Es momento que en el Perú dejemos de ver a los problemas y la suerte de los demás como cosa ajena. En una república de auténticos ciudadanos la patria es el otro, la participación política la clave del desarrollo y los deberes fundamentales la forma de concretizar una solidaridad que se nutre del bien común, la dignidad humana y la libertad individual. En esta investigación, el principal problema identificado, ha sido la ineficacia de las responsabilidades públicas que se da como consecuencia de: (i) la ausencia del desarrollo dogmático de la naturaleza de los deberes fundamentales en el marco de la Constitución; (ii) la inexistencia de un diseño institucional que logre materializarlos (políticas públicas y leyes); y, (iii) la falta de incentivos para que la ciudadanía perciba a los deberes como acciones cotidianas y no como actos heroicos u obligaciones en sentido estricto. Por tal motivo, planteo las bases doctrinarias, constitucionales, filosóficas y prácticas a efectos de lograr un ordenamiento jurídico en términos de deberes fundamentales. De esta manera, propongo un inédito sistema de puntajes de vinculación republicana que procura concretizar los deberes de las personas en el ámbito público y, de este modo, puedan comprenderse los mismos de manera sistémica, con mecanismos determinados para su realización, con una asignación de puntajes para lograr un control y registro de cumplimiento y, de tal modo, se puedan llevar a cabo a través de exigencias mínimas y de incentivos. Por ejemplo, a partir de este sistema, los deberes medioambientales podrían ser cumplidos mediante el reciclaje, el empleo de energía renovable, el uso de transporte sostenible, mejorando el entorno natural de otros seres vivos o conservando el medio ambiente a través de acciones participativas concretas. Dichos deberes positivos, diseñados de manera alternativa y a elección del ciudadano, tendrían puntajes fijos, una periodicidad determinada, una exigibilidad mínima y sanciones en caso de incumplimiento o recompensas si se superan los estándares básicos de republicanismo cívico. Dicho sistema, que tiene como cimiento el estudio de la dogmática jurídica, los antecedentes históricos, la jurisprudencia constitucional, la experiencia comparada y el desarrollo filosófico republicano de los deberes fundamentales, busca, en definitiva, generar mayor ciudadanía, poner en práctica la solidaridad y permitir la máxima eficacia tanto de los derechos como de los deberes fundamentales en el constitucionalismo contemporáneo, más aún en contextos como en el que nos encontramos.

El presente informe jurídico versa sobre el análisis de la Casación No. 4795-2018 en la cual se plantea la controversia respecto de la infracción normativa de la Norma III y Norma VIII del Código Tributario vinculada a la interpretación del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta toda vez que se incluyen a las comisiones por operaciones de financiamiento en el concepto de ‘interés’. En ese sentido, el análisis para dilucidar aquello se basa en comprender qué se entiende por fuentes del derecho, cómo se constituyen las fuentes del derecho tributario, cuáles son los métodos de interpretación jurídica, sus resultados y la aplicación de los mismos teniendo en cuenta el paradigma actual que es el Estado Constitucional de Derecho. / This legal report deals with the analysis of Cassation No. 4795-2018 in which the controversy arises regarding the normative infringement of Rule III and Rule VIII of the Tax Code related to the interpretation of Article 41 of the Income Tax Law since commissions for financing operations are included in the concept of 'interest'. In this sense, the analysis to elucidate this is based on understanding what is understood by sources of law, how the sources of tax law are constituted, which are the methods of legal interpretation, their results and their application considering the current paradigm which is the Constitutional State of Law.

