En el sistema económico actual, América Latina está conformada por países fundamentalmente exportadores de materias primas, bienes intermedios, bienes a granel o commodities. Tales países son actores relevantes en el abastecimiento de bienes primarios en favor de las economías más grandes del mundo, característica que ha motivado la incorporación de metodologías de precios de transferencia específicas o “a medida”, en las respectivas legislaciones de las jurisdicciones latinoamericanas, con el objeto de que las transacciones involucradas tributen de manera adecuada ante los respectivos fiscos. Tal es el caso del Perú que a partir del 2012 cuenta con la citada legislación conocida como el “Sexto Método”. El objeto de este trabajo de investigación consiste en determinar bajo qué circunstancias el Sexto Método peruano cumple con el principio de libre concurrencia o arm’s length en el caso específico de las transferencias internacionales de minerales producidos en el Perú. En búsqueda de cumplir con ese objetivo, el trabajo parte por analizar en el Capítulo I el principio arm’s length o de libre concurrencia que rige la metodología de precios de transferencia y que se basa en la comparabilidad, así como el papel de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE y la importancia del soft law en esta materia. El objetivo de este capítulo consiste en demostrar que es indispensable realizar un análisis de comparabilidad para determinar el precio de libre concurrencia, en base al cual deben tributar las transacciones entre partes vinculadas. El Capítulo II analiza el ordenamiento internacional en cuanto a la metodología específica para la fijación de precios de commodities. Así, se formula un análisis crítico de la incursión de la OCDE en su pretendido propósito de aprobar una metodología específica para commodities y se pone especial énfasis en las opiniones a favor y en contra de la metodología propuesta, procedentes de organismos y entidades de todo el mundo, y que son conocidas internacionalmente gracias a la plataforma virtual de la OCDE. Adicionalmente se evalúa la versión final de la modificación a las Directrices y los antecedentes latinoamericanos con relación al método para commodities, resaltando las metodologías vigentes en los casos específicos de Argentina y Brasil. El Capítulo III aborda el análisis del caso particular del Perú en cuanto a las exportaciones de concentrados de minerales producidos en dicho país. Perú, a partir del año 2001 adoptó normas sobre precios de transferencia para las operaciones entre partes vinculadas siguiendo el principio de arm’s length y en el año 2012 incorporó una metodología específica para determinar precios de commodities llamada “Sexto Método”, constituyendo parte medular de esta investigación, determinar si dicha metodología se ajusta al arm´s length. Dicho método estableció un procedimiento de valoración específico para operaciones de importación o exportación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional. La investigación demuestra que en el caso del Perú, el problema el Sexto Método vulnera el arm´s length por: (i) el carácter obligatorio para determinadas operaciones de exportación e importación; (ii) la fecha en que la ley decide fijar el valor de cotización; y, (iii) la regulación que comprende respecto de lo que genéricamente se ha venido a denominar “ajustes” al valor de cotización, que lo reduce cotización en razón de las características del producto y de las condiciones de la exportación. / Tesis

La investigación se destina a realizar un estudio doctrinario y jurisprudencial, además de un ejercicio de derecho comparado con la finalidad de entender, interpretar y aplicar la Cláusula Antielusiva General (“CAG”), contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, específicamente, respecto a las nociones de artificioso o impropio descritas en el inciso a) de la mencionada norma. A pesar de que la literatura peruana sobre el tema es vasta; por el contrario, la jurisprudencia cuenta con un desarrollo relevante, debido principalmente a la suspensión de la aplicación de la CAG. No obstante, aun con la gran cantidad de textos sobre la CAG, la importación por parte de la doctrina peruana de nociones utilizadas en España para entender nuestra CAG no resultan muy útiles, dada las dificultades que dichos conceptos padecen en la jurisprudencia española y porque importa, además, muchas discusiones inconclusas. Si bien en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal no se aprecia un caso de aplicación de la CAG peruana, se vislumbran algunos elementos que podrían ser tomados en cuenta para entender el fenómeno elusivo y que puedan servir de guía para posibles interpretaciones y aplicación de esta norma. Sin embargo, dichos casos no han sido abordados mediante la aplicación de la CAG, sino que se ha recurrido, erróneamente, a las figuras de calificación del hecho imponible y simulación. La conclusión es que se debe entender la textura abierta e indefinida de los conceptos de artificioso e impropio, no solo por su naturaleza de concepto jurídico indeterminado; sino por la naturaleza misma de la CAG que pretende ser un instrumento flexible que pueda ser aplicado a una gran variedad de situaciones elusivas que, en otras latitudes, se pueden combatir con estándares judiciales (caso Estados Unidos) o legales (caso España y Argentina).

