El presente trabajo gira en torno al análisis de diversas anomalías que pueden presentarse en el procedimiento contencioso tributario como consecuencia de una estrategia de dilatación del mismo por parte del contribuyente. Asimismo, se analizan los efectos que tuvo en el proceso judicial la referida estrategia de dilatación, en particular la vulneración de ciertos principios constitucionales.

En el presente trabajo se realiza un análisis de la incorporación del arbitraje nacional facultativo en materia tributaria para reducir la carga procesal en el Poder Judicial, la misma que resulta ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos frente a la demanda contenciosaadministrativa. De este modo, los contribuyentes tendrían la posibilidad de elegir entre dos vías para resolver sus conflictos: el Proceso Contencioso Administrativo y el Proceso de Arbitraje Nacional Facultativo. Se señala como problema del trabajo de investigación, el hecho de que, de acuerdo con la legislación tributaria actual, el proceso tributario es muy lento y provoca una carga procesal cada vez mayor ante la instancia del Poder Judicial, y es que cada vez se incrementa y dura más allá del plazo razonable. Por ello, se propone incorporar el arbitraje nacional facultativo para coadyuvar en la reducción de la carga procesal del Poder Judicial y reducir plazos de resolución de conflictos como derecho del contribuyente y como garantía del principio a un plazo razonable, cuyas ventajas están ligadas a los principios de simplicidad, especialidad, celeridad. En efecto, la propuesta de aplicar el arbitraje tributario nacional es una vía alternativa que tiene la finalidad de resolver las controversias tributarias según la interpretación del hecho imponible y del análisis normativo, mas no implica desconocer el poder tributario, ni la competencia del Poder Judicial, sino coadyuvar a reducir la carga procesal. Luego de analizar estos aspectos dentro de la legislación nacional, se revisa el tratamiento de esta provisión en la legislación comparada en países de Latinoamérica donde se aplica este tipo de mecanismos alternativos como es el arbitraje, tales como Panamá, Venezuela, y otros países como Portugal, Francia y Estados Unidos. Finalmente, se propone evaluar la posibilidad de incorporar el procedimiento del arbitraje nacional facultativo en un título del Libro III del Código Tributario. Del mismo modo, modificar los artículos 112 y 157 de dicha norma, cuyas ventajas están ligadas a los principios de simplicidad, especialidad, celeridad y el principio del plazo razonable

El presente trabajo de investigación centra su estudio en el ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, cuestiona su vigencia, analizando la afectación actual que ejerce el Sistema sobre los sujetos u operaciones comprendidas y propone un cambio regulatorio a la luz de las innovaciones tecnológicos que ha experimentado la Administración Tributaria con el paso del tiempo. Teniendo el contexto expuesto es válido efectuar las siguientes interrogantes ¿los fundamentos del ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias justifican en la actualidad, la aplicación del Sistema bajo los mismos términos en que fue concebido inicialmente?, ¿el actual ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias resulta razonable o perjudicial para los sujetos afectos al mismo?, ¿Se vulnera el Principio Constitucional de Igualdad al proponer una diferenciación de tratamientos en la operatividad del Sistema de Detracciones?. Se tiene por hipótesis que el Principio Constitucional Tributario de Igualdad no impide el tratamiento desigual en el ámbito tributario, cuando existen condiciones objetivas y razonables para ofrecer un tratamiento diferenciado, siempre y cuando se realice sobre bases objetivas y razonables que respeten los límites del poder tributario, respecto de las cuales nos pronunciamos en el desarrollo de la presente investigación. Para corroborar ello realizamos un análisis del marco legal vigente, la jurisprudencia constitucional vinculada, la doctrina extranjera y la doctrina nacional, bajo la consideración de observar la realidad operativa de los sujetos u operaciones comprendidos en el ámbito de aplicación del Sistema de Detracciones. Finalmente, queda en evidencia que actualmente la Administración Tributaria en mérito a sus mecanismos de gestión puede perfilar a los contribuyentes y a partir de esa diferenciación y en cabal respeto al Principio Constitucional Tributario de Igualdad otorgar distintos tratamientos a los sujetos inmersos en una misma cadena de comercialización.

