La tesis se propone estudiar el impacto del debido proceso judicial en el arbitraje mediante la lectura y evaluación de la jurisprudencia sobre anulación del laudo. El debido proceso no resulta el mismo para un proceso judicial que para un arbitraje, de ahí que sea importante determinar si existen elementos del debido proceso judicial que hubiesen sido insertados en el arbitraje. La aplicación desmedida del debido proceso judicial al arbitraje podría derivar en la inoperatividad de esta institución. El trabajo encuentra que el debido proceso judicial no ha tenido una repercusión significativa y extendida en el ámbito arbitral. La única excepción material radica en el tema del derecho a la debida motivación del laudo, al que se le aplica el estándar de la motivación de las sentencias judiciales. Fuera de ello, la tesis concluye que otras afectaciones al debido proceso no tienen preponderancia como vicios invocados a nivel judicial pues usualmente estas son subsanadas dentro del procedimiento arbitral (lo que no es viable cuando el vicio consiste en un problema en la motivación). En suma, es razonable sostener que los jueces han aplicado una noción correcta del debido proceso en el arbitraje, sin desnaturalizar la esencia y estructura de esta institución. / Tesis

El presente informe tiene como objetivo analizar si, en el laudo arbitral que concluye una disputa originada por la suscripción de un contrato de opción recíproca de compraventa de inmueble con arras confirmatorias, el árbitro pudo identificar la falta de comprensión de ciertas figuras jurídicas por parte de las partes, cuyo entendimiento es esencial desde una perspectiva civil en cuanto a su contenido y alcance. Aunque el problema central del caso radica en determinar a qué parte contractual corresponde quedarse con el monto de las arras, y si el contrato fue resuelto conforme a derecho o no, para llegar a una conclusión es necesario profundizar en los diversos conceptos que se debaten en la controversia. Estos conceptos parecen no estar completamente claros para las partes, dado que, de haber tenido un conocimiento adecuado de los mismos, su actuación durante la elaboración y cumplimiento del contrato de opción, así como en el proceso arbitral, habría sido diferente. Por consiguiente, es imperativo examinar no solo la regulación pertinente, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina autorizada en la materia.

El presente informe jurídico se centra en el análisis de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias No. 00026-2020-TSC/OSIPTEL con respecto a la controversia suscitada entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Enel Distribución Perú S.A.A. relacionada al acceso y uso compartido de infraestructura eléctrica. La disputa principal versa en el reclamación interpuesta por Azteca contra ENEL en relación a la interpretación de las cláusulas de compensación por la compartición de infraestructura y en la determinación de la entidad competente para resolver la controversia, ya sea mediante arbitraje o a través del organismo regulador OSIPTEL. El estudio examina las resoluciones de OSIPTEL, las obligaciones impuestas a ENEL, y las facultades del regulador para garantizar el cumplimiento de las normativas, incluyendo la imposición de sanciones y multas coercitivas. Además, se analizan las implicancias de las acciones u omisiones que afectan el mercado de los servicios de telecomunicaciones y el rol de OSIPTEL en la resolución de tales conflictos. De esta forma, a lo largo de la investigación se han identificado los tres problemas jurídicos. En primer lugar, se analizará si es materia de arbitraje la contrprestación presente en el Contrato de Compartición. En segundo lugar, se determinará si el OSIPTEL tiene competencia para exigir a ENEL la devolución del monto pagado en exceso. Finalmente, se analizará la capacidad sancionadora de regulador para hacer cumplir sus obligaciones. / The present legal report focuses on the analysis of Resolution No. 00026-2020- TSC/OSIPTEL issued by the Tribunal for the Resolution of Disputes in relation to the dispute between Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. and Enel Distribution Perú S.A.A. concerning access to and shared use of electrical infrastructure. The main dispute revolves around Azteca's claim against ENEL regarding the interpretation of clauses governing infrastructure sharing compensation and the determination of the competent entity to resolve the dispute, either through arbitration or through the regulatory body OSIPTEL. The study examines OSIPTEL's resolutions, the obligations imposed on ENEL, and the regulator's powers to ensure compliance with regulations, including the imposition of sanctions and coercive fines. Furthermore, the report analyzes the implications of actions or omissions affecting the telecommunications services market and OSIPTEL's role in resolving such conflicts. Thus, throughout the investigation, three legal issues have been identified. First, it will be analyzed whether the compensation present in the Sharing Agreement is subject to arbitration. Second, it will be determined whether OSIPTEL has the authority to require ENEL to refund the excess amount paid. Finally, the regulator’s sanctioning capacity to enforce its obligations will be analyzed.

