El presente trabajo de investigación comprende una situación problemática en el ámbito procesal penal, concretamente la tutela de la víctima en la ejecución de fallos condenatorios con pena suspendida o no privativas de la libertad del sentenciado; de ese modo, especificamos las limitaciones que presenta la regulación procesal vigente que impiden al agraviado asumir un rol activo para ver satisfecho la reparación civil que le fue fijada a su favor en la sentencia, pues su participación está supeditada a la previa intervención del Ministerio Público. En ese entender, además de exponer nociones teóricas necesarias para un mejor entendimiento y tratamiento del estado de la cuestión, bajo un método descriptivo, concluiremos que los mecanismos de tutela de la víctima en la ejecución de sentencias con pena suspendida no son adecuados ni suficientes para dotar de eficacia a la reparación civil; por lo que, siguiendo una interpretación sistemática, constitucional y convencional, concluiremos que se debe permitir su participación activa en dicha etapa del proceso con la finalidad que pueda exigir el resarcimiento por el daño que le fue causado por la comisión del delito, sin excluir las facultades inherentes del Ministerio Público vinculadas al control de la legalidad y la ejecución de las penas. / This research work includes a problematic situation in the criminal procedural field, specifically the protection of the victim in the execution of convictions with suspended sentences or non-custodial sentences of the sentenced person; In this way, we specify the limitations presented by the current procedural regulation that prevent the aggrieved from assuming an active role to see satisfied the civil compensation that was established in his favor in the sentence, since his participation is subject to the prior intervention of the Public Ministry . In this understanding, in addition to exposing theoretical notions necessary for a better understanding and treatment of the state of the matter, under a descriptive method, we will conclude that the mechanisms of protection of the victim in the execution of sentences with suspended sentences are neither adequate nor sufficient to make civil reparation effective; Therefore, following a systematic, constitutional and conventional interpretation, we will conclude that their active participation in said stage of the process should be allowed in order to demand compensation for the damage that was caused by the commission of the crime, without excluding the Inherent powers of the Public Ministry linked to the control of legality and the execution of penalties.

La convivencia de niños y niñas en los establecimientos penitenciarios donde sus madres se encuentran recluidas, hasta que estos cumplan los tres años de edad, es una facultad regulada mediante el artículo 103 del Código de Ejecución Penal, que tiene por finalidad preservar el vínculo materno-filial en la situación de privación de libertad por la que atraviesan estas mujeres. No obstante, considerando la prevalencia del interés superior del niño, así como el estado actual del sistema penitenciario peruano, cobra relevancia cuestionar las implicancias que pueden surgir en este contexto respecto a las limitaciones al desarrollo integral del niño y vulneraciones a sus derechos. En el presente trabajo de investigación, se desarrolla la revisión sistemática de la legislación internacional, la normativa peruana y la literatura correspondiente que permite identificar los sustentos doctrinales; mismos que posteriormente, darán paso al estudio de casos concretos que posibiliten identificar la problemática y limitaciones que se tiene respecto de la aplicación de la vigente regulación. Así, se ha realizado el estudio del caso de las niñas y niños internos en el E.P. Mujeres de Chorrillos y el E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos, en base a un trabajo de campo que incluyó visitas a dichos establecimientos y entrevistas a las madres internas; cuyos resultados, han permitido dar cuenta de la situación crítica que viven los niños y niñas dentro de estos centros de reclusión en lo que a condiciones de vida adecuadas se refiere. Al respecto, se proponen una serie de recomendaciones para abordar la problemática tanto desde la normativa de ejecución de la pena como de la vigencia de los estándares internacionales de derechos humanos, constituyendo este trabajo un aporte inicial con el objetivo de mostrar la realidad de un grupo de niños invisibilizados por el sistema penitenciario peruano / The cohabitation of children in the penitentiary establishments where their mothers are confined, until they reach three years of age, is a faculty regulated by article 103 of the Penal Execution Code, which aims to preserve the mother-child in the situation of deprivation of liberty through which the women are going through. However, considering the prevalence of the best interests of the child, as well as the current state of the Peruvian prison system, it becomes relevant to question the implications that may arise in this context regarding the limitations to the integral development of children and violations of their rights. In this research work, a systematic review of international legislation, Peruvian regulations and the corresponding literature is carried out to identify the doctrinal foundations, which will later give way to the study of concrete cases that will make it possible to identify the problems and limitations regarding the application of the current regulations. Thus, a case study has been carried out on the children inmate of the E.P. Mujeres de Chorrillos and the E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos, based on field work that included visits to these establishments and interviews with the inmates’ mothers, the results of which have made it possible to show the critical situation that children live in these prisons in terms of adequate living conditions. In this regard, a series of recommendations will be proposed to address the problem from the perspective of both the rules of execution of the sentence and the international human rights standards, constituting this work an initial contribution with the aim of showing the reality of a group of children made invisible by the Peruvian prison system