La controversia analizada se centra en el IGV aplicado al sector de hidrocarburos peruano, con énfasis en los contratos ley y el papel de Perúpetro en dicho sector. Este caso es relevante debido a la importancia en términos de recaudación del IGV y la significancia de los hidrocarburos como sector estratégico en la economía nacional. El objetivo principal de este informe es determinar si Savia tenía derecho al crédito fiscal originado por el IGV pagado por Perúpetro en la importación de bienes de capital. Para abordar esta cuestión se plantean cinco problemas legales que deben ser resueltos. Primero, se analiza si el Contrato, como contrato ley, estableció un régimen tributario especial en virtud del cual Perúpetro reemplazó a Savia como sujeto pasivo de la relación tributaria. Segundo, se examina si los Decretos Ley N° 22774 y 22775 crearon un régimen tributario especial. Tercero, se analiza la eficacia del Contrato frente a la Sunat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Código Tributario. Cuarto, se evalúa si Savia cumplió cada uno de los requisitos sustanciales y formales necesarios para ejercer este derecho. Quinto, se determina si existe algún impedimento para que Savia utilice el crédito fiscal, como el supuesto “doble beneficio prescrito” por el artículo 69 de la Ley del IGV. Después de realizar el análisis correspondiente, se concluye que el Contrato no estableció un régimen tributario especial que reemplazara a Savia como sujeto tributario, como también que los Decretos Ley mencionados no crearon un régimen especial, sino que se enfocaron en cláusulas generales de contratación y mandatos a Perúpetro. En resumen, se determinó que Savia tenía derecho al ejercicio del crédito fiscal.

La motivación que nos genera la presente investigación se origina cuando advertimos la insuficiencia de la Ley N° 30884 – Ley que Regula el Plástico de un Solo Uso y de los Recipientes o Envases Descartables, publicada el 19 de diciembre de 2018, debido a que en su artículo 12, si bien establece un impuesto al plástico de un solo uso, sin embargo, dicho mandato legal resulta insuficiente, puesto que desde nuestra perspectiva no se condice con la finalidad prevista en su artículo 1, de contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre, y de otros contaminantes similares en la salud humana y en el ambiente. Es decir, la citada ley no considera en el ámbito de aplicación al resto de elementos contaminantes como podrían ser los empaques plásticos que son distintos a las bolsas plásticas de un solo uso, ya que estos otros elementos contaminantes causan igual o peor impacto en el medio ambiente, pues en particular, la finalidad de los empaques plásticos muchas veces no es proteger el bien contenido en ella, sino sus fines son decorativos o publicitarios; por tanto, en esos casos su uso, en la mayoría de las veces resulta injustificado. Para tal fin, sobre la necesidad de regular el impuesto a los empaques plásticos, se analizará lo previsto en la Constitución Política del Estado, en lo referido a los principios que orientan la materia tributaria (en lo relativo al impuesto extrafiscal) y ambiental. Asimismo, con la finalidad de comprender la naturaleza de dicho impuesto extrafiscal, se analizará lo que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado sobre la misma. Además, se analizará la tesis pigouviana que implica la intervención estatal en las actividades económicas que causan impacto en el medio ambiente a manera de reparar el daño causado. También, se verificará los tratados y convenios suscritos por el Estado Peruano, mediante los cuales se busca proteger a la naturaleza, como un entorno saludable del ser humano, de la contaminación causada por el plástico en general. Especialmente por los empaques plásticos. Seguidamente, se hace mención de forma general a la normativa ambiental, sobre la cual consideramos que su aplicación no resulta del todo eficaz para la lucha contra el medio ambiente causada por los elementos contaminantes como el plástico de un solo uso y los empaques plásticos. Igualmente se analizará diversa jurisprudencia donde el máximo intérprete de la constitución ha establecido como un fin del Estado, la protección del medio ambiente, ello pasa por justificar la intervención del Estado en determinadas actividades que causan impacto en el medio ambiente, que incluso es similar a lo establecido en la jurisprudencia comparada de algunos países que conforman la Alianza del Pacifico como Chile y Colombia. Por tanto, los criterios jurisprudenciales en dichos países sobre la contaminación ambiental de algún modo se encuentran orientados en el mismo horizonte a lo establecido en nuestra jurisprudencia interna. Finalmente se busca materializar la propuesta de investigación, pretendiendo abarcar la ley cuestionada aplicando a los empaques plásticos, estableciendo la especie tributaria que acogería la mentada propuesta, asimismo las características y los elementos esenciales de dicho tributo, para tal fin se analizarán algunas propuestas sobre determinados bienes que contienen los elementos contaminantes cuyo uso es injustificado. Todo lo anterior permite que, a través de la propuesta sugerida mediante la norma tributaria aplicada a los empaques plásticos, se puede concluir que resulta más efectiva la imposición fiscal a los empaques plásticos que la búsqueda de la reducción de la contaminación ambiental a través de campañas poco efectivas que realiza el Ministerio del Ambiente, todo ello con la finalidad de concretizar no solo lo que manda la anotada Ley N° 30884, sino además la Constitución Política del Estado en lo referido a la protección del medio ambiente. Es por ello la propuesta de ampliar el ámbito de aplicación de dicha Ley N° 30884 a los empaques plásticos que son distintos a los empaques plásticos de un solo uso.

