Las compras públicas en el Estado son parte fundamental para el desarrollo de una sociedad mediante las adquisiciones de bienes, servicios y obras, que tienen como eje trasversal la normatividad que las regula, en razón a ello, algunas Entidades aun no logran alcanzar de manera óptima y eficiente los resultados que se esperan, como cumplir con los plazos establecidos para la atención oportuna de las necesidades hacia sus usuarios internos y externos de la Entidad, en ese sentido la presente investigación se ha enfocado en los diferentes factores que inciden en las compras públicas, en el caso del Programa de Desarrollo Agrario Rural del periodo 2014 al 2017. Así mismo la presente investigación aborda desde la metodología el estudio del campo cualitativo, bajo un enfoque explorativo, investigar la problemática que existe al momento de realizar las compras públicas, y cuyo objetivo es determinar que factores como la burocracia en los actos administrativos, la profesionalización del servidor público, la Institucionalidad inciden en las compras públicas en el caso del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del periodo 2014-2017. En ese sentido la investigación al desarrollar el tema de las compras públicas, y ser un tema muy sensible dentro de la Entidad, se evidenció poca colaboración por parte de los servidores de la Entidad, ya que tenían poca disposición de manifestar abiertamente que es lo que ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural, en ese sentido se apeló a fuentes secundarias como son los las resoluciones de la Entidad referida a aprobaciones expedientes de contratación, plan de desarrollo de personas, información publicada en el portal del SEACE, donde se visualiza las contrataciones públicas, información de Contraloría, con sus informes de control, etc. En ese sentido se buscó contrastar lo que la normativa en contrataciones públicas nos indica, con lo que en realidad ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural en el periodo 2014 al 2017, para ello como ya se ha mencionado se ha utilizado fuentes primarias y secundarias.

Los delitos contra la administración pública son delitos que han significado un gran reto para las teorías del caso postuladas por el Ministerio Púbico, debido a que, el estándar probatorio de estos delitos es elevado ya que suelen ser actuaciones que se realizan en la clandestinidad. Sin embargo, es problemático también identificar correctamente el título de participación en estos delitos, en virtud a la complejidad en la se desarrolla la contratación estatal, más difícil es todavía, para el Ministerio Público demostrar que el extraneus contratista en el delito de negociación incompatible debería de ser responsable penalmente, no solo porque es difícil demostrar su responsabilidad en grado de certeza, sino porque de la estructura típica de este delito no se desprende responsabilidad penal para este ajeno a la administración pública. Este escenario se torna más oscuro aún cuando, ni si quiera, la Corte Suprema tiene una línea jurisprudencial sobre la participación del extraneus en este delito. Es por ello que, a partir de este trabajo, se trata de demostrar por qué no es posible que se impute responsabilidad al penal del contratista, siendo que concluimos que pese a la negociación incompatible sea un delito de infracción de deber, ello no es suficiente para atribuir responsabilidad penal a aquel contratista que se encuentre vinculado con la administración pública, más aún, cuando existen otros delitos como el de colusión o cohecho que sí permiten la participación necesaria entre le funcionario público y contratista. / Crimes against public administration are crimes that have meant a great challenge for the theories of the case postulated by the Public Prosecutor's Office, due to the fact that the evidentiary standard for these crimes is high since they are usually carried out clandestinely. However, it is also problematic to correctly identify the title of participation in these crimes, due to the complexity of the state contracting process, and it is even more difficult for the Public Prosecutor's Office to demonstrate that the extraneus contractor in the crime of incompatible negotiation should be criminally responsible, not only because it is difficult to demonstrate his responsibility with certainty, but also because the typical structure of this crime does not imply criminal liability for this extraneus contractor. This scenario becomes even more obscure when not even the Supreme Court has a jurisprudential line on the participation of the extraneus in this crime. That is why, from this work, we try to demonstrate why it is not possible to charge criminal liability to the contractor, being that we conclude that despite the incompatible negotiation is a crime of breach of duty, this is not enough to attribute criminal liability to the contractor who is linked to the public administration, even more when there are other crimes such as collusion or bribery that do allow the necessary participation between the public official and contractor. / Trabajo académico

La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.

Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y privados. El análisis e interpretación de la Función Pública y la Carrera Administrativa -como bienes Constitucionalmente protegidos-, nos permite establecer que el régimen Público laboral de la Administración Pública necesita una unificación; siendo que, uno de los objetivos de la Administración es que, toda aquella persona que brinde un servicio al Estado se encuentre sujeto a un régimen uniforme, con la finalidad de iniciar la modernización del servicio público “elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública”1. Este articulo académico tiene por finalidad analizar la Sentencia 002-2010-PI/TC - desde la perspectiva de la Función Pública- con la finalidad de establecer si el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios cumplió con la finalidad pública por la cual fue creada.

El derecho a la negociación colectiva es una herramienta valiosa para la mejora de los beneficios laborales con contenido económico y no económico de los trabajadores en general; sin embargo, el desarrollo de dicho derecho en el sector público ha encontrado serias dificultades normativas, principalmente en las leyes de presupuesto que año a año han venido restringiendo su ejercicio en materia remunerativa, línea que también se siguió en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Ahora, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) conocida como “Caso Ley de Presupuesto Público”, en cuyo numeral 2 de su parte resolutiva exhorta al Congreso de la República a aprobar una nueva regulación sobre negociación colectiva para los trabajadores del sector público, es que el presente trabajo pretende establecer, a partir del análisis de legislación comparada y lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una propuesta normativa que resulte conforme al deber de fomento por parte del Estado del referido derecho fundamental, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 28 de nuestra Constitución Política.

La ley 23284, de unión conyugal, ofrece a los empleados públicos la posibilidad de que, cuando sean trasladados a un lugar fuera de su residencia habitual, los cónyuges (que también deben trabajar en el sector público) sean trasladados a la misma zona; esto se hace con la intención de mantener la armonía familiar y, por cierto, la productividad laboral. / Trabajo de investigación

En el presente análisis se analizará la vulneración a la legalidad dada a partir de la falta de motivación de la contradicción que genera la emisión de la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, la cual decide dejar sin efecto las actuaciones previas, incluyendo la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, está última había determinado la sanción por trece meses a la empresa TESACOM PERU S.A., la cual había incurrido en impedimento por presentar el Anexo N° 3- Declaración de no estar impedido de contratar, y ser presentada por su representante legal, el capitán Dorrego Arias, quién era servidor público / In this analysis we will analyze the violation of legality due to the lack of motivation of the contradiction generated by the issuance of Resolution No. 1990-2013-TC-S1, which decides to leave without effect the previous actions, including Resolution No. 1737-2013-TC-S1, the latter had determined the sanction for thirteen months to the company TESACOM PERU S.A., which had incurred in impediment for submitting Annex N° 3-Declaration of not being impeded from contracting, and presented by its legal representative, Captain Dorrego Arias, who was a public servant

