Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante la presente memoria intentaremos realizar un análisis respecto de las exigencias y la necesidad de fundamentar las sentencias judiciales a la luz de la garantía del debido proceso y en particular respecto de la garantía que recae sobre toda sentencia de ser debidamente fundamentada, toda vez que en nuestra legislación, el artículo 501 inciso 3º del Código del Trabajo, se faculta al juez para omitir de la sentencia la síntesis de los hechos y las alegaciones de las partes, así como el análisis de la prueba rendida, los hechos probados y el razonamiento que condujo al juez a fallar de una u otra manera. Esto lo realizaremos a lo largo de cuatro capítulos en los que abordaremos los aspectos más relevantes. En primer lugar, analizamos la fundamentación de las sentencias desde el debido proceso, su contenido y las garantías que lo comprenden, además de revisar la recepción normativa de esta garantía en el derecho internacional y el ordenamiento nacional. En segundo lugar, se determina cual es el contenido de la Motivación de la sentencia, así como las funciones endoprocesales y extraprocesales de la misma. En tercer lugar, daremos un breve repaso al procedimiento monitorio en materia laboral, respecto de sus características, naturaleza jurídica, así como a sus etapas y veremos algunos problemas anexos al tema en estudio respecto del mismo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, los problemas y los alcances que se derivan de la omisión del análisis de la prueba y la fundamentación de la sentencia dentro del procedimiento monitorio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.

Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto del presente trabajo consiste en determinar la naturaleza jurídica del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en otras palabras, comprender cuál es la finalidad que cumple dicha institución en el ordenamiento jurídico. Para ello, realizamos un estudio pormenorizado de las modificaciones legales que ha presentado la normativa y los motivos del legislador para realizar dichos cambios en tan poco tiempo. En segundo lugar, para la mejor comprensión de la institución, recurriremos a los conceptos elaborados por la doctrina, haciendo una revisión general de los aspectos del procedimiento del control de identidad, desde sus supuestos habilitantes hasta el término del procedimiento. Enseguida, para lograr nuestro objetivo y acercarnos a las posibles finalidades de la norma, analizaremos las opiniones de la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. De lo anterior, advertiremos tres distintas finalidades de la figura: cautelar, investigativa o preventiva. Para determinar cuál de las finalidades descritas es preponderante en la norma, realizaremos un estudio detallado de la figura, contrastándola con su ubicación dentro del Código Procesal Penal, cada uno de los supuestos que autorizan a solicitar la identificación del sujeto, las medidas que faculta la institución, como el registro, cotejo de órdenes de detención pendiente; y las reformas efectuadas por la ley. Esto nos permitirá comprender a cabalidad el sentido y alcance de la figura. Por último, analizaremos las ideas centrales del proyecto de ley del año 2003 que establecía un nuevo control de identidad de carácter preventivo. Finalizando con el estudio y críticas de las reformas efectuadas por la ley 20.931 al artículo 85 Código Procesal Penal y la implementación de una nueva figura, denominada “control de identidad preventivo”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar el escenario actual de la tramitación electrónica en Chile, luego de la entrada en vigencia de la Ley nº 20.886 que Modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, mejor conocida como la Ley de Tramitación Electrónica. Lo primero es definir qué se entiende por Tecnologías de la Información y Comunicación, y cómo dichas herramientas han sido acogidas en el derecho, y en específico en la tramitación de los procedimientos judiciales, a través de la utilización de los llamados eservices. El análisis que le sigue parte por el contexto existente con anterioridad a la Ley de Tramitación Electrónica, para luego adentrarse en el desglose de ésta a la luz de su discusión en el Congreso Nacional, sus fundamentos, sus principios y sus normas, tanto legales como los auto acordados. Finalmente, realiza un análisis comparado con los mejores exponentes en esta materia tanto a nivel latinoamericano como mundial, El resultado arroja que Chile se encuentra en un proceso de implementación de una reforma mayor, como lo significará la Reforma Procesal Civil, y más allá de los aportes concretos de la Ley de Tramitación Electrónicas y las Instituciones que puedan adoptarse del análisis comparado, el verdadero desafío se encuentra en la concreción de dicha reforma.

Tesis (Magister en Derecho Laboral) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / El presente trabajo, tiene por objeto determinar cuál es la función que la Corte Suprema ha desempeñado en conocimiento del recurso de unificación de jurisprudencia, incorporado a nuestro sistema jurídico, a través de la Ley Nº 20.120, a propósito de la nulidad del despido por no pago de cotizaciones, en régimen de subcontratación, esto es, la de corregir errores en la interpretación y aplicación del derecho (casación); la de hacer justicia para un caso concreto (tercera instancia); o la de asumir una posición entre varias interpretaciones jurídicas contradictorias respecto de la misma materia (unificación de jurisprudencia). Para la consecución de dicho objetivo, fue analizada doctrina y, sentencias judiciales emanadas del Tribunal Supremo dictadas desde el año 2012 al mes de junio de 2016, que abordan la institución en estudio.

Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional : observación, experimentación y resultado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente tesis, estudia la acción pauliana de familia o acción revocatoria especial, contenida en el artículo 5 inciso 7° de la Ley 14.908, por la cual son revocables los actos jurídicos, fraudulentos, simulados o aparentes, distinguiéndola como una figura autónoma del derecho procesal de familia. Se conceptualiza y analiza entonces, su naturaleza jurídica, requisitos, especificidades, efectos y procedimiento incidental en un juicio de alimentos. Lo anterior, únicamente posible si se vincula este incidente revocatorio a una interpretación hermenéutica del deber y obligación de esclarecimiento patrimonial del alimentante contenido en el artículo 5 inciso 1° de la misma Ley. Por ello, es que es menester desentrañar las implicancias del principio de buena fe en el proceso de alimentos que devienen de este deber de transparencia patrimonial, reconduciendo así a los deberes de veracidad, completitud y coherencia, y como operan éstos, en dinámica con la propia sanción revocatoria.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En este trabajo se analiza la incorporación probatoria del Informe Final de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyo único objetivo, según el Anexo 13 del Convenio de Chicago, es el de establecer la causa del accidente para así efectuar recomendaciones de seguridad que permitan evitar la repetición del accidente y no el establecimiento de culpas o responsabilidades. La incorporación probatoria del Informe Final puede afectar dicho objetivo. Por ello, en esta tesis se analizan las relaciones entre la investigación técnica y los procesos judiciales, las limitaciones a la incorporación probatoria del informe y la naturaleza de éste como medio de prueba. En cuanto a sus relaciones, se evidencia que ambas comparten el objetivo de descubrimiento de la verdad del accidente, pero se diferencian en su regulación y contexto. En lo relacionado a su incorporación probatoria, el I.F es un medio de prueba ilegal e ilícito. En lo tocante a su naturaleza como medio de prueba, se consideran dos perspectivas. Como fuente de prueba no es un instrumento público, sino un documento oficial dotado de una presunción de autenticidad y veracidad. Como medio de prueba, es un testimonio experto documentado, por lo que, para proteger el derecho al contradictorio de las partes, no puede incorporarse como prueba documental, sino a lo más, como un testimonio documentado sometido a la validación de las partes con la aquiescencia del tribunal. 4 Al mismo tiempo, su valoración debe ser cuidadosa considerando que la DGAC es un ente parcial y que, por lo tanto, no es un auxiliar de la administración de justicia. También, debe considerarse que el I.F. es una prueba científica y debe evitarse su sobrevaloración. En sede civil, el I.F. es valorado como una presunción judicial