En el presente informe jurídico se analiza la problemática asociada a la aplicación de intereses moratorios generados por la modificación del coeficiente para el cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Existen posturas divergentes en torno a este tema, en los diferentes niveles de los órganos resolutivos administrativos y en sede judicial, lo que ha desembocado en la emisión de diversas casaciones como la 27444-2018, la 4392-2013, y la Casación materia de análisis en el presente informe. No obstante, con ello no se ha logrado establecer un criterio que otorgue seguridad o que esclarezca la problemática. Una posición, sostiene que sí se deben cobrar intereses moratorios a los pagos a cuenta del IR tras la modificación del coeficiente, generado ya sea por una fiscalización posterior o por una declaración jurada rectificatoria; dado a que, se ha producido una omisión que rompe con el requisito de pago oportuno. La posición contraria, asegura que no corresponde la aplicación de estos intereses, dado que, si el contribuyente cumplió con determinar los pagos a cuenta con los elementos de cálculo presentes al momento del abono, se ha cumplido con ello de forma oportuna. En ese sentido, corresponde analizar las principales figuras jurídicas que envuelven a los pagos a cuenta del impuesto a la Renta

El derecho tributario tiene como finalidad legítima la creación de tributos a fin de obtener los recursos necesarios para brindar los servicios de salud, educación, construcción de obras públicas; en general, se busca cubrir las necesidades de la sociedad. Por su parte, los ciudadanos realizan actividades de distinta índole generando riqueza gravable, en este contexto, algunos actuarán al margen de la ley y obtendrán riqueza por actividades de origen delictivo; es así que surge la problemática sobre la tributación de las ganancias provenientes de actos ilícitos. Al respecto, no existe un consenso por parte de los entendidos tanto en materia tributaria como penal, hay quienes se encuentran a favor de la tributación de las ganancias ilícitas como RAMÓN FALCON, SOLER ROCH, CHICO DE LA CAMARA, GIOVANNINI; éstos fundamentan su postura en los principios de capacidad contributiva, igualdad o generalidad. Por otro lado, los representantes de la teoría de la ingravabilidad como son GARCÍA BELSUNCE, CALLER FERREYROS, BRAVO CUCCI han argumentado que la imposición vulnera también principios como legalidad, coherencia y unidad del ordenamiento jurídico y que el Estado legitimaría por medio del impuesto un acto contrario a la ley. A lo largo de la presente tesis se analizarán con mayor detenimiento cada una de las posturas señaladas, los argumentos que las respaldan y se defenderá la posición asumida por la tesista: La propuesta de no sujeción a la tributación de ganancias provenientes de actos ilícitos; demostrando en base a sólidos fundamentos jurídicos ser la postura más acorde a derecho.

El presente artículo de investigación versa sobre la naturaleza jurídica de las contraprestaciones por el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales, que es importante determinar a efectos de establecer cuáles son los criterios y/o principios que deben de regir dichos pagos, así como cuáles son los órganos estatales especializados en la resolución de conflictos que tienen competencia para poder resolver controversias vinculados a dichos pagos. A efectos de determinar su naturaleza, se ha (i) establecido los elementos constitutivos del tributo, desarrollando qué debe entenderse por cada uno de ellos, (ii) establecido los elementos constitutivos de la Tasa sub especie derecho en la modalidad de uso o aprovechamiento de bienes públicos, desarrollando qué debe entenderse por cada uno de ellos; y, (iii) desarrollado el marco jurídico aplicable a los recursos naturales y sustentado las razones por las que se exigen las contraprestaciones. Siendo que, tras analizar todos dichos aspectos, se concluye que las contraprestaciones no tienen naturaleza tributaria, pues no se tratarían de una obligación ex lege y no toman en consideración la capacidad contributiva del sujeto obligado a su pago; los mismos que constituyen elementos constitutivos del tributo; y que además, no pueden ser considerados Tasas de la sub especie Derecho -como lo han llegado a señalar el Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional- pues el sustento del cobro de las contraprestaciones no se sustenta en la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. En ese sentido, consideramos que las contraprestaciones se tratan de recursos originarios, distintos a los derivados dentro de los cuales se incluyen los ingresos de naturaleza tributaria, pues constituyen ingresos que se obtienen únicamente a cambio el uso y/o aprovechamiento que hacen los particulares de recursos naturales que constituyen bienes que forman parte del patrimonio del Estado.

