Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En efecto, el interés por esta memoria nació tras el revuelo que se generó por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en que éste eliminó las pautas a las que debía sujetarse la Superintendencia de Salud para fijar, mediante instrucciones de general aplicación, la estructura de las tablas de factores, según conceptos de edad, sexo y condición del cotizante o de sus cargas. Hoy en día, hay una gran tarea pendiente, terminar no sólo con las inequidades del Sistema Privado, sino también con los problemas de acceso, cobertura y eficiencia del Sistema en general, pues el tema de la discriminación que se sufre en el ámbito Privado repercute en todo el Sistema Salud, produciéndose una competencia que resulta perversa para el ámbito Público, al actuar este último como un sobreseguro del Sistema Privado, supliendo falencias y ocultando deficiencias. Fue en atención a lo anterior que arribamos a un estudio completo del sistema de las ISAPRES y sus facultades, para entender su lógica de funcionamiento. Es aquí donde surgen los problemas, al no considerar que en el Contrato de Salud Privado debe operar la naturaleza de servicio público que importan las prestaciones de salud que satisfacen las ISAPRES, y los principios de Seguridad Social que debe observar por cumplir tal función. El desempeño de las ISAPRES está condicionado fuertemente por encontrarse éstas insertas dentro del sistema de Seguridad Social en salud: ello implica que deben tener como fundamento y guía dos derechos fundamentales como lo son el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud, lo que implica que su regulación no pueda quedar sujeta a las veleidades de las reglas del mercado. Esta investigación apunta al Sistema de Salud en Chile y toda la regulación de las ISAPRES: origen, evolución y regulación legal; el contrato de salud; el plan complementario; facultades entregadas en el D.F.L Nº 1, de 2005, de Salud; y la discriminación por riesgo y sus efectos negativos en el Sistema

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dentro de todo este nuevo panorama bioético, promovido por la revolución tecnológica, surge una variable jurídica de considerable importancia: el consentimiento informado del paciente. Sea como quiera mirárselo o catalogárselo, el paciente es sujeto de derechos. Ya sea que se lo considere como titular del derecho humano a la salud, o como al cliente de una prestación profesional de salud, tiene el derecho a estar informado para con ello poder ejercer otro derecho que está estrictamente relacionado con aquél: el poder elegir, a partir de su información, tanto el servicio asistencial médico en que tratar su enfermedad, como el profesional médico con quien desea atenderse. Nuestra Constitución Política, en apariencia, no contiene la consagración de este derecho, ya que la expresa garantía del artículo 19 Nº 9 sólo se refiere a la protección de la salud, el libre e igualitario acceso a las acciones de salud, la protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. En seguida, la norma constitucional consagra deberes para el Estado, como es la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud; garantizar la ejecución de las acciones de salud. Por último consagra el derecho de toda persona a elegir el sistema de salud a que desea acogerse, estatal o privado La presente memoria busca abordar este problema y ver cómo el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE), con dos años de vigencia, se enmarca en los principios de un sistema de seguridad social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Se analiza la sentencia N° 2016-2004-AA/TC, intentando reflexionar sobre la interrogante: ¿Es obligación del Estado, a través del Ministerio de Salud, brindar tratamiento integral, continuo y permanente del SIDA, según lo dispuesto en los artículos 7° y 9° de la Constitución, y desarrollado en el artículo 7° de la Ley N° 26626, Ley del Plan Nacional de Lucha contra el SIDA, constituyendo así protección jurídica al derecho social de la salud y el respeto a la dignidad de la persona? En esta perspectiva de análisis en primer lugar, se realiza una aproximación al caso en cuestiones fácticas, asimismo la delimitación del problema jurídico, seguido de la determinación de instituciones jurídicas que se abordan; los argumentos de la decisión del Tribunal Constitucional, para finalizar con una valoración crítica frente a la interrogante antes señalada y a los argumentos analizados, principalmente en lo que refiere a: derecho a la salud, el principio de dignidad de la persona, derecho a la vida, derechos económicos y sociales, financiamiento del cuidado de la salud, y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), para así desarrollar la argumentación que sustente nuestra posición frente a la cuestión jurídica.

