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Bases constitucionales para la aplicación de la colaboración eficaz en el PerúPereda Rodríguez, Deily Arlene 25 January 2022 (has links)
La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo
participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la
identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica
extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo
la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial,
esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de
controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad.
En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz,
instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo
hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en
los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha
puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un
Estado social y democrático de Derecho.
¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen
la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma
de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión
político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar
el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad
social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su
empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar
ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye
la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas
se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el
caso, proponer las modificaciones que correspondan.
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El derecho a conocer los cargos por los que se acusa en la etapa preparatoria del proceso penal peruanoRuiz Cervera, Paul Antonio 01 September 2021 (has links)
El trabajo propone una visión más amplia en relación con el tratamiento
constitucional del derecho a conocer los cargos dentro del proceso penal, en
específico, en la etapa de investigación preparatoria. Este derecho exige a las
autoridades estatales no solo la precisión clara y detallada de los hechos
denunciados, sino que además obliga a estos a comunicar también de forma
clara, precisa y detallada la norma penal aplicable al caso y la evidencia que
sustenta la imputación, desde el inicio de la investigación preparatoria y en
distintos niveles de exigencia. Por ello, la investigación centra sus esfuerzos en
identificar el contenido esencial y constitucional del derecho a conocer los
cargos, para luego precisar, según sus niveles de exigencia constitucional,
cuáles serían los supuestos de afectación de dicho derecho en las sub etapas
de investigación preliminar e investigación preparatoria propiamente dicha. Para
poder determinar lo antes señalado el trabajo desarrolla los alcances jurídicos y
dogmáticos del derecho a conocer los cargos, para lo cual se recurre al marco
internacional y nacional sobre la materia, así como a la doctrina especializada
(constitucional y procesal penal) que sobre el tema se ha elaborado. / The work proposes a broader vision in relation to the constitutional treatment of
the right to know the charges within the criminal process, specifically, in the
preparatory investigation stage. This right demands the state authorities not only
the clear and detailed precision of the facts denounced, but also obliges them to
communicate clearly, precisely and in detail the criminal law applicable to the
case and the evidence that supports the imputation circumstantial support on
which the charge rests, from the beginning of the preparatory research and at
different levels of demand. For this reason, the research focuses its efforts on
identifying the essential and constitutional content of the right to know the
charges, and then specifying, according to their levels of constitutional
demands, what would be the assumptions of affectation of this right in the sub
stages of preliminary investigation and preparatory investigation. In order to
determine the aforementioned, the work develops the legal and dogmatic scope
of the right to know the charges, for which the international and national
framework on the matter is used, as well as the specialized doctrine
(constitutional and criminal procedure) that has been elaborated on the subject.
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La regulación de estándares propios en el proceso civil peruanoCajavilca Carlos, Isabel Alicia 31 January 2024 (has links)
La regulación de estándares probatorios en el sistema jurídico nacional hace inevitable que
se analice su practicidad y aporte en el quehacer judicial. Debido a ello, en el presente
artículo se analizarán aspectos relevantes que buscarán dar una respuesta a esta controversia
sobre su utilidad y la mejor forma de introducir esta figura bajo una fórmula normativa. / The regulation of evidentiary standards in the national legal system makes it inevitable that
their practicality and contribution to judicial work be analyzed. Due to this, this article will
analyze relevant aspects that will seek to answer this controversy about its usefulness and
the best way to introduce this figure under a normative formula. / Trabajo académico
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Desigualdades probatorias en la etapa de investigación penalAlatrista Inofuente, Eduardo 27 March 2023 (has links)
Este articulo tiene como objetivo, analizar las posibilidades de solicitar la
actuación de prueba que tiene el imputado en una investigación penal, donde la
norma procesal procura garantizar la participación en igualdades. A la vez otorga
privilegios innecesarios a la fiscalía, para que sea quien en la investigación penal
discrecionalmente determine sobre que actuaciones se efectuarán, encontrando
ahí limites la actuación de prueba para el imputado. Esto se torna más complejo,
cuando el juez de la investigación preparatoria quien debería equilibrar las
desigualdades no ha comprendido su labor imparcial y obligación de actuar con
razonabilidad, para que no exista ninguna limitación de generar prueba. Una vez
denegada la realización de una diligencia solicitada, no hay mecanismos
eficientes que garanticen al abogado defensor la posibilidad de generar prueba
a favor de los intereses del imputado e incluso por la forma diferente de
denominar a la prueba en las etapas del proceso penal, hace que se conciba a
la denegatoria de actuación de diligencias de investigación como una
circunstancia intrascendente sin vinculación con el derecho a probar / The objective of this article is to analyze the possibilities of requesting the
performance of evidence that the accused has in a criminal investigation, where
the procedural norm seeks to guarantee participation in equalities. At the same
time, it grants unnecessary privileges to the prosecution, so that it is who in the
criminal investigation discretionally determines what actions will be carried out,
finding there limits to the performance of evidence for the accused. This becomes
more complex when the preparatory investigation judge who should balance the
inequalities has not understood his impartial work and obligation to act
reasonably, so that there is no limitation to generate evidence. Once the
completion of a requested procedure is denied, there are no efficient mechanisms
that guarantee the defense attorney the possibility of generating evidence in favor
of the defendant's interests and even due to the different way of naming the
evidence in the stages of the criminal process, makes that the refusal to carry out
investigative proceedings be conceived as an inconsequential circumstance
unrelated to the right to prove.
