La circulación de trabajadores al interior de los grupos de empresas desde la perspectiva jurídica goza de trascendencia, actualidad, y a su vez de complejidad debido a la ausencia de normas legales de carácter laboral; de ahí que, por cuestiones de tiempo y sobre todo de dificultad de la temática el presente trabajo de investigación estará circunscrito a estudiar la cesión temporal como mecanismo de circulación de trabajadores al interior de los grupos de empresa nacionales y los derechos que deberían tener garantizados los trabajadores que son objeto de dicha cesión temporal. Al respecto, se ha decidido realizar un estudio del derecho a la antigüedad y el tiempo efectivo de servicio; el derecho de retorno a la empresa cedente; el derecho de conservación de remuneraciones y derechos laborales más beneficiosos de origen contractual que se perciben en la empresa de origen – cedente; y el derecho de adquisición de remuneraciones y derechos laborales más ventajosos de origen contractual que se vienen otorgando en la empresa de destino o cesionaria. Estando al estudio realizado debemos apuntar que, las principales conclusiones a las cuales se ha podido arribar giran en torno a confirman que los trabajadores objeto de cesión temporal son titulares de todos los derechos estudiados y analizados en la presente investigación; en tal sentido, es importante culminar comentando que dichas conclusiones a las cuales se han arribado han sido producto del estudio y reflexión realizada de la doctrina jurisprudencial y científica y de determinados principios rectores del Derecho del trabajo

El presente trabajo académico versa sobre el análisis de la protección de los sujetos laborales protegidos en la Constitución, y su compatibilidad con el periodo de prueba dentro de las relaciones laborales, por ello el enfoque del estudio del tema radica en la necesidad de determinar la importancia de ponderar el derecho de la libertad de empresa en aplicación del periodo de prueba y la estabilidad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido, en conjunto con el derecho al trabajo. Así, para tal efecto, el punto de partida es conocer las principales características que determinan la situación de vulnerabilidad de los tres sujetos laborales, a fin de optar por una protección reforzada, partiendo de la noción legal del periodo de prueba regulada en nuestra legislación; para así terminar concluyendo la cuestión principal, mediante la creación o implementación de un procedimiento en la relación laboral que permita al empleador motivar la no superación del periodo de prueba, a efectos de no incurrir en la arbitrariedad del despido aplicados a los sujetos laborales protegidos por la Constitución, cuyo objeto radicaría en el libre ejercicio de su derecho al trabajo sin que medie cualquier acto de discriminación en la primera fase de la relación laboral de parte del empleador.

El presente trabajo examina el contenido del principio de conservación de los negocios jurídicos, vinculándolo con el principio de continuidad en el derecho del trabajo. Así, un criterio de interpretación, que en el ámbito del derecho civil apunta a la subsistencia del negocio jurídico, en el marco del derecho laboral es objeto de un desarrollo particular con base al principio de continuidad, el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. Empero, el alcance que el Tribunal Constitucional (TC) confiere al derecho al trabajo resulta no solo inconsistente en sí mismo, sino contrario al esquema de protección frente al despido consagrado por múltiples ordenamientos cuyas constituciones consagran, igualmente, el derecho al trabajo. En términos generales, tales ordenamientos prevén que la afectación a este derecho determina una tutela resarcitoria, y no así restitutoria, a diferencia de lo que plantea el TC. A su vez, el TC obvia todo ejercicio de ponderación entre el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de empresa, a pesar de que este igualmente goza de reconocimiento constitucional. Seguidamente, analizamos el principio de continuidad en la regulación de los ceses colectivos, evidenciando que, en el derecho comparado, se reconoce al empleador la facultad extintiva de los contratos de trabajo, a diferencia de lo que opera en nuestro régimen, que traslada esa prerrogativa a la autoridad administrativa de trabajo, no obstante, su sistemática renuencia a aprobar las respectivas solicitudes. De ahí que se proponga una modificación constitucional estableciendo que tanto la extinción individual como colectiva del contrato de trabajo corresponden al ejercicio de la facultad de dirección del empleador, la cual de ejercerse de manera contraria al ordenamiento vigente dará lugar al pago de una indemnización legalmente fijada, mientras que reposición solo operará cuando el despido resulte lesivo de derechos fundamentales

