presente trabajo presenta el diagnóstico de las características éticas de los servidores púbicos peruanos de los tres principales regímenes laborales, describiendo el contexto laboral en el que se desenvuelven y formulando algunas posibles explicaciones a los perfiles éticos encontrados. En dicha línea, esta tesis busca responder a las siguientes preguntas: ¿A qué características responden los perfiles éticos que existen en el sector público peruano? y ¿Qué causas condicionarían la configuración de tales perfiles? Esta investigación llega a la conclusión que las normas laborales (bajo la forma de regímenes generales) ejercen, en cierta medida, influencia en las percepciones de los servidores públicos, respecto del clima ético que dichos regímenes habilitan en sus entidades. Ello se traduce en la configuración de perfiles éticos con atributos medianamente diferenciados según cada régimen laboral. En efecto, cada régimen laboral general regula y organiza la gestión humana de las entidades públicas de diferente manera, generando climas éticos que desafían la forma de pensar o la orientación ética de los servidores públicos bajo su alcance. La particularidades de cada régimen laboral se analizaron a partir de una investigación exploratoria cualitativa realizada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR-, a cuatro componentes o dimensiones del clima ético: (i) Capacitación, (ii) Liderazgo de la Alta Dirección, (ii) Capacidad para denunciar conductas no éticas y (iv) Socialización profesional. En este punto, otra conclusión es que existe una desconexión entre los regímenes laborales y las necesidades o expectativas de los servidores en tales aspectos. Arribo también a la conclusión que las percepciones, de acuerdo con la filosofía, la psicología y la economía del comportamiento, responden a la influencia del grupo, a procesos emocionales, a sesgos cognitivos y a criterios de reciprocidad equilibrada que inciden, en alguna medida, en la calidad de los perfiles éticos que se forman. Por tanto, hay un desafío para los entes rectores tanto de recursos humanos y de integridad en nuestro país, que consiste en modificar los contextos laborales y conciliar los elementos que impiden promover mejores perfiles éticos en el Estado. / This research work presents the diagnosis of the ethical characteristics of the Peruvian public servants contracted by the three main labor regimes, by describing the context in which they work and by formulating some explanations on the ethical profiles found. Accordingly, the thesis aims to answer the following questions: to which characteristics do the ethical profiles in the Peruvian public sector respond to? And, which are the causes of the actual configuration of those ethical profiles? This thesis concludes that labor norms (represented by general regimes) influence, to some extent, the perceptions of public servants regarding to the ethical environment that those regimes set up in the public agencies. That turns into the configuration of ethical profiles with moderately distinguishable attributes by labor regime. In fact, each labor regime rules and organizes the human resources management of public agencies in a different manner, generating ethical environments that defy the way public servants think or their ethical orientation. The characteristics of each labor regime where analyzed based on an exploratory qualitative research performed by the National Authority for the Civil Service – SERVIR (for its initial in Spanish) to four dimensions of the ethical environment: (i) Training; (ii) Leadership of top level management; (iii) Capacities for reporting unethical behavior; and, (iv) Professional socialization. At this point, another conclusion is that labor regimes are disconnected from the necessities or expectations of public servants on those matters. Another conclusion is that perceptions, according to the philosophy, psychology and economics of behavior, respond to group pressure, emotional processes, cognitive biases and balanced-reciprocity criteria, that have an impact, in some measure, on the quality of ethical profiles. Therefore, there is a defiance for the ruling agencies of both human resources management and integrity in our country: change the labor contexts and reconcile the elements that prevent promoting better ethical profiles in the State.

La corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país, que debilita la institucionalidad y afecta la credibilidad en el sistema político democrático, generando desinterés y decepción en la población. Y en los últimos años, este fenómeno que aqueja a la sociedad, se ha presentado continuamente en los gobiernos sub nacionales (regionales y locales), basta con dar un vistazo a los casos más sonados en el ámbito nacional. En ese contexto, este estudio se centró en el Gobierno Regional de Apurímac, específicamente durante el periodo de gestión 2011-2014, al analizar la estructura de redes de corrupción, donde se investigó la vinculación directa e indirecta entre los actores involucrados y la relación con el ex gobernador regional apurimeño, quien actualmente, viene siendo procesado por actos de corrupción. Dentro de la investigación, la pregunta a responder fue ¿Cuál es la estructura de las redes de corrupción en la gestión regional 2011-2014 del Gobierno Regional de Apurímac? La cual implica tres sub preguntas, a fin determinar los vínculos generados entre los actores; comprender las formas de corrupción más comunes y debatir las posibles causas que dieron lugar a la formación de estas redes. Finalmente, si bien los hechos realizados por los actores involucrados pueden ser catalogados como formas de corrupción, nos conlleva a analizar que talvez la estructura organizacional del gobierno regional sea propicia para generar éstas redes, como consecuencia de una débil descentralización y falta de meritocracia para designar funcionarios, lo que es un pasivo para el Estado peruano y un problema para las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción. / Corruption is one of the main scourges of our country, which weakens institutionality and affects credibility in the democratic political system, generating disinterest and disappointment in the population. And in recent years, this phenomenon that afflicts society has been continuously presented in sub-national governments (regional and local), it is enough to take a look at the most popular cases in the national sphere. In this context, the study focused on the Regional Government of Apurimac, specifically during the 2011-2014 management period, when analyzing the structure of corruption networks, where the direct and indirect link between the actors involved and the relationship with the former regional governor of Apurimac, who is currently being prosecuted for acts of corruption, was investigated. Within the investigation, the question to answer was: What is the structure of the corruption networks in the regional management 2011-2014 of the Regional Government of Apurimac? Which involves three sub questions in order to determine the links generated between the actors, understand the most common forms of corruption and discuss the possible causes that led to the formation of these networks. Finally, although the facts carried out by the actors involved can be classified as forms of corruption, it leads us to analyze that perhaps the organizational structure of the regional government is conducive to generate these networks, as a result of weak decentralization and lack of meritocracy to designate public officials, which is a liability for the peruvian State and a problem for government policies to fight against corruption.

La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación contiene algunas debilidades que podrían incrementar la probabilidad de materialización del riesgo del lavado de activos proveniente de la corrupción. Ante ello, en el presente trabajo se identifican y analizan las principales amenazas a las que está expuesta la regulación de las PEP: (i) el plazo de permanencia de un cliente con la calificación de PEP; (ii) la situación de los familiares, del cónyuge o concubino y allegados de una PEP; (iii) administradores y representantes legales PEP de personas jurídicas; (iv) miembros y directivos PEP de personas jurídicas sin fines de lucro; (v) personas jurídicas cuyos ex titulares y/o ex directivos tienen la condición de PEP; (vi) funcionarios de mandos medios e inferiores, (vii) los proveedores y contrapartes PEP; (viii) la inexistencia de una base de datos consolidada de autoridades, funcionarios y empleados públicos; (ix) dificultades para identificar el origen de los fondos y la fuente de riqueza del cliente; y, (x) las señales de alerta aplicables a las PEP. Para hacer frente a dichas amenazas se proponen oportunidades de mejora, a modo de modificaciones normativas, a fin de convertir el modelo regulatorio de las PEP en un mecanismo eficaz de mitigación del riesgo de lavado de activos derivado de actos de corrupción. / Trabajo de investigación

