Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El avance de las nuevas tecnologías ha generado nuevas y potentes formas de intromisión en la esfera de diversos derechos fundamentales, al punto de conducir a la doctrina a postular el surgimiento de nuevos derechos destinados exclusivamente a proteger a los individuos de este tipo de atentados. Dentro de estos destaca, sin lugar a dudas, el derecho a la autodeterminación informativa, que asegura a los individuos la posibilidad de decidir el tipo y volumen de información personal que otros manejan de ellos. Esta potencial afectación de derechos se vuelve especialmente potente cuando el tratamiento se efectúa en ámbitos en los que frente a la protección de los sujetos existen valores sociales en conflicto, como es el caso del proceso de persecución penal. Es por esto que en la presente investigación tendremos por objetivo principal analizar el marco de acción que brinda nuestro ordenamiento jurídico a los organismos encargados de la persecución penal, comparando los derechos de los titulares de datos personales, recogidos en la Ley 19.628 “sobre protección de la vida privada” y en la Constitución fundamentalmente, con la regulación de las competencias y atribuciones brindadas a los organismos a cargo de llevar adelante la fase de investigación dentro del proceso penal. Para lograr el objetivo planteado, la presente investigación efectúa un análisis deductivo, que parte del estudio del bien jurídico protegido y su regulación general, para luego analizar sus implicancias en el campo de la investigación penal, con el fin de concluir contrastando la información así recabada con la legislación nacional, identificando de esta forma el escenario existente en nuestro país respecto del tratamiento de datos personales dentro del proceso de persecución penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la investigación es evaluar la adecuación de las disposiciones probatorias del juicio ante la Corte Penal Internacional con su entorno institucional. Para esos efectos se desarrolla un marco conceptual que define, en base a aspectos específicos, dos modelos procesales opuestos: el modelo adversarial con tribunal bifurcado y de orientación bipolar, y el modelo no adversarial con tribunal unitario y de orientación unipolar. Estos modelos permiten caracterizar, en abstracto, las repercusiones que el entorno procesal de cada uno tenderá a producir en materia probatoria. Posteriormente, para ilustrar estas relaciones entre entorno procesal y arreglos probatorios, se analizarán en los contextos procesales concretos del sistema penal angloamericano y alemán. Para este análisis se seleccionan tres aspectos concretos de la actividad probatoria: el interrogatorio de testigos, la prueba derivativa y el rol probatorio del acusado. El resultado mostrará que en esos aspectos la actividad probatoria está fuertemente condicionada por la estructura y el ambiente procesal, y, en general, por la cultura jurídica del sistema respectivo. Finalmente, se caracteriza el entorno procesal de la Corte Penal Internacional. Se detecta que corresponde a un sistema que se aproxima a un modelo no adversarial de orientación unipolar. Al abordar el tratamiento de los aspectos específicos de la prueba revisados a propósito de los sistemas nacionales, se advierten incoherencias entre el entorno procesal no adversarial de la Corte y arreglos probatorios durante el juicio que incorporan lógicas adversariales. Se concluye afirmando la insostenibilidad de estos arreglos probatorios adversariales ante el fin expresivo de la justicia penal internacional

