En un primer momento tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema brindaron una tutela resarcitoria a favor del personal de dirección y trabajadores de confianza, cuando estos fueron removidos de sus cargos por la causal de pérdida de confianza; sin embargo, dicha decisión en el tiempo fue cambiando y hoy en día se estableció que el retiro de confianza es una causal válida de extinción del vínculo laboral y el no pago de indemnización por despido arbitrario. En la presente investigación se determina que, en ejercicio del derecho a la libertad de empresa en su manifestación de libertad de organización y gestión, regulado en el artículo 59° de la Constitución, y por el principio de libre revocabilidad de gerentes de una Sociedad previsto en el artículo 187° de la LGS, no corresponde el pago de indemnización por despido arbitrario, en caso que los gerentes sean removidos de sus cargos por la causal de retiro de confianza. Para ello, se utiliza los enfoques metodológicos de Argumentación Jurídica Constitucional, Argumentación Jurídica y el Método Jurisprudencial. Así, se puede concluir que las empresas societarias que se rigen bajo las normas de la Ley General de Sociedades, están habilitadas para contratar gerentes bajo el procedimiento especial establecido en la misma legislación societaria y además de removerlos de sus cargos en cualquier momento por la causal de pérdida de confianza, conforme se advierte del artículo 187° de la norma en mención

En el mes de abril del año 2016 se emitió la ley número 30425, ley que modificaba el sistema privado de pensiones a través del cual se dio nacimiento a derechos muy aceptados pero discutible desde el ámbito jurídico y económico, posteriormente mediante ley número 30478 se realizaron determinadas precisiones a la primera ley modificatoria. Dentro de las modificatorias introducidas a la ley del sistema privado de pensiones se estableció que todo ciudadano tenía derecho al uso de hasta el 25% de los fondos de sus cuentas individuales de capitalización para la compra de un primer inmueble y a la libre disposición de sus aportes hasta en un 95.5% una vez el aportante haya cumplido la edad de jubilación. Estos dos nuevos derechos reconocidos al afiliado es materia de investigación en el presente trabajo. Desde el ámbito jurídico el reconocimiento de estos dos derechos motivo a que me avocara a investigar, qué derechos debe de prevalecer en el derecho a la pensión; el derecho a la propiedad entre otros, por sobre el derecho a la seguridad social, o lo contrario. La finalidad de la presente investigación es analizar y determinar qué derechos prevalecen en el derecho a la pensión. Se analiza desde el ámbito dogmático, la doctrina, jurisprudencia y normas correlacionadas al tema de investigación. Esta investigación se encuentra justificada desde la perspectiva de si las últimas reformas llevadas a cabo son erradas; a largo plazo podrían conllevar el surgimiento de diversos problemas dentro del sistema de pensiones debido a una probable desnaturalización del Sistema Privado de Pensiones. Una respuesta técnico jurídico ayudara a esclarecer esta disyuntiva y así mismo orientara a probables alternativas de solución más adecuadas. El objetivo del trabajo es analizar y determinar si el derecho a disponer de los fondos de la cuenta individual de capitalización sea para la compra de un primer inmueble o hacer un uso libre de los fondos; vulnera o no el derecho a la pensión y los derechos conexos a este, como lo son el derecho a la seguridad social, la garantía constitucional de intangibilidad de los fondos de seguridad social para finalmente llegar a determinar si existe una desnaturalización o no del sistema privado de pensiones; para ello se uso como método de investigación el método dogmatico.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar que la contratación a tiempo parcial, pese a las presuntas ventajas que supone para el empresario, determinadas principalmente por su bajo costo laboral y la posibilidad de adecuar la mano de obra a las necesidades empresariales propias de la organización, no ha alcanzado las dimensiones esperadas en cuanto a su uso, ni tampoco ha tenido un impacto significativo en la formalización del empleo en nuestro país, habiendo terminado por precarizar el empleo y en muchos casos nos encontraríamos, bajo su sombra, ante un subempleo visible. Para ello, el presente trabajo ha tomado como un importante insumo algunos datos estadísticos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; habiendo empleado para su desarrollo y estructuración los métodos de argumentación jurídica, descriptivo y comparado. De este modo, se evidencia que no ha habido un impacto significativo en el uso de la contratación a tiempo parcial por parte del empresariado peruano, más aún si se tiene en cuenta que en realidades socioeconómicas medianamente similares, como la chilena y la colombiana, este mecanismo de contratación laboral es hasta casi cuatro veces más utilizado. En dicho escenario consideramos que el régimen de la contratación a tiempo parcial debe ser puesto en perspectiva y reconducirse hacia los colectivos que presentan mayores dificultades para el acceso al mercado laboral formal, utilizándose como una herramienta de política pública focalizada para promover la inserción laboral de jóvenes recién egresados de escuelas de educación secundaria, jóvenes estudiantes de carreras técnicas o universitarias, personas a cargo de responsabilidades domésticas y adultos mayores próximos a alcanzar la edad que les permita obtener una pensión de jubilación.