La función de coordinación en el sector público tiene un alto nivel de influencia respecto a la articulación de políticas públicas y sus objetivos. El Estado presenta escasos mecanismos formales para que los funcionarios públicos estén orientados a cooperar. La coordinación pública multinivel posee avances en relación a espacios en donde las autoridades de la Alta Dirección del Poder Ejecutivo dialoguen con otros actores de la Alta Dirección del sector público. Uno de estos mecanismos es el Gore Ejecutivo, espacio en el que los Ministros y Gobernadores Regionales junto a sus respectivos equipos técnicos, tienen la oportunidad de solicitar acuerdos, intercambiar conocimientos y fortalecer las relaciones de confianza. La presente investigación busca identificar y comprender la relevancia de los diversos factores que facilitan la coordinación multinivel desde el año de su creación, 2016, hasta el 2020. En vista a ello, la metodología se fundamenta en una revisión bibliográfica y 25 entrevistas semiestructuradas, empleando las metodologías de triangulación de fuentes y estudio de caso que ayudaron a estructurar y sistematizar los hallazgos de la investigación. En base a los autores y la teoría recogida, se logró establecer 3 categorías, de las cuales se pudieron descomponer 5 variables y 20 factores para examinar y comprender la influencia que poseen estos para facilitar la función de coordinación. La categoría “personales” identifica las características atribuibles a las personas como elemento clave para la coordinación multinivel. La categoría “información y comunicación” explica los mecanismos de intercambio de información y las reglas y responsabilidades que este conlleva. Finalmente, la categoría “política” muestra cómo las ventajas políticas podrían influir en la función de coordinación. Los factores de cada categoría son calificados en base al impacto y relevancia para facilitar la función de coordinación. Basado en los hallazgos, la investigación concluye en que los factores que facilitaron la función de coordinación en los Gore Ejecutivo entre el año 2016 y 2020 fueron la Capacidad de Alta Gerencia y el Valor profesional, ambas de la categoría personal, y las Reglas y responsabilidades claramente definida por los actores, de la categoría información y comunicación. En la primera categoría mencionada resaltan las variables de capacidad de negociación y la comprensión sistemática del Gore Ejecutivo, en el que se reconocen en mayor medida el nivel de preparación de los participantes de este espacio. Respecto a la segunda categoría mencionada, denota que no se aplicaron incentivos ni castigos para promover la eficiencia de este espacio y que la única meta clara fue la de solicitar presupuesto.

En el presente artículo, se aborda la discusión relacionada a la admisión de la participación del extraneus en el delito de negociación incompatible y se sostiene que esta sí es posible en determinados supuestos. Para ello, se realiza previamente una breve revisión sobre los elementos del delito en cuestión, advirtiéndose que el medio comisivo indirecto del mismo constituye un primer acercamiento al tema de atañe a este artículo. Ello, en tanto pone sobre la mesa el escenario en el que el funcionario público competente realiza la conducta delictiva a través de otros sujetos. Posteriormente, se procede a analizar los pronunciamientos de la Corte Suprema y trabajos de la doctrina nacional que estudian el delito de negociación incompatible, encontrándose así lo siguiente: un primer grupo posturas que no descarta expresamente la participación del extraneus en el referido delito, un segundo grupo que no la admite y un tercer grupo, que, admitiéndola, lo hace con determinadas particularidades. Habiendo revisado lo anterior, se formulan respuestas y observaciones a cada una de las objeciones y argumentos contrarios o a favor de la postura del artículo. Finalmente, se presenta una propuesta personal sobre los supuestos en los que es posible admitir tranquilamente la participación en el delito de negociación incompatible: aquellos escenarios en los que el extraneus no es el sujeto con el que el Estado negocio en el marco de un proceso de contratación estatal. / In this article, the discussion related to the admission of the participation of the extraneus in the crime of incompatible negotiation is addressed and it is argued that this is possible in certain cases. To do this, a brief review of the elements of the crime in question is previously carried out, noting that its indirect commission constitutes a first approach to the subject of concern to this article. This, because it puts on the table the scenario in which the competent public official carries out the criminal conduct through other agents. Subsequently, the pronouncements of the Supreme Court and works of the national doctrine that study the crime of incompatible negotiation are analyzed, thus finding the following: a first group of positions that does not expressly rule out the participation of the extraneus in the aforementioned crime, a second group that does not admit it and a third group, that admitting it, does so with certain particularities. Having reviewed the above, responses and observations are made to each of the objections and arguments against or in favor of the position of the article. Finally, a personal proposal is presented on the cases in which it is possible to calmly admit participation in the crime of incompatible negotiation: scenarios in which the extraneus is not the subject with whom the State negotiates within the framework of a process state contracting. / Trabajo académico

