Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Reconocemos que al ser ésta una materia de gran amplitud y complejidad, que es transversal a distintas disciplinas y temas, como la política, la economía, los derechos humanos, el derecho económico y la propiedad intelectual, requiere de un orden y sistematicidad en su tratamiento. Es por ello que los dos primeros capítulos podríamos agruparlos como una primera parte del traba- jo, donde se sientan las bases teóricas de la discusión; en el capítulo segundo ilustramos acerca del ADPIC, su formación, principios, objetivos y sus disposiciones, poniendo especial énfasis en las normas que revisten un mayor grado de interacción, y por ello de eventual conflicto, con el derecho a la salud; para lograrlo expondremos de que manera han incorporado la salud pública, estudiaremos las flexibilidades que permiten las disposiciones e investigaremos de que forma se han utilizado dichas flexibilidades. En el capítulo tercero nos referiremos al derecho humano a la salud, concentrándonos en aquel expresamente reconocido por el Art.12 del PIDESC, su evolución y con- tenido. Para delimitar su alcance nos detendremos en la observación general N◦ 14, preparado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual a pesar de no ser vinculante para los Estados parte del Pacto se trata del esfuerzo más avanzado y serio hasta la fecha para definir los derechos y obligaciones que comporta el derecho humano a la salud, y supone un excelente marco para ser contrastado con las obligaciones del ADPIC. Ya con este marco analítico, en una segunda parte del estudio estaremos capacitados para definir el grado de relación existente entre la propiedad intelectual (ADPIC) y el derecho humano a la salud (Art.12 PIDESC). En el capítulo cuarto nos dedicaremos a esta tarea con un enfoque eminentemente práctico, en el cual se exhiba la repercusión efectiva y probable que conlleva la aplicación de la normativa ADPIC, en especial el aumento temporal de la cobertura de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos farmacéuticos, para el acceso de medicamentos en los países menos desarrollados y en vías de desarrollo. Solo una vez conocido el impacto práctico de la aplicación del acuerdo en el acceso y disponibilidad de medicamentos estaremos facultados para referirnos al conflicto hipotético entre el ADPIC y el PIDESC. Para finalizar, en una tercera parte del trabajo, integrado por el capitulo quinto y sexto, nos referiremos a las soluciones que se han implementado para resolver el conflicto y propondremos nuevas alternativas para lidiar con el dilema subyacente al aparente conflicto entre el ADPIC y el derecho a la salud: la fragmentación del derecho internacional y la desconexión presente entre las distintas normas surgidas bajo el amparo y dirección de los múltiples regímenes especiales que pululan en el derecho internacional general. En este último punto focalizaremos la discusión en la conveniencia y posibilidad de introducir dentro del sistema de la OMC normas del Derecho internacional de los derechos humanos para definir el alcance de las obligaciones que aquel impone en sus acuerdos abarcados y atenuar sus eventuales consecuencias negativas

Investiga si el sistema de explotación minera tiene o no repercusión en la salud de sus habitantes, especialmente en niños cuyas edades oscilan entre 0 y 5 años, entendiendo que si no se buscan medidas correctivas tendremos futuros adolescentes y adultos con retardo mental y físico por presentar altos volúmenes de minerales en su organismo, urgiendo una política educativa para el manejo de los residuos mineros, la prevención de la salud y el tratamiento oportuno ante la presencia de males endémicos; siendo además necesario revisar la normativa sobre el derecho a la salud y su grado de cumplimiento mediante comisiones multisectoriales que monitoreen el cumplimiento de las PAMAs. / Tesis

For many years trans people have been treated as suffering from some pathology, proposing various curative treatments as a solution to their alleged health problem. However, recent studies show that gender identity of people is a very personal and diverse characteristic so must be protected. In this article, the author explains how an understanding of gender identity that is respectful of human rights involves rethinking the State’s view of transgender people. This change of perspective requires discarding the pathological vision and opting for a system that will equip them with the necessary tools to develop their identity and avoid discrimination. / Durante muchos años se ha tratado a las personas trans como si sufriesen de alguna patología, proponiéndose diversos tratamientos curativos como solución a su supuesto problema de salud. Sin embargo, recientes estudios muestran que la identidad de género de las personas es una característica personalísima y diversa por lo cual debe ser protegida.En el presente artículo, el autor explica como una compresión de la identidad de género que sea respetuosa de los derechos humanos implica replantear la visión del Estado sobre las personas trans. Dicho cambio de perspectiva requiere descartar la visión patológica y optar por un sistema que otorgue las herramientas necesarias para expresar su identidad y evitar situaciones de discriminación.

