¿Cómo se regulan los supuestos de responsabilidad solidaria del consorcio con contabilidad independiente en materia tributaria? ¿A quiénes se debe considerar responsables solidarios o subsidiarios de las deudas del consorcio? ¿Qué criterios utiliza la administración Tributaria para atribuir la responsabilidad solidaria del consorcio con contabilidad independiente? El presente artículo nos brinda respuesta a estas preguntas y otras relacionadas con el consorcio con contabilidad independiente, proponiendo una solución a través de un análisis de la normativa peruana y jurisprudencia administrativa con base al paradigma interpretativo. La autora nos introduce al tema de responsabilidad solidaria del consorcio a través de la exposición de un caso en concreto, estableciendo la problemática, en el conflicto de intereses que se suscita entre el Estado con sus fines recaudatorios, y el responsable solidario con sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. A través del paradigma positivista se intenta conceptualizar el consorcio y fundamentar el criterio por el que la Administración Tributaria aplica los presupuestos normativos, para que seguidamente en base a una crítica constructiva e interpretativa, se establezcan los lineamientos a considerarse para la atribución de la responsabilidad solidaria, tomando en cuenta los principios constitucionales y el sistema jurídico de manera integral. Con ello se pretende que el lector tenga una idea clara de que camino se debe tomar ante un conflicto de intereses que surge cuando la norma no es clara, o cuando los órganos administrativos emiten un juicio que vulnera el sistema normativo. / Trabajo de investigación

Mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo No. 1421 (PDCT), publicado en septiembre de 2018, se reguló legislativamente el inicio del plazo de prescripción de la acción para exigir el cobro de las deudas tributarias, sobre deudas tributarias cuyo plazo de prescripción en mención ocurrió hasta el 1 de enero de 2012. La entrada en vigencia de la PDCT generó -en su momento y hasta la fecha- discusión en diversos foros acerca de si se infringió o no diversas disposiciones, constitucionales y legales, asociadas -principalmente- a la aplicación correcta de la ley en el tiempo y a la seguridad jurídica. Esta controversia, en el plano judicial, se resolvió con la sentencia No. 556/2020, emitida por el Tribunal Constitucional, en la que se analizó la declaración de inconstitucionalidad de la PDCT. En el presente trabajo, sobre la base previa del análisis de los principales aspectos jurídicos involucrados en la materia, se advertirá si la sentencia 556/2020 incurre en errores al realizar el análisis jurídico constitucional del principio de irretroactividad de las normas tributarias. Así, de un lado, apreciaremos si ha considerado en su análisis las decisiones previas sobre tal principio, afectando la predictibilidad que debe tener todo órgano del Estado que resuelve controversias y, con ello, la seguridad jurídica. Y, por otro lado, si al disponer la aplicación de la PDCT a situaciones que a su entrada en vigencia constituían hechos consumados, se ha generado dos (2) efectos inconstitucionales: (i) que la prescripción ya consumada se haya reiniciado; y, (ii) que, al día de hoy, el régimen de prescripción extintiva en materia tributaria sea imprescriptible. / By means of the First Transitory Complementary Provision of Legislative Decree No. 1421 (PDCT by its acronym in Spanish), published in September 2018, the beginning of the statute of limitations period of the action to demand the collection of tax debts was legislatively regulated, on tax debts whose statute of limitations period in mention occurred until January 1, 2012. The entry into force of the PDCT generated -at the time and to date- discussion in various forums as to whether or not it violated various constitutional and legal provisions, mainly associated with the correct application of the law in time and legal certainty. This controversy, at the judicial level, was resolved with Ruling No. 556/2020, issued by the Constitutional Court, which analyzed the declaration of unconstitutionality of the PDCT. In this paper, based on a previous analysis of the main legal aspects involved in the matter, it will be noted whether Ruling 556/2020 incurs in errors when carrying out the constitutional legal analysis of the principle of non-retroactivity of tax rules. Thus, on the one hand, we will appreciate whether it has considered in its analysis the previous decisions on such principle, affecting the predictability that every State body that resolves controversies must have and, thus, legal certainty. And, on the other hand, if by providing for the application of the PDCT to situations that upon its entry into force constituted consummated facts, two (2) unconstitutional effects have been generated: (i) that the statute of limitations already consummated has been reinitiated; and, (ii) that, as of today, the extinctive statute of limitations regime in tax matters is imprescriptible.