Las compras públicas en el Estado son parte fundamental para el desarrollo de una sociedad mediante las adquisiciones de bienes, servicios y obras, que tienen como eje trasversal la normatividad que las regula, en razón a ello, algunas Entidades aun no logran alcanzar de manera óptima y eficiente los resultados que se esperan, como cumplir con los plazos establecidos para la atención oportuna de las necesidades hacia sus usuarios internos y externos de la Entidad, en ese sentido la presente investigación se ha enfocado en los diferentes factores que inciden en las compras públicas, en el caso del Programa de Desarrollo Agrario Rural del periodo 2014 al 2017. Así mismo la presente investigación aborda desde la metodología el estudio del campo cualitativo, bajo un enfoque explorativo, investigar la problemática que existe al momento de realizar las compras públicas, y cuyo objetivo es determinar que factores como la burocracia en los actos administrativos, la profesionalización del servidor público, la Institucionalidad inciden en las compras públicas en el caso del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del periodo 2014-2017. En ese sentido la investigación al desarrollar el tema de las compras públicas, y ser un tema muy sensible dentro de la Entidad, se evidenció poca colaboración por parte de los servidores de la Entidad, ya que tenían poca disposición de manifestar abiertamente que es lo que ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural, en ese sentido se apeló a fuentes secundarias como son los las resoluciones de la Entidad referida a aprobaciones expedientes de contratación, plan de desarrollo de personas, información publicada en el portal del SEACE, donde se visualiza las contrataciones públicas, información de Contraloría, con sus informes de control, etc. En ese sentido se buscó contrastar lo que la normativa en contrataciones públicas nos indica, con lo que en realidad ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural en el periodo 2014 al 2017, para ello como ya se ha mencionado se ha utilizado fuentes primarias y secundarias.

Los delitos contra la administración pública son delitos que han significado un gran reto para las teorías del caso postuladas por el Ministerio Púbico, debido a que, el estándar probatorio de estos delitos es elevado ya que suelen ser actuaciones que se realizan en la clandestinidad. Sin embargo, es problemático también identificar correctamente el título de participación en estos delitos, en virtud a la complejidad en la se desarrolla la contratación estatal, más difícil es todavía, para el Ministerio Público demostrar que el extraneus contratista en el delito de negociación incompatible debería de ser responsable penalmente, no solo porque es difícil demostrar su responsabilidad en grado de certeza, sino porque de la estructura típica de este delito no se desprende responsabilidad penal para este ajeno a la administración pública. Este escenario se torna más oscuro aún cuando, ni si quiera, la Corte Suprema tiene una línea jurisprudencial sobre la participación del extraneus en este delito. Es por ello que, a partir de este trabajo, se trata de demostrar por qué no es posible que se impute responsabilidad al penal del contratista, siendo que concluimos que pese a la negociación incompatible sea un delito de infracción de deber, ello no es suficiente para atribuir responsabilidad penal a aquel contratista que se encuentre vinculado con la administración pública, más aún, cuando existen otros delitos como el de colusión o cohecho que sí permiten la participación necesaria entre le funcionario público y contratista. / Crimes against public administration are crimes that have meant a great challenge for the theories of the case postulated by the Public Prosecutor's Office, due to the fact that the evidentiary standard for these crimes is high since they are usually carried out clandestinely. However, it is also problematic to correctly identify the title of participation in these crimes, due to the complexity of the state contracting process, and it is even more difficult for the Public Prosecutor's Office to demonstrate that the extraneus contractor in the crime of incompatible negotiation should be criminally responsible, not only because it is difficult to demonstrate his responsibility with certainty, but also because the typical structure of this crime does not imply criminal liability for this extraneus contractor. This scenario becomes even more obscure when not even the Supreme Court has a jurisprudential line on the participation of the extraneus in this crime. That is why, from this work, we try to demonstrate why it is not possible to charge criminal liability to the contractor, being that we conclude that despite the incompatible negotiation is a crime of breach of duty, this is not enough to attribute criminal liability to the contractor who is linked to the public administration, even more when there are other crimes such as collusion or bribery that do allow the necessary participation between the public official and contractor. / Trabajo académico

La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.