La Administración Tributaria tiene el encargo de asegurar la recaudación de tributos. Para cumplir tal fin se encuentra dotada de la facultad sancionadora que busca evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los ciudadanos. En el caso de SUNAT debe imponer, entre otras sanciones, las multas o, sustituir la sanción de cierre de establecimiento por multa cumpliendo así su objetivo: ser un mecanismo disuasivo destinado a cumplir una función preventiva antes que recaudatoria. ¿El ejercicio de la facultad sancionadora de SUNAT se efectúa acorde a los principios constitucionales que garantizan el ejercicio del poder sancionador del Estado?. ¿El Tribunal Fiscal, como máxima instancia administrativa en el ámbito sancionador tributario, ejerce el control sobre la actuación de la Administración a la luz de los principios constitucionales que garantizan la potestad administrativa sancionadora del Estado.? Entendemos que no hay una aplicación uniforme de los principios por parte de los actores tributarios en los roles que les corresponden cumplir. Demostraremos que la Administración, en el ejercicio de su facultad discrecional, aplica criterios disonantes con los principios constitucionales de Proporcionalidad y de Interdicción de la Arbitrariedad en el ejercicio de su facultad sancionadora. Asimismo, la Administración, en cumplimiento de ciertas normas, como la que regula la determinación objetiva de la infracción (artículo 165 del Código Tributario) y aquella que no reconoce la retroactividad benigna en materia sancionadora tributaria (artículo 168º del Código Tributario) vulnera los Principios de Culpabilidad y de Retroactividad de las Normas Sancionadoras Favorables. Por su parte, el Tribunal Fiscal, al emitir resoluciones de observancia obligatoria, exime de motivación a la Administración no incorpora en su razonamiento el Principio de Legalidad , Tipicidad e Interdicción a la Arbitrariedad. En un Estado Constitucional y Democrático urge que el ejercicio de la facultad sancionadora se desarrolle respetando los derechos fundamentales de la persona en tanto ella es el fin supremo de la sociedad, lo que sin duda se garantizará respetando los límites impuestos por el Principio de Legalidad, Reserva de Ley, Tipicidad, Retroactividad de las normas sancionadoras favorables, Culpabilidad, Interdicción de la Arbitrariedad de los Poderes Públicos y Proporcionalidad.

El objetivo general de la presente investigación es el estudio de las fuentes ideológicas y modelos políticos jurídicos que han influido en la formación del pensamiento constitucional en la conservación o cambio de las constituciones peruanas principalmente del siglo XX. La metodología empleada se ha basado en el estudio comparativo del pensamiento constitucional del siglo XX y el análisis sistemático de sus fuentes, modelo y especificaciones. El resultado más importante es que el pensamiento constitucional de predominio liberal influyó en la conservación o cambio de los textos constitucionales en relación con las corrientes doctrinarias y las tendencias relevantes al uso en el Perú del siglo XX. En los inicios y durante el siglo XX se tuvo al liberalismo, influyendo además el pensamiento modernizador e identitario, desembocando este último en la primacía por lo económico. A finales del siglo XX se gestó el neoliberalismo cuyo espíritu se vio plasmado en la Constitución de 1993. El escenario histórico del Perú durante el siglo XX inspiró el pensamiento constitucional para proponer un modelo político, económico, de participación ciudadana, de descentralización y regionalización. El antecedente ideológico se encuentra en las corrientes liberales que llegaron al Perú del siglo XVIII. Este jugó un rol importante para la libertad de imprenta y la difusión de las ideas favorables a la emancipación. El pensamiento constitucional liberal influyó en el desarrollo de las constituciones en el Perú del Siglo XX. Las cartas políticas de 1920, 1933, 1979 y 1993 tienen diferencias en cuanto a cómo integrar, gobernar y orientar el desarrollo en el Perú, pero el liberalismo será siempre la fuente de inspiración, pero en interpretaciones más abiertas la participación, la inclusión y la distribución en una carta y no proclives a un conservadurismo tanto en lo político como en lo económico. Para las exigencias del siglo XXI configuran demandas que llevan a la búsqueda de nuevas fuentes que inevitablemente se exponen en una constitución nueva.