Objetivos. Describir el modelo de supervisión de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y evaluar los factores asociados al porcentaje de cumplimiento normativo ajustado a riesgo (%CNAR) en las IPRESS del Sistema de Salud Peruano (SSP). Materiales y Métodos. Se realizó un estudio de caso sobre el desarrollo e implementación de un modelo de supervisión ajustado a riesgo basado en la norma ISO 31000-2009. Con la IPRESS como unidad de análisis, se calcularon los %CNAR (un puntaje continuo entre 0 a 100) de las supervisiones integrales (SI) y supervisiones selectivas efectuadas durante los años 2013 al 2015. Un mayor %CNAR implica un menor riesgo operacional. Se estimaron coeficientes β con IC95% mediante modelos lineales generalizados para valorar la asociación entre el %CNAR (variable de respuesta) y el subsector, la región, el nivel de complejidad y el año de supervisión (variables de exposición). Resultados. Se ejecutaron 1444 supervisiones. En las SI, solo la Seguridad Social en Salud (ESSALUD) tuvo mayor %CNAR que los centros privados [(β=7,7%;IC95%(3,5 a 11,9)]. Las IPRESS de la Costa [β=-5,2;IC95%(-9,4 a -1,0)], Sierra [β=-12,5;IC95%(-16,7 a -8,3)] y Selva [β=-12,6;IC95%(-17,7 a -7,6)] tuvieron menor %CNAR que aquellas ubicadas en Lima Metropolitana. El %CNAR fue superior en el año 2015 [β=10,8IC95%(6,4 a 15,3)] en relación al año 2013. Conclusiones. El %CNAR difiere por subsector, región y año de supervisión. En las SI las IPRESS supervisadas en ESSALUD, Lima Metropolitana y el año 2015, tuvieron mejores puntuaciones. Se sugiere la puesta en marcha de acciones orientadas a mejorar el %CNAR con el propósito de favorecer el ejercicio de los derechos en salud en el SSP. / Objectives. To describe the monitoring model of the Health Care Service Institutions (HCSI) of the National Health Authority (NHA) and assess the factors associated with risk-adjusted normative compliance (%RANC) within the Peruvian Health System (PHS). Materials and Methods. We carried out a case study of the experience of the NHA in the development and implementation of a monitoring program based on the ISO 31000-2009. With HCSI as the units of analysis, we calculated the %RANC (a scorein continuous scale ranging from 0 to 100) for comprehensive monitoring (CM) and for specific evaluations made from 2013 to 2015. A higher score in the %RANC means lower operational risk. Also, slope coefficients (β) and their 95% confidence intervals (95% CI) were estimated using generalized linear models to estimate the association between %RANC as outcome, and health subsector, region, level of care and year, as explanatory variables. Results. The NHA made 1444 evaluations. For CM, only the Social Security Administration had higher %RANC than private centers (β=7.7%; 95% CI 3.5 to 11.9). The HCSI of the coastal region (β=-5.2, 95% CI -9.4 to -1.0), andean region (β=-12.5; 95% CI -16.7 to -8.3) and jungle region (β=-12.6, 95% CI% -17.7 to -7.6) had lower %RANC than those located in Lima Metropolitan area. %RANC was higher in 2015 than 2013 (β=10.8; 95% CI 6.4 to 15.3). Conclusions. The %RANC differs by health subsector, region and year of supervision. For CM, the HCSI in the Social Security Administration and in the Lima Metropolitan area had better scores, and scores improved over time. The implementation of actions aimed at improving %RANC in order to foster the full exercise of health rights in the PHS is suggested. / Revisión por pares

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / Esta investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta constitucional del derecho a la salud, en el contexto de la reforma a la Constitución Política de la República de 1980, y teniendo como principal directriz el parámetro internacional que existe actualmente en la materia. La propuesta se realizó en base a los elementos comunes extraídos de una comparación constitucional que reunió doce textos constitucionales (tres europeas y nueve latinoamericanas), en su primera parte; un marco internacional que contempló instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en su segunda parte; y un análisis del concepto de derecho a la protección de la salud en la normativa constitucional chilena. El trabajo concluyó con la elaboración de la propuesta, enunciando los elementos considerados y su justificación.