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Consideraciones de lege ferenda en torno al recurso adecuado contra la condena del absueltoQuispe Aquise, Javier Iván 24 March 2022 (has links)
El presente trabajo académico tiene como objetivo general justificar cuál sería el recurso
adecuado para controvertir la sentencia de primera condena en segunda instancia cuando
la persona así condenada exprese disconformidad con la valoración probatoria efectuada
por la Sala Superior. Sostenemos que no lo es el recurso de casación penal nacional, toda
vez que el medio impugnatorio adecuado para tal fin debe carecer de mayores
complejidades en cuanto a su admisibilidad y debe permitir un control amplio de las
cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas que dieron lugar a la condena. Tampoco lo es
un recurso de apelación a ser conocido por otra Sala Superior, en tanto que esta no
constituye un tribunal superior en grado al órgano jurisdiccional condenador; igualmente,
suprimir la condena del absuelto del Código Procesal Penal y facultar a los jueces de
segunda instancia, a lo más, a declarar la nulidad de la sentencia absolutoria dilata el
proceso innecesariamente y genera riesgo de impunidad. De ahí que planteemos que el
recurso adecuado en tales supuestos sería uno de apelación excepcional a ser conocido
por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se cumple con los lineamientos mínimos
establecidos para el derecho al recurso contra sentencias condenatorias o al doble
conforme establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
jurisprudencia. Para tal fin se emplean los métodos del análisis-síntesis, inducción-deducción, dogmático, exegético y comparativo; y, asimismo, las técnicas del análisis de
decisiones de Altas Cortes y de fuentes bibliográficas.
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Excepciones en la aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida en el proceso penal peruano : un estudio a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de JusticiaPisfil Flores, Daniel Armando 14 July 2017 (has links)
En el presente trabajo de investigación se desarrolla y analiza la problemática
de la teoría de la prueba ilícitamente obtenida -obtención de fuentes y medios
de prueba con vulneración de los derechos fundamentales-, para ello se hace
uso de la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional, haciéndose una
evaluación del estado actual de la cuestión, y del derecho comparado. Se
destaca el análisis que realiza la Corte Suprema de los últimos años en cuanto
a la aplicación de excepciones a la denominada regla exclusión de la prueba
ilícitamente obtenida en nuestro país, evaluándose cuales constituyen
verdaderas excepciones, además si son acorde con nuestro Sistema Jurídico y
Estado Constitucional de Derecho, haciendo uso también de la doctrina y
jurisprudencia en el derecho nacional y comparado. Finalmente se buscar
plantear una solución al problema propuesto. / In the present work of investigation is developed and analyzes the problematic
of the theory of the illicitly obtained evidence (exclusion rule)- Obtaining sources
and means of evidence in violation of fundamental rights-, for that use is made
of doctrine, jurisprudence and national legislation, an evaluation of the current
state of the matter and comparative law. lt highlights the analysis that made the
Supreme Court in recent years regarding the application of exceptions to the
rule exclusion of evidence illegally obtained in our country, evaluating which are
true exceptions and also if they are in accordance with our Legal System and
Constitutional State of Law, making use also of doctrine and jurisprudence in
national law and compared. Finally, we try to propose a solution to the proposed
problema.