En este artículo académico se analiza la problemática de si es factible se aplique el recurso de anulación como mecanismo de revisión de la aplicación del control difuso en la jurisdicción arbitral, a más de 10 años de haberse regulado la figura del control difuso arbitral, vía precedente vinculante, en el Expediente N° 00142-2011-PA/TC., Caso Minera María Julia, con el objetivo de que se instituya dicha causal como supuesto de procedencia del recurso de anulación de laudo, antes que como supuesto del amparo arbitral, a fin de determinar si el recurso de anulación se constituye en la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, más idónea para ejercitar un adecuado control difuso arbitral o si se trata de una vía previa. Así mismo si es legítimo se recurra al amparo cuando un árbitro ha ejercitado control difuso, consciente de que el ejercicio de este por los árbitros aún tiene serios cuestionamientos cuando del control de su constitucionalidad se trata. Con la atingencia de que no existe la posibilidad de recurrir al mecanismo de la consulta, en los extremos de lo prescrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, por remisión, como bien lo hacen los magistrados en la jurisdicción ordinaria cuando se ha ejercitado control difuso, ante el vacío en su regulación en la Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo N° 1071.

El arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de controversias nace de la voluntad de las partes, quienes voluntariamente se apartan del fuero judicial, a fin de que los árbitros sean los únicos competentes para resolver y emitir una decisión que ponga fin a su controversia. Dicha decisión debe respetar las garantías y principios constitucionales que rigen a todo órgano que administra justicia en nuestro país, tales como el derecho a la prueba, el derecho de defensa, el derecho a la motivación de las resoluciones, entre otros. Sin embargo, el presente trabajo de investigación advierte que la afectación más alegada en los recursos de anulación de laudo que se formulan ante las Salas Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, es aquella referida a la vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones, la cual si bien no se encuentra establecida de forma expresa como una causal de anulación en el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, ello no impide que los magistrados puedan controlar la validez de un laudo ante tal escenario, sin entrar a resolver el fondo de la controversia. Por ello, el objetivo del presente artículo es determinar que el límite del control judicial sobre la validez de un laudo arbitral por afectación al derecho de motivación debe consistir, exclusivamente, en advertir la inexistencia de la motivación, a efectos de declarar la anulación del laudo, en tanto que dicha garantía no podría ser ajena al proceso arbitral

En el presente informe se buscar analizar el problema actual sobre el incumplimiento de la vía previa a la pactada antes de acudir a un arbitraje a través de un cuestionable pronunciamiento de la una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Lima y del previo acciona de un Tribunal Arbitral. Así, a través del análisis de la naturaleza del pacto de acudir a una vía previa y de las consecuencias que acarrea su incumplimiento, veremos que lo que se esconde detrás de este acuerdo es un convenio arbitral escalonado, de utilización y aceptación para arbitrajes nacionales e internacionales. Finalmente, analizaremos las consecuencias aplicables al incumplimiento de los requisitos en este tipo de convenios, siendo necesario evaluar si estas están relacionadas con la competencia del Tribunal Arbitral o con la admisibilidad de la demanda

