El presente informe tiene como objeto principal realizar el análisis del Recurso de Casación Nro. 178-2022-Loreto. La referida sentencia reviste particular importancia en la medida que permite desarrollar las sanciones que corresponde imponer a quienes cometen el delito de colusión agravada de forma omisiva, figura que no ha sido del todo aceptada por todos los sectores. Por dicho motivo, el presente trabajo de investigación busca esclarecer la posibilidad de que aquella modalidad del delito se perpetre, motivo por el cual, su punibilidad corresponde cuando se logra acreditar su concurrencia. Adicionalmente, dado el contexto del delito, donde la recaudación de pruebas directas del acuerdo colusorio resulta de suma dificultad, se postulará la trascendencia de la prueba indiciaria para acreditar el delito. Además, en tanto el caso que se analiza presenta un pronunciamiento revocatorio a como se pronunciaron los magistrados de inferiores instancias sobre la reparación civil, se buscará aportar criterios que en nuestra consideración debieron tenerse en cuenta al determinar el monto de aquel, considerando tanto el daño patrimonial como el daño extrapatrimonial. A fin de lograr sustentar el presente informe se recopiló diversa doctrina, jurisprudencia y legislación que permite corroborar la tesis a la que se arribó luego de concluir el mismo. La conclusión a la cual se arribó consiste en que es posible que el delito de colusión agravada tenga lugar bajo una modalidad omisiva, siendo la prueba indiciaria fundamental para su acreditación. Por tanto, se comparte el pronunciamiento de la Corte Suprema en el presente caso, donde se confirmo el extremo penal de la sentencia contra los imputados. Sin embargo, se discrepa del extremo civil de la misma al no haber sido determinado el monto del mismo acertadamente. / The main objective of this report is to analyze Cassation Appeal No. 178-2022- Loreto. The aforementioned ruling is of particular importance to the extent that it allows for the development of the sanctions that must be imposed on those who commit the crime of aggravated collusion in an omissive manner, a figure that has not been fully accepted by all sectors. For this reason, the present research work seeks to clarify the possibility that that type of crime is perpetrated, which is why its punishment corresponds when its concurrence can be proven. Additionally, given the context of the crime, where collecting direct evidence of the collusive agreement is extremely difficult, the importance of the circumstantial evidence to prove the crime will be postulated. Furthermore, since the case being analyzed presents a revoking pronouncement of the ruling by lower court magistrates on civil reparation, we will seek to provide criteria that in our opinion should have been taken into account when determining the amount of that, considering both the damage patrimonial and nonpatrimonial damage. In order to support this report, various doctrine, jurisprudence and legislation were compiled that allow corroborating the thesis arrived at after concluding it. The conclusion reached is that it is possible for the crime of aggravated collusion to take place under an omissive modality, with the circumstantial evidence being essential for its accreditation. Therefore, the Supreme Court's ruling in the present case is shared, where the criminal nature of the sentence against the accused was confirmed. However, it disagrees with the civil end of it as its amount has not been correctly determined.

El caso gira entorno a las diversas irregularidades que se produjeron en la ejecución de una obra en su etapa de liquidación y resolución contractual. En donde se presume que habría existido una concertación entre los funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes y los representantes de la persona jurídica A&J Inversiones S.A.C con la finalidad de perjudicar el patrimonio del Estado. Tal concertación, se habría materializado en virtud de una conciliación arbitral en la que intervino un tribunal arbitral integrado por tres árbitros, quienes emitieron finalmente un laudo arbitral favoreciendo a la empresa contratista con pagos injustificados.

El presente informe aborda un análisis del delito de negociación incompatible, así como sobre sus elementos típicos y de valoración. En este orden de ideas, se pretende analizar un presunto caso de corrupción pública, en donde funcionarios de Esvisac, empresa público privada, se habrían interesado indebidamente de sus cargos para ocasionar perjuicios a la Administración Pública. Así, desarrollan problemáticas en torno a la distinción de los elementos requeridos en campo administrativo y penal, la valoración del interés indebido, así como los diferentes elementos del delito de negociación incompatible. El principal objetivo de este trabajo es delimitar de forma clara las irregularidades administrativas de los ilícitos penales, para así, en el marco de los principios rectores del Derecho Penal, respetar siempre la ultimo ratio del mismo, pretender que este se utilice como un recurso final cuando las otras ramas del derecho no puedan resolver la situación de manera adecuada. Así, el informe pretende proporcionar una base sólida para el entendimiento y la aplicación correcta de la ley en casos de negociación incompatible, contribuyendo al fortalecimiento del sistema legal y la justicia en situaciones de corrupción pública.