La Constitución peruana encarga al Ministerio Público el deber de investigar el delito, dotándolo de autonomía y de una serie de potestades orientadas a que dicha función sea efectivamente aplicada. No obstante, el Código Procesal Penal del 2004 introdujo una figura judicial novedosa en nuestro ordenamiento: el juez de la investigación preparatoria (en su actuación durante la etapa de investigación). La actividad que tiene a su cargo dicha figura judicial constituye, en el entender mayoritario y pacífico de la doctrina y jurisprudencia nacional, una actividad válida, pues permite el control de las actuaciones del Ministerio Público con ocasión de la investigación del delito; sin embargo, es evidente que debe justificarse por qué la potestad jurisdiccional tendría que implicar, necesariamente, en el proceso penal, una potestad de control sobre la actuación de la fiscalía. El presente trabajo se cuestiona, por ello, sobre la legitimidad constitucional de la función del juez durante la investigación. La tesis pretende mostrar que dicha función de control del juez sobre una actuación constitucionalmente autónoma como la del fiscal, solo tiene fundamento si se la lee de manera conjunta con la constitucionalización de los derechos fundamentales (artículo 44 de la Constitución Política). Esta función jurisdiccional de control se presenta como un límite constitucional a los actos de averiguación del delito, en la lógica de que la verdad no se puede obtener a cualquier precio. El principio acusatorio no colisiona con dicha función de control jurisdiccional, pues ésta no se encamina a realizar actos de investigación.

El artículo 108-B del Código Penal tipifica el delito de feminicidio indicando que la persona “que mata a una mujer por su condición de tal” será reprimida con pena privativa de la libertad. La redacción de aquel artículo ha suscitado controversia respecto a cómo entender la configuración del tipo penal. Luego de que el Fiscal cierra la etapa preparatoria con la formulación de la acusación, emite un requerimiento al juez, el cual corre traslado a las partes para que cuestionen la acusación y después de diez días el juez cita a una audiencia en donde se efectuará, en primer lugar, un control formal de la acusación. De no necesitarse subsanación formal de la acusación, el juez realizará un control sustancial de la acusación. Es en el marco del control sustancial de la acusación en donde el juez evaluará los elementos fácticos (debate sobre los hechos), jurídicos (tipificación) y probatorios (admisibilidad) para determinar si dictará un auto de sobreseimiento o de enjuiciamiento. De la presente evaluación es que se desprenden las interrogantes frente a lo que debe probar el fiscal en su acusación para crear convicción en el juez y así emita un auto de enjuiciamiento en los casos referentes a la comisión del delito de feminicidio o en su grado de tentativa.

En el presente informe, se realiza un análisis respecto a la iniciativa probatoria del juez; es decir, la prueba de oficio. Dicho estudio, se efectúa a la luz de la Casación N° 1242-2017-Lima Este, emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la cual dio origen al X Pleno Casatorio Civil. En ese sentido, se determinará si lo desarrollado en ciertas reglas vinculantes del X Pleno Casatorio Civil es una interpretación acorde a derecho, manteniendo como límite lo establecido en el artículo 194° del Código Civil, así como respecto a otros artículos y principios del proceso civil / In this report, an analysis is conducted regarding the judge's evidentiary initiative: the ex officio evidence. This study is carried out in light of Cassation N° 1242-2017-Lima Este, issued by the Civil Court of the Supreme Court of Justice of the Republic of Peru, which gave rise to the Xth Civil Precedent. In this regard, it will be determined whether what was developed in certain binding rules of the X Plenary Civil Cassation is an interpretation in accordance with the law, while maintaining the limits established in Article 194 of the Civil Procedure Code, as well as with respect to other articles and principles of civil procedure

El presente informe como parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal analiza el Recurso de nulidad N° 162-2020 –Santa, a fin de determinar si fue válidamente concedido o no, se examinarán los contenidos tratados en el Recurso: principio de presunción de inocencia, estándar probatorio, principio in dubio pro reo y la subsunción de los hechos al tipo penal de peculado. El Recurso fue declarado fundado en mérito a que en el caso se podía constatar deficiencias en la imputación fiscal que sindicaba la comisión del delito de peculado. Esto debido a que la Fiscalía no preciso cual era el monto efectivamente apropiado. Lo que no se corrigió en el curso del proceso, ni siquiera con la resolución de la sentencia. A su vez, el Informe pericial emitido por la Contraloría no tiene forma de ser corroborado, pues tras 22 años de ocurridos los hechos no existe la documentación base, por ende, la Corte determina que solo el informe pericial no constituye prueba suficiente para afectar el principio de presunción de inocencia y declarar culpable a un procesado. Concluimos que el recurso ha sido efectivamente concedido ya que no existe prueba suficiente que acredite la comisión de los hechos, no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia al ser de aplicación el principio in dubio pro reo esto debido a que el estándar probatorio más allá de toda duda razonable no es aplicable, puesto que en el caso aún subsisten dudas sobre el monto y los plazos en los que supuestamente se cometió el delito de peculado.