No cabe duda que una de las actividades más importantes en el quehacer de los juristas, sobre todo en el contexto de sociedades cada vez más complejas y con múltiples problemas y necesidades, como es el caso de las sociedades contemporáneas, radica en la interpretación jurídica. Esta actividad, consistente en términos generales, en la operación intelectual en virtud de la cual se adscribe o se otorga un contenido o significado a aquellas normas que regulan los distintos ámbitos de la sociedad, es justamente la que permite concretizar tales normas en la realidad y otorgar respuestas frente a las situaciones o problemas planteados por las distintas circunstancias históricas, sociales y políticas. En otras palabras, es a través de la interpretación jurídica como se pone de manifiesto la naturaleza dinámica e instrumental del Derecho, en tanto permite que este se adapte a los distintos desafíos que la realidad le presenta. Dentro del contexto de la interpretación jurídica, cobra a su vez especial relevancia la interpretación constitucional, en la medida en que en el contexto del Estado Constitucional de Derecho se concibe a la Constitución como norma jurídica suprema, en la que se encuentran establecidos los derechos fundamentales de los ciudadanos y el reparto de competencias de las autoridades estatales, así como los principios y valores que informan todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es entonces, tanto lex legis, es decir, la ley de leyes, la norma que ostenta la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, comonorma normarum, es decir, la norma que regula las formas de producción de las distintas fuentes de Derecho presentes dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, a efectos de hacer valer la particular importancia que ostenta la Constitución, los valores y principios en ella contenidos deben ser adecuadamente interpretados y ser tenidos en cuenta por los operadores del Derecho. Como lo explicaremos más adelante, la interpretación constitucional, ya sea tanto por la norma que constituye el objeto de su actividad como por los sujetos que la realizan, presenta determinadas particularidades frente a la interpretación jurídico clásica y se rige por determinados principios, siendo uno de tales principios el principio de interpretación conforme a la Constitución.

La tesis estudia la relación entre el diseño de la ingeniería constitucional de 1993 y la debilidad de los partidos políticos en el Perú entre el 2001 y 2016. La justificación de esta investigación se encuentra en cuanto tradicionalmente la debilidad partidista es explicada por factores psicológico y culturales de los líderes partidarios, como el caudillismo y personalismo o el financiamiento de la actividad partidaria por fuentes opacas o ilícitas; no obstante, nosotros encontramos que la debilidad de los partidos en el periodo analizado es efecto del diseño del sistema de representación política establecido en la Constitución de 1993. La tesis identifica los elementos del diseño de la ingeniería constitucional de 1993 que causan la debilidad institucional de los partidos políticos en el periodo 2001-2016, en un contexto de elecciones competitivas, así como la relación que desarrollan los grupos de poder económico y los partidos en este tipo de sistema político. Los supuestos teóricos en los que se basa la investigación se ubican en los desarrollados propuestos principalmente por Sartori, el cual concibe la constitución como una ingeniería institucional de estructuras basadas en producir incentivos, los cuales determinan el comportamiento de las instituciones políticas. También hemos tomado los estudios de Nohlen y Lijphart, que nos permiten apreciar los efectos que producen los sistemas electorales en los partidos políticos de un país. La investigación constituye un estudio del sistema político de enfoque cualitativo respecto de las instituciones que conforman el sistema de representación establecido en la ingeniería constitucional de 1993 y los efectos que producen en el tipo de institucionalidad política del Perú en el periodo analizado. De modo que encontramos evidencia de como dicha ingeniería constitucional bloquea el proceso de institucionalización de los partidos, al impedir la consolidación de partidos con una organización de base territorial nacional, así como el desarrollo de relación fuerte entre representante-representado, indispensables para la formación en un mediano plazo de un sistema de partidos políticos. Finalmente, encontramos como la ingeniería institucional de 1993 facilita la captura de la política económica peruana por parte de los grupos de presión corporativos y el consecuente incremento de la concentración económica en Perú en el periodo analizado. / Tesis

El presente informe jurídico tiene como objetivo realizar un análisis acerca de la sentencia N° 778/2020, emitido por el Tribunal Constitucional, a la luz de la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, ante el menoscabo de sus competencias, contra el Congreso de la República, quien, en aplicación a sus atribuciones constitucionales, intentó, en un primer momento, vacar del cargo al presidente de la República y, en un segundo momento, logró dicho objetivo. Esta sentencia representa una oportunidad para lograr un análisis acerca de la institución de la vacancia presidencial bajo la causal de la permanente incapacidad moral, la cual, en los últimos años, ha sido constantemente mencionada y utilizada, sin detenerse a determinar su contenido de una manera tal, que sea de ayuda a la continuidad política y social del país. Para ello, se analizan los principales conceptos que el caso amerita como la permanente incapacidad moral y la vacancia presidencial, así como determinar si existe una garantía procedimental para, finalmente, desarrollar un análisis acerca de la sentencia en estricto, precisando, las consecuencias que ha traído la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral en nuestro país en la búsqueda de concientizar a la opinión pública acerca de la relevancia de esta figura y, de esa manera, pueda concluirse en un uso adecuado de la institución jurídica de la vacancia presidencial siempre considerando el bienestar institucional y jurídico del país.

