El presente trabajo de investigación tiene como fin determinar criterios jurídicos en la postura de garante de los altos funcionarios, a partir del análisis y verificación del estatus que poseen, en razón del cargo, como criterio configurador del delito de homicidio doloso en las manifestaciones sociales. La tesis explora-como referencia-la denuncia constitucional N°1502020, en contra del ex Presidente Merino de Lama, como presunto autor del delito en cuestión. De ahí que, se estudió el delito de omisión impropia, en tanto que, el sujeto activo/autor tiene incito el nexo de evitación, por lo que, está obligado a evitar que se produzca el resultado lesivo, y permite que se afecte al bien jurídico. Frente a ello, el estudio desarrollado tiene sustento en la tesis de infracción de deber, en la cual el estatus del alto funcionario por su condición especial y personal, no tiene relación directa con el resultado lesivo en el delito de homicidio. En tal sentido,no es posible pretender encajar la tesis del dominio del hecho, por cuanto, no domina ni el riesgo típico que exige un deber específico-deber que el Presidente no defrauda-previsto en una norma extra-penal. De ahí que, se propone la implementación de los criterios jurídicos de: el nexo de evitación, la previsibilidad y el hombre promedio en sociedad; en la postura de garante. Y a fin de operativizar los conceptos propuestos, se concluye que, no es posible atribuir responsabilidad penal al Presidente de la República. / The purpose of this research work is to determine legal criteria regarding the position of guarantor held by high-ranking officials, based on the analysis and verification of the status they possess by virtue of their office, as a determining factor in the crime of intentional homicide during social demonstrations. The thesis explores, as a reference, the constitutional complaint No. 150-2020 against former President Merino de Lama as the alleged author of the aforementioned crime. From there, improper omission offenses were studied, considering that the active/author subject has a duty to prevent the harmful outcome and allows the infringement of the legal interest. In light of this, the study is grounded in the theory of breach of duty, in which the status of a high-ranking official, due to their special and personal condition, does not have a direct relationship with the harmful outcome in the crime of homicide. Thus, it's not possible to fit the theory of control of the act, as there is no control over the typical risk that requires a specific duty - a duty that the president does not breach - provided by an extrapenal norm. Therefore, the implementation of the following legal criteria in the position of guarantor is proposed: the duty to prevent, foreseeability, and the average person in society. In order to operationalize the proposed concepts, it is concluded that it is not possible to attribute criminal responsibility to the President of the Republic.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El delito de peculado o malversación de caudales públicos del art. 233 del Código Penal, constituye un delito que protege atentados contra la función pública. Este delito cometido por un funcionario público, infringe el principio de probidad administrativa, y lesiona el aspecto patrimonial del Estado. El injusto de esta figura delictiva, se caracteriza por que el funcionario a cargo de los fondos, y que se encuentra en una posición jurídica de conservación respecto de éstos, infringe este deber cuando los sustrae o consiente en que otro los sustraiga. La doctrina ha considerado que este delito constituiría un delito especial, ya que restringe el círculo de autores a los sujetos que posean una cualificación especial de empleados o funcionarios públicos. Sin embargo, se discute si esta cualificación especial constituye un elemento fundante del delito o sólo es una circunstancia agravante del injusto. Una posición reciente en la literatura nacional, adopta la doctrina de los delitos de infracción de deber, y señala que este delito se caracterizaría por ser de tipo. Se plantea por la doctrina nacional la discusión sobre el tratamiento penal de la participación de terceros extraneus en este delito, en cuanto al título de imputación penal aplicable, y el grado de participación imputable. El Código Penal no contiene una norma expresa al respecto, por lo que la doctrina se ha dividido frente a este tema, ofreciendo tres posiciones definibles. La primera sostiene que la calidad especial del sujeto activo se comunica al extraneus, otra postura mayoritaria señala que el sujeto no cualificado será autor del delito común o residual del delito de peculado, y una tercera postura señala que no puede castigarse al sujeto no cualificado como autor del delito especial. La postura de este trabajo, de acuerdo a una revisión de las soluciones que ofrece la doctrina nacional, apoya la tesis de la intervención del extraneus en delitos especiales, sólo bajo la hipótesis de participación accesoria. / 29/05/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis(magister en derecho penal) / El objeto de este trabajo es comprobar la hipótesis consistente en que las figuras penales de exacciones ilegales contenidas en los arts. 147, 157 y 241 del Código Penal, presentan un común elemento del tipo, definido como una conducta ilícita que contiene un requerimiento de naturaleza imperativa o perentoria, asociado a una situación interpersonal de preeminencia, comunicado al sujeto pasivo, y consumado mediante su percepción y comprensión de su significado. Sería un elemento dotado de entidad y función propias, independiente de otros medios comisivos, como la conminación o el engaño, que eventualmente pueden o deben concurrir en algunos tipos penales. La finalidad del trabajo se obtiene mediante una metodología de investigación que comprende la pertinente normativa legal, la