La presente investigación busca responder a una interrogante que a nuestro entender es fundamental a la hora de analizar la igualdad ante la ley. En efecto, se busca establecer cuáles son los requisitos de la transparencia activa a fin de que todas las personas, con independencia de sus condiciones personales, puedan acceder a la información pública que la ley y los reglamentos respectivos les imponen difundir a través de los sitios WEB del Estado. La hipótesis de trabajo nos señala que la garantía constitucional de la igualdad ante la ley impone que las normas de desarrollo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en tanto establece la transparencia como una de las bases de nuestra institucionalidad, se apliquen de forma tal que procuren un acceso igualitario a la información pública, debiendo en consecuencia establecerse sistemas de apoyo para garantizar el acceso a personas con necesidades especiales, tales como los no videntes. Respaldan esta hipótesis, cuya efectividad hemos corroborado, las normas de derecho internacional, relativas a derechos humanos suscritas por Chile y hemos comprobado que las mismas han sido recogidas en la legislación interna. Ahora bien, uno de los aspectos esenciales, de acuerdo a nuestro entender de la materia, dice relación con la necesaria aplicación práctica de estas normas, especialmente a través de las páginas WEB del Estado que actualmente pueden ser visualizadas por los ciudadanos, especialmente aquellas por las cuales se les difunde información útil para sus relaciones con el propio Estado. Al respecto se ha verificado que en términos generales los sitios WEB del Estado no tienen características homogéneas que permitan a los usuarios navegar a través de ellos de manera intuitiva. Mucha de la información que se publica no es legible a través de sistemas de reconocimiento de texto, aun cuando se trata de información relevante desde la óptica del ejercicio del derecho a la información por parte de personas con discapacidades visuales. Se concluye e consecuencia que es necesario implementar una política pública de accesibilidad de las páginas WEB del Estado, al menos en aquellos contenidos que sean necesarios para dar satisfacción a estos derechos, en condiciones de igualdad para las personas que tengan alguna necesidad especial, especialmente aquellas relativas a las visuales. En cuanto a la normativa nacional en esta materia, se ha constatado que la entrada en vigor de la ley 20.285 representa un hito importante en la adecuación del marco jurídico nacional a los estándares internacionales, sin embargo se ha verificado que los esfuerzos del legislador nacional a este respecto comienzan mucho antes de su dictación e incluso antes de la aprobación de la reforma constitucional. En la materia que nos ocupa, uno de los ejes centrales que hemos debido analizar dice relación con el estatuto jurídico de los documentos electrónicos, en tanto que la transparencia activa y el derecho de acceso a la información pública suponen la generación de miles de documentos electrónicos por parte del Estado, a través de los cuales se da satisfacción a los derechos de los ciudadanos. A este respecto ha importado especialmente aquellas normas relativas al formato de los documentos electrónicos y sus cualidades a los efectos de garantizar su seguridad, disponibilidad e interoperabilidad. Esta memoria no busca ser un trabajo acabado en la materia sino más bien servir de base a estudios posteriores, mediante la sistematización y recopilación de antecedentes normativos y análisis empíricos de la situación de los sitios WEB del Estado, con una visión de políticas públicas de inclusión a los sectores afectados con algún grado de discapacidad visual en Chile, a efectos de asegurarles el debido respeto a su derecho a la igualdad y a la información y libertad de expresión, como bases de nuestra institucionalidad y de nuestro sistema democrático

El estudio titulado los contratos de adhesión de telefonia móvil post-pago y su afectación al derecho a la información de los usuarios de Huancayo en el año 2017. tuvo como objetivo indicar la forma en que los contratos de adhesión de telefonía móvil post-pago afectan al derecho a la información de los usuarios de Huancayo en el año 2017, empleó el método bibliográfico documental, al emplearse documentos escritos para obtener información y brindar dar respuesta a las interrogantes formuladas al ser de nivel explicativo. La investigación no pretendió cambiar la realidad inmediatamente solo buscó contribuir a la resolución de la problemática estudiada, dado a su tipo básica-orientadora. Las variables fueron estudiadas sin ninguna influencia por