Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La memoria consta de dos partes: la primera contiene una breve recapitulación histórica sobre el estatuto de los profesionales funcionarios; la segunda comprende un análisis jurisprudencial del mismo estatuto, a la luz de los dictámenes de la Contraloría General de la República y de los escasos fallos judiciales que existen al respecto. Para el desarrollo de esta trabajo se ha consultado una serie de textos históricos y la totalidad de los dictámenes existentes en la Contraloría General de la República desde el 18 de junio de 1982, época en la cual se dictó la Ley N° 18.123, la última mayor reforma de la Ley N° 15.076, con el firme propósito de dar una amplia y actualizada visión del Estatuto de los Profesionales Funcionarios. Finalmente, si alcanzamos medianamente este objetivo, de seguro habremos hecho un pequeño aporte para ese gran anhelo que es mejorar el Sistema Público de Salud, fundamental a nuestro juicio en un Estado moderno y, en definitiva, contribuir a establecer en forma clara y perentoria, en nuestra Constitución Política del Estado, el Derecho al libre e igualitario acceso de todas las personas a la Salud.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta tesis tiene como propósito efectuar un análisis acerca de las consecuencias en el sistema normativo chileno aplicable a los funcionarios públicos, fundamentalmente el constitucional, de la aprobación de los Convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. En la primera parte de este trabajo se efectúa un estudio relativo al marco orgánico en que tienen su génesis las normas internacionales del derecho del trabajo. Luego, se estudian las principales fuentes de esta rama del derecho: los convenios. Posteriormente, se intenta determinar en qué rango acoge nuestro sistema constitucional los convenios relativos a la libertad sindical. En una segunda parte, esta tesis trata en forma pormenorizada los convenios números 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del trabajo. En su parte final, se intenta ofrecer una interpretación guiada por el principio de la unidad y coherencia de las normas constitucionales contenidas expresamente en la Constitución y de los Convenios números 87 y 98. Se concluye que es necesario reinterpretar el ámbito de aplicación personal del derecho de sindicación en sentido estricto en su aspecto positivo, del derecho de negociación colectiva y del derecho de huelga, contenidos en la Constitución Política.

La presente investigación constituye un proyecto de desarrollo estratégico para la mejora de la gestión pública, que aborda la problemática de la capacitación de los servidores públicos en el ámbito del Ministerio de Salud (MINSA). Para ello, se formula un diagnóstico que analiza las limitaciones, dificultades y oportunidades de mejora de este ministerio respecto a la capacitación de los servidores públicos, y se hace una propuesta de mejora en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado. El objetivo central del trabajo es formular lineamientos estratégicos para mejorar el proceso de capacitaciones que recibe el personal del MINSA. Dichos lineamientos se enmarcan dentro de las tres grandes fases del proceso de capacitación a los servidores públicos: la planificación, la ejecución y la evaluación.

El presente trabajo tuvo como finalidad desarrollar una consultoría para identificar los puestos altamente críticos y sus posibles sucesores en una entidad pública –el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)– que permita asegurar la continuidad de su operación, sobretodo tratándose de una institución reguladora de un servicio público con gran incidencia en la calidad de la vida de los ciudadanos. Osinergmin es la única institución dedicada a la regulación de temas energéticos en Perú; por ello, que cuenta con puestos altamente especializados y únicos que no son fáciles de conseguir en el mercado o resultan muy caros. En este contexto, se hace necesario contar con sucesores que puedan ser un reemplazo ante situaciones de retiro, transferencias, ascensos, despidos, entre otras circunstancias, para lo cual se debe desplegar una estrategia que permita desarrollar a los trabajadores con alto potencial. Para el desarrollo de esta consultoría, se identificaron los modelos existentes para determinar los puestos altamente críticos, así como una metodología para identificar qué personas tienen alto potencial en la organización, que se aplicó en un área piloto. Luego, se procedió a comparar el perfil requerido de dichos puestos con la información de las personas a fin de hallar los posibles sucesores. Durante este proceso se detectó que existen varias personas próximas a jubilarse, lo que podría afectar la elaboración de un plan de sucesión y reemplazos en el corto plazo. La presente propuesta permitirá fortalecer los procesos de gestión humana y posicionar al área de Recursos Humanos como un socio estratégico que vela por la continuidad de las operaciones de la institución. Asimismo, esto generará un precedente de buenas prácticas en la gestión de servidores públicos, lo que demostrará que la innovación y la mejora continua se pueden instaurar en la institución pública.