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el expediente judicial N° 155-2012-0-1817-SP-CO-02, el cual versa sobre un proceso de anulación de laudo arbitral. La elección del expediente radica, principalmente, en la vigencia actual de una indeterminación de los alcances de la revisión judicial en los procesos de anulación de laudo cuando se evalúa la garantía de debida motivación. En ese sentido, se analiza i) la procedencia de un pedido de nulidad sustentado en la afectación al derecho al debido proceso, en el cual no se presentó reclamo previo o solicitudes contra el laudo, ii) los alcances del examen judicial de la motivación del laudo arbitral y iii) las implicancias del incumplimiento del deber de revelación como causal de anulación de laudo por la supuesta afectación al derecho a un juez imparcial. Tras ello, se concluye que i) cualquier pedido de anulación basado en la afectación a los derechos al debido proceso y a la prueba puede contenerse en las causales taxativas de anulación de laudo y no puede inaplicarse el requisito de reclamo previo; que ii) el examen judicial de motivación de los laudos arbitrales únicamente puede corroborar la existencia de motivación y la motivación interna entendida como logicidad; y, finalmente, que iii) el incumplimiento del deber de revelación no es una vulneración al derecho a un juez imparcial, pero es posible que se interprete como una vulneración al derecho de defensa y como una contravención a las normas arbitrales (como causal de anulación), siempre y cuando sea acreditado.

En el marco de la etapa de ejecución contractual en el sector público existen distintos mecanismos e instrumentos legales que pueden ser utilizados tanto por la Administración Pública como por el particular, de tal manera que se requiera proteger los derechos e intereses involucrados. Ello cobra especial importancia al tratarse de contrataciones públicas que implican la satisfacción de un interés general particularmente sensible como es la erradicación de la desnutrición crónica infantil en el territorio peruano. En tal sentido, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA fue un intento para procurar implementar acciones conforme las políticas públicas en línea con lo antes indicado. Sin embargo, a partir del análisis de la normativa de Contrataciones del Estado y los términos y condiciones particulares respecto de la ejecución del Contrato N° 010-2012- MIDIS-PRONAA para la adquisición del producto “papilla”, se observa una considerable responsabilidad por parte del PRONAA en relación a la falta en el deber de procura y garantía del interés general involucrado, tras haber generado desabastecimiento, ineficiencia en el uso de los recursos públicos, riesgo a la salud, entre otros. Dicha responsabilidad involucra, entre otros factores, acciones o inacciones en el uso de mecanismos legales a disposición de la Entidad para poder satisfacer las necesidades de la población, así como procurar e instar el cumplimiento de la empresa Consorcio de Alimentos S.A.C. para cumplir con la finalidad pública de la contratación. / Within the scope of the contractual execution stage in the public sector there are different mechanisms and legal instruments that could be used both by the Public Administration and by the private part regarding the rights and interests involved and required to be protected. This is particularly important when dealing with public contracts that involves the satisfaction of a particularly sensitive general interest, such as the eradication of chronic child malnutrition in the Peruvian territory. Therefore, the National Food Assistance Program – “PRONAA” was an attempt to attempt to take actions in accordance with public policies in line with the abovementioned. However, based on the analysis of the regulations of Public Procurement and the particular terms and conditions regarding the execution of Contract No. 010-2012-MIDIS PRONAA for the acquisition of the product "papilla", a significant responsibility of PRONAA is noted regarding the duty to seek and guarantee the general interest involved, after having generated shortage, inefficiency in the use of public resources, risk to health, among others. Such responsibility involves, among other factors, actions or inactions related to the use of legal mechanisms available to the Entity to fulfill the needs of the population, as well as to seek and encourage the compliance of the company “Consorcio de Alimentos S.A.C.” in order to satisfy the public purpose of the contract.