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La resolución judicial que convalida el Congelamiento Administrativo de Fondos: posibilidad y legitimidad de presentar impugnación ante su otorgamiento o denegatoriaCueva Morales, Carlos 20 June 2023 (has links)
El Congelamiento Administrativo de Fondos (CAF) es una medida limitativa del derecho
de propiedad, que puede aplicar la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú),
excepcionalmente, cuando estime, de manera muy preliminar, que determinados activos
provienen de o están vinculados a actividades de lavado de activos. Se trata de una
disposición en la que, sin mandato judicial, pero de manera sustentada, una autoridad
administrativa ordena a las entidades financieras y otros sujetos obligados congelar los
fondos de una persona natural o jurídica incluida en una investigación de la UIF Perú o
del Ministerio Público. Esta medida está sujeta a convalidación judicial, en el brevísimo
plazo de 24 horas. La finalidad del CAF es detener el flujo de los fondos que puedan estar
vinculados a actos de lavado de activos, así como preservar los elementos de prueba para
el correspondiente proceso de investigación y dar la oportunidad al Ministerio Público
para que solicite al Poder Judicial la imposición de medidas de coerción sustitutorias. En
el presente trabajo se sostiene que, si bien el CAF supone la afectación al derecho de
propiedad, dicha afectación es parcial y se justifica en el marco del esfuerzo que debe
desarrollar el Estado para la investigación y represión del del delito de lavado de activos.
Por otro lado, existen justificadas razones para que el procedimiento de emisión del
congelamiento de fondos y su convalidación judicial se lleve a cabo inaudita pars
respecto de las personas afectadas con dicha medida. Finalmente, al amparo de tratados
internacionales, la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal y demás
normativa aplicable, las personas afectadas con una medida de CAF tienen el derecho a
tomar conocimiento de dicha medida y a ejercer su derecho de defensa, a través del
recurso de apelación de la resolución judicial que dispone la convalidación del
congelamiento. En tal supuesto, dicha apelación no debe sino revisar los aspectos
específicamente señalados en la ley que regula el CAF, como condición necesaria para su
emisión, sin entrar a un debate probatorio. Por otro lado, en caso de denegatoria de la
convalidación judicial del CAF, la UIF Perú tiene legitimidad para apelar dicha decisión. / The Administrative Freezing of Funds (CAF) is a limiting measure of property rights,
which can be applied by the Financial Intelligence Unit of Peru (UIF Peru), exceptionally,
when it deems, in a very preliminary way, that certain assets come from or are bounded
to money laundering activities. This is a provision in which, without a Court Order, but
in a sustained manner, an administrative authority orders to financial entities and other
compelled subjects to freeze the funds of a natural or legal person involved in an
investigation by the UIF Peru or the Public Prosecutor. This measure is subject to be
confirmed by the Court, in the very short term of 24 hours. The purpose of the CAF is to
stop the flow of funds that may be related to acts of money laundering, as well as to
preserve the evidence for the corresponding investigation process and give to the Public
Prosecutor the chance to request the Court to impose a substitute coercive measure. In
this paper it is argued that, although the CAF supposes the affectation to the property
right, that affectation is partial, and it is justified within the framework of the effort that
the State must develop for the investigation and the fight against the crime of money
laundering. On the other hand, there are justified reasons for the procedure for issuing the
freezing of funds and their judicial validation to be carried out unheard of with respect to
the people affected by said measure. Finally, under international treaties, the Political
Constitution of Peru, the Criminal Procedure Code and other applicable regulations, the
people affected by a CAF measure have the right to be aware of said measure and to
exercise their right to defense, through the Appeal of the judicial resolution that provides
for the confirmation of the freezing. In such a case, said appeal should only review the
aspects specifically indicated in the law that regulates the CAF, as a necessary condition
for its issuance, without having a debate. On the other hand, in case of refusal of the
judicial confirmation of the CAF, the UIF Peru has the legitimacy to appealsaid decision.
