Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente documento realiza un análisis dogmático, desde un punto de vista crítico, de las nuevas figuras típicas que presenta la Ley 20.813, que modifica la Ley 17.798 sobre Control de Armas. Las figuras delictivas en comento, son el delito de colocación de artefacto explosivo, el delito de proveimiento de armas de fuego a menores de edad y finalmente el delito de disparo injustificado de armas de fuego. Todos estos nuevos preceptos legales, según la visión del legislador, tienen el objeto de combatir la delincuencia, en atención a las altas cifras de delincuencia en el país, y al alto sentimiento de inseguridad de parte de los ciudadanos. Se entiende que antes de la existencia de estas modificaciones, la ley en cuestión, era insuficiente para enfrentar los desafíos que el país le requería afrontar, y luego de un largo proceso legislativo se llega al resultado que este documento pretende abordar

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar los anteproyectos de Código Penal que se han realizado respecto a la figura de administración desleal, para luego compararlos y poder observar y examinar los esfuerzos de tipificación, con aspectos destacables tanto positiva, como negativamente. Para lo anterior, se comenzará dando los presupuestos para poder entender este nuevo tipo que es ajeno a la legislación penal nacional. Es conveniente puntualizar que pese a que no se encuentre tipificado el delito, no quiere decir que los supuestos de hecho de éste, no ocurran. Es por lo anterior que analizaremos un par de casos donde se discute tangencialmente la ocurrencia de los hechos de administración desleal. Sin perjuicio de lo anterior, el esfuerzo central es analizar detalladamente cómo los redactores de los anteproyectos de Código Penal han regulado este nuevo delito. Al examinar este nuevo tipo penal en los tres anteproyectos, se puede ver notoriamente cómo se va complejizando la tipificación para lograr sancionar específicamente lo que en derecho comparado se conoce como administración desleal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley N° 20.000 regula el microtráfico de estupefacientes por primera vez en nuestra historia legislativa, marcando uno de los hitos más importantes en lo que a este tipo de delitos respecta, por cuanto introduce un elemento especializante que permite aplicar una pena menor a quien trafica con pequeñas cantidades de droga. Sin embargo, la figura ha sido objeto de muchas críticas por parte de la doctrina y la jurisprudencia debido a que, el legislador, en un afán por no limitar el tipo penal a cierto gramaje, dejó a discrecionalidad de los jueces la determinación de qué debe entenderse por “pequeña cantidad”, lo que se ha traducido en interpretaciones dispares a lo largo y ancho del país. De manera introductoria, a las dificultades de delimitación del tipo penal y el estudio acucioso -pero no acabado- del microtráfico, se dedicó buena parte de la presente investigación. No obstante, la principal motivación fue estudiar la droga que, en el contexto de este delito, ha generado mayor número de consumidores infractores: la marihuana. Al ser la droga más consumida y vendida en Chile -luego del alcohol y el tabaco-, se estimó necesario analizar los factores asociados a su consumo y venta, con miras a lograr una comprensión de dichos fenómenos, develar las falencias de las políticas criminales que se han erigido en torno a ellos, e intentar esbozar un nuevo modelo normativo para abordarlos. Para el cumplimiento de dichos objetivos se utilizó como eje el Paradigma Multivectorial Integrativo propuesto por el profesor Marco González Berendique y, a través del estudio de los vectores Delincuente, Víctima, Situación, Factores Micro y Macrosociales y Reacción Social Formal e Informal, se desarrolló un análisis criminológico que permitió comprender el fenómeno delictivo y entender la urgencia de implementar medidas de reducción de daños en las políticas de drogas del país. / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 12/07/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el desarrollo de cualquier actividad económica es posible para un negocio que este falle. En varios casos, la afectación patrimonial es originada por la responsabilidad o mano propia, resultando en insolvencia, y por lo tanto, en la frustración de los interés de los acreedores. Es para proteger el patrimonio de los acreedores en contra de este tipo de injusto que el delito de alzamiento de bienes existe. El presente estudio se enfoca en proveer una nueva interpretación de dicho injusto, en el enfoque del derecho penal chileno. Para conseguir este propósito, el presente estudio hizo uso de interpretaciones de la doctrina jurídica existente en España, Alemania, Estados Unidos y Chile, entre otras: para crear y proveer una moderna interpretación de este injusto de acuerdo a los tiempos actuales y el futuro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo revisa la reforma introducida por la Ley N° 21.030 en el N° 2 del artículo 119 del Código Sanitario. Dicha ley