En el presente trabajo de investigación, la autora realiza un análisis al tratamiento tributario del Contrato de Asociación en Participación, a la luz de la Ley del Impuesto a la Renta, a propósito de un pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal en el año 2017. A partir de éste pronunciamiento efectuado por el Tribunal Fiscal, se presente un cambio en el tratamiento tributario del referido Contrato, generando controversia y dividiendo las posturas de los operadores jurídicos. A efectos de la investigación, se hace un recorrido histórico de todos los cambios normativos que ha tenido el Contrato de Asociación en Participación en nuestro ordenamiento jurídico peruano, específicamente en la Ley del Impuesto a la Renta y demás normas en el marco del derecho tributario. En este contexto, se presenta la postura de la autora, la cual cambiaría el escenario fiscal que se viene teniendo hasta el día de hoy, siendo que la tributación del Contrato de Asociación en Participación caerá en cabeza, única y exclusivamente, del Asociante, quien otorgará la utilidad, de ser el caso, del negocio al Asociado en calidad de “renta desgravada”. Finalmente, la autora reflexiona sobre la necesidad de una regulación tributaria que acoja al Contrato de Asociación en Participación, tomando en consideración las necesidades particulares de este Contrato y, sobretodo, su naturaleza jurídica societaria.

En el presente artículo se analiza el tratamiento de la facultad de la administración tributaria para el cobro de las deudas tributarias (potestad de exigir el pago) a través de las diversas modificaciones del Código Tributario que se dieron a dicha potestad. A través de dicho análisis se evidencia el origen del problema en donde se podrían generar escenarios en los cuales la administración tributaria podría determinar una deuda, pero no cobrarla, lo cual llevó a la emisión de una resolución de observancia obligatoria por parte del Tribunal Fiscal y la posterior emisión del Decreto Legislativo Nro. 1421, norma que fue bastante mediática y cuestionada por parte de los contribuyentes, lo que llevó a una demanda de inconstitucionalidad que fue resuelta 2 años después de la emisión de la norma. Del análisis de las normas emitidas, se determina el origen del problema del plazo de prescripción de la facultad de la administración tributaria para exigir el pago de deudas tributarias, iniciándose este con la emisión del Decreto Legislativo Nro. 981, empeorando con la emisión del Decreto Legislativo Nro. 1113 y siendo finalmente “corregido” a través del Decreto Legislativo Nro. 1421, norma que finalmente fue validada por una sentencia del Tribunal Constitucional. / This article analyzes the treatment of the faculty of the tax administration to enforce the collection of tax debts (authority to demand payment) through the several modifications of the Tax Code that were made to such faculty. This analysis shows the origin of the problem, resulting in scenarios in which the tax administration could determine a debt, but not be able to collect it, which led to the issuance of a binding resolution by the Tax Court and the subsequent issuance of Legislative Decree No. 1421, a rule that was highly controversial and questioned by taxpayers, which led to a claim of unconstitutionality that was settled 2 years after the issuance of the rule. From the analysis of the regulations issued, the origin of the problem of the statute of limitations of the power of the tax administration to enforce payment of tax debts is determined, starting with the issuance of Legislative Decree No. 981, getting worse with the issuance of Legislative Decree No. 1113 and finally being "corrected" through Legislative Decree No. 1421, a regulation that was finally validated by a decision of the Constitutional Court.

El objetivo del trabajo es analizar los alcances del precedente de observancia obligatoria recaído en la RTF N° 01695-Q-2017, a fin de determinar si el reconocimiento del término prescriptorio en favor de la Administración, en los supuestos de pagos comprendidos en una cobranza coactiva declarada nula, se condice con los fundamentos constitucionales de la institución de la prescripción. Para dicho fin, será necesario abordar los supuestos de aplicación de la prescripción extintiva comprendidos en la legislación especial y su correlación con el término prescriptorio y la figura del pago indebido en materia tributaria. Al respecto, no se debe dejar de observar que toda remisión entre figuras jurídicas que trascienden un determinando ámbito del derecho (más aun cuando esta remisión proviene del propio Tribunal Fiscal), debe encontrar plena justificación y sustento legal en el sustrato de nuestro propio ordenamiento. De lo contrario, bajo la apariencia de conceptos y terminologías imprecisas, nos encontraremos expuestos ante posibles escenarios de arbitrariedad y vulneración de derechos, lo cual justamente resulta opuesto a los fundamentos del orden público y de seguridad jurídica. Por lo demás, con ocasión del presente trabajo, hemos analizado la viabilidad del término prescriptorio en los supuestos que conllevan la aplicación de la prescripción extintiva en materia tributaria, llegando a la conclusión de que la inobservancia de un desarrollo preciso tanto a nivel legal como jurisprudencial lleva aparejada la confusión sobre una figura que tiene repercusión inmediata sobre los derechos de los contribuyentes (la aplicación del término prescriptorio sobre supuestos no comprendidos en la noción de pago indebido). En contraposición, consideramos que las conclusiones arribadas en la investigación coadyuvan a una corrección necesaria sobre las consecuencias del actuar irregular de la Administración, más aun cuando dicha irregularidad presupone una declaración de nulidad precedente en favor del administrado, y por lo tanto, incuestionable.

