La presente investigación tiene por objetivos siguientes: a) Exponer los fundamentos jus-sociológico, ius-filosófico y ius-formal del arbitraje y su relación con la jurisdicción como mecanismos heterocompositivos de solución de conflictos en la sociedad; b) Y, a partir de ella, exponer el fenómeno de la constitucionalización del arbitraje en nuestra historia constitucional y particularmente en la Constitución de 1993, así como la posición adoptada por el Tribunal Constitucional al respecto, y exponer nuestra posición respecto de los mismos conforme a los fundamentos y naturaleza jurídica del arbitraje, así como exponer y fundamentar las propuestas para una debida constitucionalización del arbitraje en el Perú; y, c) Exponer los fundamentos del control constitucional del arbitraje en el Estado Constitucional de Derecho; y, a partir de ello, determinar que tal control al ser básicamente jurisdiccional no resulta ser una función exclusiva de la justicia constitucional (Tribunal Constitucional y órganos especializados en lo constitucional del Poder Judicial) a través de los procesos constitucionales de la libertad (y del proceso de amparo en particular), sino que más bien, el control constitucional del arbitraje constituye una función que ordinariamente corresponde ser cumplida por los jueces ordinarios (Poder Judicial) a través de la vía procesal específica e igualmente satisfactoria que el amparo y que constituye el proceso (o recurso) de anulación de laudo previsto en el Decreto Legislativo N° 1071 (que norma el arbitraje); y, más bien, sólo excepcionalmente tal control corresponde ser realizado a través del proceso de amparo como vía extraordinaria y urgente.

Un Estado al celebrar un tratado internacional acepta implícitamente la aplicación de esta norma en su ordenamiento jurídico, y si este versa sobre materia de Derechos Humanos se convierte en una norma de carácter universal. En consecuencia, se deben respetar y no limitarse, dando las condiciones necesarias para su correcto ejercicio; y así, no se vulneren los derechos ya reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales. Tras la promulgación de la Ley N.° 31042, el Estado peruano se estaría apartando de algunos de los tratados internacionales que ha ratificado. En razón de ello, la presente investigación, tiene por objetivo general determinar la constitucionalidad de la Ley N.° 31042 frente al principio-derecho de presunción de inocencia. Además, este trabajo corresponde a una investigación cualitativa, bajo la metodología de tipo analítica e interpretativa. Por consiguiente, se hizo una revisión bibliográfica sobre los temas de la presunción de inocencia, la participación política y los principios de interpretación constitucional. Luego de haber revisado las instituciones jurídicas y mecanismos constitucionales, se puede afirmar que la Ley N.° 31042 es inconstitucional, pues vulnera el derecho - principio de presunción de inocencia.

El presente trabajo aborda el tema de la deliberación en la tramitación legislativa en el Perú, y cómo esta viene siendo considerada como parámetro de validez constitucional del producto normativo. Ello se encuentra muy ligado a la idea de democracia adoptada en nuestro Estado, la cual pasa de ser entendida tradicionalmente como el gobierno de mayorías, a dar un giro hacia un paradigma deliberativo de democracia, en torno a considerar los espacios de diálogo y de debate como esenciales del principio democrático. Sin embargo, en el Perú, podría existir un déficit deliberativo en la toma de decisiones legislativas debido a una serie de factores, tales como i) estructurales, propios del diseño institucional; y por otro lado, ii) coyunturales o de oportunidad. A raíz de este contexto, el rol de las y los jueces constitucionales va tomando un protagonismo cada vez mayor en la garantía de estos espacios de diálogo y de debate. Ahora bien, vale cuestionarnos: ¿cómo debe ser ejercido este control de la deliberación? La posición que aquí se defiende trata de articular un modelo intermedio entre las opciones débil y fuerte de control de constitucionalidad de la deliberación de manera temporal hasta que se generen parámetros claros en relación a su garantía

