La presenta investigación tiene como propósito verificar si en la jurisprudencia local emitida en instancia judicial existe un correcto entendimiento de la facultad excepcional de la Administración Tributaria para cuestionar en la vía de proceso contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 157° del Código Tributario. Esta investigación se desarrolla siguiendo el enfoque metodológico de tipo jurisprudencial. Para estos efectos, revisamos los principales conceptos vinculados a esta facultad excepcional (legitimidad para obrar activa, objeto del proceso contencioso administrativo, facultad para iniciar proceso contencioso administrativo, acción de lesividad, entre otros). De igual forma, analizamos diversos pronunciamientos emitidos en instancia judicial (desde primera instancia hasta casación) en los que se ha puesto en discusión esta facultad. Con ello, verificamos que en la práctica los órganos jurisdiccionales al verificar la admisión de la demanda no cuestionan este asunto, sino que la controversia es iniciada cuando el contribuyente interpone excepción de legitimidad para obrar; asimismo, en estos casos casi en su totalidad esta acción es desestimada por diversas razones que dependen del órgano resolutor y del caso concreto. Esto demuestra que no existe una sola interpretación de la acción de la Administración Tributaria y que en la realidad no existe el carácter excepcional que hace referencia el Código Tributario. A fin de evitar lo que viene sucediendo en la jurisprudencia nacional y que supone la afectación del principio de seguridad jurídica, consideramos que se deben fijar concretamente los requisitos que se deben cumplir para que se admita la demanda iniciada por la Administración Tributaria, lo que supone una revisión conjunta del Código Tributario, la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

El objetivo del siguiente trabajo de investigación es esclarecer la estructura y condicionamientos que trae consigo la Norma XVI, ubicada en el Título Preliminar del Código Tributario, para que de esta manera se determine si es posible su plena aplicación en la actualidad. A pesar de que en este año (2018) se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1422, teniendo consignado como fin el brindar mayores garantías a los contribuyentes en la aplicación de tal norma y otorgar a la Administración Tributaria (SUNAT) las herramientas para su efectiva implementación, para lo cual modificó el Código Tributario, tenemos que siguen quedando espacios que requieren ser dilucidados. En ese contexto, consideramos necesario un estudio de las normas pertinentes, desde los respectivos precedentes hasta llegar a la revisión del decreto referido, para determinar el contenido, vigencia y aplicación de la Norma XVI; sin perjuicio de ello, para obtener mayores luces al respecto, recurrimos especialmente a pronunciamientos de tribunales y doctrina correspondientes. Conforme a ello, verificamos que se otorgan facultades a la SUNAT en función a dos bloques normativos: 1) hacer uso de una calificación económica o 2) de una Norma Antielusiva General, a aplicarse sobre determinados actos que el contribuyente simule o realice respectivamente, siendo que el segundo trae consigo ciertas complicaciones para su aplicación. De esta forma, concluimos que actualmente sólo es aplicable la calificación económica, puesto que si bien el Decreto Legislativo N° 1422 facilitaría la aplicación la norma antielusiva en referencia, desligándose incluso del condicionamiento de la publicación de un futuro Decreto Supremo (impuesto por ley) que se tenía para ello, aún existe la necesidad de esta última norma y de alguna otra de la Administración Tributaria que establezcan los alcances necesarios para su efectiva implementación

Conforme al artículo 95°-A del Código Tributario, la consulta particular, especie del instituto de la consulta tributaria, es un procedimiento que permite a los deudores tributarios consultar a la Administración Tributaria sobre el régimen jurídico aplicable a hechos o situaciones concretas, vinculados con tributos cuya obligación tributaria no hubiera nacido al momento de la presentación de esta y obtener una respuesta por escrita por parte de aquella, siendo que los criterios esbozados en dicha respuesta son vinculantes para los distintos órganos de la SUNAT, de este modo se otorga seguridad jurídica a un acto declarativo de la Administración, que permite a los deudores tributarios tener elementos suficientes para tomar decisiones con una posición clara y predictible respecto a las consecuencias jurídicas de sus actividades y de ser el caso determinar correctamente su obligación tributaria. La presente investigación analiza mediante la argumentación jurídica y el estudio de casos, la naturaleza jurídica de la consulta particular, partiendo del estudio de la consulta tributaria y de la consulta institucional, así como del uso de la legislación comparada. La investigación concluye determinando que la consulta particular viene a ser una manifestación del derecho de petición reconocido en el inciso 20 del artículo 2° de la Constitución Política, así como de los principios de seguridad jurídica, predictibilidad o de confianza legítima. Además, se identifica que la regulación actual constituye una barrera de acceso a la consulta particular que ha determinado que en los más de seis años de vigencia del artículo 95°-A del Código Tributario, únicamente la SUNAT haya atendido una consulta, poniendo en evidencia la necesaria reforma normativa de esta.