El trabajo sobre la Casación N° 1494-2019/Cusco se centra en el desarrollo de las notas característica referidas al delito de negociación incompatible. Para que, abordándolo como un ilícito que protege los intereses estatales en el desempeño objetivo de los funcionarios y servidores durante cualquier proceso deliberativo, sea catalogado como un tipo penal que de acuerdo al grado de su lesión es de peligro abstracto. Por tanto, las conductas orientadas a priorizar un intereés indebido que debe entenderse en términos latos, no exige necesariamente el despligue de acciones para el logro de un resultado. En atención a lo cual, concluir que, en salvaguarda de los propósitos de la Administración pública, toda conducta conscientemente peligrosa que atente el bien jurídico que cautele el tipo de negociación incompatible es susceptible de merecer reproche penal, sin dejar de observar el resarcimiento del daño. Siendo el objetivo principal precisar el alcance de las conductas sancionables, la doctrina especilazada y jurisprudencia nacional sobre la materia sustantiva y procesal, guiarán el análisis en la clarificación del bien jurídico protegido, definición del interes indebido y el elemento subjetivo diferente al dolo, así como la justificación de la reparación civil; contribuyendo a proporcionar un marco más claro para la aplicación cada vez mas acorde de la ley penal. / The Cassation N° 1494-2019/Cusco focuses on the development of the characteristic notes referring to the corruption offense of Incompatible negotiation. So that, addressing it as an offense that protects the state interests in the objective performance of officials and servants during any deliberative process, it is classified as a criminal type that according to the degree of its injury is of abstract danger. Therefore, behaviors aimed at prioritizing an undue interest that must be understood in broad terms, do not necessarily require the deployment of actions to achieve a result. In response to which, to conclude that, in safeguarding the purposes of the Public Administration, any consciously dangerous conduct that violates the legal good that safeguards the type of incompatible negotiation is likely to deserve criminal reproach, without Stop observing the compensation of the damage. Being the main objective to specify the scope of the punishable behaviors, the specialized doctrine and national jurisprudence on the substantive and procedural matter, will guide the analysis in the clarification of the protected egal good, definition of the undue interest and the subjective element different from deceit, as well as the justification of civil reparation; contributing to provide a clearer framework for the increasingly consistent application of the criminal law.

El presente trabajo analiza la problemática que gira alrededor al bien jurídico protegido en el delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 198 del Código Penal peruano, debido a que las propuestas de interpretación de dicho bien jurídico, que se encuentran en la doctrina actual, no resultan del todo satisfactorias de cara a la correcta interpretación del alcance de las conductas abarcadas por dicha norma. El objetivo del presente trabajo es delimitar el bien jurídico protegido en el artículo 198 del CP, alrededor de la expectativa de una inversión libre de riesgos no negociales, distintos a riesgos previstos en otros tipos penales (hurtos, estafas, robos, apropiaciones indebidas, etc.). El trabajo emplea el método dogmático jurídico-penal, por lo que, se realiza un análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial del delito de administración fraudulenta, buscando agotar las fuentes nacionales y analizando comparativamente otros ordenamientos jurídicos (como el español, alemán, chileno y argentino), sin dejar de lado los cuerpos normativos extrapenales nacionales como el derecho civil, la Ley General de Sociedades, entre otras normas.

Como punto de partida, se menciona al arbitraje como concepto, su naturaleza jurídica, los principios que les rodea y su vinculación con el orden público. Aquí aparece, una de sus características fundamentales: la confidencialidad que, por ser privada, busca resguardar el prestigio y/o reputación de las partes y de los árbitros. Más adelante, se aborda el objetivo de esta tesis; describir y discutir una realidad jurídica en el arbitraje bajo las normas de contrataciones del Estado, las cuales cuentan con dos elementos propios del sector público: (i) el interés público y (ii) el principio de transparencia abarca, entre otros aspectos, el derecho fundamental a obtener la información. En ese escenario, la confidencialidad se confronta con el interés público en esta clase de arbitrajes. Así, podemos observar que, a nivel normativo, se presenta lo siguiente:  En la ley de arbitraje, está regulada la confidencialidad y ésta se aplica supletoriamente en las normas de contrataciones con el Estado.  Si una de las partes esel Estado, debe primar el interés público y el buen uso delos recursos públicos; advirtiéndose que la Ley de Arbitraje es aplicables para ambas situaciones. Sin embargo, entre particulares no es obligatoria la transparencia. Esta tensión normativa hizo que estos arbitrajes fuesen un potencial factor creador de espacios de corrupción, lo que implica considerar la posibilidad de crear un marco normativo independiente de arbitraje estatal que pueda armonizar a la confidencialidadcon el interés público y el principio de transparencia bajo las normas de contrataciones del Estado. / As a starting point, arbitration is mentioned as a concept, its legal nature, the principles surrounding it and its relationship with public order. Here appears one of its fundamental characteristics: confidentiality, which, due to its private nature, seeks to protect the reputation of the parties and the arbitrators. Further on, the objective of this thesis is addressed: to describe and discuss a legal reality in arbitration under the rules of State contracting, which have two elements typical of the public sector: (i) the public interest and (ii) the principle of transparency, which even contains access to information as a fundamental right. However, at present, confidentiality is confronted with the public interest. Thus, we can observe that, at the regulatory level, the following is present: -The confidentiality contained in the arbitration law applies supplementarily in the rules of contracting with the State. -Between private parties, transparency is not mandatory. On the other hand, if one of the parties is the State, concepts such as the public interest and the adequate use of public resources must prevail; it should be noted that the arbitration law is applicable to both situations. This regulatory tension has made these arbitrations a potential factor creating spaces for corruption, which implies considering the possibility of creating an independent regulatory framework for state arbitration that can harmonize confidentiality with the public interest and the principle of transparency under the rules of state contracting.