presentar un diseño no experimental. Esto conllevó llegar a la conclusión: El usuario de telefonía móvil post-pago se somete a las cláusulas establecidas en el contrato de adhesión redactado por la empresa operadora, debiendo contar mínimamente con información respecto a la resolución anticipada, penalidades y el servicio ofrecido, por ejemplo, gracias al carácter imperativo que poseen las normas reguladas en el TUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Como resultado estos datos deben constar en un determinado mecanismo de contratación y poseer determinadas características como ser clara, detalla, veraz, precisa y oportuna. Si es utilizado un documento diferente al contrato para consignar esta información, además no cumple con esas características no se está brindando información adecuada al usuario, por lo cual el contrato afecta su derecho a la información.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente documento tiene por objetivo general lograr una adecuada conceptualización de ambos derechos en comento y su configuración en nuestra legislación nacional, junto con las mas importantes hipótesis de conflicto, para lo cual se destinaran los siguientes capítulos en conceptualizar y analizar el marco regulatorio nacional e internacional aplicable a el derecho de acceso a la información (Capitulo II); y a la privacidad y protección de datos (Capítulo III). Luego de lo cual nos ocuparemos en el capítulo IV, de analizar las diversas formas que pueden presentar un conflicto de derechos fundamentales, junto con revisar las principales doctrinas referidas a las soluciones que pueden revestir dichos conflictos o la manera de enfrentarlos. El objetivo especifico del presente trabajo es identificar los criterios de solución de conflicto entre derechos fundamentales, referidos especialmente al derecho de acceso a la información frente a las garantías individuales de derecho a la privacidad y protección de datos, por lo que se destinara una apartado al análisis de los principales criterios argumentativos, fundamentalmente, los test de prueba del daño y del interés público. Se examinaran dos legislaciones extrajeras que entendemos constituyen un referente legal Ad Hoc, tanto a nuestra Ley Nº 20.285, como a la Ley Nº 19.628, es decir las legislaciones Mexicana y de la Comunidad Europea, La primera como una legislación en la que en hipótesis, la protección de datos ha cedido, frente al derecho de acceso a la información, y la segunda, como un caso en la protección de datos prefiere al derecho de acceso a la información en términos generales. También dedicaremos parte de este último capítulo en analizar críticamente las principales ideas contenidas en el nuevo proyecto de ley en actual tramitación en el congreso, que entrega mayores facultades en materia de protección de datos al CPLT y reforma las leyes Nº 20.285 y Nº 19.628 Para luego finalizar con una exposición de nuestras conclusiones.

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Entre nosotros, el tema se presenta como de una actualidad inmersa, al haberse aprobado, hace sólo algunos meses, una modificación a la ley no. 18.575, orgánica constitucional sobre base generales de la administración del estado, que entre otras materias agregó a su texto los nuevos artículos 11 bis y 11 ter, que regulan el principio de transparencia de la actuación administrativa y el derecho de acceso a los documentos administrativos. Ahora bien, dentro de ese marco general se analizarán, en primer término, algunos aspectos relevantes de la publicidad, en sentido general, y sus relaciones con el derecho, tanto desde el ámbito público como privado, cuestiones a las que dedicaremos el capítulo I. A continuación, en el capítuo II, veremos cómo la transparencia y la publicidad se presentan en la acción administrativa y analizaremos el derecho de acceso a la información desde una perspectiva jurídico doctrinaria que permita una cabal identificación del contenido último del derecho que se pretende cautelar. En el capítulo III se repasarán las principales legislaciones comparadas que han tratado de manera más o menos sistemática el derecho de acceso a los documentos administrativos, con el objeto de comparar las distintas soluciones que han dado a los elementos característicos del derecho, señalando las opiniones que la doctrina y la jurisprudencia han expresado en cada caso. Finalmente en el capítulo IV será dedicado a la solución que nuestro legislador ha dado al tema, la que será estudiada, a falta de opiniones doctrinarias y pronunciamientos de la jurisprudencia, en su historia fidedigna y será analizada críticamente a la luz de la legislación extranjera.