En el presente Informe se describen las diferentes posturas que surgieron sobre el tratamiento de la participación del asociado en el Impuesto a la Renta en el marco de un contrato de asociación en participación luego de la modificación operada por la Ley N° 27034 (vigente desde 1999). Asimismo, se analiza lo resuelto por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 2398-11-2021 de observancia obligatoria, en la que se recoge la actual posición del ente resolutor y en la que se concluye que la participación del asociado califica como dividendo u otra forma de distribución de utilidades. Sobre esta resolución, se realiza un análisis crítico, a fin de descartar las distintas posturas desarrolladas a lo largo de estos años y dar respuesta, principalmente, a dos preguntas: (i) si la participación del asociado califica o no como renta gravada, y (ii) si califica como renta de segunda o de tercera categoría. Dicho análisis se realiza considerando las normas del Impuesto a la Renta que resultan aplicables y la naturaleza del contrato de asociación en participación que se desprende de la Ley General de Sociedades, lo que lleva a concluir que la participación del asociado califica como renta gravada de tercera categoría. Finalmente, se comenta el tratamiento contable del mencionado contrato y el nuevo tratamiento tributario aprobado por el Dec. Leg. N° 1541 que estará vigente a partir de 2023.

En el presente informe, se analiza el extremo de la Resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal No.00358-1-2023 respecto de si la presentación de una declaración jurada rectificatoria en la que se aceptan los importes observados por gastos no acreditados con documentación fehaciente por la Administración en el marco de un procedimiento de fiscalización impide o no la aplicación de la norma de Tasa Adicional del Impuesto a la Renta. Para ello, se ha dividido el presente informe en tres secciones. La primera sección versa sobre la fehaciencia del gasto (cuestiones generales, medios probatorios y consecuencias jurídicas). La segunda sección gira en torno a la norma de aplicación de la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta, específicamente, sobre la presunción relativa que contiene y su carácter de norma antielusiva específica en el ordenamiento peruano. Por último, y en base a las anteriores secciones, la tercera sección busca responder si es que los gastos no acreditados con documentación fehaciente que son aceptados mediante declaración rectificatoria en el marco de una fiscalización son susceptibles de posterior control tributario o no. Para el desarrollo de este informe jurídico, se han empleado las diversas fuentes del derecho (la doctrina, la jurisprudencia y la legislación). / In this report, the Resolution of obligatory observance of the Tax Court No.00358- 1-2023 is analyzed regarding whether the presentation of a rectifying affidavit in which the amounts observed for expenses not accredited with reliable documentation are accepted by the Administration in the framework of an examination procedure prevents or not the application of the Additional Rate of Income Tax rule. To this end, this report has been divided into three sections. The first section deals with the reliability of the expense (general issues, evidence and legal consequences). The second section revolves around the rule of application of the Additional Rate of Income Tax, specifically, on the relative presumption that it contains and its nature as a specific anti-avoidance rule in the Peruvian legal system. Lastly, and based on the previous sections, the third section seeks to answer whether the expenses not accredited with reliable documentation that are accepted by means of a rectifying declaration in the framework of an examination are susceptible to subsequent tax control or not. For the development of this legal report, the various sources of law (doctrine, jurisprudence and legislation) have been used.

El presente trabajo centra su análisis en el tratamiento tributario aplicable a los Contratos de Asociación en Participación, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. Para tales efectos se busca comprender (i) los antecedentes de la actual regulación (o falta de ella). Así, es importante indicar que tanto el cambio normativo basado en la Ley No. 27034 y el Decreto Supremo No. 194-99-EF como las posteriores posiciones a raíz de aquel resultan de vital importancia para comprender la actual “falta de regulación expresa”; (ii) las posiciones más relevantes planteadas en el ámbito administrativo. Para ello, a fin de contar con un marco de análisis más sólido y comprehensivo se ha optado por atender al actual criterio de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal; finalmente, (iii) se ahonda en una propuesta desde la estructura actual de la Ley. Es decir, por aplicación del inciso g) del artículo 28 de la tal norma

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar de manera crítica la inclusión de los nuevos supuestos de establecimientos permanentes en el artículo 14-B de la Ley del Impuesto mediante el Decreto Legislativo No.1424, en específico, por la ejecución de una obra o proyecto de construcción o instalación (EP construcción) y por la prestación de servicios (EP servicios), cuando su duración sea superior a 183 días calendario dentro de un plazo cualquiera de 12 meses. Ello con la finalidad de determinar si la problemática detectada por el legislador fue solucionada con esta modificación normativa. Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se aborda el originen, finalidad y regulación del establecimiento permanente en el Derecho Internacional Tributario, así como en nuestra legislación y jurisprudencia interna; asimismo, se recurre a la legislación comparada para identificar las razones por las que los países de la muestra decidieron incluir una definición de establecimiento permanente en su regulación y la regulación de los elementos configurativos de los EP construcción y EP servicios. Como resultado de la presente investigación, se identifica que, pese a la reciente modificación normativa, existen vacíos normativos respecto a los elementos configurativos de dichos establecimientos permanentes, que podrían generar inseguridad jurídica en las empresas extranjeras al no conocer con exactitud si pudieran ser considerados sujetos domiciliados en el país. Además, se proponen soluciones normativas y/o interpretativas, que se encuentran acordes con el principio de reserva de ley.