La presente investigación estudia la posibilidad de renunciar a la prescripción en materia tributaria. El tema ha sido abordado por diversos pronunciamientos de los órganos administrativos y judiciales encargados de resolver controversias en materia tributaria, dentro de los cuales se observan criterios contradictorios. En este entendido, la investigación pretende aportar fundamentos sólidos para resolver el tema en mención. Si bien el Código Tributario regula lo concerniente a la prescripción, no existe dispositivo alguno que se refiera específicamente a su renuncia. Por lo tanto, se estudia la posibilidad de aplicar supletoriamente el Código Civil, donde la renuncia se encuentra debidamente regulada. Para dicho fin, se analiza las principales similitudes y diferencias entre la prescripción tributaria y la civil, llegando a la conclusión que la aplicación supletoria de la figura: “renuncia a la prescripción ganada” no desnaturaliza el ordenamiento tributario. Además, se analizan algunos actos que realizan los deudores tributarios, para verificar si pueden considerarse como actos de renuncia a la prescripción. Finalmente se concluye que es posible renunciar a la prescripción tributaria únicamente en la etapa intermedia del fenómeno; sin embargo, es importante analizar cada acto realizado por el deudor para determinar si de su contenido se desprende la manifestación de voluntad de renunciar a este beneficio

La investigación presenta un análisis de la situación objetiva de la subcapitalización, revisando los Métodos que se han utilizado para combatirla a nivel mundial, la implementación del enfoque de mejores prácticas de la Acción 4 del Plan BEPS de la OCDE. A efectos de determinar si la regulación que existe actualmente en el ordenamiento jurídico tributario peruano vigente para contrarrestar sus efectos debe mantenerse o no, y en caso de ser afirmativa la respuesta, nuestra propuesta de implementación del perfeccionamiento tributario correspondiente a la regulación de esta situación objetiva. This research presents an analysis of the objective situation of the thincapitalization, reviewing the methods that have been used to combat it world wide, the implementation of the best practices approach of Action 4 of the OECD BEPS Plan. In order to determine if the existing regulation in the Peruvian tx law order to counteract its effects must be maintained or not, and if the answer is affirmative, our proposal to implement the tax improvement correspending to the regulation ofthis objective situation. / Tesis

¿Cuáles son los parámetros que existían en la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario a fines de 1990 e inicios del siglo XXI? ¿La SUNAT podría calificar la realidad económica de los actos de los contribuyentes para aplicar un hecho imponible? En el marco de la RTF Nº 07577-8-2014 la administración tributaria calificó de simulada una fusión, por considerar que únicamente buscaba un beneficio tributario otorgado por la Ley Nº 26283. Una aproximación preliminar sería que SUNAT no podía argumentar fraude a la ley, por lo que utilizó la herramienta a su alcance para cuestionar la reorganización corporativa. No obstante, no pudo demostrar con solidez lo anterior. Se buscará responder si efectivamente hubo una simulación, y si es que habían otras herramientas jurídicas que se podrían haber aplicado al caso, aplicando el el fraude de ley como principio general del derecho. Si bien es cierto, hay autores que respaldan la postura, lo propuesto es que no existía un abuso de derecho y se utilizaron mecanismos legales válidos en el momento del caso. Asimismo, se agrega un aporte de cómo se hubiera resuelto el caso materia del informe bajo la existencia de la Norma XVI como norma antielusiva y los mayores requisitos societarios bajo la Ley General de Sociedades Nº 26877, en contraposición a la negativa de aplicar el fraude de ley en dicho momento determinado. / What were the parameters of Norm VIII of the Preliminary Title of the Tax Code at the end of the 1990s and the beginning of the 21st century? Could SUNAT evaluate the economic substance of taxpayers' actions to apply a taxable event? In the context of RTF Nº 07577-8-2014, the tax administration characterized a merger as simulated, on the grounds that it was aimed solely at obtaining a tax benefit granted by Law Nº 26283. A preliminary approach suggests that SUNAT could not invoke fraud against the law, thus utilizing the available tool to challenge the corporate reorganization. However, it failed to demonstrate this assertion robustly. This report aims to determine whether there was indeed a simulation and whether other legal mechanisms could have been applied to the case, invoking fraud against the law as a general legal principle. While some scholars support this position, the proposal asserts that there was no abuse of rights and that valid legal mechanisms were employed at the time of the case. Furthermore, the report provides an analysis of how the case would have been resolved under the existence of Norm XVI as an anti-avoidance provision and the more stringent corporate requirements under the General Corporations Law Nº 26877, as opposed to the rejection of applying fraud against the law at that particular time.