En el presente informe, el autor analiza los problemas que se desprenden de los hechos señalados en la sentencia del Tribunal Constitucional. Entre estos, se encuentran la determinación del tipo de relación contractual existente entre la demandante y la entidad demandada, con énfasis en la dicotomía entre la contratación de naturaleza civil y laboral, y la existencia de un despido nulo, así como la delimitación de su tipología y posibles efectos ante una confusión o mal uso de la misma en la institución de la carga de la prueba. Para alcanzar el objetivo, se utilizan diversas fuentes doctrinarias, así como una pluralidad de instrumentos normativos, como la legislación nacional, la Constitución y el marco internacional referido a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Respecto de las conclusiones del trabajo, resulta posible afirmar la existencia de elementos de subordinación que acrediten la naturaleza laboral del contrato de la demandante; sin embargo, el análisis ofrecido en la sentencia es bastante acotado, toda vez que se limita a mencionar el elemento probatorio referido al horario de refrigerio, pero no desarrolla el nexo existente entre los hechos y el derecho ni brinda otros criterios para reforzar su postura. De igual forma, parece existir una confusión en las tipologías de despido nulo adscritas al caso, porque se determina la existencia de un despido discriminatorio por razón de sexo, a pesar de la existencia de regulación legislativa del despido por motivo de embarazo, lo cual deviene en efectos importantes en cargas probatorias. / In this report, the author analyses the problems arising from the facts stated in the judgment. Among these are the determination of the type of contractual relationship existing between the plaintiff and the defendant, with emphasis on the dichotomy between civil and labour contracting, and the existence of a null dismissal, as well as the delimitation of its typology and possible effects in the face of confusion or misuse in the institution of the burden of proof. In order to achieve this objective, various doctrinal sources are used, as well as a plurality of normative instruments, such as national legislation, the Constitution and the international framework referring to the Conventions of the International Labour Organisation. With regard to the conclusions of the work, it is possible to affirm the existence of elements of subordination that accredit the labour nature of the plaintiff's contract; however, the analysis offered in the judgement is quite limited, since it is limited to mentioning the evidentiary element referring to the refreshment schedule, but does not develop the existing link between the facts and the law, nor does it offer other criteria to reinforce its position. Similarly, there seems to be confusion in the typologies of null dismissal ascribed to the case, because it determines the existence of a discriminatory dismissal on grounds of sex, despite the existence of legislative regulation of dismissal on grounds of pregnancy, which results in significant effects on the burden of proof.

El vacío legal respecto a la regulación de los grupos de empresas ha desencadenado un escenario desprovisto de predictibilidad en las resoluciones judiciales frente a determinadas problemáticas que acontecen en el ámbito del derecho individual del trabajo. Debido a ello, resulta de imperiosa necesidad apoyarse en otras herramientas que nos provee nuestro ordenamiento jurídico a efectos de compensar la mencionada falta de regulación, de modo tal que se arribe a una decisión judicial o postura acorde a los cánones de un Estado Social de Derecho. Sin desmedro de ello, cabe acotar que lo anterior constituye una medida inmediata frente al contexto actual, siendo que la propuesta idónea de solución consiste en una regulación especial sobre la materia. Por otro lado, con este trabajo académico se han identificado tres desafíos recurrentes en torno a los grupos de empresas que están vinculados con el derecho individual del trabajo, siendo estos los siguientes: (i) la identificación del empleador en el grupo de empresas y la posibilidad de imputación de responsabilidad; (ii) la protección del trabajador frente al cambio de titular en la empresa en el supuesto de transmisión de empresas; y, (iii) la afectación a la estabilidad laboral y la disminución de beneficios sociales debido a la circulación de trabajadores entre las empresas del grupo.

La presente investigación parte del análisis de la causa objetiva de terminación colectiva de contrato de trabajo, contemplada en el literal c) del artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo n.º 728, aprobado por Decreto Supremo n.º 003-97-TR (LPCL). A partir de dicho estudio se pretende identificar, a la luz de lo desarrollado en la doctrina y en la jurisprudencia, cuál es la finalidad de la comunicación notarial que se exige en la normativa citada para formalizar el cese de la relación laboral por la referida causa; dicho de otro modo, cuán relevante es cumplir con esta formalidad. Además de lo anterior, se estudiarán los efectos que genera materializar esta decisión empresarial con el propósito de determinar si, ante este escenario, es viable exigir en sede judicial la adopción de mecanismos restitutorios o resarcitorios que compensen el perjuicio que -eventualmente- se les ocasiona a los trabajadores.

Ciertamente el estudio del ejercicio de los derechos inespecíficos en el centro del trabajo no han sido de los más numerosos, y cuando se han tratado, estos no han sido de la profundidad necesaria, más no por falta de ganas de los autores, sino por la poca casuística que existe al respecto, ello debido a, suponemos, la falta de conciencia de las propias partes de la relación laboral sobre la validez y eficacia de los derechos del ciudadano dentro de la relación laboral, como pueden ser, la intimidad, el honor, la imagen entre otros. Más aún, la relación de los derechos inespecíficos y los específicos en la relación laboral, como son la libertad de expresión e información y la libertad sindical se encuentra en un ámbito aún de penumbras, más aún en la aplicación de una técnica que permita determinar el válido ejercicio de dichos derechos por cada una de las partes en la relación laboral, en forma especial, dentro de las relaciones colectivas de trabajo. El presente trabajo parte por hacer hincapié en la aún vigente importancia de la libertad de expresión e información en nuestra sociedad, sobre todo como acicate para el desarrollo de los derechos de los ciudadanos en una sociedad democrática, y cómo la relación del trabajo también se encuentra impregnada de dicha necesidad; puesto que esta relación jurídica no se encuentra ajena al desarrollo tiempo histórico de la sociedad, sino que, forma parte de ella. Es en dicho contexto, donde uno de los conflictos cotidianos es la relación colectiva de trabajo. Precisamente pretendemos abordar el ejercicio de la libertad de expresión e información como necesarios para el ejercicio de la libertad sindical, la cual tiene sentido en la relación laboral, y advertir las características que toma sea cuando lo ejercen la organización sindical o los trabajadores y, por otro lado, el empleador; en este último caso, teniendo en consideración la prohibición de cometer actos antisindicales, o específicamente, los denominados de injerencia patronal.