estableció un modelo de causales que autorizan la realización de abortos voluntarios (consentidos por la mujer embarazada) en las situaciones en ella descritas. En especial, el N° 2 del artículo 119 del Código Sanitario estableció el denominado aborto embriopático, procedente en casos de inviabilidad fetal y que constituye una figura inédita en el derecho chileno. De ahí que su análisis sea de gran interés para determinar la forma en que la ley ha recogido esta causal, ya existente en el derecho comparado, y su eventual aplicación práctica. Con este objetivo, este trabajo primero estudia la situación del delito de aborto previo a la reforma mencionada, para luego estudiar los cambios realizados por la misma. Luego, se analiza el aborto embriopático en detalle, en comparación con las otras causales introducidas y con especial énfasis en el derecho comparado, en un intento de definir sus alcances dentro de la legislación nacional. Por último, se discuten sus fundamentos, se postula una interpretación sobre el rol de esta causal abortiva en el esquema de responsabilidad y se revisan sus requisitos de procedencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Este trabajo pretende dar cuenta de la participación del menor de edad en el proceso penal junto con apreciar su testimonio según las reglas de valoración de la sana crítica. Para ello es necesario resguardar la integridad física y psicológica del menor de edad evitando episodios de victimización secundaria. Con esta finalidad el Derecho Comparado ha establecido una serie de garantías para una adecuada participación. A su vez se pretende demostrar que tales medidas permitan la obtención de la declaración testimonial más fiable y coherente, relevante para la determinación de la hipótesis acusatoria y la importancia de la prueba pericial en este tipo de casos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria tiene por objeto estudiar los programas de cumplimiento o compliance, un fenómeno enfocado en la autoorganización preventiva por parte de las personas jurídicas con el objeto de evitar que se cometan delitos al interior de éstas. El capítulo 1 versa sobre la experiencia histórica legislativa de los programas de compliance en Chile en comparación con la evolución que éstos tuvieron en Estados Unidos, país precursor en la materia. En este capítulo analizamos tanto las razones políticas internacionales como legales que llevaron a nuestro país a promulgar la Ley n° 20.393, la que fija por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas y –en lo que respecta a esta memoria– la posibilidad de implementar programas de cumplimiento al interior de las empresas con el fin de excluir o disminuir su responsabilidad. En el capítulo 2 profundizamos en los tópicos más importantes que se abordaron en la discusión del proyecto de la Ley n° 20.393 en relación a los programas de cumplimiento. Este capítulo da cuenta de cuáles fueron las materias que inicialmente se presentaron como importantes para discutir, incluyendo diversos tópicos que, no estando incluidos en la Ley finalmente aprobada, abordan aspectos relevantes para la actual discusión en relación a las carencias de la Ley n° 20.393 y de los compliance ya implementados en numerosas empresas. El capítulo 3 presenta aquellos aspectos dogmáticos que fundamentan y dan origen a los programas de cumplimiento. Se explica sobre el sistema dogmático de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas incorporado por la Ley n° 20.393 y la manera de ligarlo con los deberes de dirección y supervisión que penden sobre las empresas. Estos deberes son de máxima importancia puesto que, una vez imputada una persona jurídica, ésta deberá demostrar el hecho de haber cumplido satisfactoriamente sus deberes con el fin de excluir o disminuir su eventual responsabilidad penal. Como vemos, justamente la manera de cumplir con estos deberes será a través de la implementación de un programa de cumplimiento plenamente eficaz. El capítulo 4 tiene como finalidad responder y explicar en profundidad las siguientes preguntas: ¿Qué es un programa de cumplimiento? ¿Cómo se diseña un programa de cumplimiento? ¿Cuáles son los pasos más relevantes en la implementación y monitoreo de un compliance? Para responder a estas preguntas se presentan las aproximaciones legales, dogmáticas y, en algunos casos, prácticas, con el fin de ilustrar de manera integral de qué tratan y cómo operan estos sistemas de prevención de delitos. Finalmente, el capítulo 5 aborda aquellos temas que consideramos importantes de tratar una vez analizados en profundidad los programas de cumplimiento. En efecto, nos preocupamos de explicar las consecuencias y las ventajas de su implementación y abordamos diversos temas de actual discusión nacional como extranjera en relación a este sistema de prevención

