This article examines the close relationship between criminal procedure and constitutional law within a democratic State framework as well as the guarantees provided from a constitutional point of view in accordance with the current context of human rights globalization. Then, the author approaches us to criminal procedure main principles and guarantees, procedural models historically formed. Finally, it presents an interesting Criminal Procedural Code analysis describing guarantees, principles and procedural models recognized in our country. / Este artículo reflexiona sobre la estrecha relación entre el proceso penal y el derecho constitucional en el marco de un Estado democrático, así como sobre las garantías que debe brindar desde la óptica constitucional y en el actual contexto de globalización de los derechos humanos. A continuación nos aproxima a los principales principios y garantías del proceso penal, y a los modelos procesales históricamente configurados. Finalmente, el artículo nos presenta un interesante análisis de Código Procesal Penal, describiendo las garantías, principios y modelo procesal reconocido de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo tratará sobre un análisis del principio de legalidad, el que hemos escogido por la vital importancia que tiene en materia penal juvenil, como límite a la posibilidad de aplicar sanciones que no se encuentren previamente tipificadas y sancionadas, como límite al poder punitivo del Estado, y lo más importante su función de garante en materia de ejecución de sanciones. Y en específico, analizaremos el 3 cumplimiento de este principio en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene la pretensión, quizás un tanto ambiciosa, de analizar el inciso segundo del artículo 149, como así mismo la letra c) y el inciso final del artículo 248, ambos del Código Procesal Penal (en adelante CPP), a la luz de nuestra Constitución Política de la República (en adelante CPR), llegando finalmente a aceptar o rechazar en nuestra conclusión su constitucionalidad. Cada día las poblaciones del mundo occidental van evolucionando hacia una construcción de la sociedad regida por el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, en virtud del cual, como máxima suprema, se deben respetar los principios que informan dicho estado, cuales son el de supremacía constitucional, imperio de la ley, distribución del poder estatal en titulares que desarrollen funciones diferenciadas, responsabilidad de las diferentes magistraturas y nulidad de los actos que emanen de órganos no competentes, todos los cuales tienen su fundamento principal en la dignidad de la persona humana y sus derechos, los que deben ser promovidos y respetados por los órganos del Estado, cuales se ven amparados también por la vigencia y reconocimiento que tienen los tratados internacionales en nuestra propia Carta Magna1

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de la institución del informe pericial y de la persona del perito en el ámbito juridico procesal y especialmente en sede penal. Se advierte que la legislación nacional no ofrece regulación exhaustiva respecto de ciertos rasgos subjetivos que invisten la figura del perito en tanto experto en una determinada disciplina, sea esta una ciencia, un arte u oficio, especialmente en cuanto a la evaluación que respecto a su incorporación recae en fase de admisibilidad probatoria, relevando dichas calificaciones a las garantías de seriedad y profesionalismo que su ofrecimiento a juicio aspire a representar. Se examina a su vez la asimetría cognoscitiva existente entre juez y perito reconociendo a este como intermediario epistemológico de conceptos ajenos al acervo cultural común del juez, vinculando dicho desequilibrio a la desigual distribución de expertiz que nuestro ordenamiento procesal contemporáneo exhibe en un contexto de apropiación de medios probatorios, globalización y dinámico avance científico-tecnológico / 31 julio de 2020

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / A través de la presente memoria, se analizará la posible existencia de una relación entre la seguridad ciudadana, entendida como el temor de las personas a ser víctima de un delito, y la aplicación de algunos de los principales mecanismos del principio de oportunidad, como respuesta sistémica del Ministerio Público. Para ello, se estudiará la definición de cada uno de los conceptos mencionados, y en cada caso se tendrán en consideración datos estadísticos proporcionados por la ENUSC y Fiscalía de Chile, respecto a la Región Metropolitana entre los años 2010 y 2017. Todo lo anterior, enfocado en los delitos de robo con violencia, considerados como parte del grupo de delitos violentos o de mayor connotación social y como los que más han aumentado en la última década. Finalmente, se concluirá de qué manera se vinculan las variables estudiadas, lo cual pretende ser un reflejo objetivo de la percepción de la ciudadanía respecto a este tipo de delitos en el último tiempo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El terrorismo es un fenómeno delictual que ha alcanzado relevancia a nivel internacional. Sin embargo, no existe una posible forma de definir qué constituye un delito de terrorismo, sino más bien, existen distintas definiciones posibles. Expresión de dicho problema es que el delito de terrorismo se ha transformado en un concepto difuso, a partir del cual no es posible constatar de manera estricta si este ha ocurrido o no, lo cual supone un conflicto relevante con las exigencias del principio de legalidad. Muestra de lo anterior es la Ley 18.314, que regula y penaliza las conductas terroristas en Chile, la cual no tiene un concepto de terrorismo propiamente tal, sino que elementos para identificar su existencia. La Ley 18.314 surge durante la Dictadura militar de Augusto Pinochet, y se mantiene hasta el día de hoy, con algunas modificaciones que serán tratadas en la investigación. Este trabajo pretende realizar un análisis de la comprensión del delito de terrorismo que han tenido los tribunales chilenos a la luz de la Ley 18.314. Dicho análisis será diferenciado según dos períodos históricos: la aplicación del concepto de terrorismo durante el régimen militar de Augusto Pinochet, y el posterior regreso a la democracia, el cual se subdividirá a su vez en el período en que las causas donde se imputa el delito de terrorismo hayan sido resueltas según el antiguo régimen procesal penal (1990-2001) y aquellas que fueron tramitadas según la nueva reforma procesal penal (2001-2015). Con el fin de evaluar si es que la tendencia de la comprensión del delito de terrorismo tiene una relación significativa con el período histórico en que se utiliza, identificando: la tendencia del concepto de terrorismo y su relación con la conflictividad de dicho período histórico.

