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Desigualdades probatorias en la etapa de investigación penalAlatrista Inofuente, Eduardo 27 March 2023 (has links)
Este articulo tiene como objetivo, analizar las posibilidades de solicitar la
actuación de prueba que tiene el imputado en una investigación penal, donde la
norma procesal procura garantizar la participación en igualdades. A la vez otorga
privilegios innecesarios a la fiscalía, para que sea quien en la investigación penal
discrecionalmente determine sobre que actuaciones se efectuarán, encontrando
ahí limites la actuación de prueba para el imputado. Esto se torna más complejo,
cuando el juez de la investigación preparatoria quien debería equilibrar las
desigualdades no ha comprendido su labor imparcial y obligación de actuar con
razonabilidad, para que no exista ninguna limitación de generar prueba. Una vez
denegada la realización de una diligencia solicitada, no hay mecanismos
eficientes que garanticen al abogado defensor la posibilidad de generar prueba
a favor de los intereses del imputado e incluso por la forma diferente de
denominar a la prueba en las etapas del proceso penal, hace que se conciba a
la denegatoria de actuación de diligencias de investigación como una
circunstancia intrascendente sin vinculación con el derecho a probar / The objective of this article is to analyze the possibilities of requesting the
performance of evidence that the accused has in a criminal investigation, where
the procedural norm seeks to guarantee participation in equalities. At the same
time, it grants unnecessary privileges to the prosecution, so that it is who in the
criminal investigation discretionally determines what actions will be carried out,
finding there limits to the performance of evidence for the accused. This becomes
more complex when the preparatory investigation judge who should balance the
inequalities has not understood his impartial work and obligation to act
reasonably, so that there is no limitation to generate evidence. Once the
completion of a requested procedure is denied, there are no efficient mechanisms
that guarantee the defense attorney the possibility of generating evidence in favor
of the defendant's interests and even due to the different way of naming the
evidence in the stages of the criminal process, makes that the refusal to carry out
investigative proceedings be conceived as an inconsequential circumstance
unrelated to the right to prove.
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Consideraciones de lege ferenda en torno al recurso adecuado contra la condena del absueltoQuispe Aquise, Javier Iván 24 March 2022 (has links)
El presente trabajo académico tiene como objetivo general justificar cuál sería el recurso
adecuado para controvertir la sentencia de primera condena en segunda instancia cuando
la persona así condenada exprese disconformidad con la valoración probatoria efectuada
por la Sala Superior. Sostenemos que no lo es el recurso de casación penal nacional, toda
vez que el medio impugnatorio adecuado para tal fin debe carecer de mayores
complejidades en cuanto a su admisibilidad y debe permitir un control amplio de las
cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas que dieron lugar a la condena. Tampoco lo es
un recurso de apelación a ser conocido por otra Sala Superior, en tanto que esta no
constituye un tribunal superior en grado al órgano jurisdiccional condenador; igualmente,
suprimir la condena del absuelto del Código Procesal Penal y facultar a los jueces de
segunda instancia, a lo más, a declarar la nulidad de la sentencia absolutoria dilata el
proceso innecesariamente y genera riesgo de impunidad. De ahí que planteemos que el
recurso adecuado en tales supuestos sería uno de apelación excepcional a ser conocido
por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se cumple con los lineamientos mínimos
establecidos para el derecho al recurso contra sentencias condenatorias o al doble
conforme establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
jurisprudencia. Para tal fin se emplean los métodos del análisis-síntesis, inducción-deducción, dogmático, exegético y comparativo; y, asimismo, las técnicas del análisis de
decisiones de Altas Cortes y de fuentes bibliográficas.
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Informe sobre Expediente N° 48004-2007Bobadilla Vásquez, Fernanda Isabel 13 July 2021 (has links)
El presente informe contiene un análisis jurídico del proceso penal ordinario que tiene como imputado a Rider García Inga. Dicho proceso se desarrolla entre los años 2007 y 2009 en el departamento de Lima, bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991. La elección del expediente radica en la vigencia que mantienen ambos códigos a la fecha en Lima Centro y Lima Sur, vigencia que continúa siendo interpretada como un obstáculo frente a la necesidad de constitucionalizar el sistema procesal penal. En esa línea, se tiene como objeto determinar si las interpretaciones realizadas por muchos fiscales, jueces penales y Colegiados se condicen con los principios y derechos
reconocidos por la Constitución vigente. Al respecto, el expediente contiene materias jurídicas de especial relevancia, entre ellas el rol que le otorga la Constitución de 1993 al Ministerio Público dentro de la investigación preliminar, la detención policial, la medida cautelar de mandato de detención, los estándares de sospecha a lo largo del proceso, el razonamiento probatorio y la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. A efectos de realizar el análisis, se hace una revisión de las normas, doctrina y jurisprudencia relativas al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como de los derechos y garantías procesales reconocidos por la Constitución de 1993 y por el Tribunal Constitucional peruano.