El presente artículo parte de un análisis de las fórmulas de reparación civil que han sido empleadas para resarcir la afectación a los derechos laborales individuales, para luego analizar las distintas propuestas de resarcimiento a los derechos colectivos haciendo uso también de la responsabilidad civil. Se hace énfasis en el deber de indemnizar la afectación al derecho a la libertad sindical en el caso de los locadores de servicios con vínculo desnaturalizado. Para concluir lo anterior, se realiza un análisis crítico de lo propuesto por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema a partir de sus fallos y lo postulado en el VIII Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, de reciente publicación. Acto seguido, se explica el porqué se considera que las propuestas de reparación de los operadores de justicia antes mencionados necesitan ser matizadas para generar una solución más razonable y proporcional que tutele el derecho a la libertad sindical del trabajador sin afectar los derechos del sindicato. Finalmente, realizamos propuestas de reparación al derecho a la libertad sindical desde los conceptos de daño moral, perdida de oportunidad y lucro cesante y proponemos cuales serían los conceptos aplicables de acuerdo a cada supuesto, haciendo la salvedad de que resulta vital analizar cada caso concreto para que la reparación al derecho a la libertad sindical no sea ni insuficiente, ni desproporcionada.

El presente informe jurídico tiene como finalidad hacer un análisis crítico de lo resuelto por la Corte Suprema en la Casación Laboral No. 4871-2015, a través de la cual, se determina que corresponde atribuir responsabilidad solidaria a la Corporación Lindley S.A. en base al Pleno Jurisdiccional Laboral Nacional del 2008, respecto a un accidente de trabajo que tuvo la trabajadora de la contratista Bajopontina. Específicamente, el caso versa sobre una demanda de indemnización por inejecución de obligaciones interpuesta por una trabajadora, que sufre un accidente de trabajo, contra su empleadora Bajopontina y solicita la responsabilidad solidaria de la empresa Lindley con la que Bajopontina suscribió un contrato de distribución. Pues bien, tras haber quedado consentida la responsabilidad civil de Bajopontina en segunda instancia, la Corte Suprema analiza el recurso de casación interpuesto por Lindley en base a las siguientes causales: i) infracción normativa por inaplicación del artículo 1183° del Código Civil y ii) infracción normativa por indebida aplicación del inciso d) del artículo 68° de la Ley de Seguridad y Salud de Servicios, Ley 29783. En atención a ello, a partir de la relación comercial de las partes se buscará analizar los alcances del ámbito de aplicación de estas normas para determinar si fue válida la atribución de responsabilidad solidaria impuesta a Lindley. / Supreme Court in the “Casación Laboral No. 4871-2015”, through which, it is determined that it is appropriate to attribute joint and several liability to Lindley Corporation S.A. based on the National Labor Jurisdictional Plenary of 2008, with respect to a work accident suffered by a worker of the contractor Bajopontina. Specifically, the case deals with a claim for indemnity for non-performance of obligations filed by a worker, who suffers a work accident, against her employer Bajopontina and requests the joint and several liability of the company Lindley with which Bajopontina entered into a distribution contract. After Bajopontina's civil liability was accepted in the second instance, the Supreme Court analyzes the cassation appeal filed by Lindley based on the following grounds: i) violation of the law for non-application of article 1183° of the Civil Code and ii) violation of the law for improper application of paragraph d) of article 68° of the Health and Safety of Services Law, Law 29783. In view of this, based on the commercial relationship of the parties, the scope of application of these rules will be analyzed in order to determine whether the attribution of joint and several liability imposed on Lindley was valid.

El caso materia del presente informe jurídico versa sobre una solicitud de cese colectivo de setenta y siete trabajadores presentada por Papelera nacional S.A; la cual, fue aprobada por Dirección General de Trabajo en vía de revisión. El análisis de este caso se concentra en verificar si, efectivamente, se identifica la presencia de los motivos tecnológicos y estructurales que fueron invocados como causa objetiva. De igual manera, parte del análisis incluye la justificación que ofrece la DGT en cuanto al silencio positivo administrativo que en primera instancia no se aplicó en favor de la empresa como sujeto administrado. Para el presente análisis será fundamental utilizar el T.U.O de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y la Ley de Procedimiento Administrativo General / The case of the present legal report develops a Labour Force Adjustment Plan (ERE), which petitioned the dismissal of seventy-seven employees; filed by Papelera Nacional S.A., which was approved by the Labor General Directorate on the level of reviewal. The analysis of this case focuses on verifying whether the technological and structural reasons that were invoked as an objective cause are indeed present. Likewise, part of the analysis includes the justification offered by the General Directorate of Labor (DGT) regarding the positive administrative silence that in the first instance was not applied in favour of the company as an administered subject. For this analysis it will be essential to use the T.U.O. of the Labor Productivity and Competitiveness Law and the General Administrative Procedure Law