El derecho a la información no es sino un pequeño, aunque esencial, mecanismo que se inscribe en un profundo proceso de transformación institucional que desde los años 80 se está produciendo en este espacio sanitario y que parece querer situar en el centro del sistema al paciente-clienteEl artículo 10 de la Ley General Sanitaria perfila el derecho a la información del paciente en relación con 'el derecho a la libertad de terapia' que, como tal libertad, se construye limitada, desde el punto de vista del paciente, por aquel conjunto de riesgos cuyo alcance ha de advertir el facultativo y quien, por razones económicas o científicas, puede excluir o incluir en su elección como tratamiento. El contenido de este artículo 10 en cuanto al derecho a la información abarca:- la información sobre los servicios- información completa y continuada de proceso, diagnóstico y sus alternativas. Los tribunales han perfilado el alcance de este derecho en la práctica médica.La interpretación de los tribunales nos sitúa en el desarrollo de una práctica médica, que se inscribe en las historias clínicas, en la que la información constituye no sólo un producto de esos procesos sino que es también esos mismos procesos y prácticas. Esta óptica me condujo a una aproximación cualitativa, etnográfica, al espacio médico y a trabajar en torno a la cuestión de cómo se articulan las prácticas médicas hacia la comunicación con el paciente. En esta aproximación multidisciplinar acudo a las contribuciones de la etnografía de la comunicación, el análisis de la conversación y la pragmática.Y dos ejes de respuesta se apuntaban: - el marco de relaciones institucionales que se articulan en el sistema sanitario- la organización de la práctica médica que crea unas determinadas condiciones de información al diseñar unos concretos procesos de decisión.El análisis que presentamos en torno a las condiciones de información se sitúa principalmente en el campo de la organización. Este ámbito ofrece un medio adecuado para aproximarse a los procesos de cambio en sectores sociales complejos. Por tanto, desde la perspectiva de la organización es posible conectar el estudio de la estructura y funcionamiento de una organización individual con el examen de los procesos sociales relacionados.Esta aproximación condujo a resultados diferentes en el análisis de cada uno de los espacios en los que se desarrolló el trabajo de campo: la oficina de atención al cliente y el servicio de urgencias. Sin embargo, en los dos espacios se operaba sobre la base de mecanismos de codificación de información que la nueva organización sanitaria diseñada por la Administración ha de incorporar en su práctica: protocolos, informes de alta, tarjeta sanitaria, historias médicas, derechos, codificación de las reclamaciones o quejas. El estudio del funcionamiento de la organización implica la descripción de los procesos sociales de decisión previstos para la consecución de aquellos objetivos que la organización se plantea como 'racionales'. En torno a este punto describo las prácticas burocráticas que los pediatras desarrollan en su trabajo cotidiano, todas ellas relacionadas con la adopción de decisiones que se entienden adecuadas para la institución y también la descripción de la jerarquía social que la organización establece para asegurar o vigilar la consecución de estos fines. A través del análisis de las interacciones se muestra cómo la actuación organizada de pediatras, enfermeras y personal sanitario transforma las experiencias con pacientes en discursos y textos que tienen una eficacia ulterior: designar el estado de salud de una persona, definir situaciones de riesgo y decidir en torno a la asignación social de los recursos sanitarios. / The right to information is a small but essential mechanism in the health system which, since the 1980s, has been undergoing a profound process of institutional change. This process of change can be found most especially in the patient-client system. Article 10 of the General Health Law outlines the patient's right to information in relation to the 'right to freedom of treatment.' This freedom stated in article 10 is limited from the patient's point of view by the risks, whose extent the doctor must understand. This doctor can accept to include or exclude those risks in the selection of treatment for economic and scientific reasons. In article 10 the right to information addresses:- information about services- complete and on-going information about process, diagnosis and choices. Courts of law have outlined the extent of this right to information in medical practice.The court's interpretation focuses on the development of a medical practice registered in clinical histories. The information constitutes not only a product of these processes but rather also the processes and practices themselves. This point of view led me to use a qualitative, ethnographic approach to the medical space, and to ask the question how medical practices are joined to communication with the patient. For this multidisciplinary approach I have turned to the contributions of the ethnography of communication, conversation analysis and pragmatics.Two answers are pointed to: - the framework of institutional relations expressed in the health system.- the organization of the medical practice which creates certain conditions for information by designing concrete decision processes.My analysis of the conditions for information focuses mainly on the area of organization. This offers the adequate means for approaching the processes of change in complex social sectors. From the perspective of organization it is possible to connect the study of structure and function of an individual organization to the study of related social processes.This approach led to different results in the analysis of each kind of space in which field work was done: the doctor's office and the emergency room. However, both spaces operate on the basis of mechanisms used to codify information which the new health organization, designed by the federal government, must incorporate in its practice: protocols, discharge reports, health cards, medical histories, rights, codification of claims or complaints. The study of the function of the organization implies the description of the social process of decision-making anticipated for the attainment of those objectives that the organization considers 'rational.' For this point I describe the bureaucratic practices that pediatricians develop in their daily routine. They are all related to the adoption of decisions which are understood as appropriate to the institution and also the description of the social hierarchy that the organization established to assure or supervise the attainment of these ends. The analysis of the interactions shows how the organized conduct of pediatricians, nurses and health personnel transforms the experiences with patients in speeches and texts that have an ulterior efficiency: to desigante an individual's state of health, define situations of risk and decide the allocation of health services.