La presente tesis aborda los tributos municipales vinculados a la propiedad predial, un conjunto de impuestos, contribuciones y tasas1 cuyo análisis ha ocupado –si es que algo- sólo una fracción del tiempo dedicado al estudio del Impuesto a la Renta o el Impuesto al Valor Agregado; pero que –a pesar de ello- gozan de una posición increíblemente privilegiada en un sistema tributario como el peruano: (i) sus antepasados datan de tiempos inmemoriales, (ii) sufren modificaciones relativamente pequeñas en su regulación esencial –es más, gozan de una estabilidad casi sin precedentes en el contexto de un ordenamiento como el peruano-, (iii) tienen una base bastante amplia de contribuyentes distribuidos en circunscripciones espaciales relativamente pequeñas y quienes son fácilmente determinables con certeza, y (iv) en el caso particular del Impuesto Predial, la manifestación de capacidad contributiva gravada es difícilmente trasladable físicamente, modificable o pasible de ser ocultada ante una inspección fiscal; y los resultados de estas inspecciones -cuando son correctamente llevadas a cabodebieran ser difícilmente rebatibles a través del interpretaciones jurídicas.

En el año 2023 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1541 por el cual el Poder Ejecutivo implementó nuevas disposiciones al tratamiento del Impuesto a la Renta de los contratos de Asociación en Participación, las modificaciones mencionadas se alinean con la postura que fue tomada por el Pleno del Tribunal Fiscal en el año 2021, mediante el precedente de observancia obligatoria de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 2398- 11-2021, por el cual se considera que las participaciones que reciben los asociados en un contrato de asociación en participación deben calificar como dividendos, es decir como rentas pasivas. Si bien este nuevo tratamiento establece una posición final esperada desde hace más de 20 años, se encuentra lejos de zanjar una incertidumbre para aquellos sujetos que realizaban negocios utilizando esta figura, pues por muchos años se venía utilizando un tratamiento que resultaba más acorde a la naturaleza jurídica del mencionado contrato, con lo cual las reformas señaladas podrían desincentivar la contratación de este tipo de figura asociativa y la migración a otros contratos de naturaleza similar como el consorcio, que cuentan con una regulación más clara. En el presente trabajo de investigación se analiza el tratamiento que debería aplicarse al contrato de asociación en participación, para lo cual resulta necesario determinar si las participaciones que reciben los asociados en el contrato realmente deben considerarse como rentas pasivas o, efectuando un exhaustivo estudio de la naturaleza mercantil de este contrato y de la contribución que realiza la parte asociada, puede afirmarse que nos encontramos ante rentas activas, originadas por la realización de actividad empresarial. Por ello se ha determinado que la parte asociada en un contrato de asociación en participación recibe rentas activas que deben calificarse como empresariales, así como tributar como tales y no como rentas pasivas. De igual manera, el esquema tributario que resulta más acorde a esta naturaleza es el de atribución de rentas y no el de distribución de dividendos.

The purpose of this paper is to glimpse as the Tax Law is inserted in the unit of general law, being important for understanding the knowledge of public and private law in general.In the second part of the paper, the author analyzes how private law applies to the financial subsidiary way through forwarding making the tax law itself or by express provision of the civil. He emphasizes in this introduction as dogmatic construction of the tax liability, originated and rationale in civil liability.Finally the author explains how general principles of law necessarily apply to financial law. Thus, the principles of good faith, breach of law, and the doctrine of estoppel, are universal principles applicable to every right and inexcusably financial and tax law. / El presente artículo busca vislumbrar cómo el Derecho Financiero y Tributario está inserto en la unidad del Derecho en general, resultando importante para su comprensión el conocimiento del Derecho Público y Privado. Por ello, el autor analiza cómo se aplica en forma subsidiaria el Derecho Privado al Derecho Financiero a través del reenvío que realiza la propia legislación fiscal o por disposición expresa de la civil. Destacamos en esta introducción cómo la construcción dogmática de la obligación tributaria tuvo su origen y razón de ser en la de la obligación civil.Finalmente el autor explica cómo los Principios Generales del Derecho necesariamente se aplican al Derecho Financiero. Así, los principios de buena fe, abuso del derecho, y la doctrina de los actos propios, son principios universales aplicables a todo el Derecho e inexcusablemente al Derecho Financiero y Tributario.