Esta investigación se plantea como objetivo general analizar si la figura de la prescripción de cobro de deudas tributarias encuentra un fundamento constitucional suficiente para mantenerse dentro de un Estado Constitucional de Derecho. El método empleado para la consecución de tal objetivo es el documental o bibliográfico. Mediante dicho método se busca adquirir una completa perspectiva respecto a la figura objeto de estudio, someterla a evaluación y, finalmente, generar una propuesta alternativa suficientemente fundamentada. En la investigación, se llega a la conclusión de que la prescripción de cobro de deudas tributarias afecta a los principios constitucionales de deber de contribuir, capacidad contributiva e igualdad. Dicha afectación es mayor que la satisfacción que ofrece respecto al principio que justifica su existencia: el principio de seguridad jurídica. Así, la prescripción de cobro de deudas tributarias constituye una medida desproporcional, puesto que, de no existir dicha figura, el impacto resulta menor al que se genera con su existencia. En consecuencia, se concluye que se trata de una figura que debe ser expulsada del ordenamiento. Se propone que debe empezar a regir una regla de imprescriptibilidad de cobro de deudas tributarias, la cual tendría que materializarse en una variación normativa del Código Tributario. Se realiza esta propuesta en una búsqueda por el respeto de los principales postulados del Estado Constitucional de Derecho.

El presente artículo tiene como tema central la inclusión de la culpabilidad como uno los principios que limita la potestad sancionadora en sede administrativa, mediante el Decreto Legislativo 27444, y las implicancias que tendría en los procedimientos sancionadores especiales, pues, dicho decreto buscaba la unificación de los procedimientos administrativos; sin embargo, tras la vigencia del Decreto Legislativo 1311 deja de ser posible la inclusión de la culpabilidad, toda vez que, mediante su quinta disposición final manifiesta la inaplicación del referido principio, primando los estipulados en el Código Tributario. De acuerdo a ello, tanto el Tribunal Constitucional como parte de la doctrina consideran necesaria la aplicación del principio de culpabilidad, ya que, los principios por ser principios no deben ser instaurados o excluidos de manera deliberada porque, así como son principios son garantías que favorecen al administrado al proporcionar una mayor protección al administrado en la imposición de sanciones. En ese sentido, es que mediante un estudio cualitativo se logrado determinar que las infracciones tributarias susceptibles de determinación subjetiva se encuentran tipificadas en el inciso 1, 3 y 10 del artículo 174 que establece las infracciones de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos; y en el inciso 8 del artículo 176 sobre las infracciones de presentar declaraciones y comunicaciones ante la Autoridad Tributaria.

La presente investigación analiza la problemática referida a la elusión tributaria realizada a través de los centros financieros internacionales off-shore, escenario que resulta alarmante en razón de las altas cifras que la administración tributaria peruana ha dejado de recaudar a lo largo de los años como consecuencia de la operatividad de dichas empresas, situación que el legislador ha intentado frenar incorporando la Norma XVI - clausula anti-elusiva general - y su reglamento a nuestro ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la normativa aludida no resulta idónea para los fines que pretende obtener, puesto que prima el objetivo de acrecentar la recaudación nacional frente a los derechos del contribuyente, entre estos, la seguridad jurídica que le es debida y que debe ser garantizada por el estado. Es por lo expuesto que partimos del análisis de las empresas offshore y su ámbito de actuación, para posteriormente ahondar en la figura de la elusión tributaria, enfatizando el rol que ostentan los referidos centros financieros en la configuración de la misma. Finalmente se analiza la normativa nacional vigente, proponiendo modificatorias necesarias para salvaguardar los derechos del contribuyente y luchar eficazmente contra la elusión tributaria.

En el marco de transacciones transfronterizas de compraventa de bienes entre sujetos domiciliados y no domiciliados, para efectos del Impuesto a la Renta, nuestra legislación tributaria recoge el criterio de la ubicación física en el país para determinar si la venta se encuentra gravada con el impuesto. En el presente informe analizaremos la controversia suscitada entre la empresa Doe Run Perú S.R.L. y la SUNAT, a razón de que esta última cuestionó que algunas de las transacciones de compra de metales refinados efectuadas por la compañía no se habrían realizado en el extranjero, sino en el territorio nacional por lo que se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta. En esa línea, en este trabajo nos centraremos en el análisis jurídico del tratamiento tributario del Impuesto a la Renta peruano aplicable a la venta de bienes muebles ejecutada por sujetos no domiciliados, así como de la transferencia de propiedad de este tipo de bienes desde el derecho civil. Adicionalmente, profundizaremos en la facultad de la SUNAT para exigir retenciones del Impuesto a la Renta peruano y su relación con los principios constitucionales de seguridad jurídica, irretroactividad y legalidad, vulnerados por la Disposición Transitoria Única de la Ley No. 28647.