner en evidencia la interconexión y complementariedad entre el derecho internacional de las inversiones y los derechos humanos, desde una perspectiva objetiva, cautelosa y fundamentada sobre los limites del método científico- cualitativo a través de una aproximación deductiva.

De acuerdo con lo resuelto por la Sentencia N°41-2023 de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitida bajo el expediente N° 00132-2022-0-0401-JR-CI-01, el presente informe analiza los siguientes dos problemas jurídicos. En primer lugar, el presente informe analizará si es que la señalada sentencia transgrede la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Para ello, se evaluará lo que la norma, la jurisprudencia y la doctrina señalan sobre las implicancias de dicha garantía. En segundo lugar, se analizará si existió justificación para que la sala evalúe la motivación del tribunal arbitral. Para esto, se establecerá, por un lado, los alcances de la motivación en los laudos que resuelven controversias derivadas de la ejecución de contratos suscritos bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y, por otro lado, los alcances del control judicial a estos. A consecuencia de lo analizado, se concluye que la sala vulnera la garantía de la debida motivación y, asimismo, que no existió justificación para cuestionar la motivación del Tribunal Arbitral. / According to the ruling of Judgment No. 41-2023 from the First Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Arequipa, issued under case number 00132- 2022-0-0401- JR-CI-01, this report analyzes the following two legal issues. First, it will examine whether the mentioned judgment violates the guarantee of proper reasoning in judicial decisions. To do so, we will evaluate what the law, jurisprudence, and doctrine state regarding the implications of this guarantee. Second, we will analyze whether there was justification for the chamber to assess the motivation of the arbitral tribunal. For this purpose, we will establish, on the one hand, the scope of reasoning in awards that resolve disputes arising from contracts executed under the State Procurement Law and, on the other hand, the extent of judicial review of these decisions. Based on the analysis, it is concluded that the chamber violates the guarantee of proper reasoning and that there was no justification for questioning the motivation of the Arbitral Tribunal.

El presente trabajo versa sobre las consecuencias de la entrega tardía de terrenos a favor del Contratista en el marco de la Obra Pública para el Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta en el Callao y cómo dicha situación puede causar la ruptura del equilibrio económico financiero del Contrato (EEC). El referido escenario, comúnmente recurrente en la contratación pública, fue el caso del Gobierno Regional del Callao y el Consorcio Nueva Gambetta, razón por la cual este último acudió a la vía arbitral para reclamar las distintas ampliaciones de plazo negadas por la Entidad, costos directos y mayores gastos generales variables. Ante ello, el Tribunal Arbitral mediante Laudo recaído en el Caso Arbitral N° 2728-2013-CCL resolvió a favor de las pretensiones planteadas por el Contratista, a excepción de los Costos Directos, sobre los cuales realizó descuentos. Sobre la base de lo anterior, se analizará qué tipo de obligación constituye la entrega de terrenos que permita asumir una postura sobre dichos reclamos y determinar si efectivamente, el Contratista sufrió una ruptura de la ecuación financiera del Contrato que no se reestableció en la vía arbitral. Se verificarán también las condiciones que deben concurrir en el EEC. Finalmente, se brindarán unas breves conclusiones a los problemas jurídicos planteados. / This paper deals with the consequences of the late delivery of land in favor of the contractor in the framework of the public works for the improvement of Néstor Gambetta Avenue in Callao, and how such a situation can cause the breach of the economic and financial equilibrium of the contract (EEC). The aforementioned scenario, common in public contracts, was the case of the Regional Government of Callao and the Nueva Gambetta Consortium, which is why the latter resorted to arbitration to claim the various extensions of time, direct costs and higher variable overheads denied by the entity. Against this background, the Arbitral Tribunal, by means of the Award in Arbitration Case No. 2728-2013-CCL, ruled in favor of the claims raised by the Contractor, with the exception of the direct costs, to which it applied discounts. Based on the above, it will be analyzed what kind of obligation constitutes the delivery of land that allows to take a position on such claims and to determine whether the Contractor has indeed suffered a breach of the financial equilibrium of the contract that has not been restored in the arbitration proceedings. The conditions to be met in the EEC are also examined.