En el ámbito del Derecho Tributario la determinación de la obligación tributaria es un aspecto transcendental, pues por su intermedio, el individuo puede contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva, mientras que el Estado puede recaudar recursos tributarios que constituyen una de sus principales fuentes de financiamiento. Empero, la determinación de la obligación tributaria, es un proceso que puede resultar complejo, pues en razón de que en nuestro país tenemos un sistema de autodeterminación, el administrado es quien determina la obligación tributaria que le corresponde, que al ser posteriormente materia de fiscalización o revisión por parte de la Administración Tributaria, pueden surgir una serie de controversias que tienen como uno de sus aspectos más importantes y a su vez problemáticos, el sustento probatorio de las obligaciones tributarias, y más concretamente la oportunidad en la cual deben ser presentados los mismos. Pues bien, cuando tales medios probatorios no son presentados oportunamente, precluye la facultad de que sean admitidos, y consiguientemente no pueden ser valorados, tanto por la Administración Tributaria como por el Tribunal Fiscal, conforme a las reglas de preclusión procesal que el legislador ha previsto en los artículos 125°, 141° y 148° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; salvo que el administrado se encuentre en alguno de los supuestos de excepción que tales normas han contemplado. Y como producto de esta situación, los administrados acuden al Poder Judicial, para cuestionar las decisiones asumidas por los órganos administrativos antes mencionados, respecto a la denegatoria de admisión de medios probatorios extemporáneos sin que medie alguno de los supuestos de excepción. Así las cosas, de la revisión de las decisiones adoptadas por el órgano jurisdiccional, se advierte que una de las líneas de interpretación es la admisión de medios probatorios extemporáneos sin el cumplimiento de alguno de los supuestos de excepción, principalmente, con el argumento de que se estaría vulnerando el derecho a probar de los administrados, y de esta manera se deja de lado las reglas de preclusión procesal previstas en el ordenamiento tributario así como aquellas previstas en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; todo ello, partiría de una interpretación que tiene como fundamento la prevalencia de derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, las reglas de preclusión procesal recogidas, tanto en los procedimientos como en el proceso contencioso tributario, tienen como sustento al principio constitucional de seguridad jurídica que a su vez permite la vigencia del sistema jurídico y del Derecho en sí mismo. En ese sentido, es menester efectuar un análisis desde la perspectiva constitucional, para evaluar la colisión entre el derecho a probar y las reglas de preclusión procesal; para tal fin, se aplicará el principio de proporcionalidad planteado por Robert Alexy, entendiendo al derecho a probar bajo la lógica de los principios (pues es un derecho que admite restricciones) y a las reglas de preclusión procesal, bajo el sustento del principio constitucional de seguridad jurídica. De esta manera, se permitirá establecer la constitucionalidad de las restricciones del derecho a probar en el ámbito del Derecho Procesal Tributario, y se podrá analizar las líneas jurisprudenciales adoptadas en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales sobre la admisión de medios probatorios extemporáneos. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Título V del Libro Tercero del Código Tributario, l lamado, Del Cobro Ejecut ivo de las Obl igaciones Tr ibutar ias en Dinero, regula la cobranza administ rat iva y judicial de las obligaciones tributarias, estableciendo las normas de procedimiento del juicio ejecut ivo dest inado al cumpl imiento coact ivo de dichas obligaciones. Caracter íst ica relevante de este cobro ejecut ivo, tal como señala don Pedro Massone P. , consiste en que “e s u n procedimiento que se desarrolla en dos etapas, a saber: La primera, ante el respect ivo Tesorero y ante el Abogado Provincial del Servicio de Tesorerías. La segunda, ante el Juez de Letras en lo Civ il ” 1. En cuanto al incidente especial del abandono del procedimiento y a su procedencia en el cobro ejecut ivo tr ibutar io, ha sido aceptado, especialmente cuando se ha producido en la segunda fase de este procedimiento2, es deci r, en aquella que se lleva a cabo ante el Tribunal Ordinario; sin embargo, es en la primera etapa, aquel la l levada a cabo ante funcionarios del 1 MASSONE PARODI , Pedro. Tr ibunales y Procedimientos Tr ibutar ios . 3ª ed. , Legal Publ ishing, Sant iago, Chi le, 2010, p. 282. 2 Ibíd. , p. 291. 