La presente investigación pretende poner en evidencia el grave problema de contaminación del agua potable, la cual es suministrada a numerosos ciudadanos en condiciones que no resultan idóneas para su consumo, ocasionando daños en la salud y afectando otros derechos fundamentales vinculados directamente a la dignidad humana. La falta de intervención inmediata por parte del Estado y el organismo regulador conlleva a una vulneración del derecho fundamental a la salud sobre todo en distritos pequeños que muchas veces son olvidados por el gobierno de turno, como lo es el distrito de Pacora que actualmente atraviesa por una alarmante contaminación de arsénico en el agua potable. En ese sentido, como objetivo general de esta investigación se planteó proponer parámetros mínimos de regulación administrativa con respecto al acceso de agua saludable para evitar la vulneración del derecho de salud por contaminación de arsénico en el distrito de Pacora; lo cual nos permitió llegar a la conclusión de la necesidad a nivel nacional de creación de políticas públicas integrales y eficaces que puedan ser sostenidas en el tiempo para lograr tener un desarrollo en el acceso de agua potable de calidad y dar prioridad a una mejor inversión en el sector salud.

Esta investigación tuvo como objetivo general proponer la modificatoria del artículo 18 del reglamento del fondo compensación del SOAT para garantizar el derecho a la salud de las personas frente a los accidentes de tránsito. La metodología utilizada es cualitativa, de revisión documental, utilizando las técnicas de la observación, y fichaje, siendo los instrumentos la guía de observación; la ficha textual, y la guía de análisis de documental. Los principales resultados fueron, que el SOAT es un seguro creado para proteger a las víctimas de accidentes de tránsito, el cual cuenta con una cubertura limitada a las UIT establecidas por el reglamento en donde solo serán utilizadas si hay algún accidente vial y el vehículo este asegurado. Es necesario que el Fondo de Compensación del SOAT y los establecimientos de salud trabajen juntos, para no vulnerar el derecho a la salud y dejar en desamparo a las víctimas de accidentes viales, pudiendo así recibir una atención integral de calidad. Se concluye que se debe modificar el artículo 18 del reglamento del fondo compensación del SOAT para garantizar el derecho a la salud de las personas frente a los accidentes de tránsito, para una activación inmediata del fondo en beneficio de los accidentados que se encuentran desfavorecidos por imprudencia e irresponsabilidad del propietario o el conductor del vehículo al momento del siniestro imprevisto.

En el 2014 la Sala Especializada en Protección al Consumidor de INDECOPI da a conocer un fallo en el que sanciona a la Clínica Internacional por haber dejado olvidada una gasa en el cuello uterino de una paciente. La elección del caso se justifica por los temas jurídicos que se abordan: cuestiones sobre derecho de protección al consumidor, la probanza en los procedimientos ante INDECOPI y el trasfondo constitucional del tema por los bienes jurídicos involucrados: el derecho a la salud y el derecho del consumidor a la idoneidad en el servicio. Luego de revisar detalladamente la resolución de la Sala se analizan una serie de argumentos jurídicos y fácticos pertinentes, que en su conjunto permiten llegar a la conclusión acertada que la clínica es responsable administrativamente por la falta de idoneidad en la atención en el parto. Todo ello se sustenta en la interpretación de los artículos del código sobre el deber de idoneidad en los servicios médicos y las posturas jurisprudenciales acordes con el rol tuitivo del estado en la protección del consumidor; la interpretación en el ámbito probatorio sobre la carga de la prueba en los servicios de salud acorde con el rol tuitivo del estado en la protección del consumidor. El presente informe no se limita al tema del deber de idoneidad en el servicio de salud, también se analizan i) los argumentos jurídicos que determinaron la medida correctiva y la sanción ii) el libro de reclamaciones. En conclusión, a lo largo del informe se evidencia que en la relación de consumo la parte vulnerable es el consumidor, quien debe ser protegido por normas y fallos que aseguren su eficaz protección.