El presente análisis de la sentencia N°2945-2003-AA/TC tiene como finalidad determinar si existe vulneración del derecho a la vida y la salud en caso el Ministerio de Salud no proporcione la cobertura médica total del tratamiento contra VIH/SIDA, a pacientes en situaciones de vulnerabilidad y extrema pobreza. Frente a ello, consideramos el derecho a la salud como un derecho fundamental y que merece atención prioritaria por parte del Estado a través del fomento de políticas sobre salud pública que asistan a las personas que padecen de esta enfermedad en especial de aquellas que atraviesen situaciones vulnerables. Por estas consideraciones y de la mano con la correspondiente doctrina y jurisprudencia nacional e internacional se desarrollan los siguientes puntos: el derecho a la salud y su indesligable relación con el derecho a la vida, el principio de dignidad de la persona, los derechos sociales y económicos, el Estado social y democrático de derecho, el principio de progresividad y la salud pública y por último la eficiente ejecución del presupuesto de la república para poder salvaguardar los derechos de la población.

En el contexto peruano, existen numerosos casos sobre contaminación por metales pesados en el territorio de pueblos indígenas. Esto ha ocasionado un deterioro de su hábitat, su territorio, grave afectación a sus recursos naturales, su salud, en otros. A pesar de que estos casos han llegado a judicializarse, no ha existido un reconocimiento del derecho a la salud ambiental, desde un enfoque del pluralismo jurídico. El objetivo de este artículo es ser una aproximación hacia un posible y necesario reconocimiento del derecho a la salud ambiental con el fin de que se efectivice este derecho de los pueblos indígenas. Es evidente que este derecho abarca otros factores, pero el presente artículo se ha centrado en analizar desde el contexto de los pueblos indígenas. Para ello, se analiza los antecedentes de la protección del derecho al medio ambiente en el marco nacional e internacional de los pueblos indígenas tomando como referencia el trabajo de diversos autores sobre este tema desde una perspectiva histórica. Posteriormente, se realiza un análisis del contenido esencial, y desarrollo de la jurisprudencia sobre el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente, para finalmente desarrollar cuál sería el contenido esencial del derecho a la salud ambiental. En el último capítulo, se expone el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas a fin de comprender las implicancias que hubiese tenido el reconocimiento de este derecho. El análisis de este trabajo tiene como conclusión principal que, en nuestro contexto, es necesario el reconocimiento de este derecho desde un enfoque del pluralismo jurídico; no obstante, es necesario seguir debatiendo el tema. / On the peruvian context, the majority of indigenous people have a several problems, because the contamination in their territory for extractivism industry. The consequences are degradation of their habitat, their natural resources and their healthy. Despite the fact that these cases have been brought to justice, there has been no recognition of the right to environmental health, from a perspective of legal pluralism. The objective of this article is to be an approach towards a possible and necessary recognition of the right to environmental health in order to make this right of indigenous peoples effective. The environmental health comprises other factors, but this article has focused on analyzing it from the perspective of indigenous people. To do this, It is necessary to analyze the antecedents of the protection of the environment right in the case of indigenous peoples in the national and international framework, taking as a reference the work of various authors on this subject from a historical perspective. Subsequently, the analysis of the essential content and development of the jurisprudence on the health right and the environment right, to finally develop what would be the essential content of the right to environmental health. The last chapter presents the case of the Tres Islas Native Community in order to understand the implications that the recognition of this right have had. The analysis of this work has as its main conclusion that, in our context, it is necessary to recognize this right from a legal pluralism approach; however, it is necessary to continue debating.