Finalmente, se concluye que Rider García Inga fue víctima de medidas arbitrarias y actuaciones inconstitucionales llevadas a cabo por las autoridades policiales, fiscales y judiciales en su contra, denotándose así una carencia de capacitación de las mismas en materia de Derecho Penal Constitucional, debido a que la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 y del Código Procesal Penal de 1991 no debe representar una limitación al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad, a la garantía al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad procesal, entre otros
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Desvinculación procesal, camino de regreso al modelo inquisitivo o institución justificada excepcionalmenteSerrano Alvarez, José Augusto 01 January 2020 (has links)
La función persecutora del delito desde la constitución del 1979 ha sufrido una
modificación sustancial, que empodero el rol del Ministerio Público como director
de la investigación, al conducirla desde su inicio, asume su titularidad y la función
de si fonnuJa o no acusación, lo que traduce y resalta la independencia de funciones
dentro del proceso penal (distintas al rol jurisdiccional), adentrándonos al
planteamiento del problema, es palmario saber que la desvinculacíón procesal es la
injerencia modificatoria del órgano judicial en la tesis acusatoria fiscal, intromisión
que toma sustento en posiciones jurisprudenciales que justifican positivamente su
aplicación siempre que se respete al derecho de defensa del imputado, la igualdad de
armas ínter partes, además que sea sometida a un contradictorio. En el presente
trabajo explicamos que la aplicación excepcional de la tesis de desvinculación es
planteada en búsqueda de la tan ansiada igualdad, pero desde una perspectiva
diferente y poco tratada, como es referente a los derechos de la parte material
representada por el Ministerio Público (parte procesal). La existencia de
justificaciones para la aplicación de la desvinculación, evidencian posturas
antagónicas, pues la muestran como la irrupción a las funciones fiscales en clara
afrenta de los principios procesales del modelo actual.
En el presente trabajo mostramos que esta institución procesal, tiene un anclaje
justificatorio, cuando órgano jurisdiccional ejerza esta facultad que rompe el
principio acusatorio, el de independencia y demás principios que erigen el nuevo
modelo procesal, cuando advierta que la relación simétrica inter partes (a. razón de la
falla, error, negligencia planteada en la tesis de imputación fiscal-acusación) se
convierta en asimétrica, trascendiendo con ello sus efectos al directamente ofendido
por el delito-víctima; viraje justificado a fin de restablecer la simetría del proceso
penal, pues no olvidemos que el principio de acceso a la justicia-constitucionalmente
amparado por cierto- no es de pertenencia del Ministerio Público sino es exclusividad
de la víctima.
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Informe Jurídico sobre el Recurso de Casación N°759-2017- LimaMancilla Escarcena, Renata Jovanna 11 February 2022 (has links)
El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar el Recurso de Casación Nº759-2017-Lima sobre materia de obligación de dar suma de dinero. El interés en la sentencia reside en que la Corte Suprema se detiene a valorar los informes periciales presentados por Atlantic, lo cual nos abre las siguientes interrogantes: (i) ¿La sentencia que emite la Corte Suprema se limita a realizar un análisis de la infracción normativa denunciada?, (ii) ¿La Corte Suprema está excediendo sus facultades?
Luego que, la Corte Suprema se dedica a examinar dichos informes periciales, indica que dichos documentos no aclaran de manera suficiente la controversia, requiriendo a las partes las pruebas necesarias para dilucidar el tema principal en cuestión. Además de ello, Petroperú señala dentro de sus fundamentos la incorporación de pruebas adicionales, bajo lo cual surge una tercera pregunta: (iii) ¿era pertinente actuar medios probatorios de oficio en el presente proceso? Es por ello, que a lo largo del informe será necesario determinar en qué consiste el recurso de casación, cuáles son las causales en que se puede sustentar dicho recurso así cómo cuales son los fines de esta institución jurídica. En suma, será de igual manera fundamental determinar el contenido de la prueba de oficio, así como sus límites en la normativa peruana, esto es, ante que supuestos procede su aplicación
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El principio de oportunidad en el derecho administrativo sancionador peruano: Análisis de la normativa sectorial que regula criterios de oportunidad en el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPDe la Cruz Peña, Alex Manuel 27 May 2020 (has links)
De la revisión de la normativa sectorial emitida recientemente se puede constatar que por
vía legal o reglamentaria se ha atribuido a algunas entidades de la Administración Pública
la facultad para no dar inicio a un procedimiento sancionador. Al respecto, el análisis
sobre si el ejercicio de la potestad sancionadora es de carácter obligatorio o facultativo ha
sido objeto de debate en la doctrina española originándose posturas contrapuestas sobre
el tema, con lo cual no habría un consenso sobre la admisión del principio de oportunidad
en el ámbito sancionador. En ese contexto, este trabajo tiene por finalidad analizar cuáles
serían los alcances y límites de la aplicación del principio de oportunidad en nuestro
ordenamiento jurídico. Esta investigación se justifica en la ausencia de un reconocimiento
expreso del citado principio en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (TUO de la LPAG). Luego del análisis de la regulación sectorial y acogiendo la
postura planteada por el profesor Rebollo Puig, se concluye que sería admisible
incorporar el principio de oportunidad en materia sancionadora en el TUO de la LPAG,
pero esta situación se encontraría condicionada al cumplimiento de tres aspectos: (i) en
primer lugar, siguiendo el planteamiento del profesor Rebollo, que los criterios de
oportunidad que otorgan discrecionalidad sobre la decisión de dar inicio a un
procedimiento administrativo sancionador tendrían que estar regulados en una norma con
rango de ley; (ii) en segundo lugar, que la aplicación de este principio tendría que darse
antes del inicio formal del procedimiento sancionador, concretamente durante las
actuaciones previas al procedimiento sancionador; (iii) en tercer lugar, que este principio
únicamente sería aplicable para las conductas calificadas como infracciones leves.