El análisis de las reglas de conexión resulta fundamental para efectos de determinar el gravamen del Impuesto a la Renta tanto de sujetos domiciliados como no domiciliados. Es por ello que la presente investigación se centra en analizar la aplicación de estas reglas de conexión de la fuente con el fin de determinar si una renta califica como de fuente peruana o no. Para efectos de este análisis, hemos observado que, a la fecha, existen diversos pronunciamientos, a nivel de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, que resultarían cuestionables dado que carecen de un desarrollo jurídico. Asimismo, a nivel jurisprudencial no se ha establecido un criterio uniforme que nos permita aplicar de manera correcta las reglas de conexión. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación, buscamos plantear una propuesta para su aplicación haciendo uso de los diversos instrumentos jurídicos permitidos por el Derecho Tributario. En línea con ello, basamos nuestra conclusión en la aplicación del principio de especialidad, en base al cual existe una regla de conexión a analizar para cada tipo de renta a fin de determinar si califica o no como de fuente peruana; no debiendo aplicarse más de una regla de conexión a un mismo supuesto generador de renta; y siendo aplicable, la regla específica según la renta de la que se trate, por sobre la regla general. / Trabajo de investigación

Para aplicar la prescripción extintiva en al ámbito tributario se requiere no sólo conocer su funcionamiento -en base a su mayor desarrollo en el ámbito civil-, sino, reparar en las particularidades de una rama con una orientación claramente distinta -como es la tributaria-, en cuyo seno desplegará sus efectos; además, considerando la constitucionalización del derecho como nuevo paradigma jurídico, es necesario realizar tal análisis a la luz de los preceptos constitucionales. Como si todo lo anterior fuera poco, evaluar la aplicación de la prescripción, respecto de una facultad de la Administración Tributaria, como en el presente trabajo es la facultad de determinación, implica entender el funcionamiento de ciertas instituciones del derecho administrativo. En el presente trabajo se analiza de manera crítica la prescripción tributaria que recae sobre la facultad de determinación que ostenta la Administración Tributaria. Nuestro objetivo es analiza el funcionamiento, finalidad, sustento y aplicación práctica de la prescripción en materia tributaria respecto de la facultad de determinación de la obligación tributaria que ejerce la Administración Tributaria. Nuestro propósito es identificar, desde una visión crítica, si es adecuado el modelo asumido por nuestra legislación, y proponer -de ser el caso- opciones para su mejor tratamiento. Para tales efectos, se analiza la prescripción extintiva desde su desarrollo legislativo y doctrinario en el ámbito civil, los alcances constitucionales que tiene y la naturaleza y funcionamiento de la facultad de determinación de la obligación tributaria, como una potestad administrativa. En el presente trabajo se concluye que existen varios puntos críticos en cuanto a la regulación de la prescripción tributaria que recae sobre la facultad de determinación de la obligación tributaria que ostenta la Administración y que deben ser corregidos a efectos de alinear la institución en comentario con su finalidad, objeto y parámetros constitucionales.

La evasión o defraudación tributaria es el principal enemigo de todo Sistema Tributario Nacional, que regula la relación jurídica tributaria entre acreedor y deudor tributario, presente hasta en los países más desarrollados del mundo y dentro de los cuales el nuestro no es la excepción. Razón suficiente y necesaria por la cual se crean los regímenes de retenciones y percepciones tributarias, para combatir la mala praxis realizada por los agentes económicos en busca de beneficios fiscales contrarios a la legalidad y en procura de ampliar la base tributaria. Considerando los hechos descritos y la evolución de conductas adversas a los parámetros normativos realizadas por los agentes económicos se crea la Ley Penal Tributaria, Ley Especial, en procura de reforzar el resguardo penal de la recaudación tributaria del Estado Peruano. Ello implica tener las reglas claras respecto a la acción contraria a ley, que realice el sujeto, y la consecuente sanción, que aplique el juzgador; en ese sentido, es necesario diferenciar la infracción del delito tributario, ya que de interpretarse las normas de manera literal se estarían vulnerando derechos fundamentales como es el caso de privación de la libertad. Para ello, el juzgador, debe realizar un análisis del contexto normativo dentro del cual el sujeto realiza la conducta impropia, entonces es necesaria la remisión a la interpretación sistemática de las normas para identificar al engaño como elemento diferenciador entre infracción y delito tributario, no sin antes, remitirse a la normativa tributaria para el análisis y evaluación de los parámetros y exigencias previstas por ésta.