This article examines the close relationship between criminal procedure and constitutional law within a democratic State framework as well as the guarantees provided from a constitutional point of view in accordance with the current context of human rights globalization. Then, the author approaches us to criminal procedure main principles and guarantees, procedural models historically formed. Finally, it presents an interesting Criminal Procedural Code analysis describing guarantees, principles and procedural models recognized in our country. / Este artículo reflexiona sobre la estrecha relación entre el proceso penal y el derecho constitucional en el marco de un Estado democrático, así como sobre las garantías que debe brindar desde la óptica constitucional y en el actual contexto de globalización de los derechos humanos. A continuación nos aproxima a los principales principios y garantías del proceso penal, y a los modelos procesales históricamente configurados. Finalmente, el artículo nos presenta un interesante análisis de Código Procesal Penal, describiendo las garantías, principios y modelo procesal reconocido de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo tratará sobre un análisis del principio de legalidad, el que hemos escogido por la vital importancia que tiene en materia penal juvenil, como límite a la posibilidad de aplicar sanciones que no se encuentren previamente tipificadas y sancionadas, como límite al poder punitivo del Estado, y lo más importante su función de garante en materia de ejecución de sanciones. Y en específico, analizaremos el 3 cumplimiento de este principio en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro objetivo es determinar si se cumplieron con los objetivos que el legislador tuvo al momento de establecer el procedimiento colectivo en defensa de los intereses de los consumidores, en el caso en estudio, bajos las normas del procedimiento sumario y sus principios rectores. Para esto hemos dividido el trabajo en cuatro capítulos: En el primer capítulo analizaremos los fundamentos y características los procedimientos colectivos en general, para luego estudiar estos mismos aspectos específicamente en la ley N° 19.496 de protección del consumidor. Para esto último, veremos las razones políticas y económicas que motivaron las modificaciones introducidas por la ley N° 19.955 y posteriormente expondremos, etapa por etapa, el procedimiento colectivo en Chile. En el segundo capítulo, analizaremos los principios formativos del procedimiento colectivo en Chile. Para su estudio, los hemos dividido en dos categorías: Principios que inspiran el procedimiento colectivo para la protección de las asociaciones de consumidores y Principios generales aplicables. Estos principios serán un elemento esencial en el análisis del primer caso de juicio colectivo en Chile. En el tercer capítulo, reproduciremos brevemente los hitos más importantes del caso en estudio, señalando solicitudes con sus fundamentos, las resoluciones y los tiempos que demoraron. Para un acertado conocimiento de la causa, hemos dividido su tramitación en seis etapas: Admisibilidad, Avisos, Audiencia de conciliación y contestación, Prueba, Citación a oír sentencia y Sentencia. 11 Finalmente, en el capítulo cuarto hemos hecho un análisis de la tramitación del juicio con los principios expuestos en el capítulo dos, de manera de demostrar qué tan adecuada es la actual legislación nacional en lo referente a los juicios colectivos. Terminamos el capítulo con algunas recomendaciones de lege ferenda al respecto. El presente trabajo termina con nuestras conclusiones respecto de la investigación realizada, que sirve a la vez como una forma de finalizar la investigación de manera satisfactoria

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente proyecto de tesis tiene orígenes accidentados. En un principio, el proyecto pretendía otorgar una visión comparada en relación con un aspecto central de lo que había sido el desarrollo de los juicios colectivos hasta esa fecha, los inicios del año 2011. La tesis trataría principalmente sobre uno de los aspectos procesales que más debate había generado en la materia, una institución única en la legislación nacional consistente en la etapa de admisibilidad que presentaban los juicios o procedimientos diseñados para la defensa de intereses colectivos y difusos de los consumidores, institución introducida en la reforma del año 2004 efectuada a la Ley de Protección al Consumidor y que implicaba demoras de hasta más de tres años para entrar recién a la etapa de discusión de este juicio especial. Sin embargo, con el advenimiento del caso La Polar, hecho público en el mes de mayo de 2011, y a pesar que a esas alturas, con siete años de vigencia de la ley, ya se había constatado por algunos la necesidad de un cambio en este aspecto, la preocupación por la materia cambió radicalmente. Este caso generó un cambio en la conducta que hasta la fecha habían mantenido diversas autoridades con influencia en el ramo, cuestión que se vio reflejada en hechos concretos tanto en miembros del poder legislativo como en miembros del poder ejecutivo y servicios descentralizados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo abarca un estudio sistemático de las Acciones y Recursos Procesales ante la Potestad Sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello, se mencionan las esferas de atribuciones de dicha entidad administrativa, con especial referencia a la Potestad Sancionadora, y se analizan cada una de las Acciones y de los Recursos Procesales que pueden hacerse valer ante resoluciones emanadas de dicho organismo. Ahora bien, en cuanto al contenido específico de la obra, podemos mencionar que en el Capítulo I se define a la Superintendencia de Valores y Seguros, se da una pequeña reseña, se señala el ambiente en que se desenvuelve y sus intervinientes, para luego establecer su misión. En cuanto al aspecto funcional, se dice que las potestades de la Superintendencia se pueden clasificar en potestad fiscalizadora, potestad normativa, función de desarrollo y promoción de los mercados, y potestad sancionadora. A continuación, en el Capítulo II se pasa a revisar la potestad sancionadora en particular, la sanción administrativa y su relación con los derechos fundamentales, señalando además, el proceso de investigación que debe seguir la unidad respectiva, para adoptar posteriormente sanciones, las que se enumeran en su momento. Luego, se analizan las críticas que ha dado lugar y se enuncian un par de casos de revuelo nacional. Posteriormente, en el Capítulo III nos referimos a las Acciones y Recursos Procesales que proceden ante la SVS, analizando, primeramente, el contencioso administrativo, para luego analizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, tanto constitucionales como legales, señalando jurisprudencia relevante, en caso que corresponda. En último término, en el Capítulo IV se realiza un breve análisis a la reforma de Mercado de Capitales II, específicamente en cuanto a los recursos, y al desarrollo y seguridad de los mercados. Para concluir y lograr un cabal entendimiento de la materia, se ha añadido un anexo referente a los Actos Administrativos y el Procedimiento Administrativo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene la pretensión, quizás un tanto ambiciosa, de analizar el inciso segundo del artículo 149, como así mismo la letra c) y el inciso final del artículo 248, ambos del Código Procesal Penal (en adelante CPP), a la luz de nuestra Constitución Política de la República (en adelante CPR), llegando finalmente a aceptar o rechazar en nuestra conclusión su constitucionalidad. Cada día las poblaciones del mundo occidental van evolucionando hacia una construcción de la sociedad regida por el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, en virtud del cual, como máxima suprema, se deben respetar los principios que informan dicho estado, cuales son el de supremacía constitucional, imperio de la ley, distribución del poder estatal en titulares que desarrollen funciones diferenciadas, responsabilidad de las diferentes magistraturas y nulidad de los actos que emanen de órganos no competentes, todos los cuales tienen su fundamento principal en la dignidad de la persona humana y sus derechos, los que deben ser promovidos y respetados por los órganos del Estado, cuales se ven amparados también por la vigencia y reconocimiento que tienen los tratados internacionales en nuestra propia Carta Magna1