La presente tesis propone la exoneración del período de prueba de los trabajadores que fueron contratados luego de superar una etapa de capacitación impartido por sus futuros empleadores. Ello en base a la aplicación de los principios del derecho laboral, específicamente de los principios de buena fe, razonabilidad y primacía de la realidad. Para lo cual, partimos de la premisa que la finalidad del período de prueba ya se habría cumplido durante la capacitación, es decir, que el empleador, a lo largo de la capacitación y las evaluaciones al cabo de ésta, tomó conocimiento de la aptitud del trabajador que decidió contratar para desempeñar un puesto específico, con lo cual se ha configurado la razón de ser del período de prueba y resultaría innecesario someter al trabajador a una nueva evaluación sobre su idoneidad para el puesto. En consecuencia, en caso de pactar en el contrato de trabajo un período de prueba, a pesar de que el empleador haya capacitado y evaluado al postulante antes de la suscripción del contrato de trabajo, se produciría la desnaturalización del mismo. En este sentido, primer capítulo describiremos y delimitaremos la naturaleza de los períodos de capacitación como compromiso futuro de contratación; efectuaremos una descripción general de los tipos de capacitación existentes en el mercado laboral peruano y la regulación legal de cada uno de ellos, a fin de delimitar las circunstancias que cuentan con una regulación legal en materia laboral y aquellas a las que serían aplicables otras instituciones de carácter civil. Finalmente, nos ocuparemos de la regulación legal que el período de prueba tiene en nuestro país, así como identificaremos su finalidad. En el segundo capítulo se analizará la razón de ser de los principios del derecho laboral, con la finalidad de delimitar su naturaleza tuitiva así como el ámbito de su aplicación; del mismo modo, daremos a conocer nuestra posición sobre la aplicación de éstos últimos a los períodos de prueba en contextos de contratación de personal por parte de empresas que efectuaron la capacitación y evaluación a sus postulantes antes de la suscripción del contrato de trabajo. Finalmente, en el último capítulo describiremos la tendencia en el tratamiento de las tratativas previas a la suscripción del contrato de trabajo; así mismo, desarrollaremos un caso práctico ocurrido en nuestro país, analizando el criterio adoptado por el magistrado al resolver el caso; y proponiendo la forma de aplicación de los principios del derecho del trabajo que consideramos conveniente.

El presente trabajo académico tiene como propósito realizar un análisis crítico y empírico sobre la falta de regulación de los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias distintas al despido. Bajo este enfoque, se analiza la naturaleza de la amonestación escrita y la suspensión sin goce de haberes como principales medidas disciplinarias impuestas por el empleador para sancionar a los trabajadores, las cuales no cuentan con un procedimiento regulado por ley a diferencia del despido por causa justa. De esta manera, se evidencia una necesidad de regulación ante la posible afectación del derecho a la defensa, que se acredita toda vez que los empleadores no establecen un procedimiento para que los trabajadores emitan sus descargos luego de recibir una imputación por la presunta comisión de una infracción o falta que contraviene una obligación en el marco de la relación laboral. El presente trabajo resalta la necesidad de regular este vacío legislativo a partir de las experiencias de los trabajadores en el Perú, así como el tratamiento normativo en el Derecho Comparado. Por tales motivos, ante la ausencia de la regulación en el Perú, se propone una propuesta legislativa para garantizar el derecho a la defensa en los procedimientos de sanciones disciplinarias distintas al despido. / The purpose of this academic work is to make a critical and empirical analysis of the lack of regulation of procedures to impose disciplinary sanctions other than dismissal. Under this approach, the nature of written reprimands and suspension without pay are analyzed as the main disciplinary measures imposed by the employer to punish employees, which do not have a procedure regulated by law unlike dismissal for just cause. In this way, a need for regulation is evident in the face of the possible impact on the right to defense, which is proven every time that employers do not establish a procedure for employees to issue their defenses after receiving an accusation for the alleged commission of a crime. infraction or fault that contravenes an obligation within the framework of the employment relationship. This work highlights the need to regulate this legislative vacuum based on the experiences of employees in Peru, as well as the regulatory treatment in Comparative Law. For these reasons, in the absence of regulation in Peru, a legislative proposal is proposed to guarantee the right to defense in disciplinary sanction procedures other than dismissal. / Trabajo académico

El presente artículo busca abordar la respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuándo se justifica el pago de indemnizaciones en la etapa formativa del contrato de trabajo? Para ello, nos remitimos a la legislación prevista en el Código Civil peruano, que es aplicable supletoriamente al ordenamiento laboral. Así, siguiendo las normas civiles, llegamos a la conclusión que corresponde otorgar indemnizaciones en la etapa formativa del contrato de trabajo, en los casos en los cuales, además de producirse un daño, se incumplen los deberes que rigen la etapa formativa, tales como el deber de diligencia, deber de información, deber de protección, deber general de no causar daños y el deber de negociar de buena fe, generando un alto grado de confianza en este último caso. De otro lado, también se justifica el pago de indemnizaciones en los casos en los que, no existiendo aún un vínculo de naturaleza laboral, se incumpla un acuerdo de naturaleza civil. Consideramos que resulta necesario abordar este tema en la medida en que las situaciones jurídicas laborales que se presentan en la práctica peruana vinculadas a la etapa formativa del contrato laboral son frecuentes. Sin embargo, hasta la fecha ni la doctrina ni la jurisprudencia peruana se han ocupado del tema. De allí la relevancia de la presente investigación que ensaya respuestas a muchas de las interrogantes que se presentan en el día a día