La propuesta del presente trabajo de investigación, que ha constituido un reto, podría aplicarse a todos los gobiernos locales, en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y sancionar el soborno de manera eficaz en el proceso de otorgar licencia de funcionamiento, lo que es clave para el establecimiento de un sistema que construya una cultura de integridad respaldada por mecanismos de rendición de cuentas como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo contempla una protección especial a todos los trabajadores que desempeñan una labor en la que ponga en riesgo su bienestar y su salud; es así que dentro del anexo 5 del reglamento de la Ley N° 26790 podemos contemplar un listado con todas las actividades que ameritan tal seguro, excluyendo algunas otras. Entonces, con esta investigación se buscará la implementación de los funcionarios públicos al anexo antes mencionados; pues lo que se pretende demostrar es que la labor desempeñada por funcionarios públicos pueda conllevar a un riesgo de su propio bienestar, agregado a ello, se determinará que labores pretenden ser un riesgo para el mismo, así como qué criterios se han de seguir para para determinar si su labor implica un riesgo. Ya que, según la teoría del riesgo el empleador termina asumiendo la responsabilidad de todo daño o perjuicio que sufra el trabajador a consecuencia de la labor que desempeña, lo cual podría implicar que el Estado termine siendo garante de la seguridad de los funcionarios.

En el marco de la normativa de contratación pública, en particular desde la emisión del Decreto Legislativo N° 1017 hasta la recopilación en el actual Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, el legislador estimó pertinente incluir en el apartado referido a los impedimentos para contratar con el Estado, uno relacionado a los cónyuges, convivientes o parientes, entre otros, de funcionarios que ocupan “altos” cargos públicos, y ello en virtud a determinados grados de consanguinidad o afinidad. Quizás por temas relacionados a prevenir conflictos de intereses, evitar actos de corrupción o prácticas indebidas (favoritísimos), o tal vez por mera conveniencia administrativa, el legislador considera que el impedimento en cuestión debe permanecer en la normativa aplicable. En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo general el analizar la controversia de extender una prohibición –impedimento– para contratar con el Estado a personas naturales que tienen un vínculo de parentesco con “altos” funcionarios públicos, pero sobre todo que dicha medida tenga un alcance nacional (impedimento absoluto), se encuentre vigente durante todo el tiempo en que se ejerzan dichos cargos, e incluso hasta doce (12) meses después de que se hayan dejado los mismos (impedimento de larga duración). Cabe indicar que la disposición adoptada resulta ser irracional y desproporcionada, así como atentatoria de derechos fundamentales, e incluso de principios que rigen la misma contratación pública. Así las cosas, se advertirá que existen otras alternativas viables que se encuentran alineadas al marco normativo de la contratación pública, y que pueden coadyuvar en la prevención de la problemática advertida por el legislador. / Within the framework of public procurement regulations, in particular from the issuance of Legislative Decree N° 1017 until the compilation in the current Single Ordered Text of Law N° 30225, the legislator considered it pertinent to include in the section referring to the impediments to contract with the State, one related to spouses, partners or relatives, among others, of officials who occupy "high" public positions, and this by virtue of certain degrees of consanguinity or affinity. Perhaps due to issues related to preventing conflicts of interest, avoiding acts of corruption or improper practices (highly favored), or perhaps for mere administrative convenience, the legislator considers that this impediment should remain in the applicable regulation. In this sense, the present research work has the general objective of analyzing the controversy of extending a prohibition –impediment– to contract with the State to persons who have a kinship bond with "high" public officials, but above all that the measure has a national scope (absolute impediment), is in force during the entire time in which the said positions are held, and even up to twelve (12) months after they have been left (long-term impediment). It should be noted that the provision adopted turns out to be irrational and disproportionate, as well as violating fundamental rights, and even the principles that govern public procurement itself. Thus, it will be noted that there are other viable alternatives that are aligned with the regulatory framework of public procurement, and that can contribute to the prevention of the problem that has been warned by the legislator.