El presente informe jurídico tiene objetivo general realizar un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03343-2007-PA/TC, en el que se resolvió la demanda de amparo interpuesta por el señor Jaime Hans Bustamante contra Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú, Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, Petrobras Energía Perú S.A y el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, en el presente informe se realiza una revisión doctrinaria, jurisprudencial y legislativa con la finalidad de repensar la controversia discutida en dicha sentencia. Al respecto, en el presente documento se concluye que la demanda de amparo interpuesta debió ser declarada improcedente por la configuración de la sustracción de la materia; sin perjuicio de la evaluación a cargo del juez constitucional sobre la necesidad de emitir un pronunciamiento en atención al carácter objetivo del proceso de Amparo. Asimismo, también se concluye que a la controversia bajo análisis le subyace un conflicto constitucional entre la libertad de empresa y el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; de tal manera que, su conciliación debe realizarse en el marco del principio constitucional de desarrollo sostenible. Finalmente, en el presente informe se concluye que la inexistencia del Plan Maestro del ACR Cordillera escalera no es un impedimento para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos al interior de esta área; de modo que, los derechos preexistentes de los titulares debían ser respetados

El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con la Constitución, son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo. Para dar cumplimiento a ambos mandatos constitucionales, se constituyeron órganos públicos y se desarrolló un amplio marco normativo. Desde 2005, el Ministerio de la Producción, en su calidad del organismo competente del subsector pesca, enfrentó procesos judiciales que menoscababan las mencionadas atribuciones constitucionales que viene ejerciendo sobre los recursos hidrobiológicos desde su creación. En el presente informe analizaremos los alcances de la sentencia, por medio de la cual, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por haber menoscabado sus atribuciones constitucionales a través de una interpretación institucional, subyacente en las resoluciones judiciales mencionadas, mediante las cuales se le ordenaba al Ministerio de la Producción otorgar títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos o se revocaban resoluciones administrativas que los habían denegado, pese a que habían sido emitidas en el marco de sus atribuciones, contemplando los mandatos constitucionales

El presente estudio parte de la hipótesis de la existencia de ambigüedades en el Sistema de Gobierno y que esto se traduce en constantes crisis políticas, que en la mayoría de los casos han llevado a la ruptura del orden Constitucional, siendo la consecuencia la débil Institucionalidad Política del país. El sistema de gobierno peruano es una consecuencia de trasplantes de los modelos parlamentario y presidencial, su inserción, en lugar de fusionarse o complementarse, han producido incompatibilidades y desfases desencadenando crisis como la del año 2019, con la disolución del parlamento, produciéndose una penumbra, que el Tribunal Constitucional, no ha dado mayores argumentos para solventar esta circunstancia. Este texto tiene el objetivo identificar las incompatibilidades en el modelo peruano de la implantación del Sistema Presidencial y Parlamentario de Gobierno, como se manifiesta en la noción de la Soberanía y la lógica del Gobierno Representativo en el Perú. Sean sistemas Republicanos democráticos o monárquicos Constitucionales, como el Norteamericano o el Inglés, existe una consonancia entre las funciones de Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, o la renovación en distintos momentos, tanto del ejecutivo y el parlamento, permitiendo que las instituciones reaccionen oportunamente ante crisis políticas, como el cierre del parlamento en 2019. Si bien el Perú es un Estado Unitario, hay que tener en cuenta, las experiencias analizadas, donde garantizan la participación de las unidades territoriales descentralizadas en la toma de decisiones, a nivel central. Tenemos que, el sistema representativo en Alemania y Francia, con cámaras de representación nacional y regional, posibilita que las regiones participen en la toma de decisiones a nivel de Gobierno central. Finalmente con esta investigación se ha expuesto que la introducción de implantes, han producido cortos circuitos a nuestro sistema de gobierno, que si bien, no resuelve estos antagonismos, se expone de manera concisa los elementos que consideramos, esenciales para que un modelo de gobierno sea estable en el tiempo.