La presente investigación tiene como propósito brindar algunos criterios dogmáticos de orden procesal para identificar el estándar de corroboración de las declaraciones de los colaboradores eficaces, a fin de adoptar una decisión de prisión preventiva en el marco de un proceso penal -democrático. Bajo esa línea de pensamiento, se pretende explicar la evolución histórica legislativa de la colaboración eficaz, además, se definen los conceptos y reglas de tratamiento de este proceso penal especial; así como también se plantea los alcances del deber de motivación de las resoluciones judiciales por parte de los órganos jurisdiccionales en el marco del dictado de la medida cautelar como es la prisión preventiva. En seguida, se explica algunos alcances de la prisión preventiva, sus métodos y sistemas de valoración de la prueba, para luego aterrizar en el análisis de la valoración de la declaración del aspirante a colaborador eficaz, con el propósito de verificar su fundabilidad o no de la prisión preventiva como medida más intensa, sin perder de vista su aplicación excepcional. Finalmente, se afirma que para emplear la declaración del aspirante a colaborador eficaz como un elemento que justifique la adopción de la prisión preventiva se plantea un estándar de corroboración conforme a los parámetros razonables, objetivos, mínimos y periféricos, sobre la base de los criterios de persistencia, coherencia, homogeneidad y verosimilitud, analizados dentro del mismo proceso de colaboración eficaz en el interior de un Estado Derecho Democrático. / The purpose of this investigation is to provide some dogmatic criteria of a procedural order to identify the standard of corroboration of the statements of effective collaborators, in order to adopt a decision of preventive detention in the framework of a criminal-democratic process. Under this line of thought, it is intended to explain the historical legislative evolution of effective collaboration, in addition, the concepts and rules of treatment of this special criminal process are defined; as well as the scope of the duty of motivation of judicial decisions by the jurisdictional bodies within the framework of the issuance of the precautionary measure such as preventive detention. Next, some scope of pretrial detention, its methods and systems for evaluating the evidence are explained, to then land on the analysis of the evaluation of the declaration of the applicant for effective collaborator, with the purpose of verifying its foundability or not of preventive detention as the most intense measure, without losing sight of its exceptional application. Finally, it is affirmed that in order to use the statement of the aspiring effective collaborator as an element that justifies the preventive detention measure, it must have a standard of corroboration according to reasonable, minimum and peripheral parameters, and based on the criteria of persistence, coherence, homogeneity and plausibility, analyzed within the same process of effective collaboration.

De acuerdo a las convenciones internacionales contra la corrupción y el principio Constitucional de proscripción de la corrupción el proceso penal peruano tiene los fines de perseguir y sancionar los delitos y con mayor razón si se trata de gran corrupción, juzgando a los responsables en los plazos establecidos y sancionarlos dando un mensaje a la sociedad de confiabilidad en el sistema democrático. Es probable que en el Perú el procesal penal contra la gran corrupción presente obstáculos que conlleve a que la población tenga desconfianza en la administración de justicia y se cree un clima de impunidad no evitando que la gran corrupción llegue a vulnerar derechos humanos si no es sancionada en su oportunidad. Para identificar ello este trabajo desarrolla que debemos entender por gran corrupción y porque su naturaleza procesal es compleja describiendo sus características y su tratamiento procesal penal como una organización criminal de acuerdo a la ley No 30077, siendo que los obstáculos que se han presentado de acuerdo al modelo acusatorio- adversarial, es el Ministerio Público y sus fiscales quienes deben afrontarlos para obtener elementos de convicción y asegurar la prueba para construir un caso que sea llevado a juicio con éxito y cumplir con los fines del proceso penal. / According to the international conventions against corruption and the Constitutional principle of proscription of corruption, the Peruvian criminal process has the purpose of prosecuting and punishing crimes and even more so in the case of grand corruption, judging those responsible within the established deadlines. and punish them by giving a message to society of reliability in the democratic system. It is probable that in Peru the criminal procedure against grand corruption presents obstacles that lead the population to have distrust in the administration of justice and a climate of impunity is created, not preventing grand corruption from violating human rights if it is not sanctioned. at your opportunity. To identify this, this work develops that we must understand grand corruption and because its procedural nature is complex, describing its characteristics and its criminal procedural treatment as a criminal organization according to Law No. 30077, being that the obstacles that have arisen according to the accusatory-adversarial model, it is the Public Ministry and its prosecutors who must face them to obtain elements of conviction and secure the evidence to build a case that is successfully brought to trial and fulfill the purposes of the criminal process. / Trabajo académico

La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial, esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad. En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz, instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el caso, proponer las modificaciones que correspondan.

La regulación de estándares probatorios en el sistema jurídico nacional hace inevitable que se analice su practicidad y aporte en el quehacer judicial. Debido a ello, en el presente artículo se analizarán aspectos relevantes que buscarán dar una respuesta a esta controversia sobre su utilidad y la mejor forma de introducir esta figura bajo una fórmula normativa. / The regulation of evidentiary standards in the national legal system makes it inevitable that their practicality and contribution to judicial work be analyzed. Due to this, this article will analyze relevant aspects that will seek to answer this controversy about its usefulness and the best way to introduce this figure under a normative formula. / Trabajo académico