El presente informe contiene un análisis jurídico del proceso penal ordinario que tiene como imputado a Rider García Inga. Dicho proceso se desarrolla entre los años 2007 y 2009 en el departamento de Lima, bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991. La elección del expediente radica en la vigencia que mantienen ambos códigos a la fecha en Lima Centro y Lima Sur, vigencia que continúa siendo interpretada como un obstáculo frente a la necesidad de constitucionalizar el sistema procesal penal. En esa línea, se tiene como objeto determinar si las interpretaciones realizadas por muchos fiscales, jueces penales y Colegiados se condicen con los principios y derechos reconocidos por la Constitución vigente. Al respecto, el expediente contiene materias jurídicas de especial relevancia, entre ellas el rol que le otorga la Constitución de 1993 al Ministerio Público dentro de la investigación preliminar, la detención policial, la medida cautelar de mandato de detención, los estándares de sospecha a lo largo del proceso, el razonamiento probatorio y la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. A efectos de realizar el análisis, se hace una revisión de las normas, doctrina y jurisprudencia relativas al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como de los derechos y garantías procesales reconocidos por la Constitución de 1993 y por el Tribunal Constitucional peruano. Finalmente, se concluye que Rider García Inga fue víctima de medidas arbitrarias y actuaciones inconstitucionales llevadas a cabo por las autoridades policiales, fiscales y judiciales en su contra, denotándose así una carencia de capacitación de las mismas en materia de Derecho Penal Constitucional, debido a que la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 y del Código Procesal Penal de 1991 no debe representar una limitación al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad, a la garantía al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad procesal, entre otros

La casación 617-2021-Nacional resuelve la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa de Humala Tasso y Heredia Alarcón en el en el marco del proceso que se les sigue por el delito de lavado de activos. Entre los varios temas que se abordan en la casación, se encuentra uno que no es atendido en su debida dimensión: la posibilidad de estimar una suerte de acuerdo colusorio previo como un elemento subjetivo del tipo penal de lavado de activos. El órgano supremo se abstiene de desarrollar el fondo de esta controversia aduciendo que ella responde a un tema estrictamente probatorio, que de ninguna manera puede ser objeto de esta excepción. Con ello, se pierde una oportunidad valiosa para definir el alcance del tipo penal de lavado de activos y de colusión, con miras a una adecuada delimitación del objeto procesal en un caso de especial gravedad. En este informe abordo el tema descartado por la Corte Suprema y construyo una posición al respecto. En esa tarea, desarrollo los elementos de tendencia interna trascendente que el delito de colusión simple y de lavado de activos poseen en su configuración normativa. Asimismo, asumo una posición que deslinda de lo expresado por la Corte Suprema para evitar un pronunciamiento sobre el fondo: planteo que es posible sostener que lo cuestionado por la defensa constituye un problema de indebida subsunción en el tipo subjetivo y no un tema de prueba; en consecuencia, puede ser resuelto mediante la excepción de improcedencia de acción. / Cassation 617-2021-Nacional resolves the exception of inadmissibility of the action raised by the defense of Humala Tasso and Heredia Alarcón in the trial against them for the crime of money laundering. Among the several issues addressed in the cassation, there is one that is not addressed in its proper dimension: the possibility of considering a kind of prior collusive agreement as a subjective element of the criminal offense of money laundering. The supreme court refrains from developing the merits of this controversy, arguing that it responds to a strictly evidentiary issue, which in no way can be the object of this exception. With this, a valuable opportunity is lost to define the scope of money laundering and collusion, with a view to an adequate delimitation of the procedural object in a particularly serious case. In this report I address the issue discarded by the Supreme Court and build a position on the matter. In this task, I develop the elements of transcendent internal tendency that the crime of simple collusion and money laundering have in their normative configuration. Likewise, I assume a position that distances from what was expressed by the Supreme Court to avoid a pronouncement on the merits: I argue that it is possible to sustain that what is questioned by the defense is a problem of improper subsumption in the subjective type and not a matter of evidence; consequently, it can be solved through the exception of inadmissibility of the action.

El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.