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El delito de peculado o malversación de caudales públicos del art. 233 del Código Penal, constituye un delito que protege atentados contra la función pública. Este delito cometido por un funcionario público, infringe el principio de probidad administrativa, y lesiona el aspecto patrimonial del Estado. El injusto de esta figura delictiva, se caracteriza por que el funcionario a cargo de los fondos, y que se encuentra en una posición jurídica de conservación respecto de éstos, infringe este deber cuando los sustrae o consiente en que otro los sustraiga. La doctrina ha considerado que este delito constituiría un delito especial, ya que restringe el círculo de autores a los sujetos que posean una cualificación especial de empleados o funcionarios públicos. Sin embargo, se discute si esta cualificación especial constituye un elemento fundante del delito o sólo es una circunstancia agravante del injusto. Una posición reciente en la literatura nacional, adopta la doctrina de los delitos de infracción de deber, y señala que este delito se caracterizaría por ser de tipo. Se plantea por la doctrina nacional la discusión sobre el tratamiento penal de la participación de terceros extraneus en este delito, en cuanto al título de imputación penal aplicable, y el grado de participación imputable. El Código Penal no contiene una norma expresa al respecto, por lo que la doctrina se ha dividido frente a este tema, ofreciendo tres posiciones definibles. La primera sostiene que la calidad especial del sujeto activo se comunica al extraneus, otra postura mayoritaria señala que el sujeto no cualificado será autor del delito común o residual del delito de peculado, y una tercera postura señala que no puede castigarse al sujeto no cualificado como autor del delito especial. La postura de este trabajo, de acuerdo a una revisión de las soluciones que ofrece la doctrina nacional, apoya la tesis de la intervención del extraneus en delitos especiales, sólo bajo la hipótesis de participación accesoria. / 29/05/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Ahora bien, el contenido de la tesis a desarrollar debía ser una respuesta a la siguiente premisa: confeccionar una monografía que abordase un tópico específico, relacionado con la evolución histórica del Derecho de Familia en Chile, que en lo posible no estuviese tan explorado o examinado de manera particular. Para ello, debíamos elegir primero un área del Derecho; luego determinar su vinculación con la temática propuesta; y finalmente, precisar cómo se conjugaba esto con nuestros intereses. Siguiendo este trazado entonces, nos planteamos, junto con el profesor, qué aspecto del Derecho Penal y su nexo con el Derecho de Familia cumplía con las exigencias y características expuestas. Y nos dimos cuenta, precisamente, que habían ciertas figuras penales relacionadas con el Derecho de Familia que presentaban, por múltiples razones, un atractivo panorama de estudio; nos referimos pues: a los delitos de adulterio, amancebamiento e incesto

Tesis(magister en derecho penal) / El objeto de este trabajo es comprobar la hipótesis consistente en que las figuras penales de exacciones ilegales contenidas en los arts. 147, 157 y 241 del Código Penal, presentan un común elemento del tipo, definido como una conducta ilícita que contiene un requerimiento de naturaleza imperativa o perentoria, asociado a una situación interpersonal de preeminencia, comunicado al sujeto pasivo, y consumado mediante su percepción y comprensión de su significado. Sería un elemento dotado de entidad y función propias, independiente de otros medios comisivos, como la conminación o el engaño, que eventualmente pueden o deben concurrir en algunos tipos penales. La finalidad del trabajo se obtiene mediante una metodología de investigación que comprende la pertinente normativa legal, la doctrina y la jurisprudencia, implicando un proceso interpretativo de carácter dogmático, crítico y sistemático, orientado a determinar, en general, la naturaleza, función y características de la exigencia ilícita, como elemento esencial, dando lugar a soluciones precisas respecto de diversos problemas de relevancia que se presentan en la práctica. Luego, se analiza cada una de las figuras penales, con el fin de comprobar la hipótesis, precisando los respectivos elementos de la tipicidad, especialmente los sujetos, los medios comisivos, los objetos materiales y los elementos subjetivos; y finalmente, se procede a tratar las principales cuestiones concursales que se presentan entre los tipos penales materia de esta tesis y otros delitos, comunes y especiales. Los resultados obtenidos permiten comprobar la hipótesis, mediante la concepción precisa y autónoma de la conducta ilícita fundamental, consistente en la exigencia o imposición de carácter imperativo o perentorio, planteada como prestación obligatoria ante el sujeto pasivo, basada en la preeminencia del sujeto activo, y ejecutada mediante la comunicación del requerimiento, que se completa cuando el sujeto pasivo percibe el mensaje ilícito y adquiere comprensión de su significado. Esta acepción fundamental permite diferenciar conceptualmente a la conducta ilícita propia de las exacciones típicas, de otros medios comisivos eventuales o requeridos en particular por algunas de las figuras penales materia del trabajo.