doctrina y la jurisprudencia, implicando un proceso interpretativo de carácter dogmático, crítico y sistemático, orientado a determinar, en general, la naturaleza, función y características de la exigencia ilícita, como elemento esencial, dando lugar a soluciones precisas respecto de diversos problemas de relevancia que se presentan en la práctica. Luego, se analiza cada una de las figuras penales, con el fin de comprobar la hipótesis, precisando los respectivos elementos de la tipicidad, especialmente los sujetos, los medios comisivos, los objetos materiales y los elementos subjetivos; y finalmente, se procede a tratar las principales cuestiones concursales que se presentan entre los tipos penales materia de esta tesis y otros delitos, comunes y especiales. Los resultados obtenidos permiten comprobar la hipótesis, mediante la concepción precisa y autónoma de la conducta ilícita fundamental, consistente en la exigencia o imposición de carácter imperativo o perentorio, planteada como prestación obligatoria ante el sujeto pasivo, basada en la preeminencia del sujeto activo, y ejecutada mediante la comunicación del requerimiento, que se completa cuando el sujeto pasivo percibe el mensaje ilícito y adquiere comprensión de su significado. Esta acepción fundamental permite diferenciar conceptualmente a la conducta ilícita propia de las exacciones típicas, de otros medios comisivos eventuales o requeridos en particular por algunas de las figuras penales materia del trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo pretende exponer y sistematizar de una forma coherente y práctica la abundante y en ocasiones disímil jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, recaída en el actual Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyo texto primitivo se encuentra contenido en la Ley Nº 19.070, vigente desde el 1º de Julio del año 1991, modificado por varias leyes posteriores y refundido, coordinado y sistematizado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año 1996 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial Nº 35.672 de fecha 22 de Enero de 1997, mismo que a la fecha también ya ha sufrido algunas modificaciones de relevancia. Para todos los que se vinculan de alguna forma a la función docente, este trabajo puede representar una ayuda en orden a conocer y eventualmente interpretar adecuadamente la normativa contenida en el referido Estatuto Docente y su Reglamento, así como el gran número de normas que lo complementan e informan

Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la evolución y lineamientos de los tribunales en torno a acoger o rechazar la aplicación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos. Para ello realizaremos un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de la materia, nos referiremos a las distintas hipótesis sobre este asunto, a saber: la incompetencia de los tribunales, la aplicación de la tutela a los funcionarios públicos y la declaración de inconstitucionalidad de ello, para detenernos, finalmente, en los distintos proyectos de ley existentes sobre el tema, cuyo fin es consagrar legalmente dicha aplicación.

Este estudio de caso investiga los efectos de la incorporación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) en la dimensión político cultural de la UGEL N°7, basados en la hipótesis que su incorporación inició el tránsito de la organización de un Sistema Cerrado a una de tipo Arena Política, dadas las competencias de gestión estratégica y gestión del entorno político del CGP como actor colectivo. A través del análisis de los hechos significativos demostramos que, previo a la incorporación del CGP, la UGEL N° 7 era una organización de Tipo Sistema Cerrado, con una coalición interna muy burocrática, concentrada en el personal perteneciente al Régimen del D. L. N° 276. Sin embargo, con la incorporación del CGP llega un nuevo actor que disputa desde la estructura ostensiva (asumiendo jefaturas en la organización) el poder performativo de las redes de la organización, inaugurando una etapa que, según la tipología de Mintzberg, es denominada de Arena Política confrontacional entre los CGP y los miembros del D. L. N° 276. Luego, esta Arena Política Confrontacional se transforma en una Arena Política de Alianzas Frágiles, gracias al liderazgo del Principal (Director de la UGEL N°7), la gestión de las asimetrías salariales y desarrollo de aliados estratégicos, llevando a la organización al desarrollo de buenas prácticas reconocidas a nivel nacional. Sin embargo, su alejamiento a propósito de la Reforma Magisterial, trajo consigo una reconfiguración de las coaliciones, retornando los actos de confrontación, que llevan a la UGEL N°7 a una tercera etapa, denominada de Organización Politizada, caracterizada por presentar conflictos de intensidad moderada y naturaleza constante. La principal conclusión arribada es que los conflictos señalados están vinculados principalmente a la cultura organizacional predominante y la resistencia al cambio, 4 sustentada en el poder que concentran los trabajadores del régimen laboral del D.L. N° 276 y que, en el periodo de tiempo investigado, el Cuerpo de Gerentes Públicos como actor colectivo demostró conocimientos generales de gestión y normativa pública pero, limitadas capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión estratégica y gestión del entorno político, lo que impide llevar a la UGEL N°7 a otras etapas de desarrollo en su ciclo de vida organizacional. Finalmente, y no menos importante es señalar que las UGEL de Lima Metropolitana concentran el 28% de la población peruana y sólo en Educación básica regular se matriculan cada año alrededor de 1.9 millones de estudiantes, equivalente al 25% del total nacional. No queda duda que los cambios que el CGP pueda lograr en estas organizaciones, impactarán en un porcentaje considerable de las generaciones en formación en nuestro país.