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 11 N° 6 del Código Penal establece la atenuante de la irreprochable conducta anterior del imputado, circunstancia ajena al hecho punible cuya concurrencia debiera probarse exclusivamente en la oportunidad contemplada en el artículo 343 del Código Procesal Penal; ello, con el fin de que los jueces que conozcan de la prueba incorporada a juicio no sean contaminados con elementos externos, ajenos a la solución del caso concreto. Éste es un tema que se encuentra prácticamente zanjado en el quehacer jurídico, cosa que no ocurre respecto a si es posible establecer como objeto de prueba en el juicio los antecedentes pasados del imputado , ya no como una circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, sino que como una relacionada con los elementos constitutivos del delito, como lo son la culpabilidad y la antijuricidad, buscando con ellos acreditar –o desacreditar- el hecho punible objeto de la acusación y la participación culpable del acusado. Es sobre este punto que versa la hipótesis de nuestro trabajo: Dirigiremos nuestra investigación a evidenciar si el sistema procesal penal chileno permite o no probar ese tipo de circunstancias y en qué casos ello ocurre, para lo que desarrollaremos aspectos tan relevantes como la prueba y su valoración, entre tantos otros. Todo esto nos permitirá responder a interrogantes como las siguientes: ¿Involucrará su valoración un prejuzgamiento que vulnere el principio de inocencia? ¿Es posible entender que se está contaminando al juez de instancia con circunstancias irrelevantes para la resolución del caso concreto o que, por el contrario, ellas pueden volverse trascendentales para ello? Si es que en virtud de los artículos 295 y 276 del CPP podemos establecer que es apta para ingresar al juicio oral toda prueba que sea “pertinente”, ¿podríamos determinar que ésta sí lo es?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta Memoria de Grado describe el desenvolvimiento de la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias sicotrópicas, en los escenarios que se generan a partir de la aplicación de uno u otro de los estatutos procedimentales penales, actualmente vigentes en el territorio de la República, y, de consiguiente, permite apreciar en cual de ellos la persecución penal de los ilícitos que aquélla prescribe resulta más eficiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo da cuenta de la historia fidedigna e íntegra de la ley n° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública. El método utilizado es básicamente un sistema de citas, que asegura al lector la fidelidad de la historia consignada en este trabajo y le permite, además, ahondar de una manera fácil en las fuentes directas de la ley.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo, fundamentalmente apoyado en las esclarecedoras ideas de Mirjan Damaska, no sólo pretende analizar el sistema de impugnaciones en el nuevo proceso penal, en especial la apelación, sino también, explicar como el diseño del proceso legal se encuentra determinado o prefigurado por condicionantes más generales cuyas raíces se encuentran en la estructura, organización y fines del Estado. Como se explicará a propósito del recurso de apelación, su existencia o no dentro del ordenamiento jurídico no depende de la "afición", "gusto" o "conveniencia" de quienes la defienden como tampoco de una simple decisión de política legislativa restringida al ámbito del proceso legal. Por tal motivo, si bien celebramos el avance sin precedentes que introduce la reforma procesal penal y los principios de garantía que pretende introducir o reforzar, entre otros objetivos, ello no debe descuidar un análisis sobre el verdadero "pedigrí" u origen de los mismos ni de su posibilidad practica de aplicación en un medio legal distinto o incluso hostil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis pretende ofrecer una lectura crítica, desde la óptica de la criminología (en particular la desarrollada durante los años sesenta, denominada crítica o radical), sobre la aplicación de las salidas alternativas al procedimiento penal, por parte de los Fiscales del Ministerio Público, de acuerdo a las instrucciones generales dictadas por el ente persecutor, fundadas en sus directrices de política criminal.

Seminario para optar al Título de Ingeniero Comercial mención Economía / Desde un punto de vista económico, el estudio de los determinantes socio – económicos de la criminalidad se inicia con el trabajo de Becker (1968), quién desarrolla un modelo de consumidor donde la decisión por delinquir proviene de la maximización de utilidad del individuo sujeta a restricciones de ingreso, donde este último depende, entre otros, de las probabilidades de ser aprehendido y de las penas asociadas a la comisión del delito. Con este modelo, Becker demuestra como una mayor probabilidad de ser detenido y, además, la existencia de penas más severas podría reducir los pagos esperados por delinquir y así modificar la oferta de crímenes. Esta es la denominada hipótesis de disuasión. A partir de lo anterior, Ehrlich (1973) proporciona el primer trabajo empírico riguroso para estimar los efectos de las variables socio – económicas sobre la criminalidad. Con el fin de explicar la oferta criminal, Ehrlich utiliza un modelo ocio – trabajo para caracterizar a los individuos. A partir del modelo, y considerando que el trabajo puede ser de tipo legal e ilegal, según el autor, cada individuo asigna óptimamente el tiempo al desarrollo de actividades legales e ilegales, lo que a posteriori determina los ingresos esperados para cada una de ellas. Puesto que el ingreso legal puede ser modelado a partir de variables socio – económicas exógenas (capital humano, edad, género, urbanización, niveles de desigualdad social, etc.), se tiene que el modelo de Ehrlich puede ser estimado y testeado econométricamente a partir de datos objetivos.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El trabajo efectúa un análisis centrado en los sistemas jurídicos en materia de derechos de la niñez y adolescencia, desde un sistema tutelar de menores hacia la autonomía progresiva, efectuando las necesarias vinculaciones con un sistema de derecho procesal penal especializado en justicia juvenil, así como el derecho a ser oído de los adolescentes, la procedencia de la autoincriminación reglada, teniendo como elemento de ponderación la etapa de maduración y los elementos cognitivos propios del tramo etario, desde una aproximación de la psicología adolescente. En atención a ello, se realizará un análisis de las modificaciones normativas actualmente tramitadas y que inciden directamente en la materia, efectuando propuestas de acción vinculadas a los elementos expuestos, observando la Jurisprudencia nacional y extranjera que reviste atingencia a los temas objeto de análisis.

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la forma en que la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz vulnera el derecho de defensa del coimputado sindicado. El estudio se realizó en función a la legislación nacional, esto es, conforme al Nuevo Código Procesal Penal y a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso por colaboración eficaz, en concordancia con el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, que aprueba su reglamento. Además, se examinó la doctrina nacional y extranjera, que tratan sobre el referido proceso y la importancia del derecho defensa que le asiste al imputado en el proceso penal. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, en primer lugar, que el proceso por colaboración eficaz lleva a cabo actos de investigación en contra de una persona sin que esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso por colaboración eficaz. Como conclusiones, se advierte que, producto de la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz, se vulnera flagrantemente el derecho de defensa del coimputado sindicado, al no permitirle tener conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el proceso penal común.