La presente investigación muestra un caso referido al desarrollo local y territorial, llevado a cabo en el departamento de Cusco, abarcando las provincias de Cusco, Paucartambo, Paruro y Quispicanchis por parte del programa Sierra Productiva. Se relaciona con la creación de cadenas de valor, el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida de los usuarios del programa a través de la valoración y respeto de la diversidad natural y cultural, combinados con la innovación tecnológica y el diálogo de saberes, teniendo como base aprovechar oportunidades externas y el desarrollo de las capacidades sociales articuladas desde el territorio y con la participación de los actores sociales. Para el desarrollo de la investigación se empleó la metodología cualitativa, dada la existencia de percepciones, opiniones e interpretaciones que no son expresadas de manera cuantitativa, al tenerse hechos que requieren ser presentados subjetivamente. Permitiéndonos conocer y explicar el desarrollo del diálogo de saberes entre el yachachiq y los usuarios del programa Sierra Productiva. Para tal fin, se emplearon instrumentos de recojo de información como entrevistas semi estructuradas que contaron con guías de conversación y visitas guiadas, para evidenciar los hallazgos. Los hallazgos están referidos a aspectos de intercambio de conocimientos de las tecnologías ancestrales y los conocimientos modernos tales como cuidado del medio ambiente, mejora de la calidad de alimentación y vida, cambios en la vida económica y política de las comunidades y la participación de la mujer en el Programa Sierra Productiva, en el intercambio de saberes como yachachiq, usuarias y líderes comunales. La experiencia muestra que la intervención privada organizada, no se ha quedado atrás y también ha marcado una participación en la lucha contra la pobreza monetaria, que de acuerdo al INEI se considera como: “… pobres a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos…” (2019:39), que en adelante llamaremos pobreza, así como sus cambios y consecuencias, a nivel de acceso a servicios básicos, mediante políticas particulares que también han logrado resultados de tipo sostenible. El yachachiq, no solo difunde los conocimientos modernos y ancestrales a través del diálogo de saberes, el conocimiento y los cambios no se imponen, sino se dan en el marco de la participación de los usuarios, quienes también comparten sus propios conocimientos, configurando un valioso espacio de interaprendizaje.