La relación que existe entre las contrataciones con el Estado y el arbitraje en el Perú supone una cuestión de suma importancia. Para lograr el cumplimiento de la finalidad pública inmersa en dichos contratos, y con ello la satisfacción del interés general, no solo se requiere la realización de un proceso de contratación óptimo en todas sus etapas, sino que de existir alguna controversia la misma sea resuelta de forma idónea. En virtud de lo expuesto, el presente informe jurídico tiene como propósito analizar distintas instituciones jurídicas, como consecuencia de lo resuelto en la Resolución N° 7 del Expediente Judicial N° 00134-2021-0-1817-SP-CO-01, con énfasis en lo relativo a las implicancias de la naturaleza jurídica del acto de conformidad de servicio dentro de un proceso de contratación con el Estado y la problemática generada por los defectos en la motivación de los laudos arbitrales en nuestro país. Con la finalidad de lograr dicho objetivo, se realizará un análisis exhaustivo de diversa doctrina calificada, normativa aplicable y jurisprudencia nacional que brindará mayores alcances jurídicos y prácticos en contraste con el recurso de anulación contra el laudo presentado y el pronunciamiento efectuado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima / The relationship that exists between contracts with the State and arbitration in Peru is a matter of the utmost importance. In order to achieve the fulfillment of the public purpose immersed in said contracts, and with it the satisfaction of the general interest, it is not only required to carry out an optimal contracting process in all its stages, but also that if there is any controversy, it must be resolved accordingly. suitable way. By virtue of the foregoing, the purpose of this legal report is to analyze different legal institutions, as a consequence of what was resolved in Resolution No. 7 of Judicial File No. 00134-2021- 0-1817-SP-CO-01, with emphasis in relation to the implications of the legal nature of the act of conformity of service within a contracting process with the State and the problems generated by the defects in the motivation of arbitration awards in our country. In order to achieve this objective, an exhaustive analysis of various qualified doctrine, applicable regulations and national jurisprudence will be carried out that will provide greater legal and practical scope in contrast to the annulment appeal against the award presented and the pronouncement made by the First Civil Chamber. with Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima

En el presente trabajo se analiza la controversia suscitada entre el Gobierno Regional del Callao y el Consorcio Nueva Gambetta, la cual fue resuelta en el proceso arbitral N° 2728-2013-CCL. El argumento principal del Consorcio (demandante) se basó en que por razones imputables al Gobierno Regional del Callao (demandado), hubo atrasos en la ejecución de obras, generando una modificación en el plazo contractual y, por lo tanto, consecuencias en el aspecto económico del Contrato. Es así que, se presentan cinco pretensiones, siendo la cuarta sobre el pago de los Costos Directos que se habrían computado por la inactividad y/o paralización de equipos empleados en obra, a raíz de que la Entidad no entregó los terrenos en los que se realizaría la obra, liberados, sin interferencias y de acuerdo al plazo pactado en el Contrato. A partir de ello, se analizan las cláusulas del Contrato, la metodología para el cálculo de los Costos Directos, la regulación de este concepto en la Ley de Contrataciones aplicable, así como de las posteriores modificaciones hasta la fecha. De igual manera, se estudia la preservación del Equilibrio Económico Financiero del Contrato, el respeto al Principio de Equidad, la modificación a la figura de la entrega parcial de terrenos y el sistema de contratación elegido. Finalmente, el trabajo concluye que el deber de motivación en el laudo es imprescindible para fundamentar las decisiones adoptadas por el Tribunal Arbitral y con ello, evitar que se generen causales de anulación de laudo / This paper analyses the controversy between the Regional Government of Callao and the Nueva Gambetta Consortium, which was resolved in arbitration process No. 2728-2013-CCL. The main argument of the Consortium (plaintiff) was based on the fact that, due to the Regional Government of Callao's (defendant) attributable reasons, there were delays in the execution of works, resulting in a modification of the contractual deadline and, therefore, economic consequences under the Contract. As a result, five claims are presented, with the fourth one concerning the payment of Direct Costs that would have been incurred due to the inactivity and/or immobilization of equipment used in the project, as a result of the Entity not delivering the lands where the works would take place, cleared, without interference, and according to the agreed deadline in the Contract. Based on this, the clauses of the Contract, the methodology for calculating Direct Costs, the regulation of this concept in the applicable Contracting Law, as well as subsequent amendments up to the date, are analysed. Likewise, the preservation of the Economic and Financial Equilibrium of the Contract, respect for the Principle of Equity, the modification to the partial delivery of lands, and the chosen contracting system are studied. Finally, the paper concludes that the duty of motivation in the arbitral award is essential to substantiate the decisions made by the Arbitral Tribunal and thereby prevent grounds for annulment of the award