La salud y la asistencia médica son derechos humanos que exigen una actividad prestacional del Estado, para cuya eficacia la Administración Pública dirige cuerpos organizados que conforma un sistema de salud. En el caso peruano, existe una generalizada insatisfacción respecto del funcionamiento del sistema de salud. Con esta investigación se busca aportar en el elemento gobernanza del sistema, proponiendo un modelo claro y estratégico para la dirección de gestión sanitaria por un Poder Ejecutivo descentralizado. Para ello, primero se estudia el contenido del derecho a la salud, a partir de la lectura sistemática de normas y sentencias de índole constitucional. Determinar ello nos permite evaluar la eficacia del sistema peruano, para lo cual se añade un análisis comparativo de los sistemas de salud inglés, español, chileno y colombiano. El trabajo incluye un estudio histórico en materia de salubridad y el rol del Estado desde la independencia del Perú en el siglo XIX, para determinar los intereses que obstaculizaron su desarrollo. Finalmente, la investigación concluye que es necesario repotenciar el rol de los gobiernos regionales para asumir un protagonismo en la gestión de servicios de salud y el cumplimiento de las garantías de la asistencia médica, con participación de los gobiernos locales; así como definir el rol del gobierno central en la coordinación local para la eficiencia, directrices técnicas, administración financiera y vigilancia de la igualdad en el ejercicio del derecho a la salud

Social responsibility in research with human beingsIt seems anachronistic to keep on talking of ethics and bioethics in a globalized culture. All ethics is based on a responsibility that acknowledges the value of the other because it forces an answer and this answer is supposed to be free. The exercise of freedom improves, grows, increases when limits are part of it. The possibilities of the answer are constructed by exchange when the limits act upon the behavior of the individual. In bioethics there is a strong tendency to associate responsibility with acts of individual relation. This neglects the strictly solidary character of responsibility. Freedom is conditioned by equality but much more by solidarity. Solidarity forces us to accept limits imposed to us by coexistence. Health is the space where this becomes relevant. Therefore it is necessary to think of social responsibility from a bioethics perspective based on human rights, especially on the right to health. This work does precisely that, focusing on research with human beings. / Seguir hablando de ética, de bioética, en una cultura globalizada como la actual parece anacrónico. Toda ética supone la responsabilidad en tanto reconocedora del valor del otro, porque obliga a la respuesta y la supone libre. El ejercicio de la libertad se mejora, crece, aumenta, cuando los límites son parte de ella, cuando los límites actúan sobre la conducta del individuo acrecentando las posibilidades de la respuesta que se va construyendo como intercambio.Cuando planteamos cuestiones desde la bioética hay una fuerte tendencia a asociar la responsabilidad con actos de relación individual, olvidando su carácter estrictamente solidario. La libertad está condicionada por la igualdad pero mucho más por la solidaridad. La solidaridad nos obliga a aceptar los límites que nos impone la convivencia. La salud es el espacio donde esto queda puesto de relevancia. Por ello, es necesario pensar la responsabilidad social desde una bioética sustentada sobre los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud. Esto es lo que se hace en este trabajo tomando como eje de reflexión las investigaciones con humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Salud se enmarca dentro de las necesidades básicas del ser humano, considerándolo tanto en forma personal como en sociedad. La visión que se ha tenido de la salud en los diversos tiempos ha ido evolucionando conforme cambian los ritmos de vida y los roles de los individuos dentro de una sociedad moderna como la de hoy. De ahí la importancia que tiene dentro de la vida del ser humano, y por tanto, de las políticas que se empleen frente a los desafíos del futuro en esta área. En el marco de los Derechos Humanos, el derecho a la salud, viene a formar parte de los derechos de segunda generación, pues en las primeras declaraciones de estos derechos, sólo aparecían aquellos relacionados con las ideas de libertad imperantes en la época de su origen, llamados derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación, surgen a fines del siglo XIX producto del proceso de industrialización que vivió el mundo, y su correlativa “cuestión social”, y por el carácter de los bienes jurídicos que protegen se denominan “derechos sociales” y pasan a formar parte del listado contenido en la Declaración Universal de Derechos de 1948, los cuales tienen como base los principios de igualdad y solidaridad.