Conectar a los desconectados viene siendo, con mayor o menor intensidad, la situación deseada de atención a un problema en la agenda pública peruana desde hace casi treinta años. A inicios de la década de los 2020, sobre todo a raíz de la pandemia de la COVID- 19, se ha visto que la amplia brecha en los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales limita, en sus habitantes, condiciones elementales para el desarrollo de sus proyectos de vida, su inclusión social y el ejercicio de sus derechos en igualdad. Dicho esto, el problema público identificado es la insuficiente conectividad de servicios de telecomunicaciones para los habitantes de áreas rurales de «brecha residual» de telecomunicaciones. Con este nuevo término, se pretende caracterizar a aquellas localidades que, para el sector privado y el sector público, no son priorizadas ni son priorizables dentro de las intervenciones de inversión de los modelos de negocio ni de las que conforman el diseño institucional actual con las que se promueve la entrega de servicios en áreas rurales. Las causas de las que deviene este problema público se encuentran en la concurrencia de que las intervenciones públicas en el cierre de brechas de conectividad resultan limitadas, a que existen mayores preferencias de inversión privada en áreas urbanas y a la presencia de condiciones desfavorables para la generación de demanda en áreas rurales. Por ello, se considera válido revisitar este problema público bajo una heurística que profundice sobre estas causas e identifique cuáles son las limitaciones en el actual diseño institucional. Es así como se establece que la conectividad digital en áreas de «brecha residual» califica como un wicked problem y que el diseño institucional actual, regido con intervenciones top-down, es insuficiente para afrontarlo con eficacia. En tal sentido, este trabajo propone, partiendo de la oportunidad que brinda la emergencia de las redes comunitarias sostenibles como espacios de autogestión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, la incorporación de una tercera vía que promueva en el Perú, como política pública, a las redes comunitarias de comunicaciones para la atención de la brecha residual en el corto plazo. Esta nueva vía, complementaria al diseño institucional actual peruano, se constituye a partir de un nuevo modelo bottom-up de gobernanza multiestamental centrado en el potencial usuario rural y con base en una organización conformada para este propósito o en el actual tejido rural de organizaciones comunitarias de otros sectores, como son, por ejemplo, las comunidades campesinas, las administradoras de servicios de agua o las cooperativas cafetaleras. Su materialización se da en la generación de un marco normativo específico que promueva, como política pública, una estructura de decisión para las comunidades en las que se reconfiguren los roles de los actores y sus dinámicas tradicionales. En este espacio, fuera de las lógicas de mercado tradicionales, las comunidades organizadas pueden, en línea con sus inherentes aspiraciones, reconocer sus necesidades, limitaciones, amenazas y fortalezas y, a partir de ello, elegir y desarrollar un esquema de conectividad contextualmente más eficiente bajo un enfoque de interculturalidad y que aprovechen, por ejemplo, soluciones de bajo costo o de tecnologías abiertas. Por su parte, las funciones del Estado devienen en un rol de promoción, de articulación y, eventualmente, de financiamiento; no siendo menor el rol que, potencialmente, pueden cumplir la sociedad civil, el sector privado, la academia o la cooperación internacional en estas mismas funciones. / Connecting the disconnected has been, with greater or lesser intensity, the desired situation of attention to a problem in the Peruvian public agenda for almost thirty years. At the beginning of the 2020s, especially because of the COVID-19 pandemic, it has been seen that a wide gap in telecommunications services in rural areas limit their inhabitants the elementary conditions for the development of their life projects, for their social inclusion and the exercise of their rights with equality. That said, the public problem identified is insufficient telecommunications service connectivity for inhabitants of rural areas of telecommunications called "residual gap". With this new term, it is intended to characterize those localities that, for the private sector and the public sector, are not prioritized or prioritizable within the investment interventions of the business models or those that make up the current institutional design with which the delivery of services in rural areas is promoted. The causes of this public problem lie in the concurrence that public interventions in closing connectivity gaps are limited, that there are greater preferences for private investment in urban areas, and the presence of unfavorable conditions for the generation of demand in rural areas. Therefore, it is considered valid to revisit this public problem under a heuristic view that focus on these causes and identifies what the limitations are in the current institutional design. This is how it is established that digital connectivity in areas of "residual gap" qualifies as a wicked problem and that the current institutional design, governed by top-down interventions, is insufficient to face it effectively. In this sense, this work proposes, based on the opportunity offered by the emergence of sustainable community networks as spaces for self-management of telecommunications services in rural areas, the incorporation of a third way that promotes in Peru, as a public policy, community communications networks for the attention of the residual gap in the short term. This new path, complementary to the current Peruvian institutional design, is constituted from a new bottom-up model of multi-state governance focused on the potential rural user and based on an organization formed for this purpose or on the current rural fabric of community organizations from other sectors, such as, peasant communities, water service managers or coffee cooperatives. Its materialization occurs in the generation of a specific normative framework that promotes, as a public policy, a decision-making structure for communities in which the roles of the actors and their traditional dynamics are reconfigured. In this space, outside of traditional market logics, organized communities can, in line with their inherent aspirations, recognize their needs, limitations, and strengths and, from this, choose and develop a contextually more efficient connectivity scheme under an intercultural approach and it takes advantage of, for example, low-cost solutions or open technologies. For its part, the functions of the Government become a role of promotion, articulation, and, eventually, financing; the role that civil society, the private sector, academia, or international cooperation can potentially play in the same functions is not minor.

En el presente trabajo de investigación se examina el rol que cumplen las ONG de asistencia técnica a las asociaciones de pequeños productores rurales en el biocomercio, bajo el enfoque de la gestión colaborativa. El biocomercio es un nuevo modelo de negocio con presencia en el Perú, sin embargo, una de las limitaciones para su promoción es la deficiente situación en las que se encuentran las asociaciones de productores, por ejemplo, poseen poco conocimiento sobre las técnicas de producción adecuadas a su realidad (De la Cruz, 2016), presentan escasa provisión de los servicios de asistencia técnica (FAO, s/f) o insuficiente acceso tecnológico para vincularse a mercados nacionales e internacionales (IICA, 2017). Por ello, desde diferentes sectores han surgido planes de desarrollo para revertir este panorama, siendo uno de estos las ONG. Estas colaboraciones son recurrentes para lograr la maximización de los beneficios y continuidad de los procesos agrícolas. No obstante, se identificó la falta de investigación a partir de este enfoque de gestión colaborativa entre los actores –asociaciones de productores y ONGen el sector del biocomercio, problema de investigación a tratar en la presente. Se considera relevante este trabajo puesto que permitirá tener un mayor acercamiento, bajo el desarrollo de los aspectos teórico-contextuales, sobre el enfoque colaborativo en el contexto del biocomercio, la descripción a profundidad de las relaciones existente en las cadenas de valor, además de promocionar esta nueva práctica comercial en el Perú.