En estos tiempos, una de las instituciones procesales que ha cobrado un rol importantísimo en el Derecho es sin duda la Prueba Prohibida o Ilícita dentro del Proceso, debido a las diferentes corrientes y teorías que asumen diversas posturas ante su posible admisión y exclusión; no obstante, el presente trabajo de investigación proponer abordar esta temática desde el enfoque del paradigma de Estado Constitucional; en el cual se puede dilucidar un derecho fundamental que casi ha ido pasando desapercibido: el derecho a la prohibición de prueba de cargo con violación a derechos fundamentales. En ese contexto, este derecho –con características y/o particularidades propiastiende a correlacionarse con otros frente a posibles antinomias existentes en la realidad; donde será necesario someterlo a un análisis que permita que los operadores del derecho estudien las situaciones en las cuales, a través de un Modelo de Control Constitucional, se podría determinar que existan determinados supuestos donde podría soslayar la prohibición de prueba de cargo con violación a derechos fundamentales, y así, establecer la validación de medios de prueba que salven esta prohibición y hagan posible la admisión de un medio probatorio considerado hasta ahora como “prohibido” o “ilícito”. Por ello, en el desarrollo de esta tesis, se plantea un modelo o esquema de control constitucional para la admisión de la prueba de cargo con violación a derechos fundamentales en el Sistema Jurídico Peruano a la luz de las directrices de estado constitucional y el rol del órgano jurisdiccional ante ello. En esa línea, se ha desarrollado sucintamente, algunos criterios explícitos ampliamente desarrollados en la Constitución (como el derecho a la defensa, derecho a probar, etc.) e implícitos (como el interés público o el derecho a la verdad), a modo de ejemplificar este modelo propuesto. Asimismo, se ha propuesto –a modo de aporte a la teoría Jurídica en la normativa peruana- la modificación de los artículos 159º y 351º del nuevo Código Procesal Penal, a fin de poder garantizar que los operadores del Derecho tengan la facultad de utilizar este modelo de Control Constitucional para la admisión de la prueba de cargo con violación a derechos fundamentales, en el proceso penal ante determinadas situaciones.

La hipótesis central radica en que, en una era de constitucionalismo “más allá del EstadoNación”, el control de los tratados demanda que los Estados incorporen una serie de instituciones y herramientas que permitan tomar al derecho internacional en serio. Del mismo modo, y para complementar lo anterior, es necesario que la resolución de controversias en las que se resuelven asuntos vinculados con el control judicial de validez de tratados internacionales demanda que los Estados permitan la intervención de los tribunales de justicia a través de mecanismos, preferentemente, de carácter preventivo,w y ello debería centralizarse en una sola corte a fin de evitar una multiplicidad de criterios que terminen generando inseguridad jurídica en el manejo de las relaciones internacionales. La presente investigación es, esencialmente, de carácter teórico, ya que se analizará qué regulaciones adicionales deben incorporarse en los ordenamientos internos para introducir mayores garantías de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados, sin que ello suponga incumplir con los preceptos de las constituciones nacionales. En consecuencia, se empleará una metodología que enfatice los criterios cualitativos. En esta tesis también se demuestra que el control judicial de validez de tratados efectuado por los tribunales no solo permite que se reafirme el carácter normativo de la constitución nacional, sino que además promueve un importante nivel de participación ciudadana (muy venida a menos en la escala internacional), lo cual puede enriquecer el análisis que efectúan los organismos internacionales a través de una sana interacción con los Estados. / The central hypothesis is that, in an era of constitutionalism "beyond the Nation-State", the constitutional review of treaties demands that States incorporate some institutions and tools that allow taking international law seriously. In the same way, and to complement the above, it is necessary that the resolution of controversies, in which matters related to the constitutional review of international treaties are resolved, demands that the States allow the intervention of the courts of justice through mechanisms, preferably, of a preventive nature, and this should be centralized in a single court in order to avoid a multiplicity of criteria that end up generating legal uncertainty in the management of international relations. The present investigation has a theoretical nature, since it will be analyzed what additionally should be incorporated into the internal legal systems to introduce greater guarantees of compliance with the international commitments assumed by the States, without this implying failure to comply with the precepts of the national constitutions. Consequently, a methodology that emphasizes qualitative criteria will be used. This thesis also demonstrates that the judicial review of the treaties fulfilled by the courts not only allows the normative character of the national constitution to be reaffirmed, but also promotes an important level of citizen participation (much diminished in the international scale), which can enrich the analysis carried out by international organizations through healthy interaction with States.