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo persigue revisar, de forma breve, los cimientos y vicisitudes prácticas y teóricas de uno de los medios de impugnación más relevantes que tocan a la administración de justicia en el Derecho laboral: el recurso de nulidad laboral. Con este fin, el trabajo presenta dos ejes principales. El primero de ellos, es un análisis proveniente de un marco teórico, que propiciará una revisión normativa y doctrinaria del recurso, dejándose guiar por la siguiente ruta: (i) un vistazo a consideraciones generales previas, como un somero repaso al contexto de la reforma procesal laboral, el concepto de debido proceso y el derecho a impugnar; (ii) una caracterización del sistema recursivo laboral actual, pasando por los principios del proceso laboral y los demás recursos que le componen; y (iii) un análisis más detallado del recurso mismo, su concepto, requisitos, causales y las problemáticas relacionadas que se observan. El segundo eje es un análisis jurisprudencial de fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, todos dictados durante los años 2016 y 2017, a fin de hacerse una idea de cuáles son los asuntos que motivan conflictos jurídicos y qué interpretaciones son comunes pero destacables en los tribunales superiores, con un especial énfasis en entender las tendencias que han seguido los jueces en los últimos años. Finalmente, se concluirá el presente trabajo con una propuesta normativa, a la luz de lo aprehendido de los dos ejes anteriores, que constituye un humilde intento por proponer un mayor ajuste del sistema recursivo laboral y, en particular, del recurso de nulidad, al estándar del debido proceso.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de la institución del informe pericial y de la persona del perito en el ámbito juridico procesal y especialmente en sede penal. Se advierte que la legislación nacional no ofrece regulación exhaustiva respecto de ciertos rasgos subjetivos que invisten la figura del perito en tanto experto en una determinada disciplina, sea esta una ciencia, un arte u oficio, especialmente en cuanto a la evaluación que respecto a su incorporación recae en fase de admisibilidad probatoria, relevando dichas calificaciones a las garantías de seriedad y profesionalismo que su ofrecimiento a juicio aspire a representar. Se examina a su vez la asimetría cognoscitiva existente entre juez y perito reconociendo a este como intermediario epistemológico de conceptos ajenos al acervo cultural común del juez, vinculando dicho desequilibrio a la desigual distribución de expertiz que nuestro ordenamiento procesal contemporáneo exhibe en un contexto de apropiación de medios probatorios, globalización y dinámico avance científico-tecnológico / 31 julio de 2020

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / A través de la presente memoria, se analizará la posible existencia de una relación entre la seguridad ciudadana, entendida como el temor de las personas a ser víctima de un delito, y la aplicación de algunos de los principales mecanismos del principio de oportunidad, como respuesta sistémica del Ministerio Público. Para ello, se estudiará la definición de cada uno de los conceptos mencionados, y en cada caso se tendrán en consideración datos estadísticos proporcionados por la ENUSC y Fiscalía de Chile, respecto a la Región Metropolitana entre los años 2010 y 2017. Todo lo anterior, enfocado en los delitos de robo con violencia, considerados como parte del grupo de delitos violentos o de mayor connotación social y como los que más han aumentado en la última década. Finalmente, se concluirá de qué manera se vinculan las variables estudiadas, lo cual pretende ser un reflejo objetivo de la percepción de la ciudadanía respecto a este tipo de delitos en el último tiempo