Chile logró instalar en sus instituciones una política indispensable en el desarrollo de las democracias modernas: el de la transparencia y acceso a la información pública. El presente estudio da cuenta de los factores que facilitaron y dificultaron la aplicación de esta política pública en 2009 y de cómo las instituciones del Gobierno Central comenzaron a cambiar ante los desafíos de la Ley 20.285 (LAIP). Con base en este diagnóstico, se hacen propuestas de mejora de la implementación de esta nueva política pública, que de aplicarse de manera eficaz, contribuiría a dar pasos importantes hacia una variable indispensable para medir la calidad de la democracia, el accountability. Esta investigación sólo se enfoca a la transparencia pasiva en las instituciones del Gobierno Central. Debido a que la transparencia y acceso a la información como una política pública con regulaciones y sanciones es un tema nuevo en Chile, fue necesario aplicar un estudio exploratorio, mediante entrevistas semiestructuradas a stakeholders y a quienes coordinaron los grupos de trabajo para implementar la LAIP, que permitiera identificar hipótesis sobre aquellos factores que facilitarían y/o dificultarían la implementación de la LAIP, así como conocer la forma en que se estaban adecuando las distintas instituciones para su aplicación. Sobre la base de los ámbitos identificados en el estudio exploratorio: gestión documental, momentos previos a la implementación de la LAIP, claridad normativa, tipo de capacitación, desafíos del cambio y ciudadanía informada de sus derechos, se elaboró un cuestionario que incluía variables específicas, el que fue aplicado a una muestra representativa de las instituciones del Gobierno Central. Los encuestados en este caso fueron quienes implementan de manera directa la política de transparencia pasiva, pues son ellos quienes conocen de los problemas que surgen al implementar la LAIP. Los hallazgos de la investigación señalan que en esta política pública del tipo top down, hubo eslabones defectuosos que redujeron la eficacia de la implementación, entre ellos, que los recursos financieros y humanos no estuvieron disponibles y que los tiempos de adaptación no fueron adecuados, en consecuencia, la instalación de las capacidades mínimas de operación para poder cumplir con la transparencia pasiva debió ser lenta y progresiva. El estudio cuantitativo mostró que durante la implementación, algunos elementos se resolvieron de manera adecuada, como la coordinación de los equipos de trabajo en los momentos previos a la vigencia de la LAIP; la capacitación a los funcionarios públicos, y un visible liderazgo de las autoridades al involucrarse en la transformación de las instituciones. Sin embargo, se identificaron temas que dificultan la plena aplicación de la transparencia pasiva, algunos a resolverse a largo plazo y otros que deben atenderse con prioridad, entre los que destacan: la modificación de la política de gestión documental; la falta de claridad de la LAIP y de su reglamento; una ciudadanía que todavía no está ejerciendo en forma plena su derecho de acceso a la información al desconocer los beneficios y límites de la Ley, aspecto que no permite avanzar hacia un accountability efectivo. Para atender lo anterior, las propuestas de mejora apuntan a un plan estratégico a desarrollar en tres etapas, y de manera paralela, las recomendaciones indican reforzar una gestión del cambio con el involucramiento de los directivos hacia los nuevos valores públicos; una política de promoción de los beneficios y límites de la LAIP, acompañado de la instalación de un observatorio desde la ciudadanía, que genere mayor participación y escrutinio público.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, tiene como propósito efectuar un análisis crítico de la recepción del principio de transparencia por parte de nuestro ordenamiento jurídico, a través de su materialización en el derecho de acceso a la información pública, tanto a nivel constitucional, legal y administrativo. Para ello, nos encargaremos de analizar cuáles han sido sus orígenes, qué ha señalado tanto doctrina nacional como extranjera, y de qué modo ha sido aplicado por la jurisprudencia. Hacemos presente, que hemos focalizado nuestro estudio en un período de tiempo que comienza con la reforma constitucional de agosto del año 2005, la que incorpora un nuevo artículo 8 a nuestra Carta Fundamental, y finaliza en la fecha en que hemos terminado el presente estudio. Al respecto, comenzaremos explicando ciertos conceptos jurídicos, para luego iniciar un análisis del marco normativo constitucional en el que se encuentra tanto el principio de transparencia, como el derecho de acceso a la información pública. Sobre el particular, discutiremos cuáles