El presente informe jurídico aborda la problemática acerca de qué método de amortización es aplicable a los gastos de desarrollo minero. Dicha discusión se deriva de la redacción del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley General de Minería. Actualmente, se han asumido dos posturas divergentes, por un lado, la de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, quienes consideran que el método aplicable es el lineal o proporcional, y, por otro lado, el de la Corte Suprema, quien mediante su reciente Casación No. 93-2022, ha asumido que el método de amortización es de libre opción por parte del titular minero. En ese sentido, corresponde analizar las principales instituciones jurídicas involucradas en el caso, determinar los conceptos jurídicos, así como aplicar los diversos métodos interpretativos que arrojen un resultado interpretativo razonable y conforme a derecho. / The legal report addresses which method of depreciation is applicable to mining development costs. Such discussion derives from the wording of the second paragraph of Article 75 of the General Mining Law (GML). Currently, two divergent positions have been taken. On the one hand, that of the Tax Administration and the Fiscal Court, which considers that the applicable method is the linear or proportional method. The other position, that of the Supreme Court, who through its recent Cassation No. 93-2022, has assumed that the method of depreciation is of free option on the part of the mining holder. In that sense, it behooves us to analyze the main figures involved in the case, determine legal concepts, as well as apply various interpretive methods that yield a reasonable and law-compliant result.

La Resolución de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal N° 09789-4-2017 evidenció las interrogantes que existían sobre la aplicación en el tiempo del Decreto Legislativo N° 1113, mediante el cual, las notificaciones de las Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa fueron establecidas como el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la facultad de la Administración de exigir el pago de la deuda tributaria. A partir de ello, se abrió a discusión sobre si el criterio vinculante establecido por el Tribunal Fiscal era conforme a la normativa y a los principios constitucionales. Por ello, con el objetivo de fijar una interpretación y posición sobre la aplicación en el tiempo de las nuevas modificaciones introducidas, se emitió el Decreto Legislativo N° 1421, el cual contradecía el criterio vinculante establecido por el Tribunal Fiscal, en tanto que, determinaba la aplicación inmediata del nuevo inicio del cómputo del plazo de prescripción a todas las deudas tributarias vigentes, incluidas a aquellas cuyo plazo de prescripción ya había iniciado. En tal sentido, este trabajo pretende sustentar las razones por las que el criterio determinado por el Tribunal Fiscal no es conforme a la normativa ni a la institución jurídica de la prescripción, a través de un análisis en conjunto de las disposiciones normativas vinculantes, doctrina y jurisprudencia. Asimismo, se va a sustentar la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1421 desde la teoría de hechos cumplidos y la propia naturaleza interpretativa de la norma. / The Mandatory Compliance Resolution of the Tax Court N° 09789-4-2017 evidenced the questions that existed about the application in time of Legislative Decree N° 1113, by means of which, the notifications of the Determination Resolutions and Fine Resolutions were established as the beginning of the calculation of the limitation period of the Administration's power to demand payment of the tax debt. From there, a discussion was opened on whether the binding criterion established by the Tax Court was in accordance with the regulations and constitutional principles. Therefore, in order to establish an interpretation and position on the application in time of the new modifications introduced, Legislative Decree N° 1421 was issued, which contradicted the binding criterion established by the Tax Court, insofar as it determined the immediate application of the new start of the calculation of the limitation period to all current tax debts. including those whose statute of limitations had already begun. In this sense, this paper aims to support the reasons why the criterion determined by the Tax Court is not in accordance with the regulations or the legal institution of the statute of limitations, through a joint analysis of the binding regulatory provisions, doctrine and jurisprudence. Likewise, the constitutionality of Legislative Decree N° 1421 will be supported from the theory of fulfilled facts and the interpretative nature of the norm itself.