Uno de los factores para el desarrollo sostenible de un país es la provisión de servicios públicos a sus ciudadanos. La carencia de la infraestructura necesaria imposibilita el desenvolvimiento normal de un país. Incluso, la provisión de servicios públicos combate directamente los niveles de pobreza de sus poblaciones. Sin embargo, una de las prestaciones de servicios de las que adolece nuestra población es la del suministro eléctrico. Tal es así que en los Censos Nacionales del 2007, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), registra que sólo un 74,1% de la población peruana tiene cobertura del suministro eléctrico. Es decir, de una población total de 27’057,199 de personas que residen en Perú, 6’464,886 no cuentan con el suministro eléctrico. Esta realidad es una de las grandes limitantes que no permite un desarrollo sostenible de nuestro país.

Una de las principales banderas de lucha de los agricultores desde las primeras décadas del siglo XX, ha sido la conquista del derecho a ser propietarios de la tierra que trabajan. Desde el proceso de Reforma Agraria iniciado en el gobierno del General Velasco Alvarado (1969-1975) y durante los años sucesivos, se otorgaron miles de títulos de propiedad a los agricultores, sea directamente o por medio de empresas asociativas de propiedad común. Pese a las marchas y contramarchas, han pasado cuarenta años de iniciado el proceso de titulación y de haberse aplicado diversas políticas de formalización por los gobiernos de turno. Por lo que puede afirmarse, que en un buen porcentaje, se ha cumplido con incorporar la titularidad de los predios agrícolas a la formalidad. En ese contexto este trabajo analiza cómo fueron concebidas, elaboradas, y ejecutadas las mencionadas acciones de Estado, tomando en consideración la capacidad instalada y la cantidad de recursos económico-financieros utilizadas para ese fin. Para ello se enfoca nuestro análisis en las labores de formalización de la propiedad rural realizadas en el periodo 1992-2000, teniendo como ámbito geográfico el departamento de Lima, focalizado en las acciones efectuadas en el valle de Huaral, sector Villa Hermosa-Caqui. Se ha escogido este periodo porque en dicha época se inició el proceso de formalización masivo, a través de una nueva institución del Estado creada con ese fin: “El Proyecto Especial de Titulación de Tierras Rurales y Catastro Rural (PETT), institución que contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo considero necesario constatar la existencia de los efectos prácticos de la formalización de la propiedad, en las actividades realizadas por los agricultores beneficiados, que en el caso de nuestra investigación, son un sector de los pequeños agricultores del Valle de Huaral / Tesis

A diferencia de otros grandes proyectos de inversión pública o privada, el Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco es una obra deseada por la población local. La gran mayoría de la población de Chinchero desea que este proyecto se construya en su localidad porque cree que este generará cambios positivos en el distrito. Algunos de estos cambios, según las ideologías de desarrollo de los pobladores, están relacionados con mejores servicios, mayores oportunidades de empleo y una dinamización de actividades económicas alternativas a la agricultura. Esta investigación se enfoca en los procesos de negociación entre la población local y el Estado que han permitido que el proyecto inicie en comparación a periodos anteriores. La hipótesis de esta investigación es que las ideologías del desarrollo de los pobladores han influido en sus negociaciones con las instituciones estatales permitiendo el éxito de las mismas a pesar de que ocurriendo una serie de acontecimientos que pudieron frenar el proyecto. Debido a la complejidad del proceso, la investigación está dividida en cinco capítulos. En el primero, explico la relación que existe entre los proyectos de infraestructura y lo que defino como ideologías del desarrollo. Luego, reconstruyo la historia del proyecto AICC desde su inicio a finales de los setenta hasta el año 2010 que el Gobierno Regional del Cusco retoma el proyecto del aeropuerto. Después, analizo propiamente la negociación entre las instituciones estatales y la comunidad de Yanacona. Esta negociación inició con una demanda de consulta previa que no llegó a realizarse y terminó con la “expropiación” de terrenos para dar inicio al proyecto AICC. Posteriormente, describo el proceso de reubicación de las viviendas de los pobladores que vivían en los terrenos que fueron expropiados y la situación de los pobladores que no fueron reubicados pero que vivían a escasos metros del terreno que ocuparía el futuro aeropuerto. Finalmente, presento los problemas que comienzan a ocurrir en el distrito una vez que se ha dado inicio al proyecto y que muestran la contradicción entre las ideologías del desarrollo de los pobladores y las consecuencias del inicio del proyecto del aeropuerto. La conclusión general de este trabajo es que son las ideologías de desarrollo de la población local, reproducidas a través de sus prácticas, las que permiten el inicio de un proyecto de infraestructura sin ningún tipo de conflicto de alta intensidad que pueda ponerlo en riesgo. / Tesis