Al encontrarnos en un contexto en donde la mayoría de autoridades regionales electas ha visto dificultada su permanencia en el cargo, César Álvarez aparece como una figura que puede ser vista como un caso interesante de estabilidad. Ello puede evidenciarse a partir de los dos periodos de gobierno en los cuales fue electo (2006-2013), a pesar de haber estado involucrado en posibles prácticas de corrupción, mafia y sicariato. En ese sentido, la presente tesis plantea que César Álvarez pudo mantenerse gracias a tres factores. El primero de ellos se relaciona al tipo de prácticas autoritarias que su gobierno reprodujo como forma sistemática de hacer política. En segundo lugar, el desarrollo de redes clientelares y de patronazgo fortalecieron los nexos que estableció con la ciudadanía; asimismo, le sirvió de blindaje ante cualquier acto de fiscalización. Por último, el gasto público en gran parte producto del canon minero, hizo que Álvarez se demuestre como una autoridad eficiente / Tesis

La responsabilidad civil es entendida como una fórmula dirigida al resarcimiento del daño irrogado por el actuar antijurídico de una persona. No obstante, el rol de esta institución parece entrar en cuestión cuando la misma tiene su tratamiento por parte de las entidades encargadas de establecer su determinación en sede penal, a partir de la interpretación que se tiene de ella, en base al Código Penal de 1991: No solo a satisfacer el resarcimiento del daño; sino, también, como una fórmula para sancionar y prevenir delitos de especial consideración social, a manera de una figura afín a ordenamientos de orden anglosajón: Los punitive damages . Existe una necesidad de establecer las causas de este tratamiento para determinar la responsabilidad civil en sede penal; puesto que, a partir de ello: Se podrá establecer las principales causas que han permitido la aplicación inconsciente de los punitive damages, en el ordenamiento jurídico peruano; y, si la aplicación de esta figura resulta una opción válida o una posibilidad de respuesta para la comisión de delitos de especial relevancia social. Es necesario indicar que, para el presente trabajo, el tipo de investigación realizado resultó principalmente de orden teórico, siendo que, no solo se hizo la posición de la doctrina y de los pronunciamientos de las autoridades encargadas de la determinación de la reparación civil, en sede penal; sino, también, sobre el entendimiento de los punitive damages por parte de la doctrina y experiencia extranjera.

Al encontrarnos en un contexto en donde la mayoría de autoridades regionales electas ha visto dificultada su permanencia en el cargo, César Álvarez aparece como una figura que puede ser vista como un caso interesante de estabilidad. Ello puede evidenciarse a partir de los dos periodos de gobierno en los cuales fue electo (2006-2013), a pesar de haber estado involucrado en posibles prácticas de corrupción, mafia y sicariato. En ese sentido, la presente tesis plantea que César Álvarez pudo mantenerse gracias a tres factores. El primero de ellos se relaciona al tipo de prácticas autoritarias que su gobierno reprodujo como forma sistemática de hacer política. En segundo lugar, el desarrollo de redes clientelares y de patronazgo fortalecieron los nexos que estableció con la ciudadanía; asimismo, le sirvió de blindaje ante cualquier acto de fiscalización. Por último, el gasto público en gran parte producto del canon minero, hizo que Álvarez se demuestre como una autoridad eficiente

Esta investigación nace a la luz de una interrogación del estado de la corrupción y cómo esta permanece activa en el orden internacional a pesar de que se le combate tenazmente en distintos ámbitos e instituciones del sistema internacional. Es un tema complejo, pero es imperante dilucidarlo desde varios frentes. Uno de ellos surge en el orden regional sudamericano con el caso de la Operación Lava Jato y el rol de ODEBRECHT en el soborno a autoridades para conseguir obras de infraestructura y mejores condiciones de sus contratos. Así, lo que se busca indagar son las conexiones y efectos en la relación bilateral de Brasil y Perú en los años 2005 – 2007, con la acciones colusorias de ODEBRECHT para ganar la licitación de la IIRSA. Este análisis explora el nivel de influencia de ODEBRECHT en la ejecución del eje de infraestructura de la Alianza Estratégica Perú Brasil durante esos años, así como pretende identificar la relación de los actores políticos y burocráticos peruanos y los actores económicos de ODEBRECHT para potenciar la IIRSA. Lo cual orientaría a señalar la coexistencia de una economía para-legal que ha influido en la política exterior peruano brasileña los años 2005 – 2007. Las conclusiones que se hallan hablan de una relación simbiótica entre empresarios y burócratas que puede entenderse como una burocratización corruptora, que ha nacido influenciada por la interrelación de la política de estado brasileña, el neodesarrollismo, y el apoyo gubernamental para que sus multinacionales inviertan en distintos países de la región. De tal forma esta investigación propone un atisbo a la intrincada conexión entre economía, política exterior y corrupción; que tiene como fin modesto aportar interrogantes al debate vivo de hasta qué punto el capital internacional afecta a las democracias liberales en el siglo XXI.