En el presente análisis se analizará la vulneración a la legalidad dada a partir de la falta de motivación de la contradicción que genera la emisión de la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, la cual decide dejar sin efecto las actuaciones previas, incluyendo la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, está última había determinado la sanción por trece meses a la empresa TESACOM PERU S.A., la cual había incurrido en impedimento por presentar el Anexo N° 3- Declaración de no estar impedido de contratar, y ser presentada por su representante legal, el capitán Dorrego Arias, quién era servidor público / In this analysis we will analyze the violation of legality due to the lack of motivation of the contradiction generated by the issuance of Resolution No. 1990-2013-TC-S1, which decides to leave without effect the previous actions, including Resolution No. 1737-2013-TC-S1, the latter had determined the sanction for thirteen months to the company TESACOM PERU S.A., which had incurred in impediment for submitting Annex N° 3-Declaration of not being impeded from contracting, and presented by its legal representative, Captain Dorrego Arias, who was a public servant

Una diversidad normativa de los regímenes laborales que existe en el empleo público y las posturas asumidas en la jurisprudencia nacional, al resolver los casos de desnaturalización de las órdenes de servicio (locadores de servicios) e ineficacia de los contratos administrativos de servicio en el ámbito del empleo público vemos que los servidores públicos tienen menor protección laboral respecto a la reposición laboral (efecto restitutorio) que el ámbito privado sí reconoce. Como comentario crítico, presento algunos criterios empleados en nuestra justicia jurisdiccional con relación a la reposición laboral, a fin de analizar si los órganos jurisdiccionales, como garantes de la justicia, orientan sus decisiones hacia la protección del derecho al trabajo, en base al o primacía de la realidad, o de resguardar los intereses del Estado (en términos presupuestarios). Aquello se denota con mayor claridad con la Sentencia del TC recaído en el Expediente N.° 002-2010-PI/TC que declara al régimen CAS como un régimen laboral especial o el Precedente Huatuco, para pasar desapercibido la existente y evidente relación laboral, sin importar la necesidad de aplicar control difuso para administrar justicia, aspecto que limita la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, pareciera que el Estado tiene “patente de corso” para afectar derechos constitucionales, so pretexto del presupuesto público. Por tanto, el objetivo del presente artículo es focalizar la postura de la reposición laboral en el sector público, como consecuencia de la existencia de una estabilidad laboral que no debe perderse si planteamos la defensa del derecho del trabajo en aplicación de los principios laborales, en especial el principio de primacía de la realidad. / A normative diversity of labor regimes that exists in public employment and the positions assumed in national jurisprudence, when resolving cases of denaturalization of service orders (service providers) and ineffectiveness of administrative service contracts in the field of public employment we see that public servants have less labor protection with respect to job replacement (restitution effect) that the private sector does recognize. As a critical comment, I present some criteria used in our jurisdictional justice in relation to job replacement, in order to analyze whether the jurisdictional bodies, as guarantors of justice, orient their decisions towards the protection of the right to work, based on or primacy reality, or to protect the interests of the State (in budgetary terms). This is more clearly denoted by the Judgment of the TC relapsed in File No. 002- 2010-PI / TC that declares the CAS regime as a special labor regime or the Huatuco Precedent, to go unnoticed the existing and evident labor relationship, regardless of the need to apply diffuse control to administer justice, an aspect that limits effective judicial protection. In other words, it seems that the State has a "marque certificate" to affect constitutional rights, under the pretext of the public budget. Therefore, the objective of this article is to focus the position of job replacement in the public sector, as a consequence of the existence of a job stability that should not be lost if we propose the defense of labor law in application of labor principles, in special the principle of primacy of reality. / Trabajo académico