2 Servicio de Tesorer ías, en la cual existe la discusión –doctr inal y jur isprudencial - respecto de si es o no procedente su aplicación. Para un sector de la doctr ina y jurisprudencia, la etapa llevada a cabo ante funcionarios del Servicio de Tesorer ías tendr ía el carácter de administ rat iva y no jurisdiccional , por lo tanto, no ser ía cor recta la aplicación o procedencia del abandono del procedimiento, que como veremos, es una inst itución cuyo presupuesto básico es la existencia de un juicio, el que en una etapa de carácter administ rat ivo no existe; para otros , en cambio, ser ía totalmente procedente, en atención a que esta etapa -por diversos mot ivos que serán estudiados- no tendr ía realmente el carácter de administrat iva, sino que su naturaleza ser ía más bien de jur isdiccional . Di remos desde ya, que el Código Tributar io, cont iene una serie de normas que, de acuerdo al sent ido y alcance que les otorguemos al momento de su interpretación, permit irán a algunos arr ibar a la conclusión que es totalmente procedente el abandono del procedimiento en la etapa administrat iva, instalándose de este modo una discusión que, hasta el día de hoy, no se encuentra zanjada. Es la cont roversia planteada, la que pretende ser anal izada en este t rabajo, con el objet ivo de alcanzar una conclusión lógica y coherente respecto de si es o no procedente el abandono del procedimiento en la primera etapa del cobro ejecut ivo de las obligaciones t ributarias en dinero. 3 Para el efecto anterior, será necesario, con el f in de contextual izar el tema específ ico que será estudiado, desar rol lar un primer capí tulo que esté dest inado a abordar el procedimiento de cobro ejecut ivo de las obl igaciones t ributarias en dinero. Un Capítulo Segundo estará dest inado al incidente del abandono del procedimiento como inst itución de aplicación general, estableciendo su def inición, caracter íst icas, requisitos, efectos, entre otros. El Capítulo Tercero tratará del incidente del abandono del procedimiento en la etapa administrat iva del cobro ejecut ivo tributario. Se abordará la discusión existente, dando a conocer la controversia, para poster iormente, establecer cuáles son los fundamentos y postulados que permiten sostener como procedente o improcedente el incidente en cuest ión. Finalmente, el Capítulo Cuarto, estará dest inado a las conclusiones logradas en el desarrol lo de este trabajo.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho tributario) / Las facultades y procedimientos incorporados en virtud de la Reforma comprendida en la Ley 20.780, que modificó el sistema de tributación de la renta e introdujo diversos ajustes en el sistema tributario, abrió nuevas interrogantes en el escenario jurídico nacional acerca de la atribución del Servicio de Impuestos Internos para determinar y verificar si uno o más actos celebrados por particulares fueron o no realizados en virtud de una “legítima razón de negocios”. En efecto, este concepto fue referido en el incorporado artículo 4 ter del Código Tributario, el cual, indica que es “legítima la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria”, dando lugar con ello, al nacimiento de interrogantes respecto del verdadero sentido y alcance de este concepto, sobre todo, en cuanto a si la facultad conferida al Servicio de Impuestos Internos en materia anti-elusiva, y la consecuente eventual declaración judicial contemplada en el procedimiento destinado para ello, implican o no una especie de injerencia en la determinación o celebración de los actos y contratos por las partes.

El presente trabajo de investigación tiene la intensión de advertir sobre la responsabilidad tributaria que asumen las entidades públicas que expropian bienes inmuebles para la ejecución de obra pública, así como resaltar la obligación tributaria de los expropiados, todo ello dentro del contexto normativo que dispone que las entidades expropiadoras asumirán el pago del Impuesto sobre la Renta obtenida y que recae en los expropiados de los bienes. Previamente a la determinación de las responsabilidades señaladas, estudiaremos las teorías de renta aplicadas en nuestra legislación tributaria para finalmente apreciar la teoría de renta aplicable a la transferencia de bienes inmuebles en la expropiación. En este análisis tendremos en consideración el pronunciamiento del Tribunal Constitución referente a la afectación del derecho de propiedad en la expropiación así como la inconstitucionalidad de afectar con el Impuesto a la Renta a la transferencia de propiedad como consecuencia de la expropiación, puesto que dicha transferencia no media una libre voluntad del transferente, el mismo que se ve en la obligación de transferir su inmueble a cambio de un precio justipreciado. Este pronunciamiento constitucional será de relevancia para la conclusión final del trabajo, puesto que la responsabilidad tributaria de las partes que se relacionan en la operación de expropiación tendrán vinculación directa con la inconstitucionalidad de la norma que afecta con el tributo en cuestión a la transferencia de bienes como consecuencia de la expropiación. / Trabajo de investigación