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Una de las reformas que ha experimentado el país desde fines del gobierno de Fujimori (1990-2000), ha sido la llamada Descentralización. Este proceso, en busca de equilibrar el ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno (local, regional y nacional) y el desarrollo integral del país, ha partido desde modificaciones legislativas y por la cada vez mayor presión social ejercida hacia el Estado, de parte de las poblaciones no atendidas. De este modo, se cuenta actualmente con la Ley Base de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco del Presupuesto Participativo, que dan el sustento legal para la descentralización. A partir de ellas, se ha establecido a la participación en espacios de poder local y regional, como mecanismo constructor de horizontalidad entre las relaciones de los diversos actores sociales y políticos en el país, con el fin de reconstruir la representatividad política y el sistema democrático. La participación se constituye en una nueva forma de vinculación con el Estado, ya que la sociedad civil, organizada bajo diferentes formas de agrupaciones y asociaciones, que van desde las Organizaciones Sociales de Base, Asociaciones Culturales, Asociaciones Barriales y Empresariales, pueden intervenir, decidir, plasmar y vigilar, todo lo que respecta a las políticas públicas de las instancias de poder político, principalmente en los gobiernos municipales y regionales. Los espacios de participación, creados desde el año 2000, los Presupuestos Participativos, Mesas de Lucha Contra la Pobreza, Concejos de Coordinación Local, Regional y otros espacios según las necesidades de los contextos particulares del país, se han ido plasmando como una nueva forma de entender la práctica política, y por supuesto, la democracia. / Tesis

La investigación analiza cómo las políticas públicas responden a la dinámica social, económica y comercial de las familias de ganadería altondina mixta. Para ello, se ha utilizado el Censo Nacional Agropecuario 2012 para identificar características sociales, económicas y productivas; se ha aplicado una encuesta sobre gastos, ingresos, inversiones y resultados productivos; analizado los sistemas y márgenes de comercialización; identificado políticas públicas regionales y nacionales que con influencia en la producción y comercialización alpaquera. Se ha encontrado que existen tres estratos de familias de ganadería altoandina mixta de acuerdo a la cantidad de animales. La diversificación es común y la especialización en la crianza de alpacas se inicia en los estratos mayores. Los estratos bajos se caracterizan por ser relativamente más jóvenes, tener menor tamaño familiar, mayor presencia femenina como jefe de hogar y menor nivel educativo. Las prácticas sanitarias son comunes y las inversiones de mediano y largo plazo (pastos y mejoramiento genético) están difundidas de acuerdo a la dinámica ecológica. En la puna seca es fundamental la inversión productiva para la generación de ingresos económicos y producción de fibra. Los Centros de Acopio Local (CAL) han mejorado la eficiencia de la comercialización generando utilidades de forma, espacio y posesión, sin embargo, los intermediarios tradicionales han establecido fuertes relaciones no comerciales debido a su permanencia geográfica e histórica. Finalmente, las políticas públicas para el sector resultan débiles para el desarrollo social, especialmente en educación, sesgada para el desarrollo productivo hacia inversiones de corto plazo; y adecuadas para el acceso al financiamiento, la estandarización de la información técnica y generación de espacios multiactor para la coordinación de las actividades de los CAL a nivel regional. / Seminario Permanente de Investigación Agraria (Lima) / Tesis