En el presente artículo, se analizan los efectos de la presentación de una declaración jurada rectificatoria por una mayor obligación tributaria del Impuesto a la Renta a la luz de la aplicación de la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta. Para dicho análisis, se parte de que el Impuesto a la Renta y la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta son dos impuestos distintos e independientes. En ese sentido, se concluye que es a partir de la valoración de la documentación que el contribuyente pueda presentar durante el procedimiento de fiscalización que la Administración Tributaria determinará si el destino del egreso observado se encuentra acreditado. Por ende, la presentación de esa declaración jurada rectificatoria no sirve ni para desvirtuar que se está ante un egreso no susceptible de posterior control tributario ni tampoco es una aceptación del contribuyente de la aplicación de la Tasa Adicional del Impuesto a la Renta. En adición, también se concluye que las Resoluciones de Determinación emitidas por concepto de este impuesto son nulas, si es que fueron emitidas sin considerar la modificación de los hechos y datos comunicados mediante la declaración jurada rectificatoria del Impuesto a la Renta. / In this article, the effects of the presentation of a rectification affidavit for a higher Income Tax tax obligation are analyzed in relation to the application of the Additional Income Tax Rate. For this analysis, it is established that the Income Tax and the Additional Rate of Income Tax are two different and independent taxes. In this sense, it is concluded that it is from the evaluation of the documentation that the taxpayer can present during the inspection procedure that the Tax Administration will determine if the destination of the observed expenditure is accredited. Therefore, the presentation of this rectification affidavit does not serve to refute that this is a disbursement not susceptible to subsequent tax control, nor is it an acceptance by the taxpayer of the application of the Additional Rate of Income Tax. In addition, it is also concluded that the Determination Resolutions issued for this tax are null, if they were issued without considering the modification of the facts and data communicated through the Income Tax rectification affidavit. / Trabajo académico

El impuesto temporal a los activos netos (en adelante, ITAN) es un impuesto que grava el patrimonio de las empresas que pertenecen al régimen de tercera categoría, para funcionar como un crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, sin embargo, parte del gremio empresarial y de la doctrina en materia tributaria considera que el ITAN está directamente ligado con el cumplimiento del IR, pese a que el Tribunal Constitucional en la (Sentencia N.º 03797- 2006-PA/TC, 2006) donde se discutió su constitucionalidad determinó que es un impuesto autónomo independientemente del IR, en ese sentido el ITAN tiene como hecho generador de riqueza el patrimonio de los contribuyentes y no la renta que las empresas generan con la actividad empresarial, siendo en la práctica un tributo confiscatorio. Por otro lado, otra crítica que tiene este impuesto es que el art. 4 de la disposición en mención establece la devolución de la obligación cuando la empresa incurra en pérdidas, no obstante, una de las características de todo tributo es ser un pago definitivo sin posibilidad a devolución. La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la naturaleza jurídica del ITAN, en base a los criterios dogmáticos que diferencia la obligación tributaria sustancial y formal, con la finalidad que los legisladores establezcan claramente la diferencia entre la obligación tributaria desde sus dos aristas, a fin de evitar que se trasgredir los derechos de los contribuyentes.