El presente informe analiza si el mecanismo de protección otorgado por la Sala frente a un caso de nulidad de despido por embarazo cumple con los parámetros legales, constitucionales y convencionales dirigidos a proteger a la maternidad y sus efectos. Ello teniendo en cuenta que la Sala, a través del planteamiento de doctrina jurisprudencial y la aplicación modificada de un precedente usado para casos de despidos incausados (precedente Huatuco) pretende brindar dicha protección. En dicho análisis se ha tomado en consideración el marco de protección internacional que se otorga al fuero maternal, a fin de que –a través de desarrollos normativos avanzados– se pueda comprender la relevancia de dicha protección. Frente a ese hecho, se evidencia una falta de conciencia social respecto a una discriminación histórica y estructural que, dejando de lado también los estándares internacionales, no ha sido considerada en el análisis de la Sala, generando así una serie de afectaciones a los derechos fundamentales de la trabajadora afectada. Dicha situación se agrava al notar que es a través de las instituciones del Estado que se genera dicha vulneración, olvidando así el rol de garante del Estado frente al goce efectivo de los derechos fundamentales que tiene este y generando una carencia de tutela a la trabajadora afectada

Una diversidad normativa de los regímenes laborales que existe en el empleo público y las posturas asumidas en la jurisprudencia nacional, al resolver los casos de desnaturalización de las órdenes de servicio (locadores de servicios) e ineficacia de los contratos administrativos de servicio en el ámbito del empleo público vemos que los servidores públicos tienen menor protección laboral respecto a la reposición laboral (efecto restitutorio) que el ámbito privado sí reconoce. Como comentario crítico, presento algunos criterios empleados en nuestra justicia jurisdiccional con relación a la reposición laboral, a fin de analizar si los órganos jurisdiccionales, como garantes de la justicia, orientan sus decisiones hacia la protección del derecho al trabajo, en base al o primacía de la realidad, o de resguardar los intereses del Estado (en términos presupuestarios). Aquello se denota con mayor claridad con la Sentencia del TC recaído en el Expediente N.° 002-2010-PI/TC que declara al régimen CAS como un régimen laboral especial o el Precedente Huatuco, para pasar desapercibido la existente y evidente relación laboral, sin importar la necesidad de aplicar control difuso para administrar justicia, aspecto que limita la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, pareciera que el Estado tiene “patente de corso” para afectar derechos constitucionales, so pretexto del presupuesto público. Por tanto, el objetivo del presente artículo es focalizar la postura de la reposición laboral en el sector público, como consecuencia de la existencia de una estabilidad laboral que no debe perderse si planteamos la defensa del derecho del trabajo en aplicación de los principios laborales, en especial el principio de primacía de la realidad. / A normative diversity of labor regimes that exists in public employment and the positions assumed in national jurisprudence, when resolving cases of denaturalization of service orders (service providers) and ineffectiveness of administrative service contracts in the field of public employment we see that public servants have less labor protection with respect to job replacement (restitution effect) that the private sector does recognize. As a critical comment, I present some criteria used in our jurisdictional justice in relation to job replacement, in order to analyze whether the jurisdictional bodies, as guarantors of justice, orient their decisions towards the protection of the right to work, based on or primacy reality, or to protect the interests of the State (in budgetary terms). This is more clearly denoted by the Judgment of the TC relapsed in File No. 002- 2010-PI / TC that declares the CAS regime as a special labor regime or the Huatuco Precedent, to go unnoticed the existing and evident labor relationship, regardless of the need to apply diffuse control to administer justice, an aspect that limits effective judicial protection. In other words, it seems that the State has a "marque certificate" to affect constitutional rights, under the pretext of the public budget. Therefore, the objective of this article is to focus the position of job replacement in the public sector, as a consequence of the existence of a job stability that should not be lost if we propose the defense of labor law in application of labor principles, in special the principle of primacy of reality. / Trabajo académico

Con la entrada en vigencia de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se establecieron diversas disposiciones para garantizar la seguridad y salud en todos los ambientes de trabajo. Estos dispositivos normativos generaron que se otorgue la importancia debida a un campo tan sensible como es la vigilancia de la salud de los trabajadores.

En el presente trabajo se analiza sobre la necesidad de reducir derechos laborales de cara a la búsqueda de la formalización de las empresas y promover el empleo. De este modo, la cuestión principal de este trabajo gira en torno a los límites que deberán tomar en cuenta nuestros legisladores al momento de querer plantear un régimen laboral promocional, tanto desde una perspectiva jurídico – constitucional como empírica. La conclusión final es que, no siempre es necesaria la reducción de derechos laborales, pues existen otras alternativas a través de las cuales podemos lograr competitividad y productividad laboral sin perder la calidad en el empleo, esto es, respetar el trabajo decente.