En este informe se aborda la controversia respecto de si resulta aplicable, en relación con el Impuesto a la renta, el tratamiento tributario concerniente a los Instrumentos Financieros Derivados a un Contrato de Suministro de Azúcar, en el cual el contribuyente actúa como intermediario entre el proveedor y el consumidor final del mismo. Asimismo, si es que resulta acorde a nuestra legislación tributaria que, se considere como gravable con el referido impuesto, a los ingresos obtenidos como devolución por el Estado Peruano respecto de derechos arancelarios pagados a raíz de la importación de azúcar al país, aún cuando para considerarlo como tal, la autoridad fiscal se basa en determinación del Impuesto a la renta de un periodo que no es materia de fiscalización. Este análisis también trata la figura de la prescripción en materia tributaria y, a su vez, el principio de seguridad jurídica que incide tanto en la prescripción, como en la motivación de actos administrativos. El objetivo de este trabajo es proporcionar una respuesta a dichas controversias, sustentando no solo en una interpretación de nuestra normativa, sino también de jurisprudencia y doctrina relevante. Así, la controversia es de vital relevancia dado que cuenta con un análisis práctico de la determinación del Impuesto a la Renta y, a su vez, en decisiones empresariales reales, las cuales se encuentran vinculadas con actuaciones del Estado