La presente investigación se divide en cuatro capítulos que desarrollan, desde el punto de vista del derecho constitucional, el concepto y alcances del control de convencionalidad en el derecho peruano y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Un elemento presente a lo largo de la tesis es que el control de convencionalidad es un deber que atañe a las jurisdicciones nacionales –en específico el caso del juez constitucional peruano– y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Si bien es cierto, la competencia de la Corte IDH se activa de forma subsidiaria y son los jueces nacionales los primeros llamados a llevar a cabo este tipo de examen normativo en el marco de su jurisdicción, también se puede afirmar que existe una relación de coordinación, cooperación y complementariedad entre la justicia constitucional y la justicia interamericana que se refleja en la constante interacción entre ellas –todo ello es distinto al concepto de concurrencia de jurisdicciones –. En ese sentido, la investigación plantea que a través de este control las jurisdicciones constitucional e interamericana cumplen un rol de garantes frente a las acciones u omisiones del legislador y de los jueces nacionales. Asimismo, se establece que el control de convencionalidad se desarrolla en un contexto de constante diálogo entre la judicatura nacional y la Corte IDH.

El análisis del expediente con número de registro E-1832 es el objeto principal del presente informe jurídico, en virtud del cual el Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, mediante el cual se declaró fundada la imposición de una penalidad a Compañía Distribuidora S.A. por un monto de $36,000,000.00 (Treinta y seis millones con 00/100 dólares americanos), resolución que objeto de revisión de revisión en el Tribunal Constitucional, a través de un proceso a de agravio constitucional. La importancia del estudio de dicho caso se fundamenta en si bien es cierto que los árbitros tienen potestad para decidir su propia capacidad, lo cierto es que sus decisiones no pueden dejar de estar debidamente motivadas, siendo que los dictámenes que emiten están sujetos a las garantías y principios del ordenamiento jurídico peruano. Asimismo la sentencia emitida por el máximo intérprete de la Constitución, que deriva de la controversia resuelta mediante Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, desconoció los criterios ya trazados, principalmente, en materia de la potestad que tienen los árbitros en el Perú sobre su propia competencia, así como respecto a la procedencia de la revisión de las decisiones suscritas por los árbitros mediante un recurso de amparo. Asimismo, no puede dejar de mencionarse data del año 2009, a casi quince años de dicha decisión, en el arbitraje nacional aún son materia de discusión doctrinal cuestiones como la motivación de los laudos, los requisitos previos al arbitraje, entre otros. En ese sentido, el objetivo de este documento es evaluar: (i) la importancia de la motivación de los laudos; (ii) las cláusulas penales y el abuso del derecho; (iii) el agotamiento de la vía previa, (iv) los requisitos previos al arbitraje y (v) la jurisdiccional arbitral ante el control constitucional. Finalmente, para cumplir con este objetivo se realizará el análisis desde una perspectiva dogmática, apoyándose para ello en el estudio de las leyes pertinentes, la jurisprudencia asociada y la literatura jurídica correspondiente.

Este informe trata sobre la Resolución 14 del 27 de diciembre de 2013 proferida en el Expediente Nº 014923-2013-0-1801-JR-CI-05, que declaró nulo, todo lo actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno del expresidente García entre los años 2006 y 2011 a partir de la expedición de la citación del 8 de marzo de 2013, incluyendo todos los actos posteriores a la indicada citación, referidos exclusivamente al expresidente. El informe aborda los principios del debido proceso que deben respetar las comisiones parlamentarias, los alcances y límites del control constitucional aplicables al Poder Legislativo cuando investiga; y, finalmente, las características mínimas que debe tener la citación a cualquier persona que sea objeto de investigación parlamentaria. Se plantea que el control constitucional de los actos de las comisiones investigadoras del Congreso está dotado de una intensidad distinta al control que alcanza a las comisiones que tienen potestad sancionadora; y precisa que las características de una citación serán distintas dependiendo del avance que tenga la comisión investigadora. El informe construye un marco teórico relativo a las comisiones investigadoras del Congreso, los alcances del control constitucional de los actos de éstas, para, finalmente, delimitar los estándares mínimos que deben tenerse presentes al citar a una persona cuyos actos son materia de investigación. El informe concluye analizando el pronunciamiento judicial mencionado, y ensayando criterios alternativos al control constitucional de los actos desarrollados por las comisiones investigadoras, mediante una propuesta que recoge – y a su vez distingue – de otros criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El objetivo del presente trabajo es analizar si el Perú está vulnerando los derechos fundamentales de las niñas y los niños insertos en familias homoparentales. Si es que existe un trato diferenciado al momento de proteger a las familias y sus miembros, y como este hecho afecta directamente a los más vulnerables: las niñas y los niños. Al momento de evaluar los casos, damos cuenta que ningún operador estatal ha recogido los estándares de derechos humanos, ni ha tomado en cuenta el interés superior del niño, el cual es un principio primordial en todo el sistema universal. De manera que, al no poner este tema en agenda, no hay un compromiso por realizar políticas, ni iniciativas legislativas que garanticen derechos en igualdad. Aunado a ello, los operadores administrativos, así como los jueces, no están cumpliendo con realizar el debido control convencional. Y como cómplices de dichos actos tenemos a tos los demás ciudadanos, que en la convivencia social, menoscaban derechos. Concluimos que los prejuicios de una sociedad cisgénero- heteronormativa, opresiona al colectivo LGBTI, pero dicha situación se agrava cuando los miembros del colectivo deciden formar una familia. Debido a que los más afectados siempre serán las niñas y los chicos, y en algunos casos desde su nacimiento. / The main objective of this legal job is to analyze whether Perú is violating the fundamental rights of the children inserted in homoparental families. If there is a differential treatment when our country is protecting families ad their members, and how this fact affects directly to the most vulnerable: the children. At the time of evaluating the cases, we realice that no one state operator has collected the human rights standards, no has taken into account the best interests of the child, wich is a fundamental principle in the entire universal system. So, no putting this issue on the state diary, there isn ́t a commitment to carry out policies, or legative initiatives that guarantee equal rights. In addition to this, the administrative operators, as well as the judges, are not complying with the proper conventional control. And as accomplices of these acts, we have all the other citizens, who in social coexistence, undermine rights. We conclude that the prejudices of a cisgender- heteronormative society oppress the LGBTI, but this situation turns worse, when the members of that collective decide to start a familia. Because the most affected, will always, the children; and in some cases from their births. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar el referéndum en el Perú, en el marco del contexto internacional y del Derecho Comparado, centrándose en el control de constitucionalidad que se puede hacer respecto de los temas en consulta (objeto) para dar solución a dos problemas identificados: la oportunidad del control y el organismo competente. En relación con el momento en que se hace este control, se hace posteriormente a que la iniciativa cuente con un importante número de respaldos expresados a través de la recolección de firmas, y podría ser negativo, con lo que generaría un desincentivo a asumir la promoción de este tipo de iniciativas. De otro lado, respecto del organismo encargado de este control constitucional, se ha constatado que potencialmente hay un control originario y luego uno sucesivo, que puede recaer en el Jurado Nacional de Elecciones y los jueces constitucionales (en dos instancias) y finalmente en el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el presente trabajo plantea que el control constitucional se haga mientras se realiza la recolección de firmas (una vez que se logre una cantidad similar a la requerida para presentar una demanda de inconstitucionalidad -5000 firmas) y que esté a cargo del Tribunal Constitucional, en instancia única, por la especialidad de sus funciones, como un control preventivo, a través de un procedimiento célere; por tanto, se incluyen propuestas de textos normativos para reformar la Constitución y la Ley Nº 263000, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con dichos alcances.