El presente trabajo pretende analizar el ordenamiento sancionador público en el Perú, poniendo en evidencia algunos problemas y limitaciones que lo aquejan, en cuanto a la aplicación respetuosa de las garantías que rigen, desde la Constitución, para toda norma sancionadora. En particular, se analiza la problemática que afecta a una manifestación de ese ordenamiento sancionador público: el Derecho Administrativo Sancionador peruano. Admitir que el Derecho Administrativo Sancionador patrio muestra hoy características muy similares a las de aquél derecho represivo prebeccariano, al que hace referencia el texto citado, no es una ligereza. Como sucedía en aquél contexto en España, el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú no tiene un desarrollo teórico, normativo o jurisprudencial, que respete las exigencias de un Estado Social y Democrático de Derecho. Contrariamente, se evidencia un claro desorden y falta de sistematicidad de las normas que regulan la imposición de sanciones de carácter administrativo.

El presente trabajo busca analizar el impacto de los límites presupuestales en la negociación colectiva en el sector público. A tales efectos, se estructura en tres partes. La primera de ellas brinda aproximaciones sobre la negociación colectiva y el tratamiento que esta ha recibido en los diferentes ordenamientos jurídicos de Latinoamérica. La segunda brinda luces sobre lo que se entiende desde nuestro ordenamiento jurídico por negociación colectiva y principios presupuestarios, asimismo destaca el vínculo que existe entre ambos bienes jurídicos. Finalmente, en la tercera parte, se analiza en aplicación de las herramientas de análisis jurídico la relación que existe entre la negociación colectiva sobre los principios presupuestarios, no sólo a nivel legal, sino también a la luz de nuestra Constitución Política.

El informe jurídico analiza la condición de funcionario público en el delito de colusión (simple y agravado), desde lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la Cas.1095-2021 Nacional. El problema jurídico es identificado por la condición de consultores de la que se encontraban premunidos los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reyna, mismas que personas interponen la excepción de improcedencia de acción, en el marco de una investigación penal. En razón a ello, el objetivo principal del informe jurídico es determinar si, en el marco de una contratación pública, el abogado que funge como consultor del Estado es considerado funcionario público, y por ende autor o cómplice del delito de colusión. El informe recurre a los fundamentos ontológicos de los Delitos Contra la Administración Pública para poder entender la razón de considerar al funcionario público como un sujeto distinto al particular. Bajo dicha premisa, se explica el concepto de infracción de deber desde su autor original, Claus Roxin, hasta lo establecido por autores nacionales. Luego, se desarrolla la naturaleza del funcionario público y del delito de colusión desde la legislación vigente, doctrina (nacional e internacional) y la jurisprudencia. Todo ello con el objetivo de apoyar la posición de que los consultores contratados por el Estado sí son funcionarios públicos, pero no pueden ser considerado como autores del delito de colusión. / The legal report analyzes the condition of publico oficial in the crime of collusion (simple anda aggravated), based on the decisión of the Permanent Criminal Court in Cas. 1095-2021 National. The legal issue identified by the condition of consultants that lawyers Jorge Danos and Ana Sofía Reyna had, same people who filed the exception of inadmissibility of action, within the framework of crime research. For that reason, the main objective of the legal report is to determine whether, in the context of a public procurement, the lawyer acting as a consultant to the State is considered a public official, and therefore a perpetrator or accomplice to the crime of collusion. The report uses the ontological foundations of Crimes against Public Administration to understand the reason for considering the public official as a subject different from the private individual. Under this premise, the concept of breach of duty is explained from its original author, Claus Roxin, to what has been established by national authors. Then, the nature of the public official and the crime of collusion are developed from the current legislation, doctrine (national and international) and jurisprudence. All this with the aim of supporting the position that consultants hired by the State are public officials, but cannot be considered as perpetrators of the crime of collusion.