El objetivo principal de este trabajo de investigación es demostrar que el Estado peruano vulnera el derecho a la salud de las personas con PTP, solicitantes de la condición de refugiado y personas en situación de irregularidad, debido a que no cuentan con acceso al SIS. La metodología para alcanzar este objetivo se basa, principalmente, en aplicar un análisis dogmático, sistemático y teleológico de la normativa nacional e internacional; así como también la revisión de doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. Este trabajo inicia identificando el derecho a la salud como un derecho humano por los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y conociendo el uso correcto de los términos de la migración internacional. En la segunda parte, se identificará el reconocimiento del derecho a la salud y el sistema migratorio en el cuerpo normativo peruano. Además, se conocerá la organización y estructura del sistema de salud peruano, con la intención de entender por qué el SIS es el servicio de salud al que las personas de los grupos objetivos deben tener acceso. La tercera parte tiene como enfoque principal exponer cómo el Estado peruano vulnera el derecho a la salud de las personas migrantes mediante la violación de los estándares de igualdad y no discriminación; disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; y acceso a medicamentos esenciales, a través de barreras que no permiten a los grupos objetivos acceder a servicios brindados por el SIS.

El presente trabajo de investigación busca analizar la procedencia de la demanda de cumplimiento en aquellos casos en los cuales la acción o inacción de terceros termine por afectar el derecho a la salud y al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. El análisis nace de la hipótesis de que la Demanda de Cumplimiento presentada por pobladores de La Oroya que trajo como resultado la Sentencia del Tribunal Constitucional 2002-2016-AC, no fue la vía idónea para proteger sus derechos pues existen otros recursos constitucionales que hubieran logrado mejor dicho objetivo. La relevancia del presente análisis se centra en la protección efectiva e idónea de derechos constitucionales, mediante la vía adecuada y en aprovechamiento de las instituciones existentes. En este análisis se trabaja desde la perspectiva del derecho constitucional y ambiental, particularmente a partir de la propuesta de Roberto Alexy, Victor Abramovich y Christian Courtis. Se concluye que la vía idónea para proteger los dos derechos citados y en el caso particular mencionado, es la Acción de Amparo pues a diferencia de le Demanda de Cumplimiento que solo puede obligar a los funcionarios renuentes del Ministerio de Salud a cumplir con sus funciones, esta puede obligar a la empresa causante del daño ambiental (y en consecuencia del daño a la salud) a ejecutar acciones necesarias para parar los daños ocasionados a los pobladores y al medio ambiente.

La presente investigación tiene como finalidad analizar la problemática de Keytruda, un medicamento que ha venido demostrando tener grandes beneficios para el tratamiento de diversos tipos de cáncer pero que lamentablemente no es de fácil acceso debido a su poca disponibilidad y elevado precio. Sobre el particular, el objetivo consta en brindar una solución de índole jurídica que involucre la implementación de una política pública cuya finalidad última sea tutelar el derecho a la salud y privilegiar el interés público existente en el presente caso. Para lograr ello, resulta pertinente realizar un test de ponderación que plantee conciliar esta necesidad con los derechos de exclusiva otorgados a Merck Sharp & Dohme (MSD), quien es el titular de la respectiva patente. En ese sentido, el análisis propuesto busca a proponer al sistema de licencias obligatorias como la vía más adecuada para solucionar la problemática planteada. Así, nuestra propuesta no solamente está diseñada para brindar una salida al conflicto en cuestión, sino que también posee una vocación de servir como una alternativa válida ante el actual contexto de los elevados costos que tienen los tratamientos oncológicos. / The purpose of this research is to analyze the problems of Keytruda, a drug that has been shown to have great benefits for the treatment of various types of cancer but that unfortunately is not easily accessible due to its low availability and high price. In this regard, the objective is to provide a legal solution that involves the implementation of a public policy whose ultimate goal is to protect the right to health and give priority to the public interest in this case. In order to achieve this, it is pertinent to carry out a weighting test to reconcile this need with the exclusive rights granted to Merck Sharp & Dohme (MSD), which is the holder of the respective patent. In this sense, the proposed analysis seeks to propose the system of compulsory licenses as the most appropriate way to solve the problems raised. Thus, our proposal is not only designed to provide a solution to the conflict in question, but also has a vocation to serve as a valid alternative in the current context of high costs of cancer treatments.