El servicio de identificación y documentación brindado a las comunidades nativas de la Amazonía peruana ha incorporado en los últimos diez años la oferta móvil como una estrategia para facilitar el acceso de estos ciudadanos a su documento de identidad. Frente a las distancias entre el diseño y la implementación de la política que guía el referido servicio, los burócratas de la calle (registradores) se ven desafiados a desarrollar diversas estrategias para alcanzar el propósito de ésta política. El objetivo de la investigación es comprender la contribución de las estrategias desarrolladas por los registradores itinerantes para garantizar el derecho a la identidad de los miembros de las comunidades nativas de Loreto durante el 2015-2016. A partir del análisis retrospectivo como método cualitativo, se identifica la brecha existente entre el diseño y la implementación de la política de identificación y documentación. Esta brecha limita la posibilidad de recuperar las estrategias desarrolladas a partir de la discrecionalidad que ejercen los burócratas de la calle. Por ejemplo, las redes informales de alianzas estratégicas para hacer efectivo este servicio, la pertinencia cultural para relacionarse con la ciudadanía, así como la gestión de los problemas operacionales que surgen. De esta manera, se explica que el nivel de influencia que ellos ejercen sobre la ciudadanía es determinante para la implementación de la política, ocupando muchas veces un rol de fixers, dispuestos a intervenir ahí donde ocurre algún percance que pueda afectar los resultados y sentido que se persiguen, generando así una tipología de gestión en función a los problemas enfrentados. El valor de las estrategias sorteadas por los burócratas de la calle permite evidenciar la necesidad de corregir falencias en el diseño de la política que salen a la luz en el proceso de implementación, particularmente cuando ésta se aplica en contextos culturalmente diversos. / The identification and documentation service provided to the native communities of the Peruvian Amazon has incorporated the mobile offer in the last ten years as a strategy to facilitate the access of these citizens to their identity document. Due to de differences between the design and the implementation of this service, street bureaucrats (registrars) are challenged to develop various strategies to achieve the purpose of this policy. The intention of this research is to understand the contribution of the strategies developed by the itinerant registrars to guarantee the right to identity of the members of the native communities of Loreto during 2015-2016. Based on a qualitative “backward mapping”, a gap between the design and implementation of the policy is identified. This gap limits the possibility of recovering the strategies developed by street bureaucrats that own great discretionary powers. For example, the informal networks of strategic alliances to make this service effective, the cultural relevance for the relationship with the citizenship, as well as the management of the operational problems that arise in the field. In this way, it is explained that the level of influence they exert on the citizenship is vital for the implementation of the policy, often assuming a role of fixers, willing to intervene where a mishap occurs that may affect the results and meaning that are pursued, thus devolving a management typology according to the faced problems. The value of the strategies implemented by street bureaucrats makes possible to highlight the need to correct flaws that become evident in the implementation process, particularly when it is applied in cultural diverse contexts.

La tesis aborda los ciclos de diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública, entre los años 2015-2017. Las aproximaciones académicas sobre gestión escolar en Latinoamérica y Perú son escasas. En Latinoamérica, el principal aporte se da en el marco del convenio Andrés Bello, que indica que los factores de eficacia escolar están relacionados a que las escuelas tengan por misión el logro de los aprendizajes, a la participación de la comunidad educativa, al incentivo del debate pedagógico; a un buen clima escolar y que los docentes se sientan comprometidos con la institución educativa (Murillo, 2007). En Perú, destaca el estudio de factores asociados a calidad educativa de Liliana Miranda (2008), la comparación sobre gestión escolar en colegios públicos y privados (Miranda, 2008); el estudio sobre la implementación de los enfoques de autonomía e instrumentos de gestión escolar en un grupo de instituciones educativas (Cuglievan y Rojas, 2008) y el estudio sobre liderazgo directivo (Freire y Miranda, 2014). El objetivo de la investigación fue conocer las dinámicas de implementación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública entre los años 2015- 2017 y los objetivos específicos fueron tres. El primero, orientado a describir las características de los compromisos de gestión escolar durante los años 2015-2017, el segundo encaminado a explicar su proceso de implementación por parte del Ministerio de Educación durante los años 2015- 2017 y el tercero, que buscó describir su proceso de evaluación durante el mismo período. La metodología del estudio fue cualitativa, y se usó dos técnicas de investigación. La primera que consistió en revisión documentaria, mediante la cual se analizó documentos normativos y técnicos asociados al desarrollo de los compromisos de gestión escolar. La segunda técnica fue entrevistas semiestructuradas a diecisiete funcionarios y especialistas del Ministerio de Educación que participaron del diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar entre el 2015-2017. La investigación aporta al vacío de conocimiento sobre implementación de instrumentos de políticas públicas de gestión escolar en Perú, tema sobre el que no existe bibliografía académica. El estudio concluye que los compromisos de gestión escolar fueron modificándose continuamente entre el 2015-2017. El Ministerio de Educación asumió la tarea de implementarlo, pese a que, de acuerdo a ley, su rol es de carácter normativo y no implementador. Finalmente, no se cuenta con reportes consolidados de avance en la implementación de los compromisos de gestión escolar, pues no se montó un aparato articulado que permitiera medirlos y cuando se intentó hacerlo en el 2017, no pudo culminarse