Una diversidad normativa de los regímenes laborales que existe en el empleo público y las posturas asumidas en la jurisprudencia nacional, al resolver los casos de desnaturalización de las órdenes de servicio (locadores de servicios) e ineficacia de los contratos administrativos de servicio en el ámbito del empleo público vemos que los servidores públicos tienen menor protección laboral respecto a la reposición laboral (efecto restitutorio) que el ámbito privado sí reconoce. Como comentario crítico, presento algunos criterios empleados en nuestra justicia jurisdiccional con relación a la reposición laboral, a fin de analizar si los órganos jurisdiccionales, como garantes de la justicia, orientan sus decisiones hacia la protección del derecho al trabajo, en base al o primacía de la realidad, o de resguardar los intereses del Estado (en términos presupuestarios). Aquello se denota con mayor claridad con la Sentencia del TC recaído en el Expediente N.° 002-2010-PI/TC que declara al régimen CAS como un régimen laboral especial o el Precedente Huatuco, para pasar desapercibido la existente y evidente relación laboral, sin importar la necesidad de aplicar control difuso para administrar justicia, aspecto que limita la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, pareciera que el Estado tiene “patente de corso” para afectar derechos constitucionales, so pretexto del presupuesto público. Por tanto, el objetivo del presente artículo es focalizar la postura de la reposición laboral en el sector público, como consecuencia de la existencia de una estabilidad laboral que no debe perderse si planteamos la defensa del derecho del trabajo en aplicación de los principios laborales, en especial el principio de primacía de la realidad. / A normative diversity of labor regimes that exists in public employment and the positions assumed in national jurisprudence, when resolving cases of denaturalization of service orders (service providers) and ineffectiveness of administrative service contracts in the field of public employment we see that public servants have less labor protection with respect to job replacement (restitution effect) that the private sector does recognize. As a critical comment, I present some criteria used in our jurisdictional justice in relation to job replacement, in order to analyze whether the jurisdictional bodies, as guarantors of justice, orient their decisions towards the protection of the right to work, based on or primacy reality, or to protect the interests of the State (in budgetary terms). This is more clearly denoted by the Judgment of the TC relapsed in File No. 002- 2010-PI / TC that declares the CAS regime as a special labor regime or the Huatuco Precedent, to go unnoticed the existing and evident labor relationship, regardless of the need to apply diffuse control to administer justice, an aspect that limits effective judicial protection. In other words, it seems that the State has a "marque certificate" to affect constitutional rights, under the pretext of the public budget. Therefore, the objective of this article is to focus the position of job replacement in the public sector, as a consequence of the existence of a job stability that should not be lost if we propose the defense of labor law in application of labor principles, in special the principle of primacy of reality. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación tiene como fin determinar criterios jurídicos en la postura de garante de los altos funcionarios, a partir del análisis y verificación del estatus que poseen, en razón del cargo, como criterio configurador del delito de homicidio doloso en las manifestaciones sociales. La tesis explora-como referencia-la denuncia constitucional N°1502020, en contra del ex Presidente Merino de Lama, como presunto autor del delito en cuestión. De ahí que, se estudió el delito de omisión impropia, en tanto que, el sujeto activo/autor tiene incito el nexo de evitación, por lo que, está obligado a evitar que se produzca el resultado lesivo, y permite que se afecte al bien jurídico. Frente a ello, el estudio desarrollado tiene sustento en la tesis de infracción de deber, en la cual el estatus del alto funcionario por su condición especial y personal, no tiene relación directa con el resultado lesivo en el delito de homicidio. En tal sentido,no es posible pretender encajar la tesis del dominio del hecho, por cuanto, no domina ni el riesgo típico que exige un deber específico-deber que el Presidente no defrauda-previsto en una norma extra-penal. De ahí que, se propone la implementación de los criterios jurídicos de: el nexo de evitación, la previsibilidad y el hombre promedio en sociedad; en la postura de garante. Y a fin de operativizar los conceptos propuestos, se concluye que, no es posible atribuir responsabilidad penal al Presidente de la República. / The purpose of this research work is to determine legal criteria regarding the position of guarantor held by high-ranking officials, based on the analysis and verification of the status they possess by virtue of their office, as a determining factor in the crime of intentional homicide during social demonstrations. The thesis explores, as a reference, the constitutional complaint No. 150-2020 against former President Merino de Lama as the alleged author of the aforementioned crime. From there, improper omission offenses were studied, considering that the active/author subject has a duty to prevent the harmful outcome and allows the infringement of the legal interest. In light of this, the study is grounded in the theory of breach of duty, in which the status of a high-ranking official, due to their special and personal condition, does not have a direct relationship with the harmful outcome in the crime of homicide. Thus, it's not possible to fit the theory of control of the act, as there is no control over the typical risk that requires a specific duty - a duty that the president does not breach - provided by an extrapenal norm. Therefore, the implementation of the following legal criteria in the position of guarantor is proposed: the duty to prevent, foreseeability, and the average person in society. In order to operationalize the proposed concepts, it is concluded that it is not possible to attribute criminal responsibility to the President of the Republic.

La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación contiene algunas debilidades que podrían incrementar la probabilidad de materialización del riesgo del lavado de activos proveniente de la corrupción. Ante ello, en el presente trabajo se identifican y analizan las principales amenazas a las que está expuesta la regulación de las PEP: (i) el plazo de permanencia de un cliente con la calificación de PEP; (ii) la situación de los familiares, del cónyuge o concubino y allegados de una PEP; (iii) administradores y representantes legales PEP de personas jurídicas; (iv) miembros y directivos PEP de personas jurídicas sin fines de lucro; (v) personas jurídicas cuyos ex titulares y/o ex directivos tienen la condición de PEP; (vi) funcionarios de mandos medios e inferiores, (vii) los proveedores y contrapartes PEP; (viii) la inexistencia de una base de datos consolidada de autoridades, funcionarios y empleados públicos; (ix) dificultades para identificar el origen de los fondos y la fuente de riqueza del cliente; y, (x) las señales de alerta aplicables a las PEP. Para hacer frente a dichas amenazas se proponen oportunidades de mejora, a modo de modificaciones normativas, a fin de convertir el modelo regulatorio de las PEP en un mecanismo eficaz de mitigación del riesgo de lavado de activos derivado de actos de corrupción. / Trabajo de investigación