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Informe Jurídico sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de junio del 2013 recaída en el Expediente N° 01969-2011-PHC/TCZevallos Navarro, Giuliana Gabriela 07 August 2023 (has links)
El presente informe jurídico realiza un análisis de la sentencia del Tribunal
Constitucional del 14 de junio del 2013 recaída en el Expediente N° 01969-2011-
PHC/TC. Específicamente, los puntos centrales del análisis se encuentran en los
conceptos de crímenes de lesa humanidad y de prescripción de la acción penal,
y su vinculación con el caso del debelamiento del amotinamiento acontecido en
el centro penitenciario El Frontón los días 18 y 19 de junio de 1986, el cual dejó
un saldo de, aproximadamente, 133 víctimas mortales. Se concluye,
principalmente, que estos hechos resultan imprescriptibles, al ser constitutivos
de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se concluye que el recurso de
agravio constitucional que motivó la sentencia analizada no debió ser declarado
fundado, en ningún extremo. En ese sentido, el presente informe jurídico aborda,
principalmente, las ramas de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional,
Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Penal, por lo que los recursos
bibliográficos y referencias incluyen sentencias del Tribunal Constitucional,
artículos académicos relevantes sobre la materia, normativa nacional e
internacional relevante, entre otros. Finalmente, el presente informe jurídico
aborda un caso de gran importancia para los Derechos Humanos, y uno que ha
suscitado gran controversia tanto a nivel jurídico como político / This legal report analyzes the sentence of the Constitutional Court of June 14,
2013 incorporated in File No. 01969-2011-PHC/TC. Specifically, the central
points of the analysis are found in the concepts of crimes against humanity and
the statute of limitations for criminal proceedings, and their connection with the
case of the debellation of the riot that occurred in El Frontón penitentiary center
on June 18 and 19, 1986, which left a balance of approximately 133 fatalities. It
is concluded, mainly, that these facts are imprescriptible, as they constitute
crimes against humanity. Likewise, it is concluded that the constitutional appeal
that motivated the analyzed sentence should not have been declared founded, in
any extreme. In this sense, this legal report mainly addresses the branches of
Constitutional Law and Constitutional Procedure, International Criminal Law and
Criminal Procedure Law, so the bibliographic resources and references include
judgments of the Constitutional Court, relevant academic articles on the subject,
relevant national and international regulations, among others. Finally, this legal
report addressed a case of great importance for Human Rights, and one that has
generated great controversy both legally and politically
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¿El derecho a una vida libre de corrupción?: una lejana noción desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y retos por enfrentarTamara Coronel, Keshia 01 April 2024 (has links)
El presente articulo académico tiene como finalidad exponer los posibles
problemas teóricos y prácticos que enfrentaría nuestro sistema jurídico ante un
posible reconocimiento de personas naturales o un grupo de ellas, como víctimas
o agraviados de hechos ilícitos de corrupción.
El panorama no resulta lejano, ya que, si bien nuestro país se encuentra lejos de
reconocer un posible derecho a una vida, sociedad o gobierno libre de
corrupción, las tendencias internacionales apuntan cada vez más a reconocer la
relación entre las consecuencias de actos corruptos con la afectación a derechos
humanos.
En ese sentido, concluiremos que, como se encuentra planteado nuestro sistema
jurídico, resulta dificultoso armonizar los principios y derechos del proceso penal
que resguardan a las partes. No obstante, de contar con una iniciativa legislativa
que tome en cuenta los problemas teóricos y prácticos a presentarse, no resulta
tan distante la idea de poder reparar directamente a las personas o pueblos que
han sido afectados por actos corruptos. / The purpose of this academic article is to present the possible theoretical and
practical problems that our legal system would face in the event of a possible
recognition of individuals or a group of individuals as victims or aggrieved parties
of unlawful acts of corruption.
Although our country is far from recognizing a possible right to a life, society or
government free of corruption, international trends increasingly point to the
recognition of the relationship between the consequences of corrupt acts and the
affectation of human rights.
In this sense, we will conclude that, as our legal system is set out, it is difficult to
harmonize the principles and rights of the criminal process that protect the
parties. However, if there is a legislative initiative that takes into account the
theoretical and practical problems to be presented, the idea of being able to make
direct reparations to individuals or peoples who have been affected by corrupt
acts is not so distant. / Trabajo académico
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