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El desconocimiento del paradero y la ausencia del lugar de residencia como causales de inadmisión de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz”Vera Valle, Manuel Steven 17 October 2023 (has links)
La lectura de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz” es un
procedimiento excepcional del juicio oral sujeto a las causales previstas en los literales
c) y d) del numeral 1 del artículo 383 del Código Procesal Penal. Al respecto, en esta
investigación sostengo que el desconocimiento del paradero y la ausencia del lugar de
residencia, pese a estar contempladas en el precepto procesal antes citado, son
inaplicables sobre el “testigo-colaborador eficaz”, ya que afectan los derechos a
contrainterrogar y la regla de prueba plenaria de los delatados. Por lo anterior, considero
inadmisible la lectura de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz”
amparada en dichas circunstancias. Adicionalmente, estimo inaplicable la sentencia Al
Khawaja y Tahery vs. Reino Unido en esta discusión. Finalmente, expongo las
consecuencias prácticas de la postura defendida. / Reading statements of an absent "plea-bargaining witness" is an exceptional procedure
of the trial according to the grounds stipulated in letters c) and d) of numeral 1 of article
383 of the Code of Criminal Procedure. In this paper, I argue that the lack of knowledge
of the witness' whereabouts and the absence of the place of residence, despite being
contemplated in the aforementioned procedural precept, are inapplicable to the "pleabargaining witness", since they affect the rights to cross-examine and the rule of plenary
evidence granted to the accused. Therefore, I consider inadmissible reading statements
of an absent "plea-bargaining witness" under such circumstances. I also consider
inapplicable the Al Khawaja and Tahery v. Reino Unido judgment in this debate. Finally,
I explain the practical consequences of the view I have defended.
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La prueba de oficio en el sistema procesal peruano. ¿El modelo de juez penal previsto en la Constitución Política del Perú de 1993 admite la prueba de oficio en el modelo adversarial?Castro Mujica, Luis Ricardo 24 January 2020 (has links)
La presente investigación analiza la constitucionalidad –y, por tanto, la coherenciade
la aplicación de la prueba de oficio en el sistema jurídico peruano, el mismo que,
desde el punto de vista de la moderna legislación procesal penal, se entiende como
acusatorio y adversarial. Para realizar este análisis a la prueba de oficio, se examina
a fondo el rol del Juez penal en el ordenamiento jurídico peruano (la Constitución
de 1993 y en el Código Procesal Penal de 2004, sus antecedentes legislativos y
normativa conexa, así como el análisis de la jurisprudencia y doctrina nacional), en
función del diseño de las funciones que tiene dicho funcionario en la Constitución
Política del Perú. Se realiza también el estudio del Ministerio Público como
complemento de la actuación jurisdiccional, en su relación con la Constitución y la
norma procesal penal, así como sus antecedentes legislativos, y el importante papel
que cumple como titular de la acción penal dentro del sistema procesal. En el
Código Procesal Penal de 2004 con un sistema que se supone es acusatorio y
adversarial, se analiza la prueba de oficio, primero desde una comparativa de ésta
con la legislación internacional, arribando -respecto de la mecánica de la prueba- a
cuestionamientos respecto de, si se prueban los hechos o las afirmaciones de las
partes y, si la prueba desvirtúa o desnaturaliza la mecánica general de la actividad
probatoria. Finalmente nos enfocamos en la prueba oficiosa y su legitimidad dentro
del proceso penal peruano, se confronta aquí al denominado modelo antiguo y el
actual modelo procesal penal, partiendo de la premisa si dicha confrontación
soluciona la legitimidad de la prueba oficiosa, y si la verdad justifica los medios,
concluyendo con la postura del presente trabajo al fundamentar que la prueba
oficiosa, no es acogida por el modelo constitucional vigente.
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El Recurso de Apelación de la resolución de prórroga en el Código Penal Militar PolicialArrambide Lefiman, Andrea Carolina 13 August 2020 (has links)
El presente trabajo tiene por finalidad demostrar una problemática respecto a la
interpretación de las decisiones impugnables normada en el artículo 439.b del Código
Penal Militar Policial, el cual presenta vacío en su regulación, siendo una de las más
significativas la impugnación de resoluciones que declara fundada o infundada la
prórroga de investigación preparatoria, teniendo en consideración que el superior en
grado interpreta que al no estar taxativamente señalada la resolución antes
mencionada, no se puede apelar, por lo que se puede observar la posible vulneración
al principio de doble instancia, derecho del debido proceso y al plazo razonable, por
lo que, considero que la interpretación del artículo 439.b del Código Penal Militar
Policial que realiza el Fuero Militar Policial, no es la correcta, ya que se está
restringiendo el derecho de impugnar, en consecuencia se está vulnerando el debido
proceso, pues en ocasiones el juez falla subjetivamente o no conforme a ley. Es por
ello que, la debida interpretación es la de no limitar el derecho a impugnar la
resolución que declara fundado o infundado el requerimiento de prórroga de plazo
de investigación preparatoria con la finalidad que no se vulneren las garantías,
principios y derechos de las partes a fin de cumplir con el debido proceso.
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