serían los alcances y características de este derecho, como también su relación con el principio de transparencia. En este sentido, también estudiaremos si existe en nuestra institucionalidad, un bloque constitucional que consagre al derecho de acceso a la información pública, si puede ser entendido como un derecho humano, si existe reserva legal para limitarlo, entre otros. Posteriormente, abordaremos la recepción a nivel legal que ha tenido del derecho de acceso a la información pública, ya sea en la ley número 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley número 18.880, Ley de Procedimientos Administrativos; y especialmente, en la ley número 20.250, sobre Acceso a la Información Pública. Finalmente, analizaremos la aplicación que le ha dado tanto la jurisprudencia nacional (Tribunales de Justicia y Consejo para la Transparencia), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Este estudio de casos profundiza acerca de la naturaleza autónoma del Consejo para la Transparencia, órgano creado por la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública. A partir de esta ley, aprobada el año 2008, el Consejo para la Transparencia se constituye como el órgano garante del derecho de acceso a la información pública que obra en poder de la Administración del Estado, y como tal, ha sido dotado de una autonomía legal para el ejercicio de sus funciones. Indagar acerca de la autonomía de esta institución y sobre su ejercicio en estos cinco años de implementación de la ley, implicó la revisión de documentos legales y técnicos de la Corporacion, además del análisis de artículos de medios de comunicación que cubrieron la relación entre la Corporación y la Administración del Estado. Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, se destaca que el concepto de autonomía es elástico y es determinado caso a caso, siendo la ley el instrumento que la materializa y otorga gradualidad a este atributo. Al analizar el origen de este tipo de agencia es factible encontrar rasgos distintivos de una institución autónoma y otros complementarios que permiten profundizar el grado de autonomía conferido. Es así que son indispensables para que un ente sea catalogado como autónomo: la independencia de su autoridad superior respecto del Ejecutivo; la entrega de potestades sustantivas para la ordenación del sector encomendado; la capacidad de autogestión y la flexibilidad presupuestaria. Por otro lado, complementan una mayor autonomía el que sus autoridades gocen de competencia técnica y profesionalismo y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas de sus autoridades, considerando su escasa responsabilidad política. Durante el corto funcionamiento de esta Corporación, se ha observado la instalación y despliegue de esta nueva institucionalidad, la cual no ha estado exenta de eventos que pudiesen afectar su ejercicio autónomo. Este estudio analiza tres episodios que permitieron concluir que la autonomía legal otorgada, si bien está fuertemente resguardada en lo que concierne a la independencia de su autoridad del Ejecutivo, la autogestión y sus potestades sustantivas, aún presenta espacios de mejora de estas mismas dimensiones. Otros elementos como, la autonomía presupuestaria, la competencia técnica de sus autoridades y la rendición de cuentas, tienen nulo resguardo legal y requieren ser abordados ante nuevos procesos de perfeccionamiento normativo. En el caso concreto del Consejo, las mejoras evidentes serían concebir el nombramiento de los consejeros a partir de un proceso que enfatice las competencias técnicas de los candidatos y releve las preferencias políticas para un segundo lugar y el diseño de un sistema presupuestario que permita materializar la autonomía presupuestaria sin condicionamiento de la gestión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto determinar si el actual diseño legislativo de la Ley Nº 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante “Ley de Transparencia”, es efectivamente útil para el asentamiento en nuestro país de una cultura de ética pública y anticorrupción, al consagrar y regular de manera específica el principio de transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública. Para tal fin, se hizo un análisis descriptivo de las disposiciones de la Ley de Transparencia, además de un análisis comparativo de sus disposiciones con las de otros cuerpos legales, vigentes y derogados en la medida de lo necesario. Del análisis realizado se llegó a 86 conclusiones que en general pueden resumirse en que si bien la Ley de Transparencia constituye un gran avance para la construcción de una cultura de ética pública, su actual redacción no es suficiente para alcanzar dicha meta, por lo que es necesario introducirle mejoras en pos de tal fin.