El presente trabajo se encuentra enfocado en identificar de qué forma actúa la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal en la aplicación del Principio de Fehaciencia en el caso particular de la deducción de gastos derivados por el pago por penalidad contractual. Siendo la fehaciencia una figura que puede verse cuestionada en tanto a su interpretación, debido a que no ha sido regulada directamente por una norma en el país. En base a ello se tiene como objetivo poder definir hasta que punto puede exigirse al contribuyente determinada documentación para poder demostrar la realidad de las operaciones en el caso en particular. Se partirá por desarrollar como es que se define el concepto de fehaciencia, cual es la finalidad a la que se dirige y de que forma puede afectar de manera general al contribuyente su aplicación irregular. Seguidamente, se tendrá en cuenta de que forma se compone el pago por incumplimiento contractual como un gasto deducible y que documentación implica para poder desarrollarse al momento de ser presentada frente a la Administración Tributaria. De esta manera, se podrá entender en que punto podría reformarse las exigencias documentarias para el contribuyente y la importancia de una aplicación regular para que el contribuyente pueda no verse afectado. / This work is focused on identifying how the Tax Administration and the Tax Court act in the application of the Principle of Reliability in the particular case of the deduction of expenses derived from the payment of contractual penalty. Being faith a figure that can be questioned in terms of its interpretation, because it has not been directly regulated by a norm in the country. Based on this, the objective is to be able to define to what extent certain documentation can be required from the taxpayer in order to be able to demonstrate the reality of the operations in the particular case. It will start by developing how the concept of trustworthiness is defined, what is the purpose to which it is directed and in what way the irregular application of it can affect the taxpayer in a general way. Next, it will be taken into account how the payment for contractual breach is composed as a deductible expense and what documentation it implies to be able to develop it at the time it is presented to the Tax Administration. In this way, it will be possible to understand at what point the documentary requirements for the taxpayer could be reformed and the importance of a regular application so that the taxpayer may not be affected. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación analiza los alcances de la impugnación de los depositarios y terceros retenedores como responsables tributarios, siendo que el Código Tributario permite un derecho de contradicción, no solo a la atribución de responsabilidad, sino también a la “deuda tributaria” declarada por el contribuyente o la que le determina la Administración Tributaria. La norma peruana, recoge en principio el modelo español, incorporando una nueva definición de los “actos firmes”, que obliga a la revisión de diversas instituciones jurídicas que podrían vulnerarse, por el ejercicio del derecho de contradicción respecto de la deuda tributaria misma. Con la presente investigación, se pretende demostrar a partir de instituciones jurídicas, como: el acto administrativo y sus alcances, la seguridad jurídica, la firmeza de los actos administrativos y la reserva tributaria; que el impugnar la deuda tributaria de los depositarios y los terceros retenedores como sujetos ajenos a la relación jurídica tributaria, conlleva a “inconsistencias” en nuestro sistema jurídico cuando atenta contra las instituciones referidas y por ende a nuestro ordenamiento jurídico. Así, luego de analizar la institución de la responsabilidad tributaria, y la naturaleza jurídica de los depositarios y terceros retenedores, así como los alcances de la atribución de su responsabilidad tributaria; el acto administrativo de determinación de responsabilidad, permite al responsable el ejercicio del derecho de contradicción o defensa respecto de la exigibilidad y la validez de la deuda tributaria por la que responde, debiendo ajustares la regulación normativa con relación a la posibilidad de cuestionar la deuda misma, ya que ello genera, en la mayoría de los casos, afectación y vulneración de las instituciones jurídicas, a lo que hemos denominado “inconsistencias”.

La reciente incorporación y cabal entrada en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano de la Cláusula Antielusiva General (CAG) contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario sigue presentando retos para los diferentes operadores del Derecho, entre los cuales observamos la ausencia de definición del concepto de simulación para efectos de la aplicación del sexto párrafo de la referida norma. El presente trabajo tiene como propósito esbozar una definición del concepto de simulación en el Derecho Tributario a partir del elemento esencial en la institución jurídica construida por el Derecho Privado: la divergencia entre la voluntad declarada y la voluntad negocial; la cual se verifica a partir de la incongruencia en alguno de los elementos del negocio jurídico (sujeto, objeto o causa). Finalmente, se analizan algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular.