Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El documento electrónico se enfrenta a un aura de supuesta ilicitud en el proceso civil basada en la desconfianza técnica por parte de los operadores jurídicos al mismo, así como por la eventual vulneración de derechos fundamentales producto de la divulgación no autorizada de su contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos de limitarnos a aceptar dichos prejuicios, obviando el impacto probatorio que pueda llegar a tener un documento de tales características? Resignarse a mantener esa preconcepción es insostenible porque se le quita al proceso la oportunidad de lograr ser un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de los conflictos jurídicos suscitados, sobre todo cuando el documento electrónico puede marcar la diferencia entre tener o no por acreditado un hecho y, con ello, ganar o perder un juicio. Sin duda se requiere poner fin al reproche injustificado hacia el documento electrónico, para que así los litigantes y jueces puedan realizar su labor en forma adecuada, apreciando el documento electrónico de acuerdo con su verdadera naturaleza, despojada de tabúes y falsas interpretaciones que llevan a la restricción de su uso. Para ello, será necesario hallar, dentro de las herramientas procesales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo que, sin afectar el debido proceso, permita lograr dicho cometido, para lo cual será clave poder recurrir al uso combinado de ciertos medios probatorios, en conjunto con el documento electrónico, consagrados en nuestra legislación adjetiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El fenómeno del terrorismo constituye uno de los mayores desafíos para el Estado en la actualidad, debiendo reaccionar con severidad ante un delito de especial gravedad, contrario esencialmente a los derechos humanos y que pretende intimidar enviando un mensaje de violencia con una finalidad política, pero que a la vez debe ser tipificado con especial rigurosidad en la ley penal, de manera que se cumpla con el principio de legalidad y no se confunda con delitos comunes y que a su vez debe ser juzgado respetando las garantías de un debido proceso. A través de un estudio del debido proceso y el terrorismo, el presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, para detectar las deficiencias de la ley antiterrorista y las garantías vulneradas con su aplicación, elaborar propuestas y recomendaciones para su modificación y establecer criterios jurisprudenciales para el juzgamiento de delitos de terrorismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

In the last years, there is a gradually participation of the Judicial Branch in the Congress competences and functions to supervise and inquire into issues of public interest. As a result, it has questioned the separation of powers principle. In that context, this article focuses on analyzing what the judicial supervision limits of the due process in the procedures before the inquiry commissions in the Congress are. / Durante los últimos años se observa una paulatina intervención del Poder Judicial en las competencias y atribuciones del Parlamento para fiscalizar o investigar asuntos de interés público, llegando a cuestionarse el propio principio de separación de poderes. En dicho contexto, el presente artículo busca analizar cuáles son los límites del control judicial del debido proceso sobre los procedimientos que se desarrollan a través de las comisiones de investigación del Congreso de la República.

Initially the exercise of sanctioning powers is contextualized in the field of government procurement in Colombia, regulatory and jurisprudential development of this power and the procedure envisaged by the legislature for the imposition of sanctions is exposed when a violation or breach of it becomes apparent the contractor’s obligations, specifying the scope and gaps that the process involves. Then the consecration of the sanctioning power of the administration is presented in the Peruvian law, marking the differences with the model adopted by the Colombian law, to conclude with some perspectives on the subject. / Inicialmente se contextualiza el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la contratación estatal en Colombia. Se expone el desarrollo normativo y jurisprudencial de esta facultad y el procedimiento que ha previsto el legislador para la imposición de sanciones cuando se evidencie una infracción o incumplimiento de las obligaciones del contratista, precisándose el alcance y los vacíos que el procedimiento comporta. En seguida, se presenta la consagración de la potestad sancionadora de la administración en el derecho peruano, marcando las diferencias con el modelo adoptado por la legislación colombiana, para concluir con algunas perspectivas sobre el tema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Este trabajo pretende dar cuenta de la participación del menor de edad en el proceso penal junto con apreciar su testimonio según las reglas de valoración de la sana crítica. Para ello es necesario resguardar la integridad física y psicológica del menor de edad evitando episodios de victimización secundaria. Con esta finalidad el Derecho Comparado ha establecido una serie de garantías para una adecuada participación. A su vez se pretende demostrar que tales medidas permitan la obtención de la declaración testimonial más fiable y coherente, relevante para la determinación de la hipótesis acusatoria y la importancia de la prueba pericial en este tipo de casos.

Given the lack of regulation about the protection of collective rights in Peru, the main goal of this investigation is to show what should be some elements of the content of a due collective process. Thus each of its elements is studied taking into account the Peruvian jurisprudence and legislation. / Ante la insuficiente regulación de tutela colectiva de derechos en el Perú, el objetivo de la investigación es plantear el contenido de algunos de los elementos del derecho fundamental al debido proceso colectivo en el Perú. Para ello, se analiza los elementos que se considera relevantes tomando en consideración las características particulares de la tutela colectiva y considerando la jurisprudencia y legislación existentes en el Perú.

This article addresses the relationship between the Process and the Constitution. For this purpose, it is explained what is the object of study of the Procedural Law, and which is the litigation model adopted in article 139 of the Peruvian Constitution, why this model is about a system with its own autonomy and substantivity and not about a subsystem, and how Civil Law and Common Law converging in this model. Furthermore, the author establishes, based on the Constitution, the reason why the existing procedural guarantees in our legal system do not imply a “right to a right decision”, but only the right to a fair process, and explains the difference between “fair process” and “justice” or “judicial truth”. / El presente artículo aborda la relación existente entre el Proceso y la Constitución. Para tal fin, se explica cuál es el objeto de estudio del Derecho Procesal y cuál es el modelo de litigación adoptado en el artículo 139 de la Constitución Peruana, por qué este modelo se trata de un sistema con autonomía y sustantividad propias y no de un subsistema, y cómo convergen el Civil Law y el Common Law en este modelo. Asimismo, el autor fundamenta, con base en la Constitución, por qué las garantías procesales existentes en nuestro ordenamiento jurídico no implican un “derecho al acierto”, sino tan solo el derecho a un proceso justo, y se establece ladiferencia entre “proceso justo” y “justicia” o “verdad judicial”.