La presente investigación analiza el tratamiento del Impuesto General a las Ventas o Impuesto al Valor Agregado (IVA como se conoce a nivel mundial o IGV en el Perú) de los servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados a consumidores finales en el Perú, servicios tales como: UBER, NETFLIX, SPOTIFY, AIRBNB, OPEN ENGLISH, entre otros. Actualmente, dichos servicios se brindan a través de plataformas virtuales desde el extranjero y son utilizados en el país por consumidores finales que no realizan actividad empresarial y por los cuales se realiza una contraprestación dineraria a través del pago del servicio mediante tarjetas de crédito o débito, teniendo como intermediario alguna entidad bancaria vinculada a la tarjeta de crédito, participando así dicha entidad bancaria como un intermediario entre el usuario y el prestador del servicio, ya que los importes cargados a la tarjeta de crédito se trasladan a favor del prestador del servicio digital pudiendo ser una cuenta nacional o extranjera. En cuanto, a la utilización de servicios1 la Ley del Impuesto General a las Ventas2, lo considera como un hecho gravado con el impuesto. Asimismo, se considera sujeto del impuesto tanto a la persona natural o jurídica que realiza actividad empresarial como a la persona natural que no realiza actividad empresarial pero utiliza el servicio de forma habitual3. Entendiéndose, de acuerdo al Reglamento de la Ley del IGV, por operaciones habituales las que son onerosas y de carácter comercial4. En consecuencia, aquel usuario o consumidor final que no realiza actividad empresarial pero utiliza el servicio digital, prestado por un sujeto no domiciliado, de forma habitual es decir realiza un pago en retribución del servicio brindado, es sujeto del pago del IGV al igual que cuando se utiliza un servicio digital prestado por un sujeto domiciliado por ejemplo en el uso de canales de cable o streaming brindados por MOVISTAR, CLARO,DIREC TV entre otros. No obstante lo señalado, actualmente en el Perú no se realiza el pago y recaudación del IGV cuando los servicios digitales de UBER, NETFLIX, SPOTIFY, AIRBNB, OPEN ENGLISH, entre otros, prestados por sujetos no domiciliados a través de plataformas virtuales son utilizados en el país por consumidores finales que no realizan actividad empresarial. En consecuencia, el consumidor final que no realiza actividad empresarial y utiliza un servicio digital prestado por un sujeto domiciliado sí paga el IGV correspondiente, a diferencia de cuando utiliza un servicio digital prestado algún sujeto no domiciliado. Por 1 El servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en que se pague o se perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato. 2 Artículo 3º, literal c) numeral 1 del Decreto Supremo Nº 055-99-EF y modificatorias. 3 Artículo 9º, numeral 9.2 del Decreto Supremo 055-99-EF y modificatorias. 4 Artículo 4º, numeral 1 tercer párrafo del Decreto Sumpremo Nº 029-94-EF y modificatorias 2 lo que se estaría vulnerando el principio de neutralidad e igualdad del IGV al colocar en desventaja comercial al proveedor del servicio digital domiciliado. La presente investigación tiene por objeto analizar el tratamiento del IGV en los servicios digitales prestados, mediante plataformas virtuales, por sujetos no domiciliados a consumidores finales en el país que no realizan actividad empresarial, para lo cual se propone trasladar a la Ley del IGV las condiciones de carácter oneroso y comercial de la habitualidad en la utilización de servicios previstos actualmente en el Reglamento de la LIGV, con la finalidad de preservar el principio de Reserva de Ley y hacer exigible el pago del impuesto a los consumidores finales. Asimismo, se propone un mecanismo de recaudación del IGV cuando se trate de servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados a consumidores finales en el país de acuerdo con el plan de Acción 1 BEPS5 referido a los desafíos fiscales que plantea la Economía Digital y que en los últimos años ha cobrado importancia reconocida por la OCDE6.(Plan de acción BEPS, OCDE, 2013)

La depreciación mantiene un tratamiento diferenciado desde el punto de vista contable (financiero) y desde el punto de vista tributario. Contablemente, las compañías que adopten las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) pueden establecer el valor de sus activos fijos a partir de su costo histórico (valor de adquisición arrastrado a la fecha) o a partir de una estimación denominada valor razonable; sin embargo, tributariamente, la depreciación debe aplicarse a partir del valor de ingreso al patrimonio (costo histórico). La problemática se genera cuando las compañías adoptan el valor razonable de sus activos fijos para efectos financieros (NIIF) y éstos difieren en un mayor o menor monto respecto al costo histórico, generando una base de cálculo distinta para efectos de determinar la depreciación contable y tributaria. Esta situación ha resaltado aún más con la emisión por parte de la Administración Tributaria del Informe Nº 025-2014-SUNAT/4B0000 de 28 de febrero de 2014, en el que señala que en caso el valor razonable de los activos fijos sea inferior al costo histórico, la diferencia no podría depreciarse y tampoco podría utilizarse como gasto (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Intendencia Nacional Jurídico, 2014, pp. 2-4). Ante este escenario las compañías han desarrollado tres posibilidades de tratamiento: i) aplicar la depreciación utilizando como base de cálculo el valor razonable (menor al costo histórico), ii) aplicar la depreciación utilizando el valor razonable (menor al costo histórico), pero difiriendo el monto no depreciado (costo histórico menos valor razonable) al final de la vida útil para tomar el gasto en esa oportunidad, iii) aplicar la depreciación a partir del costo histórico (mayor al valor razonable). En el presente trabajo se realizará un análisis de la situación desde un enfoque contable y desde la perspectiva tributaria, apoyándonos en la normativa, jurisprudencia y doctrina, a fin de identificar la mejor alternativa. / Trabajo de investigación